Introducción:

Evaluar el rendimiento de cualquier gobierno se vuelve esencial a través de una definición clara de sus roles y responsabilidades. La conceptualización teórica de estas funciones ha sido moldeada por la evolución del pensamiento económico.

Este desarrollo moderno se puede rastrear hasta Adam Smith, quien atribuyó al gobierno un conjunto limitado pero crucial de funciones que son difíciles de cumplir por parte de los individuos. En su obra “La Riqueza de las Naciones”, Smith, reconocido como el “Padre de la Economía”, identificó tres responsabilidades primordiales del Estado hacia sus ciudadanos: la defensa contra amenazas externas, la garantía de justicia frente a la opresión, y la provisión de bienes e instituciones públicas que, aunque no sean rentables de forma privada, generan un beneficio social superior a su costo.

La perspectiva centrada de Smith y otros economistas posteriores como aquellos pertenecientes a la Escuela Austriaca, tendió a alinearse con las actividades generales de muchos gobiernos en el siglo XIX. Esto se reflejó, entre otras cosas, en un nivel de gasto público que rara vez superaba el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de tener un gobierno relativamente pequeño, algunas naciones experimentaron un crecimiento económico significativo, como el caso emblemático de Gran Bretaña.

La lucha de las ideas sobre las atribuciones del gobierno

Durante el siglo XX, hubo una gradual expansión del papel del gobierno, impulsada por nuevos desarrollos teóricos. El pensamiento mrxista, por ejemplo, promovió la redistribución del ingreso como una tarea gubernamental, reflejada en medidas como los sistemas tributarios progresivos.

Además, las teorías keynesianas abogaron por el papel del gobierno en la estabilización económica, incluyendo el apoyo al ingreso de las personas durante recesiones, la implementación de esquemas públicos de pensiones y la creación de empresas estatales.

Dos conceptos económicos adicionales ampliaron aún más el ámbito de las responsabilidades gubernamentales. El primero es el de “bien público”, que se refiere a aquellos bienes cuyo consumo no puede ser excluido y cuyo uso por parte de unos individuos no reduce la disponibilidad para otros. Esto incluye actividades como las estadísticas oficiales, el lenguaje común y la infraestructura vial.

El segundo concepto es el de “externalidad”, que se refiere a los efectos externos de una actividad sobre personas no involucradas en la transacción. Esto puede ser tanto positivo como negativo, como la contaminación de una fábrica o los beneficios de una vivienda atractiva sobre los vecinos.

Ambos conceptos han sido invocados para justificar la intervención gubernamental, argumentando que, sin ella, estos bienes y externalidades no serían producidos o corregidos en la cantidad deseada. Sin embargo, en la práctica, esto ha llevado a una amplia gama de actividades que se consideran responsabilidad del gobierno.

Esta expansión de responsabilidades, junto con los recursos limitados del gobierno, presenta riesgos, incluyendo el descuido de la calidad y efectividad de las acciones gubernamentales, así como la posibilidad de favorecer a grupos de interés y promover políticas paternalistas que pueden ser contraproducentes para el desarrollo económico.

La visión liberal de las funciones gubernamentales:

El liberalismo político es una corriente de pensamiento que defiende la primacía de los derechos individuales y la libertad frente a la intervención excesiva del Estado en la vida de los ciudadanos. En este contexto, las funciones del gobierno según el liberalismo se caracterizan por su limitación y orientación hacia la protección de los derechos individuales, la seguridad y el mantenimiento del orden público. Este ensayo explorará las funciones del gobierno desde esta perspectiva liberal, destacando su importancia en la promoción de una sociedad libre y próspera.

Esta corriente de pensamiento económica dicta las siguientes acciones primordiales de las autoridades:

Protección de los derechos individuales:

El gobierno, según el liberalismo, tiene la responsabilidad primordial de proteger los derechos naturales de los individuos, como la vida, la libertad y la propiedad. Esto implica garantizar que ninguna autoridad o grupo interfiera injustamente en los derechos y libertades de los ciudadanos. El gobierno debe establecer un marco legal y judicial que asegure la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales frente a cualquier forma de coerción.

Mantenimiento del orden público y la seguridad:

Otra función fundamental del gobierno según el liberalismo es garantizar el orden público y la seguridad de sus ciudadanos. Esto incluye la prevención y persecución del crimen, así como la defensa nacional frente a amenazas externas. Sin un entorno seguro y estable, los individuos no pueden ejercer plenamente sus derechos y libertades, por lo que el gobierno debe proveer los recursos necesarios para mantener la seguridad en la sociedad.

Justicia y Estado de derecho:

El gobierno liberal debe asegurar la existencia de un sistema judicial independiente e imparcial que garantice el Estado de derecho. Esto implica que todas las personas sean iguales ante la ley y que los contratos sean respetados y ejecutados de manera justa. La aplicación consistente de la ley y el acceso equitativo a la justicia son fundamentales para proteger los derechos individuales y mantener la confianza en el sistema legal.

Provisión de bienes públicos:

Aunque el liberalismo aboga por un gobierno limitado, reconoce la necesidad de que el Estado provea ciertos bienes públicos que el mercado no puede proporcionar eficientemente, como la infraestructura básica, la educación pública y la protección del medio ambiente. Estos servicios son considerados esenciales para el funcionamiento de la sociedad y el bienestar de sus ciudadanos, por lo que el gobierno debe intervenir para asegurar su provisión.

Regulación mínima:

Desde una perspectiva liberal, el gobierno debe limitar su intervención en la economía y las actividades privadas. Si bien es necesario establecer un marco regulatorio para proteger los derechos y la seguridad pública, este debe ser mínimo y enfocado en garantizar la competencia y prevenir el abuso de poder por parte de actores privados. El liberalismo favorece un mercado libre y competitivo como motor de la prosperidad económica y la innovación.

El caso de México

En México, desde la promulgación de la Constitución en 1917, se han realizado numerosas enmiendas con el objetivo de expandir el alcance de las funciones gubernamentales. Entre estas enmiendas, se destaca una creciente lista de derechos individuales y familiares, acompañada de garantías para su cumplimiento.

Por ejemplo, la Constitución establece derechos como la educación gratuita en todos los niveles, incluida la educación superior, acceso a alimentos de calidad, protección de la salud, acceso al agua, vivienda digna, apoyo económico para personas con discapacidad, pensiones no contributivas para personas mayores y becas para estudiantes de todos los niveles, entre otros.

Sin embargo, el desempeño del gobierno mexicano ha sido claramente deficiente. La persistencia de altos niveles de inseguridad y corrupción, así como el deterioro de la infraestructura física del país, evidencian el descuido de las funciones originales del gobierno. El retroceso en los sistemas públicos de educación y salud son indicativos de la incapacidad y el desperdicio del gasto gubernamental.

En lugar de seguir añadiendo compromisos a la lista, sería más beneficioso que el gobierno se concentre en cumplir eficazmente con sus responsabilidades fundamentales.

En todo caso, algunos gobiernos han hecho esfuerzos, aunque tímidos, en tratar de desvincular, por ejemplo, algunos sectores de la economía, como a continuación se incluyen brevemente:

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994): Duran te su mandato, se implementaron importantes políticas de privatización en el sector público mexicano, como parte de una serie de reformas económicas conocidas como el “Nuevo Modelo Económico”. Entre las privatizaciones más significativas durante su administración se encuentran la venta de empresas estatales como Teléfonos de México (Telmex) en 1990 y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 1992.

Ernesto Zedillo (1994-2000): Si bien su administración no se caracterizó por grandes privatizaciones, continuó con políticas de apertura económica y desregulación en sectores como las telecomunicaciones y la energía, lo que sentó las bases para futuras privatizaciones.

Vicente Fox (2000-2006): Durante su mandato, se llevaron a cabo importantes procesos de privatización, especialmente en el sector energético. La reforma energética de 2008 permitió la participación de empresas privadas en la exploración y producción de petróleo y gas, poniendo fin al monopolio estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Felipe Calderón (2006-2012): Continuó con políticas de apertura económica y privatización en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la energía. Se promovió la competencia en el sector de las telecomunicaciones con la entrada de nuevos operadores, y se llevaron a cabo proyectos de asociación público-privada en infraestructura.

Enrique Peña Nieto (2012-2018): Su administración se destacó por impulsar una amplia reforma energética en 2013, que permitió la participación de empresas privadas en la exploración y producción de petróleo y gas, así como en la generación y distribución de electricidad. También se realizaron esfuerzos para modernizar el sector de las telecomunicaciones y fomentar la competencia.

En conclusión, las funciones del gobierno desde una perspectiva liberal se centran en proteger los derechos individuales, garantizar la seguridad y el orden público, promover la justicia y el Estado de derecho, proveer ciertos bienes públicos esenciales y limitar la intervención estatal en la economía y la vida de los ciudadanos. Estas funciones son fundamentales para crear y mantener una sociedad libre, próspera y justa, donde los individuos puedan desarrollarse plenamente y buscar su propia felicidad.