El presidente López Obrador anunció la creación de 55 planteles más de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) en el cuarto informe de gobierno. Alegó que la creación es necesaria para «la formación de médicos y enfermeras a fin de revertir el déficit de profesionales de estas especialidades».

Mientras tanto, las estadísticas sobre el retroceso educativo en el nivel básico son alarmantes.

En un artículo publicado en enero de este año (Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico[1]), los autores proporcionaron los siguientes hallazgos de pérdidas educativas relacionadas con el freno educativo en la pandemia: un incremento en la pobreza de aprendizaje en un rango de 25.7%-15.4% en comprensión lectora y de 29.8%-28.8% en habilidades cuantitativas (numeracy); así como una mayor brecha de aprendizaje entre ambos sexos y entre jóvenes con diferencias socioeconómicas. La gráfica debajo, extraída del artículo, muestra los incrementos en pobreza educativa entre 2019 y 2021 por edades (grupos de diez y quince años) y nivel socioeconómico (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto).

Fuente: imagen recuperada del artículo Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico (2022).

Tradicionalmente, México ha destinado una ingente cantidad de recursos a la educación universitaria. Existe una convicción popular de que el gobierno debe garantizar el derecho a una educación universitaria; y la convicción se refleja en los bajos costos monetarios que un estudiante promedio debe asumir para asistir a una universidad pública.

Uno de los problemas, sin embargo, es que –como veremos más adelante–, la educación universitaria de bajo costo y gratuita que promueve el presidente ha sido pagada por un menor avance educativo en el nivel básico. Además, lejos de ser gratuita, sus costos recaen especialmente en los más pobres.

El argumento más popular a favor de subsidiar la educación universitaria es que exhibe externalidades positivas: beneficios a terceros sin compensación para quienes los generan.

Cuando una persona no recibe una compensación por beneficios que genera a terceros, tiene un menor incentivo a realizar la actividad que produce esos beneficios. El argumento de libro de texto es que las externalidades positivas proveen una justificación para la intervención gubernamental; para que el gobierno subsidie a quien produzca esos beneficios de modo que sea compensado y tenga un mayor incentivo a producirlos en su nivel socialmente óptimo.

¿Pero realmente existen estas externalidades? Para un economista que dista de identificarse como un libertario como Joseph Stiglitz, sería dudoso:

«Los que tratan de justificar la educación pública aduciendo que existe una falla en el mercado centran la atención en la importancia de las externalidades; a menudo se dice, por ejemplo, que tener unos ciudadanos educados genera importantes externalidades. Una sociedad en la que todo el mundo sepa leer puede funcionar con mucha más armonía que una sociedad en la que pocos sepan leer. Pero saber leer genera un gran rendimiento privado, y aun cuando el Estado no concediera ninguna ayuda, muchas personas procurarían aprender este y otros conocimientos básicos. De hecho, mucha gente decidiría estudiar más allá. La cuestión es la siguiente: dado el nivel de educación que elegiría la gente a título particular si el Estado no la subvencionara, ¿generaría externalidades importantes un aumento adicional del nivel de educación? No existe unanimidad sobre cuál sea la respuesta correcta, pero parece que, en el mejor de los casos, los argumentos en favor de la ayuda del Estado basados en estos tipos de externalidades están por demostrar»[2].

Incluso si nos basamos en el trabajo de economistas como Michael Spence (premio Nobel de Economía en 2001) o Bryan Caplan (The Case Against Education), podríamos encontrar que la educación superior es capaz de generar… ¡externalidades negativas!

Al contrario que una externalidad positiva, una externalidad negativa es aquella que genera costos sobre terceros que no reciben una compensación. Si cuando había externalidades positivas, se hacía demasiado poco de algo bueno; cuando hay externalidades negativas, se hace demasiado de algo malo.

Las personas buscan una educación profesional para conseguir un título que avale sus habilidades. Como los empleadores desconocen a los candidatos a un puesto, son receptivos a cualquier señal de que están contratando a una persona cuyas habilidades se ajustan a las esperadas al firmar el contrato laboral. Los títulos, certificados y diplomas constituyen formas de señalizar al empleador de que contrata a quien está buscando.

Pero una señal es efectiva si puede diferenciar a una persona de otra. Si es opcional que un motociclista use casco, una compañía aseguradora puede diferenciar las actitudes hacia el riesgo de distintos motociclistas observando si usan casco o no. El uso del casco sirve a la aseguradora como una señal útil para diferenciar el cobro de primas de riesgo entre clientes motociclistas. Pero si el uso del casco es obligatorio, pierde sentido que la aseguradora observe si un motociclista lo usa o no.

Cuando el gobierno subsidia la educación superior lo que logra es algo similar a obligar el uso del casco: incrementa artificialmente el otorgamiento de los instrumentos de «señalización» educativa como los títulos, certificados y diplomas. Al incrementar el número de títulos otorgados, su valor como señal se devalúa. ¿Por qué ahora ya no basta con un título de licenciatura para hallar un buen empleo? ¿Y por qué las personas invierten más y con mayor frecuencia en niveles de estudios superiores como maestrías y doctorados?

Cuando una señal ya no es tan efectiva como antes, se buscan nuevas y mejores señales. Pero, en el transcurso, no necesariamente se adquieren nuevas habilidades o se invierten recursos en incrementar la productividad. Se arrojan más y más recursos en la consecución de señales que no repercuten en un aumento de la productividad y, por consiguiente, que no tienen un efecto positivo en el crecimiento económico. Hay un desperdicio. Un ejercicio mental de Bryan Caplan revela lo que ocurre:

«Supongamos que puedes tener una educación en Princeton sin el diploma o un diploma de Princeton sin la educación. ¿Cuál elegirías? Si debes meditarlo, ya crees en el poder de la señalización. En contraste, si quedaras varado en una isla y tuvieras que elegir entre el conocimiento de construir un bote y un título de construcción de botes, no meditarías. Cuando enfrentas al mercado laboral, es importante ser impresionante. Cuando enfrentas al océano, todo lo que importa es la habilidad».

Ante esta situación, aunque la estrategia individual óptima es buscar una mejor señal, el resultado colectivo sitúa a todos los individuos en una posición subóptima: todos estarían mejor con menos títulos y diplomas, aunque individualmente sea racional perseguir más títulos y diplomas. Subsidiar la educación superior es, retomando a Caplan, similar a subsidiar a una empresa contaminante. La empresa puede ser útil, pero no debemos fomentar su contaminación.

Las universidades que fomenta López Obrador no son benéficas; generan externalidades negativas al incrementar el exceso de credenciales y títulos universitarios en el mercado laboral. Y como las personas más pobres tienen más dificultades para acceder a una educación universitaria, los recursos destinados a ellas tienden a exacerbar desigualdades de ingreso y a ser pagadas con impuestos cobrados a los más pobres. La educación universitaria ideal del presidente es regresiva. Y, como tal, además de las carencias que muestra en sus planes de formación académica, sólo fomenta un retroceso en el capital humano de los mexicanos.

[1] El artículo puede consultarse en la siguiente liga: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681

[2] La cita corresponde a su libro de texto La Economía del Sector Público (tercera edición, capítulo 16, p. 448).