El presidente López Obrador presentó una lista de veinte reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La lista merece una revisión profunda. Refleja los cambios que el presidente cree que son más importantes para alcanzar su sociedad ideal. Pero, más aún, reflejan el tipo de cambios que podrían consagrarse si Morena retiene el poder en las elecciones venideras.

A continuación, comentaré algunas de las propuestas de reforma.

Transferencias populistas

Uno de los rasgos del sexenio actual es el cambio en la composición del gasto público: menos dinero en infraestructura productiva, más en transferencias. No sorprende, entonces, que dos de las reformas tengan que ver con continuar con programas de transferencias a ancianos y a estudiantes.

“Dos. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal”.

“Tres. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad”.

Vale la pena incluir un paréntesis de reflexión. Una constitución sirve, idealmente, para proteger a los ciudadanos de las agresiones y excesos de su gobierno. La constitución no es el documento adecuado para plasmar una lista de buenos deseos. López Obrador no se detiene a pensar en lo anterior al mencionar reformas como las anteriores. La constitución no es un pliego petitorio, sino un documento que debería garantizar la protección de los derechos individuales frente a la capacidad coercitiva del gobierno.

Los recursos para financiar las transferencias anteriores deben salir de algún lado: o de tipos impositivos que permitan una mayor recaudación, o de mayor deuda o de recortes al gasto público destinados a otros fines. Las transferencias, sin embargo, son eje clave del gobierno obradorista. Le han permitido alcanzar a sectores de la población que se convertirán en votantes leales. Pero deberíamos recordar las atinadas palabras de Ayn Rand:

“Ningún hombre puede tener derecho a imponerle una obligación indeseada, un deber inmerecido o una servidumbre involuntaria a otro hombre”.

Las transferencias propuestas requieren la subordinación de hombres libres a los deseos de un gobernante.

Más distorsiones en el mercado laboral

Las propuestas 10 y 11 buscan incrementar la influencia del gobierno en el mercado laboral. La propuesta 10 busca perpetuar los incrementos en el salario mínimo, como se señala a continuación:

“Diez. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual”.

Ya en otras ocasiones hemos señalado los efectos negativos del salario mínimo, o cómo es probable que el auge del trabajo independiente esté relacionado con las intervenciones de este gobierno en el mercado laboral.

Destaca la propuesta trece, que pretende auxiliar a los jóvenes y que transcribimos aquí:

“Trece. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Propuestas de este tipo en realidad pervierten los incentivos a contratar trabajadores más jóvenes. Lo que el gobierno debe hacer es dotar de libertad al sector privado para habilitar oportunidades de empleo a jóvenes. Aún si el gobierno emplea a los jóvenes, ¿qué garantiza que no será dinero desperdiciado? Lo que necesita una economía próspera no son más trabajos, sino trabajos útiles: trabajos que respondan a las demandas de los consumidores en mercados abiertos y competitivos. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ralentiza la incorporación de los jóvenes en tareas productivas. Incluso puede retrasar su adquisición de habilidades técnicas o profesionales en universidades especializadas. Los programas de ese tipo aumentan el costo de oportunidad de invertir en capital humano de maneras más alineadas al servicio de la sociedad.

Y más prohibiciones

López Obrador pregonó que su gobierno no limitaría libertades con una frase breve: “Prohibido prohibir”. Sus acciones, sin embargo, muestran lo contrario. Las propuestas siete, ocho y nueve incluyen limitaciones y prohibiciones variopintas: prohibir el fracking y no otorgar concesiones para actividad minera; sólo autorizar concesiones para uso doméstico del agua; prohibir drogas como el fentanilo y el comercio de vapeadores.

Las prohibiciones limitan el potencial creativo y emprendedor de los mexicanos. Las prohibiciones contra el fracking, así como la idea del gobierno de dotar de mayor poder a la CFE, parten de una visión estatista de la administración de recursos energéticos. Las prohibiciones contra el comercio de vapeadores no parten de evidencia sustantiva que muestre los perjuicios de brindar libertad de elección a los fumadores. Las restricciones de concesiones muestran una desconfianza en el sector privado; desconfianza alimentada por críticas a ideas supuestamente neoliberales.

Para echar a andar con mayor efectividad sus ideas, el presidente reitera su intención de eliminar organismos autónomos, que sirven de contrapeso al poder ejecutivo. Como pretexto, habla de “austeridad republicana”. Pero esta austeridad es difícil de creer en un gobierno que asigna recursos de manera ineficiente.

Las propuestas de López Obrador son una gama de intenciones cuyo hilo conductor es el excesivo afán de centralizar facultades gubernamentales, limitar la operación de mercados abiertos y competitivos y volver al gobierno un distribuidor de recursos arrebatados de manera coactiva. Con propuestas de ese tipo no se construyen sociedades más ricas para un mayor conjunto de habitantes.