The National Palace (Palacio Nacional), Mexico City, Mexico. Original public domain image from Flickr

La palabra privatización despierta desconfianza y desprecio en una parte significativa de la sociedad mexicana. El presidente López Obrador, por ejemplo, hace eco del desprecio al referirse al presidente de Argentina, Javier Milei, del siguiente modo:

Es lo de Milei ahora, con todo respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo, es: ‘Vamos a desaparecer al Estado, que se diluya el Estado, vamos a dejar todo al mercado’. Eso ya lo padecimos, ya con Salinas lo empezaron a aplicar, y sus voceros, intelectuales orgánicos, hablaban de diluir al Estado, de dejar todo al mercado, que había que olvidarse de la historia, era el fin de la historia, y que, si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba abajo, algo le llegaba a los de abajo.

Para López Obrador, la privatización es sinónimo de robo. La opinión de López Obrador, sin embargo, carece de sustento económico. Robar significa despojar de sus posesiones al propietario original, mediante el uso de la fuerza. Las privatizaciones no despojan bienes de nadie, sino que asignan recursos que gestiona el gobierno a entes privados a cambio de una contraprestación.

Por el contrario, el gobierno sí que roba y vulnera derechos individuales al expropiar o estatizar empresas privadas. La expropiación es una confiscación de activos. Su naturaleza es coercitiva, incluso si la ley prevé una suerte de indemnización arbitraria.

Privatizar es benéfico para los consumidores

Las empresas privadas tienen ventajas sobre las empresas de propiedad gubernamental en las siguientes dimensiones:

Responden a los consumidores: Las empresas privadas deben sus ganancias a las compras voluntarias de sus clientes. Están en riesgo, en todo momento, de perder el patrocinio de sus clientes. Sus ganancias dependen de percibir cambios en las preferencias de la población; de adoptar técnicas de producción más eficientes; de rastrear los deseos de clientes cuyos gustos aún no logran satisfacer y de retener, con mejores tratos, a clientes antiguos.

Transfieren la propiedad a usos más eficientes: Una cuestión económica fundamental es que nadie sabe quién o quiénes pueden hacer un empleo más eficiente de un recurso. Para resolver esta ignorancia radical, las sociedades requieren un sistema que permita experimentar, a prueba y error, las mejores formas de gestionar recursos escasos. Los mercados libres resuelven este problema al expandir las oportunidades de intercambio, que requieren derechos de propiedad privada. Con más oportunidades de intercambio, los recursos pueden pasar de mano en mano con mayor facilidad, hasta encontrar al gestor más idóneo. La privatización habilita esta exploración del mercado, imposible de tener con el modelo de empresas gubernamentales.

Reducen riesgos temerarios: Los gobiernos tienen acceso, a menudo, a lo que en economía llamamos “presupuestos suaves” (soft budgets). Los presupuestos suaves inducen la adopción de riesgos más temerarios a través de un mayor apalancamiento.Si una organización puede solventar sus pérdidas sin perder capital propio, tiene un incentivo a asumir una mayor cantidad de pasivos e ir tras proyectos más riesgosos de lo que sería óptimo. La consecuencia de largo plazo es una pila de proyectos con pérdidas que deben subsanar los contribuyentes.

Discriminan a sus empleados por sus habilidades productivas: La discriminación es un problema real en todo tipo de sociedad, pero las empresas privadas asumen costos de discriminar a sus empleados o a sus clientes por sus características personales. Las empresas tienen un incentivo, entonces, a adoptar criterios de contratación más acordes a la productividad de los empleados, en la medida en que el gobierno no regule sus ganancias o entorpezca sus dinámicas de empleo.

¿Ha sido benéfica la privatización en México?

Una investigación de Alberto Chong y Florencio López-De-Silanes concluye lo siguiente:

La evidencia empírica muestra que el gobierno mexicano fue eficaz en la mejora de su disciplina fiscal, el aumento de la asignación eficiente de los recursos y la reestructuración de las empresas públicas ineficientes.

La siguiente tabla, de la misma investigación, es bastante reveladora. La primera columna contiene varios indicadores de desempeño de empresas privatizadas en los siguientes rubros: Rentabilidad, Eficiencia operativa, Trabajo, Activos e inversión, Producción, Impuestos netos y Precios.

De la tabla destaca que la producción de dichas empresas aumentó (los valores de los coeficientes estimados en Output son positivos y estadísticamente significativos); la historia es similar con indicadores de rentabilidad (Profitability), indicando una asignación de recursos más eficiente. Las empresas privatizadas encontraron formas de reducir sus costos y reducir pasivos laborales (de ahí los coeficientes negativos registrados en Labor).

Uno de los hallazgos de la investigación, y que deberían llamar la atención de quienes defienden la tesis de que las privatizaciones fueron una especie de robo, es que las privatizaciones mejoraron la posición fiscal del país:

En general, las pruebas sugieren que la privatización tuvo un impacto positivo y significativo en la posición fiscal del gobierno. […]. [L]a mayor disciplina fiscal que permitió la privatización contribuyó a una fuerte reducción de la inflación y, por tanto, a una mayor estabilidad macroeconómica (López-de-Silanes, 1994).

Es decir, además de generar eficiencias en la asignación de recursos, las privatizaciones aliviaron presiones fiscales para el gobierno mexicano.

Conclusión

Los beneficios de la privatización son variados. Las privatizaciones en México han mejorado el bienestar de los mexicanos. La corta memoria histórica, las falacias económicas y los discursos populistas han oscurecido la evidencia a favor de la privatización. El presidente López Obrador se equivoca al comparar la privatización con robo, saqueo o corrupción. Además de los beneficios económicos evidentes, la privatización es congruente con una sociedad abierta y libre, que delega a los ciudadanos pacíficos y responsables, y no a los funcionarios públicos, la responsabilidad de gestionar los recursos.

Por Sergio Adrián Martínez

Economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Administrador de Tu Economista Personal, sitio de reflexiones de economía y mercados libres.

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