Un artículo de The Guardian titulado «Los impuestos sobre el patrimonio, clave para salvar el planeta, según un informe» retoma el Informe sobre Justicia Global del World Inequality Lab, un centro de investigación internacional dedicado al estudio de la desigualdad económica, presentándolo como una gran visión para salvar el planeta. Pero tras este discurso de salvación se esconde una vieja ambición: transformar cada crisis en una oportunidad para aumentar el poder político sobre la propiedad, el trabajo, el consumo, la inversión e incluso los hábitos alimenticios.
El guion es conocido. Primero, se anuncia una catástrofe. Luego, se argumenta que la libertad individual, el mercado y la propiedad privada no son suficientes. Finalmente, se propone una nueva arquitectura global, compuesta por fondos globales, impuestos sobre el patrimonio, redistribución, reducción de la jornada laboral y orientación a la inversión pública. La conclusión siempre es la misma: los ciudadanos deben ceder la soberanía sobre sus propias vidas para que expertos, gobiernos y organismos supranacionales decidan por ellos.
El informe propone fuertes impuestos sobre el patrimonio de los multimillonarios, menos empleos, menor consumo de carne roja y un cambio en la inversión, pasando de la industria y la minería a la educación y la sanidad. El objetivo declarado es tentador: duplicar los ingresos de casi todos para el año 2100, reducir la desigualdad, limitar el calentamiento global a menos de dos grados Celsius y un planeta seguro. Sin embargo, todo proyecto de ingeniería social comienza así: prometiendo armonía, abundancia y seguridad. Solo entonces se presenta la factura: impuestos más altos, más restricciones y menos libertad.
El punto clave es el impuesto sobre el patrimonio. No afecta a los ingresos generados, sino al patrimonio acumulado. Es una de las formas de tributación más invasivas porque transmite un mensaje contundente: lo que has construido, ahorrado, invertido o heredado nunca te pertenece realmente. Simplemente se tolera hasta que quienes ostentan el poder deciden confiscarlo y destinarlo a fines superiores.
Naturalmente, empezamos con los multimillonarios. Es la técnica retórica más conveniente. Los superricos se transforman en un símbolo de egoísmo, despilfarro y culpa climática. Pero los impuestos creados para unos pocos rara vez se limitan a ellos. Los umbrales se reducen, las bases impositivas se amplían y las emergencias se vuelven permanentes. Hoy, gravamos al multimillonario para salvar el planeta; mañana, gravaremos al propietario, al ahorrador, al empresario promedio, al profesional: a cualquiera con riqueza visible.
Aún más grave es la idea de que la crisis climática justifique una redistribución global de recursos y poder. El informe contempla un Fondo de Justicia Global y un Fondo Soberano Mundial capaces de reequilibrar la riqueza pública y privada, financiar la transición energética e incrementar el gasto mundial en educación y sanidad del 13% al 38% del PIB mundial. Se trata de una visión centralizada y burocrática, en la que la riqueza no surge de la iniciativa, el emprendimiento, la innovación ni la cooperación voluntaria, sino que se considera un recurso material que debe ser transferido desde arriba.
La palabra clave es «suficiencia». Parece inofensiva, casi sobria. En realidad, tras ella se esconde una moral pública del consumo: trabajar menos, consumir menos, comer diferente, producir diferente, invertir donde la planificación lo considere apropiado. Cuando es una elección personal, la sobriedad puede ser una virtud. Cuando se convierte en un programa político, se convierte en una disciplina social. Los ciudadanos ya no deciden cuánto trabajar, qué comer o qué comprar. El sistema decide qué estilo de vida es aceptable.
Reducir la jornada laboral anual promedio de 2100 a 1000 horas es un ejemplo perfecto de utopía administrativa. Si alguien quiere trabajar menos, debería poder hacerlo. Pero planificar una reducción a la mitad de la jornada laboral desde arriba ignora las enormes diferencias entre países, sectores, empresas, profesiones y aspiraciones individuales. Para algunos, el trabajo es una necesidad; para otros, una forma de realización personal; y para otros más, una herramienta para alcanzar la independencia.
Lo mismo ocurre con la comida. El llamado a comer menos carne roja, presentado como una opción ecológica, puede convertirse fácilmente en el preludio de impuestos, prohibiciones y la atribución de culpa por comportamientos cotidianos. El poder contemporáneo ya no se conforma con regular fábricas, bancos e infraestructuras. Se infiltra en nuestros platos, en nuestros carritos de la compra, en la calefacción de nuestros hogares, en nuestros coches, en nuestras vacaciones, en nuestras cuentas bancarias. Cada acción se mide, se clasifica y se corrige.
Entonces surge una clara contradicción. Se argumenta que la economía debe alejarse de la industria y la minería para orientarse hacia sectores menos intensivos en materiales. Sin embargo, la transición energética requiere metales, minas, redes eléctricas, infraestructura, paneles, turbinas, baterías, transporte, logística e industria. El mundo real no se descarboniza con declaraciones morales. Se transforma mediante el capital, la tecnología, la experimentación, los precios, la competencia, los errores y los ajustes.
La riqueza no es un depósito estático que pueda confiscarse sin consecuencias. A menudo se compone de iniciativa empresarial, capital productivo, ahorros, riesgo acumulado y confianza en el futuro. Atacarla severamente implica reducir los incentivos para crear, innovar y crecer. Y cuando se ve afectada la formación de capital, el precio recae con mayor dureza sobre los más vulnerables: las oportunidades disminuyen, los empleos se vuelven más escasos, la productividad baja, los salarios se debilitan y aumenta la dependencia de las transferencias públicas.
La verdadera disyuntiva no es entre la codicia y un planeta habitable. Más bien, se trata de una transición basada en la libertad, la tecnología, la propiedad, la competencia y la responsabilidad, y otra impuesta mediante impuestos a la propiedad, fondos soberanos globales y la gestión del comportamiento individual. En el primer caso, millones de personas buscan soluciones, experimentan e innovan. En el segundo, unos pocos deciden por todos y tildan de necesidad lo que en realidad es una decisión política.
Salvar el planeta gravando la libertad es una fórmula peligrosa. El planeta sigue siendo una meta lejana, mientras que la restricción de la libertad es inmediata. Los impuestos, las prohibiciones, los controles y la burocracia no esperan hasta el año 2100: se infiltran en la vida cotidiana, restringen las opciones y reducen la libertad. La promesa es futura; la pérdida es presente.
Proteger el medio ambiente no requiere un gobierno mundial de la riqueza. Requiere derechos de propiedad claros, innovación, responsabilidad, precios justos, energía abundante, investigación, adaptación, libre empresa e instituciones que no coarten a quienes crean soluciones. Todo lo demás es el viejo sueño del poder: controlar la vida de los demás alegando que se hace por su propio bien.
Agradecemos al autor su amable permiso para retomar su artículo, publicado originalmente en Strade online: https://stradeonline.it/istituzioni-ed-economia/5193-il-pianeta-come-scusa-per-tassare-la-liberta#
Sandro Scoppa: abogado italiano, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
X: @SandroScoppa