Introducción

Cuando un gobierno deja una mala situación económica al abandonar el poder, los efectos pueden ser devastadores para la población y la estabilidad del país en su conjunto. Este ensayo explora las consecuencias que surgen cuando un gobierno deja una economía en crisis, destacando los desafíos que enfrentan los ciudadanos y las implicaciones a largo plazo para el desarrollo socioeconómico.

Una de las primeras y más visibles consecuencias de una mala economía es el aumento del desempleo y la precariedad laboral. Las empresas pueden cerrar o reducir su personal debido a dificultades financieras, dejando a muchos trabajadores sin ingresos ni seguridad laboral. La falta de oportunidades de empleo contribuye a la inseguridad económica y social, generando estrés y ansiedad entre la población.

La mala economía profundiza la brecha entre ricos y pobres, exacerbando la pobreza y la desigualdad. Los grupos marginados y vulnerables son los más afectados, ya que enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como alimentación, vivienda y salud. La falta de recursos y oportunidades perpetúa un ciclo de desventaja económica, dificultando la movilidad social y el desarrollo humano.

Por otra parte, surge el aumento de los precios de los bienes y servicios provocan una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos. El dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas, lo que afecta el bienestar y la calidad de vida de la población. La inflación descontrolada erosiona la confianza en la moneda nacional y desestabiliza el sistema financiero, creando incertidumbre y volatilidad en la economía.

Asimismo, la falta de confianza en la economía puede desencadenar una fuga de capitales, ya sea por parte de inversores extranjeros o ciudadanos locales. Esto debilita la moneda nacional, reduce la inversión y dificulta la recuperación económica. La crisis financiera resultante afecta la disponibilidad de crédito y la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, limitando las opciones de política económica y fiscal.

En consecuencias, El malestar económico alimenta el descontento social y político, aumentando la polarización y la conflictividad en la sociedad. Los ciudadanos afectados por la crisis expresan su frustración a través de protestas, movilizaciones y votaciones en contra del gobierno en el poder. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades puede conducir a la inestabilidad política y al deterioro del orden público, amenazando la gobernabilidad democrática y la paz social.

Pues bien, parece que los puntos anteriores se han estado fraguando y vamos, con números y perspectivas a explicar por qué.

El peor sexenio en casi un siglo

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó sobre las cifras revisadas por el INEGI referentes al desempeño del PIB en años recientes. Ha señalado que la contracción en 2020 fue del 8.8%, calificándola como “la peor en casi 100 años”, en contraposición al 8.2% reportado inicialmente. Asimismo, ha destacado que el crecimiento económico en 2021 alcanzó el 6.1%, superando el 4.0% inicialmente informado. Expresa que, aunque la economía ha mostrado signos de recuperación, el crecimiento anual promedio aún no alcanza el 1.0%, situándose en 0.7%. Adicionalmente, planteó la posibilidad de llegar al 1.3% para equiparar la tasa de crecimiento con la tasa poblacional.

Al contrastar este crecimiento anual promedio con periodos gubernamentales anteriores, se observa una marcada discrepancia. Durante la etapa revolucionaria nacionalista que abarcó desde 1934 hasta 1982, los presidentes registraron un crecimiento anual promedio del PIB que osciló entre el 4.50% y el 6.65%. En contraste, durante los periodos neoliberales que abarcaron desde 1982 hasta 2018, el crecimiento anual promedio fue considerablemente más bajo, variando desde un mínimo de 0.06% hasta un máximo de 4.07%.

Resulta evidente que si el crecimiento anual promedio del PIB durante el gobierno de López Obrador llega al 1.0% o incluso al 1.3% (por lo pronto, se encuentra en el 0.30%), esto sería significativamente menor en comparación con los periodos revolucionarios nacionalistas y neoliberales. Esto sugiere un desempeño económico menos robusto durante la actual administración, a pesar de las circunstancias desafiantes, como la pandemia de Covid-19. Aunque cada periodo presidencial enfrenta distintos retos, los resultados económicos bajo la administración de López Obrador podrían situarse entre los más bajos de los últimos años, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas durante su gobierno.

La deuda del gobierno

Por primera vez en 36 años, las necesidades de financiamiento para cubrir el gasto proyectado excederán el 5% del producto interno bruto (PIB). Esto ha generado preocupación entre analistas y agencias calificadoras de riesgo crediticio, ya que se anticipa que, además de la emisión de nueva deuda en el próximo año, el pago de intereses (costo financiero) asociado a la deuda pública existente alcanzará niveles no vistos desde 1991. Esta situación limitará la disponibilidad de recursos para áreas prioritarias como salud o educación.

El aumento en la necesidad de adquirir deuda está relacionado con una disminución en el ritmo de recaudación de impuestos, así como por la ausencia de una reforma tributaria y hacendaria, demandada tanto por el sector privado como por la sociedad civil a lo largo de todo el período presidencial.

Las alarmas sobre el déficit también captaron la atención de las agencias calificadoras de riesgo crediticio, incluyendo Moody’s Investors Service, que, tras la presentación del plan del Paquete Económic el año anterior, indicó que el aumento del déficit se debe al incremento del gasto en proyectos prioritarios del actual gobierno, de los cuales cabe mencionar, son un lastre económico y sin futuro viable. Además, se señala que el presupuesto de 2024 representa un cambio notable en la dirección de la política fiscal en comparación con lo observado en otros sexenios recientes, dado que los déficits fiscales han mantenido niveles promedio de apenas el 3% del PIB, incluso durante los años de la pandemia.

Una de las principales preocupaciones radica en que, desde el inicio del actual sexenio, más del 80% del gasto público se destina a rubros considerados como obligatorios, como las pensiones, el costo financiero de la deuda y los recursos asignados a las entidades federativas. Además, existen otros compromisos, como los apoyos a Pemex y los incentivos fiscales para los combustibles.

En ese sentido, no se ha establecido un plan para compensar la disminución de los ingresos provenientes del petróleo. Durante el transcurso del actual sexenio, los ingresos petroleros han experimentado una caída acumulada del 14.5%, equivalente a 183 mil millones de pesos, lo que se suma a la reducción del 44.4%, que ascendió a 1 billón de pesos, durante el mandato del presidente Peña Nieto. Como resultado, las finanzas públicas han experimentado un proceso acelerado de “despetrolización”: al finalizar el sexenio del presidente Fox, el 40% de los ingresos provenían del petróleo; al término de la administración del presidente Calderón, esta proporción había descendido al 39%, y bajo el gobierno de Peña Nieto, llegó al 19%. En el año 2023, los ingresos petroleros representaron únicamente el 15% del total de ingresos.

Es por es que la disminución de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que el Gobierno está obligado a cobrar a Pemex ha contribuido a debilitar los ingresos petroleros que financian el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Además, el Gobierno federal ha pospuesto el pago de este derecho a través de resoluciones misceláneas. Estas decisiones se tomaron de manera discrecional, sin consultar al Congreso ni aplicar mecanismos para compensar la reducción de ingresos que afectan la distribución entre las entidades federativas.

Solo a través de transferencias financieras, Pemex ha recibido un total de 993 mil millones de pesos entre enero de 2019 y septiembre de 2023, mientras que por la reducción del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), ha obtenido 457 mil millones de pesos. A pesar de estos esfuerzos fiscales por parte del Gobierno, la situación patrimonial de la empresa no ha mejorado: durante el sexenio del presidente Peña Nieto, por cada peso de activos, la empresa tenía pasivos equivalentes a un peso con 50 centavos. Con la administración de AMLO, al cierre de 2022, por cada peso de activos había pasivos de dos pesos, y al tercer trimestre de 2023, por cada peso de activos, había pasivos de 1 peso con 70 centavos. Este deterioro financiero obligará al Gobierno a continuar proporcionando recursos a la empresa a través de aportaciones de capital o estímulos fiscales, lo que reducirá los recursos disponibles para proporcionar bienes y servicios en áreas como salud, educación y seguridad pública.

¿Cómo pretende este gobierno solucionar esto?

En respuesta a la menor recaudación de lo esperado, el Gobierno implementó recortes en el gasto programado. Al concluir diciembre de 2023, el gasto neto del sector público alcanzó los 8.1 billones de pesos, mostrando un aumento del 1.8% (147 mil millones de pesos) en comparación con 2022, o del 13% (911 mil millones de pesos) en relación con 2018, pero aún por debajo del programa en un 2.2% (180.8 mil millones de pesos).

Las medidas de austeridad fueron aplicadas sin una planificación adecuada entre las diversas dependencias y organismos públicos, y sin considerar las necesidades de la población ni las posibles repercusiones en la calidad de nuestra democracia. De los 10 Ramos Autónomos, siete cerraron 2023 con reducciones en su gasto aprobado. El mayor recorte se observó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que gastó 1.6 mil millones de pesos, un 11.3% (203 millones de pesos) menos de lo aprobado.

Uno de los sectores más afectados fue el gasto funcional en salud, que ascendió a 808 mil millones de pesos en 2023, registrando una disminución del 3.4% (28 mil millones de pesos) en comparación con el ejercicio de 2022. Esta reducción se debió a que los diferentes sistemas del sector público federal dejaron de gastar en conjunto un 6.9% o 60 mil millones de pesos de los 868.1 mil millones de pesos aprobados para el año. Se trata del mayor recorte al gasto en salud registrado en los últimos 20 años, tanto en términos porcentuales como en magnitud total.

El recorte en salud se enfocó particularmente en los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social. En 2023, la Secretaría de Salud (SSA) sufrió un recorte del 49.5% (103.8 mil millones de pesos) en comparación con el presupuesto aprobado. Aunque este recorte está relacionado con la transición del Insabi al IMSS-Bienestar, el gasto adicional de esta nueva institución de salud fue de 48.2 mil millones de pesos, lo que no compensa ni la mitad del recorte a la SSA, y posiblemente siga dejando sin servicios de salud a millones de mexicanas y mexicanos.

Conclusión

El análisis de la situación económica actual bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador revela una serie de preocupaciones significativas que podrían tener repercusiones de largo alcance en el desarrollo socioeconómico del país. A medida que la administración actual enfrenta desafíos económicos considerables, surge la necesidad de evaluar críticamente las políticas y decisiones que han contribuido a esta situación.

Una de las principales preocupaciones se centra en el desempeño económico durante el actual sexenio, el cual ha sido desafiado por una contracción significativa en 2020, seguida de un crecimiento que, aunque mejora, aún no alcanza niveles óptimos. Comparado con periodos gubernamentales anteriores, el crecimiento anual promedio del PIB durante la administración de López Obrador es considerablemente menor, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas económicas implementadas.

Además, el incremento en las necesidades de financiamiento, así como el aumento del déficit y la deuda pública, generan preocupación entre analistas y agencias calificadoras de riesgo crediticio. La ausencia de una reforma tributaria y hacendaria agrava aún más la situación, limitando la capacidad del gobierno para abordar estas preocupaciones de manera efectiva.

Otro aspecto crítico es la dependencia histórica de los ingresos petroleros, los cuales han experimentado una caída significativa durante el actual sexenio. La falta de un plan claro para compensar esta disminución en los ingresos petroleros y la reducción en los recursos destinados a sectores clave, como la salud, plantean desafíos adicionales para el gobierno en términos de financiamiento y provisión de servicios públicos esenciales.

En respuesta a la menor recaudación de lo esperado, el gobierno ha implementado recortes en el gasto programado. Sin embargo, estas medidas de austeridad se han aplicado sin una planificación adecuada y han tenido un impacto negativo en sectores vitales como la salud, lo que podría tener consecuencias adversas para la población.

En resumen, la situación económica actual bajo el gobierno de López Obrador presenta una serie de desafíos significativos que requieren una atención urgente y acciones concretas para abordarlos de manera efectiva. La falta de políticas claras y estrategias sólidas para impulsar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad financiera podría tener repercusiones graves en el bienestar y la prosperidad futura de México.