Introducción:

La autonomía de las instituciones gubernamentales es un pilar fundamental para el sano funcionamiento de una democracia. Este principio no solo es un concepto abstracto, sino un cimiento sólido que sustenta la integridad y la eficiencia del sistema político.

En primer lugar, la autonomía proporciona a estas instituciones la capacidad de operar de manera independiente, sin estar sometidas a presiones externas indebidas. Esta libertad les permite desempeñar su papel de manera imparcial y objetiva, sirviendo como salvaguardia contra posibles manipulaciones políticas. Cuando las instituciones gubernamentales son autónomas, tienen la valentía de actuar en beneficio del interés público, incluso cuando sus decisiones pueden resultar impopulares en ciertos círculos.

La autonomía también es esencial para mantener la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Cada rama del gobierno debe tener la capacidad de ejercer sus funciones sin interferencias indebidas de las demás. Esto garantiza un sistema de pesos y contrapesos, donde ninguna entidad concentra demasiado poder, evitando así posibles abusos y asegurando un equilibrio necesario para el buen funcionamiento del Estado.

En segundo lugar, la autonomía de las instituciones gubernamentales crea un entorno propicio para la toma de decisiones basadas en criterios económicos sólidos. Cuando estas instituciones no están sujetas a presiones políticas indebidas, tienen la libertad de implementar políticas económicas coherentes y a largo plazo. Esto establece una base para la confianza de los inversores y la planificación estratégica, elementos cruciales para el desarrollo económico.

El precedente que deja la autonomía de un banco central

El caso más importante es la autonomía de los bancos centrales, la cual se erige como un elemento crucial en la arquitectura financiera de cualquier nación. Este principio no es simplemente un lujo, sino una necesidad imperante para mantener la estabilidad económica y preservar la confianza en el sistema financiero.

En primer lugar, la autonomía del banco central actúa como una salvaguarda contra la influencia política directa sobre las decisiones monetarias. Cuando el banco central opera de manera independiente, puede enfocarse en objetivos de largo plazo, como el control de la inflación y la estabilidad financiera, sin caer en presiones de corto plazo orientadas a objetivos políticos, como la financiación de obras públicas con nula rentabilidad. Esta independencia promueve la toma de decisiones basada en análisis económicos objetivos, contribuyendo así a la eficacia de las políticas monetarias.

Por otro lado, es importante hablar de su pilar más importante: la credibilidad.

La credibilidad es otro beneficio clave de la autonomía del banco central. Cuando la sociedad percibe que el banco central opera sin interferencias externas, se genera confianza en la solidez y previsibilidad de la política monetaria. Esta confianza es esencial para fomentar la inversión y el desarrollo económico, ya que los agentes económicos confían en que las decisiones del banco central se basan en criterios económicos y no en consideraciones políticas. En el siguiente enlace se podrá consultar a detalle los determinantes de su credibilidad https://mexicolibertario.org/determinantes-de-la-credibilidad-del-banco-de-mexico-percepcion-de-riesgo-en-la-actualidad/

Además, la autonomía del banco central facilita la toma de decisiones rápida y efectiva en momentos de crisis económicas. Al tener la capacidad de implementar medidas sin depender de la aprobación política, el banco central puede responder con agilidad a situaciones urgentes, como crisis financieras o recesiones, contribuyendo así a mitigar el impacto adverso en la economía.

Bajo los criterios y la evidencia esgrimida en los puntos anteriores, nos daremos a la tarea de proponer, una de las políticas públicas económicas más ambiciosas para la optimización de los recursos presupuestarios del país.

La necesaria autonomía de la Hacienda Pública

La autonomía de la hacienda pública, encargada de configurar la política fiscal, se refiere a la capacidad de las autoridades fiscales, para tomar decisiones y diseñar estrategias en materia de ingresos y gastos sin estar sujetas a presiones políticas externas excesivas. En otras palabras, implica que las decisiones fiscales se tomen con base en criterios económicos y financieros, buscando el interés público y la estabilidad económica a largo plazo, en lugar de responder a consideraciones políticas de corto plazo. Como ya se había mencionado, tendría objetivos y mecanismos muy semejantes a los descritos por el banco central.

Este principio también contribuye a la transparencia y la credibilidad en la gestión fiscal. Cuando las decisiones fiscales se toman de manera independiente y basadas en análisis económicos, se fortalece la confianza de la sociedad y los inversionistas en la estabilidad y previsibilidad de la política fiscal.

Particularmente, mucho se le ha criticado al actual gobierno en su manera tan discrecional en su actuar sobre las decisiones de presupuesto público; tanto por el lado de la recaudación, como lo que ha dejado de hacer a la hora de ejecutar el gasto. Bajo los siguientes ejemplos, podremos analizar de manera breve aquellos ejemplos donde el gobierno ha errado en sus decisiones de política fiscal y como una eventual autonomía podría atenuar los susodichos:

Flexibilidad para Adaptarse a las Condiciones Económicas: Bajo la pandemia de Covid-19, emergió una crisis económica sin precedentes en el país, por lo que, diversos expertos, recomendaron a casi todos los gobiernos del mundo a tomar políticas contracíclicas fiscales, la cual consiste en un conjunto de apoyos fiscales a las familias y empresas para atenuar la caída de los ingresos y así evitar que dicha crisis se complicara o se prolongara; no obstante, el gobierno en turno, decidió no realizarlo. La autonomía fiscal permite ajustar mediante respuestas rápidas y previamente establecidas en la ley, programas de estímulo de demanda agregada sin la necesidad de una previa autorización del ejecutivo federal.

Estabilidad y Previsibilidad: La política fiscal constantemente ha estado sujeta a un mayor gasto en épocas electorales o cuando hay necesidad de hacer presunción de una magna obra pública, suscribiendo amplios montos de deuda para tales fines y sin un diagnóstico económico. La autonomía contribuye a la estabilidad económica al permitir decisiones fiscales basadas en análisis económicos a largo plazo, en lugar de responder a ciclos políticos de corto plazo. Esto crea un entorno más predecible para los inversores y la sociedad en general. 

Credibilidad en la Gestión Fiscal: La toma de decisiones independiente fortalece la credibilidad de las políticas fiscales. Cuando las decisiones se basan en fundamentos económicos sólidos en lugar de consideraciones políticas, se genera confianza en la gestión fiscal, lo que puede tener efectos positivos en los mercados financieros y la percepción internacional.

Responsabilidad y Rendición de Cuentas: Los gobiernos autónomos están más inclinados a ser responsables y rendir cuentas a su población, si bien por una disciplina de que deriva de una cultura jurídica, pero precisamente por la obligación a la que está sometidos por la ley, tienen dicha condición. La conexión directa entre las decisiones fiscales y el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos fortalece la relación entre el gobierno y la sociedad. Tal es el caso con la autonomía de Banxico: siendo la institución perteneciente a los ramos autónomos y ramos administrativos con mayor credibilidad ante la ciudadanía.

Independencia de Decisiones Externas: La autonomía fiscal reduce la dependencia de decisiones externas, lo que significa que un país puede tomar decisiones basadas en sus propios intereses y circunstancias, en lugar de seguir directrices impuestas desde fuera. Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones en este trabajo, bajo ninguna circunstancia la Hacienda Pública estaría sometida al Ejecutivo Federal.

Estabilidad Macroeconómica: Al tener control sobre la política fiscal, los gobiernos pueden trabajar para lograr y mantener la estabilidad macroeconómica, lo que beneficia a la inversión, el empleo y el crecimiento sostenible. Es sabido que, cuando la política fiscal y la política monetaria operan bajo el mismo sentido, tanto los déficits presupuestarios como el control de precios, pasan a ser un problema menor en la gobernanza de un país.

Conclusión:

La autonomía de la política fiscal implica la capacidad de un gobierno para tomar decisiones independientes sobre sus ingresos y gastos, sin depender exclusivamente de directrices externas. Este enfoque presenta una serie de beneficios significativos para la administración económica de un país.

Proporciona flexibilidad y capacidad de adaptación. Los gobiernos autónomos pueden ajustar sus políticas económicas según las condiciones internas específicas, permitiendo respuestas ágiles a los desafíos económicos cambiantes. Esta adaptabilidad es esencial durante períodos de recesión o crisis económica, ya que permite la implementación de medidas fiscales expansivas para estimular la demanda y revitalizar la actividad económica, como recortes de impuestos o aumentos del gasto público.

Por último, cada país tiene su propio conjunto único de circunstancias culturales, sociales y económicas, y la capacidad de adaptar las políticas fiscales a estas realidades específicas puede conducir a soluciones más efectivas y equitativas.

En resumen, ofrece una variedad de ventajas, desde la flexibilidad y la adaptabilidad hasta la promoción de la responsabilidad y la capacidad de adaptar las políticas a las circunstancias únicas de cada país. Es una herramienta valiosa para la gestión efectiva de la economía a nivel nacional.