Una de las prohibiciones más problemáticas del último año es la prohibición al maíz genéticamente modificado en México. La prohibición que comenzó en 2020 como un decreto emitido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería tener en alerta a los consumidores mexicanos. 

Una de las preocupaciones inmediatas tiene que ver con la afectación a los productores estadounidenses. Cerca del 90% del maíz exportado por Estados Unidos es genéticamente modificado. Pero más allá de las zozobras que pueda causar la política a los productores, los verdaderos perjudicados serán los consumidores. Las políticas prohibicionistas alteran los márgenes de ganancia de los productores, pero los efectos económicos tienen consecuencias directas en el bienestar de los hogares mexicanos. 

El maíz es un elemento esencial de la dieta de diversos hogares. Su consumo predomina en las familias de medianos y bajos ingresos. Un incremento en el precio del maíz afectará especialmente a estas familias. 

La prohibición ataca el uso de maíz transgénico para consumo humano a través de la nixtamalización. Además, ataca usos del maíz para animales y para la industria alimentaria. La prohibición pretende tener efectos graduales; pero esto no significa que los efectos serán graduales. En un entorno de incertidumbre y de elevados precios a causa de un fenómeno de inflación global, los efectos se resentirán de manera más inmediata. 

El gobierno no aclara el porqué de la prohibición con sustento científico adecuado. Cancela permisos para el uso del maíz transgénico, exponiendo a ganaderos y a otros participantes de la industria alimentaria a un shock de oferta: un incremento agresivo en sus costos de producción. 

Aunque los mexicanos encuentren otros bienes con los cuales sustituir el consumo del maíz, el incremento en el precio eliminará de tajo las oportunidades de consumo con las cuales contaban antes. El efecto no se detiene en el maíz. Cuando un consumidor desea sustituir por otros bienes, la mayor demanda competitiva presiona los precios de estos bienes hacia arriba. 

El incremento en los precios de otros bienes se acentúa dado que la producción mexicana no será actualmente capaz de servir la demanda. 

El maíz genéticamente modificado incrementa la productividad sobre el uso del suelo y permite amortiguar los efectos de precios más altos de otros bienes. Esto es especialmente importante cuando el precio de otros cereales y alimentos se ha visto sacudido por conflictos internacionales e interrupciones en las cadenas de suministro. Una prohibición como la que efectuará el gobierno contribuirá a que sea más difícil atemperar estos efectos. 

Como ha sido el caso antes con otras medidas arbitrarias del gobierno, es muy probable que sea ilegal o inconsecuente con compromisos adquiridos en tratados internacionales. Violar estos compromisos (como las disposiciones sobre biotecnología agrícola incluidas en el Acuerdo Estados Unidos México Canadá) manda también una señal negativa de la institucionalidad mexicana. En un país con instituciones respetables, las reglas del juego definidas por el gobierno DEBEN ser satisfechas. Pero el gobierno de López Obrador se caracteriza por decir una cosa y hacer otra. 

Agricultores, consumidores, productores nacionales e internacionales, inversionistas y diplomáticos son el elenco de personajes afectados por una medida acientífica, ineficiente y que sólo se aplaude por quienes razonan en términos absolutos y no de costo y beneficio.