El atraco

El gobierno ha perpetrado una nueva violación a los derechos de propiedad.

Esta semana, el presidente firmará el decreto por el que se constituirá, a través de una serie de reformas legales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El Fondo busca complementar las pensiones de aquellos mexicanos que hayan trabajado en el sector privado y que pertenezcan al régimen 97 de pensiones, de modo que alcancen, cuando menos, una cifra alrededor de 16 777.78 pesos al mes[1].

¿De dónde saldrá el dinero para financiar el Fondo? Es aquí donde el asunto se vuelve truculento. El Fondo obtendrá recursos, principalmente, de ahorros no reclamados de cuentas de Afore inactivas de personas de 70 años o más, que representan alrededor de 40 000 millones de pesos.

Tomar recursos de las Afore es una agresión a la propiedad legítima de los trabajadores. No cambia el hecho que el gobierno insista en que se podrá reclamar el dinero.

En mi perfil personal de X, lo planteé así:

¿De dónde surge todo el problema?

A raíz de la reforma de pensiones de 1997, México transitó de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individualizadas en materia de pensiones. El sistema de reparto es problemático ante una población que envejece, pues el gobierno sólo puede financiarlo a costa de asumir un compromiso fiscal creciente. En contraste, el sistema de capitalización individual, probado primero en Chile, consiste en que cada trabajador es responsable de su propio retiro a través de un esquema de ahorro forzoso que contribuye a un fondo que se invierte en distintos activos financieros para generar un rendimiento. Las Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) son, como su nombre sugiere, las instituciones encargadas de administrar los recursos de los trabajadores y de realizar tal inversión.

Uno de los problemas del sistema de capitalización individual es la falta de disciplina de mercado experimentada en México. Por diversas razones, los trabajadores mexicanos no supervisan con mayor rigor los movimientos de las Afores. Sin la disciplina que los consumidores podrían imponer a las Afores, éstas invierten los recursos de forma subóptima. Como resultado, los trabajadores tienen una menor confianza en que el sistema les permitirá retirarse adecuadamente. Como escriben Roberto Calderón-Colín, Enrique E. Domínguez y Moisés J. Schwartz en un artículo de investigación (que puede verse aquí):

La evidencia de México sugiere que el cambio de los trabajadores entre los fondos de pensiones no ha impuesto una disciplina de mercado que se traduciría en beneficios para el consumidor en términos de mayores rendimientos, menores comisiones y mejor servicio. Además, la falta de implicación del consumidor y la participación activa de los vendedores en el proceso de cambio entre fondos de pensiones ha socavado gravemente la fiabilidad del consumidor en el sistema.

El desencanto con la difícil situación de las pensiones en México, acompañado del envejecimiento de la población mexicana, ha llamado la atención de diversos políticos. Uno de los programas más rentables del gobierno actual ha sido el de Pensiones del Bienestar. Este programa explica una fracción importante del gasto público actual. Como señala el encabezado de un artículo de Darinka Rodríguez, del País, “Los mexicanos más pobres dependen cada vez más de las remesas y los apoyos del Gobierno”.

Los políticos suelen cazar soluciones sin percatarse de que lo relevante en economía es siempre pensar en los “trade-offs”, en las concesiones que tenemos que hacer al decidir un curso de acción. Una solución que no repara en los costos implícitos puede ser más grave que el problema que pretende abordar. Fue pensando en esto que Thomas Sowell acuñó su excelente frase: “La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay bastante de algo para satisfacer a todos los que lo desean; la primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía”.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar busca solucionar un problema (la incertidumbre en torno a un retiro adecuado) con una idea económicamente torpe y moralmente cuestionable.

Económicamente torpe porque alimenta la desconfianza de invertir en un país que altera las reglas del juego de manera arbitraria. No hay certeza de que el fondeo del programa funcione adecuadamente, pero sí de que se tomarán recursos de forma inadecuada. Moralmente cuestionable porque el gobierno debería limitarse a proteger el patrimonio de los ciudadanos y no de expropiarles con propósitos populistas.

Carlos Elizondo Mayer-Serra expone muy bien una clave del problema: no sabemos si las cuentas inactivas de las Afores responden a una decisión racional de los trabajadores. En cualquier caso, tomar su dinero es un agravio.  

Transferir de manera discrecional es rentable

El gobierno actual ha observado la gran rentabilidad de un sistema de transferencias discrecionales. La siguiente gráfica, elaborada por el Financiero con datos de una encuesta, es reveladora:

La intención de voto por Sheinbaum, la candidata favorecida por el régimen actual, es mayor entre la población que ha recibido las transferencias de este gobierno. No es complicado deducir que de ello se desprende un entusiasmo en el gobierno federal para incrementar los montos de estas transferencias.

Pero las consecuencias tarde o temprano se pagan. Como escribí en otro lado,

El gobierno ha encontrado suficientes huecos en nuestro frágil sistema institucional para tomar dinero de diversas partes sin encender la ira de sus votantes predilectos. Ha encontrado formas de que los costos de sus proyectos sean asumidos por ciudadanos dispersos y desorganizados para beneficiar a grupos de interés concentrados. […]. Pero un día también ese dinero se acabará y para poder escudriñar más recursos tendrán que vulnerar aún más a las instituciones hasta que el robo sea tan molesto como el de elevar impuestos o asumir más deuda.

Sólo espero que, cuando lo inminente ocurra, logremos detectar el daño y enmendarlo.

[1] El Fondo también toma en cuenta a los trabajadores contemplados en la Ley del ISSTE 2007.