De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto en transferencias y subsidios creció en más del 4% entre 2018 y 2024. La cifra es superior en dos puntos porcentuales al crecimiento que este rubro registró en el sexenio pasado. El gobierno federal actual, sin duda, ha incrementado la cuantía de recursos que destina a mover dinero de un bolsillo a otro.
México es el país de bajo crecimiento económico y transferencias elevadas.
Las transferencias son un instrumento políticamente atractivo porque los beneficiarios pueden observar con claridad el destino de los recursos. El gasto en inversión pública productiva, por otro lado, produce beneficios menos sencillos de notar. Un paso a desnivel, una carretera o un incremento en el gasto en seguridad produce beneficios comunales: beneficios cuyo consumo por un individuo no rivaliza con el de otro. La consecuencia es que los individuos no cuantifican del mismo modo el beneficio recibido.
Por esta razón, las aspirantes a la presidencia han sido insistentes en ampliar el programa de Pensión Universal de los Adultos Mayores. Este programa ha sido ampliamente popular en el sexenio. Pero los especialistas muestran sus reservas sobre la viabilidad financiera del programa.
Xóchitl Gálvez propuso reducir la edad requerida para acceder al apoyo: de 65 a 60 años; Claudia Sheinbaum, por su parte, quiere extender el apoyo a mujeres entre 60 y 64 años de edad por un monto equivalente a la mitad de lo que actualmente reciben los adultos de 65 años y más. Ninguna de las candidatas, sin embargo, ha propuesto una medida financiera viable.
Ante estas intenciones, Diego Díaz, director de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitivad (IMCO), señaló que la propuesta de Xóchitl representaría alrededor de 188 600 millones de pesos anuales; la de Sheinbaum, alrededor de 44 600 millones de pesos anuales.
Para lograr esas cifras sería imperativa una reforma fiscal. Implicaría incrementar aún más el porcentaje del gasto público destinado a transferencias y subsidios. Este porcentaje sólo puede incrementar a costa de
- Incrementar la carga tributaria de las personas jóvenes y en edad productiva para trabajar;
- Reducir el nivel de gasto público destinado a infraestructura y seguridad;
- Incrementar el nivel de deuda pública y, por consecuencia, presionar al alza tasas de interés.
Las tres consecuencias señaladas tendrían un efecto de “crowding-out” sobre la economía real. La mayor carga tributaria tendería a reducir el consumo de los hogares en bienes y servicios valiosos; habría menos dinero para infraestructura que tuviera un efecto de “crowding-in” del sector privado; y la mayor tasa de interés desincentivaría el financiamiento de proyectos de inversión privada.
Ahora bien, conforme crece la esperanza de vida poblacional, reducir la edad de jubilación como lo requieren estas transferencias significa mermar aún más al sector productivo. La tendencia es hacia un envejecimiento de la población y hacia una mayor capacidad para trabajar en edades tardías. Por lo tanto, las propuestas de reducir la edad para recibir la pensión universal contradicen las tendencias globales y plantean desafíos financieros significativos que requerirían una revisión cuidadosa y, posiblemente, una reforma fiscal.