La corrupción es un fenómeno que socava la confianza pública, debilita las instituciones y obstaculiza el desarrollo económico y social. Para evaluar y comparar los niveles de corrupción y la eficacia de las políticas anticorrupción a nivel global, diversas organizaciones han desarrollado índices especializados. A continuación, se presentan los principales índices que miden la corrupción en el mundo, sus características, resultados más recientes y la posición de México en cada uno de ellos.

1. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es una herramienta clave desarrollada por Transparencia Internacional para medir la percepción de la corrupción en el sector público a nivel global. Este índice evalúa a 180 países y territorios, asignando una puntuación que oscila entre 0 (altamente corrupto) y 100 (muy limpio). La metodología se basa en encuestas y evaluaciones realizadas por expertos y empresarios, proporcionando una visión comparativa de la corrupción en diferentes naciones.

Este índice mide los siguientes puntos:
·  Sobornos en el sector público: Nivel de incidencia y frecuencia de sobornos en las instituciones gubernamentales.

·  Desvío de fondos públicos: Uso indebido de recursos estatales para beneficio personal o político.

·  Uso de cargos públicos para beneficio personal: Funcionarios que toman decisiones basadas en intereses privados en lugar del bien común.

·  Impunidad y falta de sanciones: Capacidad del sistema judicial para investigar y castigar casos de corrupción.

·  Acceso a información pública: Transparencia en el manejo de recursos y toma de decisiones gubernamentales.

·  Independencia del poder judicial: Si las instituciones judiciales pueden actuar sin interferencias políticas o económicas.

·  Corrupción en la contratación pública: Manipulación de licitaciones y contratos gubernamentales en favor de empresas específicas.

·  Protección a denunciantes y periodistas: Nivel de seguridad y libertad de quienes investigan y denuncian actos de corrupción.

Resultados del IPC 2024:

• Top 5 países menos corruptos:
  1. Dinamarca: 90 puntos
  2. Finlandia: 88 puntos
  3. Singapur: 84 puntos
  4. Nueva Zelanda: 83 puntos
  5. Suecia: 83 puntos
• 5 países más corruptos:
  1. Sudán del Sur: 8 puntos
  2. Somalia: 9 puntos
  3. Venezuela: 10 puntos
  4. Siria: 12 puntos
  5. Yemen: 13 puntos

Posición de México:

México ha experimentado un deterioro en su posición dentro del IPC. En 2024, el país se ubicó en el puesto 140 de 180, con una puntuación de 26 sobre 100, la más baja en su historia. Este descenso refleja desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción, incluyendo la incertidumbre en la implementación de reformas y un aumento en los casos de corrupción relacionados con el crimen organizado. Si sacamos un promedio de la calificación del IPC por cada sexenio que ha tenido México desde que se aplica el índice (1994), encontraremos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gobierno más corrupto de la historia de este país, pese al discurso “anticorrupción”, “honestidad”, y “austeridad republicana”, este gobierno es el peor evaluado de la historia, es el gobierno que más ha dejado casos impunes y el que más ha robado dinero según este índice, lo peor de todo es que muchos mexicanos siguen aplaudiendo lo que hace este gobierno.

Hay un punto que falta aclarar sobre esta posición, este índice fue evaluado hasta octubre del 2024, es decir, que aún no entraba en funciones la nueva reforma judicial, lo que significa que la calificación todavía puede ser peor el próximo año. La reforma Judicial  Busca llenar todos los puestos que no pudieran ser determinados por el partido en el poder. Pues los jueces son elegidos por tómbolas previamente llenadas, pero dichos candidatos registrados en las tómbolas en su mayoría son personas con conexiones con MORENA, pese a que muchos de los candidatos no llenaban los requisitos o ni siquiera tenían datos completos en su registro. Tampoco se había declarado abiertamente por la DEA la relación del gobierno de México con los cárteles mexicanos, ni se sabía que el abogado del Mayo Zambada era un activo participante en las reuniones de MORENA, por todo esto dicho es probable que a este índice le faltaran algunos puntos más abajo, sin embargo, esperaremos el siguiente para que todos estos puntos sean revisados por las instituciones para la calificación del año 2025.

 Recomiendo leer el artículo de Luis Pazos: “Corrupción récord de MORENA” disponible en la página de México Libertario, para un repaso del retroceso en materia de corrupción en México.

Panorama en América Latina:

La región latinoamericana presenta una amplia gama de puntuaciones en el IPC, reflejando diversas realidades en términos de corrupción:

• Uruguay: 76 puntos
• Chile: 63 puntos
• Costa Rica: 58 puntos
• Cuba: 41 puntos
• Colombia: 39 puntos
• Argentina: 37 puntos
• Brasil: 34 puntos
• Ecuador: 32 puntos
• Perú: 31 puntos
• El Salvador: 31 puntos
• Bolivia: 28 puntos
• México: 26 puntos
• Guatemala: 25 puntos
• Paraguay: 24 puntos
• Honduras: 22 puntos
• Nicaragua: 14 puntos
• Haití: 16 puntos
• Venezuela: 10 puntos

Estos datos indican que, aunque algunos países como Uruguay y Chile se destacan por sus esfuerzos en combatir la corrupción, otros enfrentan desafíos significativos que afectan su gobernanza y desarrollo.

Solo 3 países tienen una calificación aprobatoria arriba de la mitad de  los puntos, Uruguay, Chile y Costa Rica, casualmente son los países que también tienen mayor libertad Económica de la Heritage Foundation. De la misma forma encontraremos a México en la parte baja de la tabla siendo de los países con mayor corrupción.

Factores comunes entre los países más y menos corruptos:

• Países menos corruptos:
  • Instituciones sólidas y transparentes: Gobiernos con estructuras claras y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
  • Estado de derecho robusto: Aplicación consistente y justa de las leyes.
  • Libertad de prensa: Medios de comunicación independientes que investigan y denuncian actos de corrupción.
  • Sociedad civil activa: Ciudadanos y organizaciones que participan en la vigilancia y promoción de la integridad pública.
• Países más corruptos:
  • Instituciones débiles: Falta de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la corrupción.
  • Conflictos armados o inestabilidad política: Situaciones que facilitan prácticas corruptas debido al desorden y la falta de supervisión.
  • Limitaciones a la libertad de expresión: Restricciones a medios y periodistas, impidiendo la denuncia de actos corruptos.
  • Impunidad: Ausencia de consecuencias legales para quienes cometen actos de corrupción.

Sudán del Sur

Sudán del Sur, la nación más joven del mundo tras su independencia en 2011, enfrenta desafíos significativos que lo posicionan como uno de los países más corruptos a nivel global.

Causas de la corrupción en Sudán del Sur:

• Conflictos armados e inestabilidad política: Desde su independencia, el país ha estado sumido en guerras civiles y enfrentamientos interétnicos, lo que ha debilitado las instituciones gubernamentales y ha creado un entorno propicio para la corrupción.
• Instituciones débiles: La falta de estructuras gubernamentales sólidas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha permitido que prácticas corruptas proliferen sin control.
• Impunidad: La ausencia de consecuencias legales para funcionarios implicados en actos corruptos ha fomentado una cultura donde la corrupción se percibe como una práctica común y aceptada.

Situación actual y liderazgo político:

El país es gobernado por el presidente Salva Kiir Mayardit, quien ha estado en el poder desde la independencia en 2011. Su gobierno ha sido criticado por tendencias autoritarias y por la falta de avances significativos en la lucha contra la corrupción. La administración de Kiir se caracteriza por una ideología centrada en el nacionalismo sursudanés, aunque en la práctica, las divisiones étnicas y los intereses personales han prevalecido sobre una visión política unificada.

Impacto en la población:

La corrupción generalizada ha exacerbado la crisis económica y humanitaria en Sudán del Sur. La hiperinflación y la malversación de fondos públicos han limitado el acceso de la población a servicios básicos, aumentando la pobreza y la inseguridad alimentaria. Además, la represión de la libertad de expresión y la falta de elecciones transparentes han contribuido a un clima de descontento y desesperanza entre los ciudadanos.

Dinamarca

Dinamarca se destaca como el país con la menor percepción de corrupción a nivel mundial, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. En 2024, obtuvo una puntuación de 90 sobre 100, situándose en el primer lugar del ranking.

Factores que contribuyen a la baja percepción de corrupción en Dinamarca:

1. Instituciones sólidas y transparentes: Dinamarca cuenta con un sector público robusto y eficiente, donde la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales. Las decisiones gubernamentales y administrativas se realizan de manera abierta, permitiendo el escrutinio público y reduciendo las oportunidades de corrupción.
2. Cultura de integridad y confianza: La sociedad danesa valora profundamente la honestidad y la ética en todos los aspectos de la vida. Esta cultura se refleja en una alta confianza entre los ciudadanos y hacia las instituciones, creando un entorno donde las prácticas corruptas son socialmente inaceptables.
3. Sistema judicial independiente y eficaz: El poder judicial en Dinamarca opera de manera autónoma, garantizando que los casos de corrupción sean investigados y sancionados sin interferencias políticas. Esta independencia refuerza la confianza en el sistema legal y actúa como disuasivo para posibles actos corruptos.
4. Educación cívica y participación ciudadana: Desde temprana edad, los daneses reciben una educación que enfatiza la importancia de la participación cívica y el respeto por las leyes. Esta formación promueve una ciudadanía activa y vigilante, que exige altos estándares éticos a sus representantes y funcionarios públicos.
5. Medios de comunicación libres e independientes: La libertad de prensa en Dinamarca permite que los medios de comunicación investiguen y denuncien casos de corrupción sin temor a represalias. Este papel vigilante de la prensa es esencial para mantener informada a la población y para la rendición de cuentas de las autoridades.

Desde la creación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) por Transparencia Internacional en 1995, varios países han experimentado cambios notables en sus puntuaciones, reflejando variaciones en la percepción de la corrupción en el sector público.

Países con mayor deterioro en su calificación:

• España: En los últimos 20 años, España ha descendido del puesto 22 al 46 en el ranking del IPC, situándose por detrás de la mayoría de los países europeos, cabe señalar que el partido Socialista PSOE es el que ha estado en el poder en casi todos estos años, así como de Botsuana y Ruanda. Este descenso se atribuye a la implementación ineficaz de leyes de buen gobierno y a la falta de condenas por corrupción, a pesar de numerosos escándalos y abusos de poder.
• Perú: En el IPC 2023, Perú registró su caída anual más pronunciada desde 2012, descendiendo del puesto 101 al 121. Esta disminución refleja una percepción creciente de corrupción en el país.

Países con mayor mejora en su calificación:

• Georgia: Durante la presidencia de Mijeíl Saakashvili (2004-2013), Georgia implementó reformas significativas que redujeron drásticamente la corrupción. Como resultado, el país mejoró su posición en el IPC, pasando del puesto 133 en 2004 al 51 en 2012, superando incluso a varios países de la Unión Europea.
• Somalia: Aunque históricamente ha ocupado posiciones bajas en el IPC, en los últimos años ha mostrado avances notables en la lucha contra la corrupción, reflejados en mejoras en su puntuación.

Me parece menester señalar que mientras los casos de países que empeoraron en los índices son países esencialmente estatistas, en el sentido de creer ciegamente que dándole más dinero al estado este resolverá todos los problemas, y por tanto aumentaron el gasto público y las regulaciones en cada sector tanto económico como gubernamental, los que han tenido una mejor evolución son países que han optado por disminuir el tamaño del estado y su regulación.

2. Índice Global de Impunidad (IGI)

Índice Global de Impunidad: Análisis de Resultados 2024 y Factores Determinantes

El Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), evalúa la impunidad en distintos países midiendo el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto y la protección de los derechos humanos. Este índice considera diversas variantes para proporcionar una calificación precisa sobre qué tan eficaz es un país en enfrentar la impunidad. Se evalúa del 0 a 100, donde 0 es que no hay impunidad y 100 significa total impunidad ante cualquier caso judicial.

Variantes que califica el IGI:

1. Sistema de Seguridad y Justicia:

– Capacidad institucional: Número de jueces, policías y otros operadores judiciales por cada 100,000 habitantes.

– Eficiencia operativa: Rapidez en la resolución de casos y efectividad en el sistema judicial.

– Recursos policiales: Cantidad de agentes de seguridad y su capacitación efectiva.

2. Respeto a los Derechos Humanos:

– Protección de derechos fundamentales: Mecanismos que aseguran que los derechos humanos básicos de la población sean respetados.

– Incidencia de violaciones: Casos documentados de violaciones a los derechos humanos y su seguimiento.

3. Transparencia y Rendición de Cuentas:

– Acceso a la información: Disponibilidad de datos sobre procesos judiciales y administrativos.

– Mecanismos de fiscalización: Presencia de organismos independientes que supervisen la administración pública.

Factores Por los que los Países Tienen Mayor o Menor Calificación:

Alto nivel de impunidad: Los países con mayores calificaciones de impunidad tienen instituciones judiciales débiles, altos índices de criminalidad no resuelta y altos niveles de corrupción. La falta de transparencia y rendición de cuentas es una característica común.

Fortalezas en justicia y transparencia: En contraste, los países con mayor rendimiento en el IGI presentan sistemas judiciales eficaces, con un buen nivel de recursos en los sistemas de seguridad, protección continua de los derechos humanos y mecanismos de fiscalización y supervisión adecuados.

Los países de Latinoamérica evaluados en IGI 2024 según la tabla son:

• Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, y Uruguay.

Es interesante notar que Cuba parece no estar incluido en la tabla, pero otros países como Guyana y Haití, que a veces se consideran parte de la región, sí están presentes.

El IGI 2024 se calcula como la media simple de estas cinco dimensiones, ofreciendo una puntuación en una escala de 0 (inexistencia de impunidad) a 100 (máximo nivel de impunidad) .

En cuanto a los resultados globales:

• Países con mejor calificación (menores niveles de impunidad):
  Los diez países con los niveles más bajos son:
  • Alemania (14.93)
  • Luxemburgo (16.63)
  • República Checa (17.20)
  • Estonia (17.36)
  • Dinamarca (17.40)
  • Eslovenia (17.69)
  • Islandia (17.81)
  • España (18.27)
  • Suecia (18.36)
  • Bélgica (18.60)
• Países con peor calificación (mayores niveles de impunidad):
  Entre los diez países con peores resultados se encuentran:
  • Azerbaiyán (48.15)
  • Filipinas (49.15)
  • Bielorrusia (49.90)
  • Guatemala (51.08)
  • Nigeria (51.81)
  • El Salvador (52.45)
  • Camerún (52.85)
  • Nicaragua (60.93)
  • Haití (60.97)
  • Birmania (69.61)

Respecto a México, el documento indica que este país se ubica en la posición 80 de 94 países evaluados, situándose entre los quince con peores resultados . México obtiene un resultado de 46.19, que supera tanto el promedio global (31.64) como el promedio de los países de América (36.89). Esta situación se explica porque, en cada una de las dimensiones evaluadas –ya sea en el sistema de seguridad (donde se reporta un 46.22), en el sistema de justicia (34.79 estructural y 46.83 funcional), o en la protección de derechos humanos (47.60)– México presenta cifras negativas que evidencian un mal desempeño sistémico. Entre los factores determinantes se destacan:

• Capacidades institucionales reducidas: Falta de recursos, infraestructura y operadores capacitados en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
• Ineficiencias operativas: Problemas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos.
• Déficit en transparencia y rendición de cuentas: Altos índices de corrupción y debilidades en los mecanismos de supervisión.
• Protección insuficiente de derechos humanos: Indicadores de desigualdad y vulnerabilidad en la protección de las libertades y la integridad física de la población.

En cuanto a los países latinoamericanos evaluados, el IGI 2024 incluyó a 18 naciones de la región. Entre ellos se encuentran:

• Haití – posición 93
• Nicaragua – posición 92
• El Salvador – posición 90
• Guatemala – posición 88
• Honduras – posición 82
• México – posición 81
• Bolivia – posición 69
• Paraguay – posición 68
• Ecuador – posición 67
• Colombia – posición 66
• República Dominicana – posición 62
• Perú – posición 61
• Brasil – posición 59
• Panamá – posición 42
• Argentina – posición 40
• Chile – posición 39
• Costa Rica – posición 16
• Uruguay – posición 11

La variación en la calificación de los países en este ranking se debe a una combinación de factores estructurales y funcionales. Las naciones que obtienen mejores resultados cuentan con sistemas de seguridad y justicia robustos, altos niveles de transparencia, buena administración pública y protección efectiva de los derechos humanos. Por el contrario, aquellos con peores resultados presentan deficiencias en la capacidad institucional, ineficiencias operativas, altos niveles de corrupción y problemas en la recopilación y actualización de datos, lo que se conoce también como “impunidad estadística” .

En síntesis, el IGI 2024 no solo permite comparar los niveles de impunidad entre países, sino que también evidencia cómo las capacidades y el desempeño de las instituciones –tanto en materia de seguridad y justicia como en la protección de los derechos humanos– son determinantes para combatir este fenómeno, resaltando la necesidad de reformas profundas en aquellos países con altos índices de impunidad, como es el caso de México.

Cabe destacar que el México de la 4ta Transformación está entre los países con mayor impunidad, como ya se mencionó, tiene el lugar 81, con una calificación reprobatoria, con un puntaje de 46, mientras, por ejemplo, Argentina ha obtenido un resultado de 25 puntos en el lugar 40 del mundo, lo que lo posiciona en la mitad de la tabla de los países menos impunes, junto a Costa Rica, Panamá, Uruguay y Chile, todos los demás países Latinoamericanos están en la mitad que tiene peor calificación.

3. Índice de Estado de Derecho

El Índice de Estado de Derecho es una herramienta desarrollada por el World Justice Project (WJP) que evalúa la adherencia al estado de derecho en diferentes países. Este índice mide cómo las leyes son aplicadas y respetadas en la práctica, proporcionando una visión integral de la gobernanza y la justicia en cada nación.

Interpretación de la calificación:

El índice asigna a cada país una puntuación en una escala de 0 a 1, donde 1 indica una adherencia completa al estado de derecho y 0 representa una ausencia total. Una puntuación más alta refleja un sistema legal más robusto y efectivo.

Variables consideradas:

El Índice de Estado de Derecho se basa en ocho factores clave:

1. Limitaciones al poder gubernamental: Evaluación de los mecanismos que restringen el poder de los gobernantes y aseguran su responsabilidad.
2. Ausencia de corrupción: Medición de la prevalencia de corrupción en el gobierno.
3. Gobierno abierto: Transparencia gubernamental y acceso público a la información.
4. Derechos fundamentales: Protección y respeto de los derechos humanos básicos.
5. Orden y seguridad: Grado en que la sociedad es segura y libre de crímenes.
6. Cumplimiento regulatorio: Aplicación justa y efectiva de las regulaciones gubernamentales.
7. Justicia civil: Acceso a mecanismos civiles de resolución de disputas que sean asequibles y libres de discriminación.
8. Justicia penal: Efectividad y equidad del sistema de justicia penal.

Países con mejor y peor control de la corrupción:

Según el Índice de Estado de Derecho 2024 del WJP, los países con mejor control de la corrupción incluyen:

• Dinamarca
• Noruega
• Finlandia

Estos países destacan por sus sistemas judiciales independientes, altos niveles de transparencia y una cultura de rendición de cuentas.

Por otro lado, los países con peor control de la corrupción son:

• Venezuela
• Camboya
• República Democrática del Congo

Estos países enfrentan desafíos significativos, como instituciones débiles, falta de transparencia y altos niveles de impunidad.

Posición de México:

– México se encuentra en la posición 118 de 142 países en el Índice Global de Estado de Derecho 2024. Tiene una puntuación de 0.41 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho. Su puntaje disminuyó ligeramente desde la edición anterior, lo que se refleja en una caída en posición al pasar del lugar 116 al 118.

– Entre sus tendencias más importantes se observa un deterioro del sistema de justicia penal (Factor 8), de 0.32 en 2015 a 0.25 en 2024, siendo este el factor con el puntaje más bajo. A esto se suma un estancamiento en el sistema de justicia civil (Factor 7), con 0.37 en las últimas cuatro ediciones.

Con el gobierno de MORENA podemos ver un muy claro deterioro en el avance de “Estado de Derecho”, eso quiere decir que las leyes se cumplen cada vez menos, pasó de tner una calificación de 0,46 cuando terminó el Sexenio de Peña Nieto al 0,41 al terminar el sexenio de López Obrador, con Peña México ocupaba el lugar 92 del mundo y hoy ocupa el 118 de 142 países evaluados, el peor lugar y la peor calificación de su historia, sin duda estamos ante el peor gobierno de la historia según los índices presentados.

Razones de la posición de México:

La posición de México en el índice se debe a varios factores:

• Corrupción persistente: A pesar de los esfuerzos anticorrupción, la percepción y presencia de prácticas corruptas siguen siendo altas.
• Debilidades en el sistema de justicia penal: Problemas como la impunidad, retrasos procesales y falta de recursos afectan la eficacia del sistema judicial.
• Violaciones a derechos fundamentales: Casos de violaciones a derechos humanos y limitaciones a la libertad de expresión impactan negativamente en la evaluación.

Estos desafíos indican la necesidad de reformas estructurales y un compromiso renovado para fortalecer el estado de derecho en México.

Cabe resaltar la importancia de proteger y fortalecer el estado de derecho:

En 2024, los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre cómo las instituciones sociales afectan la prosperidad de las naciones. Sus estudios destacan que las diferencias en el desarrollo económico entre países se deben en gran medida a las instituciones establecidas durante la colonización. Han demostrado que las instituciones inclusivas promueven el crecimiento económico a largo plazo, mientras que las instituciones extractivas, aunque benefician a corto plazo a ciertos grupos de poder, perpetúan el bajo crecimiento y la desigualdad.

La relación entre el estado de derecho y la protección de la propiedad privada es fundamental en este contexto. El estado de derecho garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y consistente, proporcionando un marco en el que los derechos de propiedad están protegidos. Esta protección es esencial para que los individuos y las empresas inviertan y participen en actividades económicas sin temor a expropiaciones arbitrarias o inseguridad jurídica. Cuando los derechos de propiedad están bien definidos y protegidos, se fomenta la inversión, la innovación y el crecimiento económico.

El economista peruano Hernando de Soto ha enfatizado la importancia de los derechos de propiedad en el desarrollo económico. De Soto argumenta que la falta de títulos de propiedad claros y reconocidos legalmente en muchos países en desarrollo impide que los activos de las personas se conviertan en «capital vivo» que pueda ser utilizado para generar riqueza. Sin una adecuada protección legal, estos activos permanecen como «capital muerto», limitando el potencial económico de vastos sectores de la población.

Además, la politóloga Elinor Ostrom, galardonada con el Premio Nobel de Economía en 2009, desafió la creencia de que la propiedad común inevitablemente conduce a la sobreexplotación y al deterioro de los recursos. A través de sus estudios, Ostrom demostró que las comunidades pueden gestionar eficazmente los recursos compartidos mediante acuerdos y normas locales, sin necesidad de intervención estatal centralizada o privatización. Esto subraya que, además de la propiedad privada, existen formas colectivas de gestión de recursos que, bajo ciertas condiciones, pueden ser igualmente efectivas.

En pocas palabras, la investigación de estos destacados economistas y politólogos resalta que la calidad de las instituciones, el respeto al estado de derecho y la protección efectiva de los derechos de propiedad son pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible y la reducción de la desigualdad.

CONCLUSIÓN

El análisis de diversos índices anticorrupción evidencia que la corrupción no solo mina la confianza pública, sino que también debilita las instituciones y obstaculiza el desarrollo económico y social. El caso de México es ilustrativo, ya que sus resultados en el IPC, IGI e Índice de Estado de Derecho muestran un deterioro alarmante, fruto de la debilidad institucional, la impunidad y la falta de transparencia. En contraste, países con sistemas robustos, judicialmente independientes y con una cultura de rendición de cuentas demuestran que la consolidación del estado de derecho y la implementación de reformas estructurales son fundamentales para combatir la corrupción, esto aunado al hecho de darle menos recursos y poder a la totalidad del estado. Finalmente, las investigaciones de destacados economistas y politólogos reafirman que la calidad de las instituciones y la protección efectiva de los derechos –incluidos los de propiedad– son pilares esenciales para alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible.