Cuando el gasto público se vuelve intocable, la propiedad privada queda bajo escrutinio. El impuesto sobre el patrimonio promete afectar a unos pocos, pero allana el camino a más controles, más burocracia y menos seguridad para todos.
Un impuesto sobre el patrimonio es el sueño prohibido de todo Estado ambicioso. Cuando quienes ostentan el poder no logran reducir el gasto, inventan un nuevo culpable: la riqueza privada. Tras gravar la renta, el trabajo, el consumo, la vivienda, las empresas, los ahorros, las herencias y las ganancias de capital, siguen considerando la riqueza como una reserva que debe ser atacada. No porque sea injusta o improductiva, sino simplemente porque existe.
Sin embargo, el estudio europeo más reciente sobre la tributación del patrimonio desmiente esta ilusión de raíz. Los impuestos sobre el patrimonio, en sus diversas formas, no generan ingresos realmente significativos en la mayoría de los países europeos. Los ingresos son modestos, frágiles y distan mucho de las promesas. Los políticos pregonan riquezas ocultas, imaginan reservas inagotables de las que extraer fondos y emprenden campañas morales contra los ricos; luego, la realidad impone su precio. Esto demuestra que los impuestos sobre el patrimonio generan pocos ingresos, cuestan mucho en términos de libertad y requieren mecanismos cada vez más intrusivos.
El problema, sin embargo, no es meramente técnico. Es moral y político. El impuesto sobre el patrimonio se basa en una idea perniciosa: que la riqueza legítimamente acumulada es un pecado permanente. Quienes han ahorrado, comprado una casa, creado un negocio, invertido, heredado y conservado su patrimonio se convierten en objetivos fiscales. Ya no importa cómo se generó esa riqueza, solo que el Estado la reconozca.
La fórmula es ingeniosa: se señala al multimillonario para tranquilizar al contribuyente común. Pero una vez aceptado el principio, los límites se difuminan. Los activos a gravar cambian de nombre y tamaño; el impuesto se acostumbra a existir; el control se organiza. La tributación nace selectiva y se vuelve sistemática. Entra para gravar la excepción, se queda para controlar la regla.
Para gravar la riqueza, primero hay que comprenderla, registrarla, valorarla, supervisarla y controlarla. Un impuesto sobre el patrimonio no es solo un gravamen: es un registro universal de la vida privada. Requiere registros exhaustivos, una administración especializada, el intercambio automático de información, valoraciones estandarizadas y supervisión internacional. En otras palabras, requiere un Estado más intrusivo, mejor informado y más poderoso. Además, las experiencias europeas no muestran signos de éxito. Alemania y Suecia lo han abolido, Francia lo ha reducido y España ha optado por un sistema controvertido. La conclusión es clara: sin una base amplia y una supervisión rigurosa, este impuesto genera pocos resultados; con una base amplia y una supervisión rigurosa, quizás genere más, pero a costa de una sociedad menos libre.
Cada impuesto sobre el patrimonio impulsa a los ciudadanos a defenderse de su gobierno: reorganizando sus inversiones, cambiando de residencia, protegiendo los negocios familiares y transfiriendo sus actividades. Incluso cuando no hay fuga de capitales, sí hay fuga de capitales. El capital se vuelve cauteloso, desconfiado y defensivo. Una sociedad donde los ahorradores temen al poder tiene menos probabilidades de prepararse para el futuro.
Quienes defienden un impuesto sobre el patrimonio argumentan que la riqueza está concentrada. Pero la concentración no justifica la confiscación. Si la riqueza proviene de privilegios públicos y favores políticos, el problema no es la riqueza en sí, sino la compleja relación entre el Estado y sus beneficiarios. Si se genera mediante el trabajo, la iniciativa empresarial, el ahorro, la inversión, el riesgo y el intercambio voluntario, gravarla implica castigar aquello que genera bienestar.
La paradoja es enorme. El Estado crea obstáculos, multiplica las regulaciones, desalienta la producción, desestabiliza el sistema tributario, ralentiza la construcción, congela los alquileres, complica las sucesiones y sobrecarga a las empresas. Luego descubre que el crecimiento es débil y que las finanzas públicas están en crisis. En lugar de reducir su propia carga, exige gravar lo que los individuos han logrado construir a pesar de todo. Es como si un pirómano exigiera un impuesto sobre los extintores.
Los impuestos sobre el patrimonio también son perjudiciales para la familia. Afectan a los bienes acumulados durante generaciones: casas, negocios, terrenos, acciones de empresas y activos que no siempre son líquidos. No solo reducen el dinero disponible, sino que pueden obligar a las personas a vender, endeudarse o incluso desintegrarse. El patrimonio familiar se basa en la continuidad, la prudencia y la independencia. Es la capacidad de no depender completamente del Estado, del crédito, de las subvenciones o de la política. Por eso, quienes ostentan el poder lo detestan.
En este contexto, no sorprende la votación suiza del 30 de noviembre de 2025, en la que los votantes rechazaron por un 78,3% la propuesta de un impuesto federal del 50% sobre herencias y donaciones superiores a 50 millones de francos. Defendieron un principio: cuando las autoridades públicas consideran la herencia un delito y la continuidad familiar una amenaza, ningún patrimonio está realmente seguro.
Detrás de esta elegante fórmula se esconde un plan inquietante: impedir que los ciudadanos escapen de la voracidad fiscal mediante la competencia entre jurisdicciones. Para quienes apoyan estas medidas, el problema no radica en que los estados cobren demasiados impuestos, sino en que aún existen alternativas.
El impuesto sobre el patrimonio no sirve para salvar las finanzas públicas, sino para posponer el problema del gasto. Es la forma que tiene el Estado de evitar la autocrítica. En lugar de preguntarse por qué gasta demasiado, despilfarra y reparte favores, prefiere culpar a un enemigo: los que poseen la riqueza.
Por ello, debe rechazarse no solo porque no funciona bien, sino porque revela demasiado: el instinto depredador de los aparatos estatales contemporáneos, su incapacidad para autolimitarse, su hostilidad hacia la autonomía económica de las personas. Revela la idea, nunca admitida pero siempre presente, de que todo pertenece primero a la política y solo después, mediante una tolerancia temporal, a los particulares.
La cuestión crucial no es cuántos ingresos puede generar un impuesto sobre el patrimonio, sino qué tipo de sociedad produce: propietarios o súbditos registrados, familias independientes o patrimonios controlados. La respuesta es clara: menos control estatal sobre los activos, menos impuestos sobre la vida, menos poder sobre las decisiones individuales. Cuando el Estado grava lo que uno ha logrado preservar, no corrige una injusticia, sino que castiga la independencia.
Sandro Scoppa: abogado italiano, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
X: @SandroScoppa