En sus primeros meses de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado numerosas prohibiciones y regulaciones en ámbitos diversos. Estas incluyen la prohibición de alimentos ultraprocesados en las escuelas, restricciones al consumo y difusión de contenidos violentos o narcoculturales (narcocorridos), operativos de “limpieza” contra el contrabando de mercancías, y cambios drásticos en la legislación penal (como ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa). En paralelo, ha lanzado iniciativas como la creación de la Agencia de Transformación Digital, percibida por algunos como un regreso al control estatal de las telecomunicaciones y las plataformas digitales. Estas medidas han generado debate sobre sus alcances y límites. A continuación analizamos críticamente cada una de ellas, las comparamos con acciones similares del gobierno anterior de AMLO, y examinamos sus impactos sociales, económicos y políticos.

PROHIBICIÓN DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS EN ESCUELAS

El 29 de marzo de 2025 entró en vigor un nuevo acuerdo oficial (Secretarías de Educación y Salud) que prohíbe la venta de alimentos y bebidas ultraprocesados en todas las cafeterías escolares públicas y privadas del país. Se trata de la medida “Vida Saludable en las Escuelas”, diseñada para combatir la obesidad infantil. Según Infobae, “las cafeterías escolares tienen prohibida la venta de productos ultraprocesados con sellos de advertencia” (que incluyen refrescos azucarados, frituras y golosinas). Este mandato afecta a más de 258 mil planteles educativos a nivel nacional. Sheinbaum ha resaltado que México lidera las tasas de obesidad infantil, por lo que la restricción busca “promover hábitos más saludables” entre niñas y niños.

Sin embargo, la medida ha sido objeto de críticas y preocupaciones. En las redes sociales y medios se destacó que varios niños se quejaron de no poder comprar dulces en la escuela, y algunos padres temen que la prohibición sea más simbólica que efectiva. Especialistas consultados recuerdan que prohibir sin educar puede generar efectos contrarios. Por ejemplo, la psicóloga Diana Valdés alertó que “clasificar los alimentos como buenos o malos, sin una explicación adecuada, puede detonar conductas negativas hacia la comida”. Valdés considera que, “falta estructurar cómo emplearla adecuadamente; sin una guía clara se corre el riesgo de generar desinformación y conductas alimentarias negativas”. De hecho, la nutricionista María Fernanda Duque advierte que se requiere trabajo conjunto de padres y maestros para orientar el cambio; de lo contrario, hay riesgo de mensajes ambiguos que relacionen alimentación con culpa o miedo al engordar.

A nivel institucional, la medida encontró también resistencia legal. Grupos escolares obtuvieron amparos que temporalmente permiten la venta de algunos productos prohibidos, argumentando violaciones a la libertad de elección alimentaria. Estos juicios provocaron que la propia presidenta reprochara a los jueces por “permitir que los niños coman comida chatarra”, lo cual generó un contrapunto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

Impacto en las escuelas y cooperativas escolares

Las cooperativas escolares, que tradicionalmente vendían productos ultraprocesados, han visto una disminución considerable en sus ingresos. En el sur de Tamaulipas, por ejemplo, se estima que las escuelas públicas podrían perder hasta 200 mil pesos por ciclo escolar, fondos que anteriormente se destinaban a mejoras en infraestructura, compra de equipos y eventos escolares .

En Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado reconoció que la prohibición ha provocado una disminución en los ingresos de las cooperativas escolares, afectando su capacidad para solventar gastos operativos .

Esto deja claro que una muy buena proporción del gasto que ejercían las escuelas no provenía del gasto público, lo conseguían las propias escuelas, nunca ha habido un gasto federal suficiente para poder solventar el costo total de las escuelas, siempre han tenido ellas que ingeniárselas para conseguir un presupuesto, para mejorar las instalaciones que en muchos casos son deficientes, y ahora tendrán que encontrar otras maneras.

Otro tipo de afectaciones

Además, las familias han experimentado un incremento en los costos de alimentación escolar. En Toluca, una encuesta reveló que el gasto diario por niño aumentó de 30 a 50 pesos tras la implementación del programa «Vida Saludable», debido a la necesidad de adquirir alimentos más nutritivos, que suelen ser más costosos.

La prohibición también ha impactado a los vendedores ambulantes que operan en las inmediaciones de las escuelas. En el Estado de México, estos comerciantes han reportado una disminución en sus ingresos, ya que la venta de alimentos chatarra ha disminuido tanto dentro como fuera de los planteles educativos.

La implementación de esta medida ha evidenciado desigualdades en el sistema educativo. Mientras que algunas escuelas privadas han obtenido amparos para continuar vendiendo comida chatarra, las instituciones públicas han tenido que adaptarse a las nuevas regulaciones, enfrentando desafíos financieros y logísticos.

Coparmex ha advertido que la prohibición de alimentos y bebidas con alto contenido calórico en las escuelas podría provocar la pérdida de empleos al disminuir las ventas de las empresas. El presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que esta medida afectaría a los concesionarios de cafeterías en universidades y escuelas de educación media superior, así como a las cadenas de valor relacionadas con la producción y distribución de estos productos.

En Guerrero, el presidente de Coparmex en Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, advirtió que la prohibición podría llevar a la quiebra a al menos 58 mil micro y pequeñas empresas, y provocar la pérdida de hasta 100 mil empleos.

A nivel nacional, Coparmex estimó que la implementación de una ley antichatarra podría resultar en la pérdida de aproximadamente 300 mil empleos, afectando principalmente a las micro y pequeñas empresas del sector alimentario.

NARCOCORRIDOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Otro frente polémico ha sido el discurso oficial sobre los narcocorridos (género musical que glorifica el narcotráfico) y, en general, la difusión de mensajes violentos. A fines de marzo de 2025, tras la violencia en un concierto en Texcoco provocada por la negativa de un cantante a interpretar narcocorridos por instrucción del gobierno local, surgió un debate nacional. En sus conferencias matutinas, Sheinbaum negó categóricamente querer prohibir un género musical entero: “No prohibimos un género musical, eso sería absurdo”, afirmó. Explicó que su propuesta es evitar la apología de la violencia y las drogas en las letras: “lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia… Todo esto es parte de que queremos que se haga una conciencia social”. En la misma línea, agregó que incentivar la conciencia y la transformación social es más eficaz que la prohibición pura y dura.

A pesar de estas declaraciones, la iniciativa generó suspicacias. Diversos gobernadores locales (incluyendo estados donde Morena gobierna) habían instaurado prohibiciones estatales de presentaciones públicas con narcocorridos que glorificaran al narco. Estos vetos han sido criticados por abogados y expertos de derechos humanos, que señalan riesgos para la libertad de expresión y cuestionan su eficacia real. Por ejemplo, Univisión reportó que, mientras Sheinbaum llama a crear conciencia “porque prohibirlo sería ‘absurdo’”, dentro de Morena han surgido voces a favor de prohibirlo. Incluso algunos analistas legales recuerdan que ya en casos anteriores el juez Roberto Lavado señaló que el Congreso federal eliminó una vieja ley que penalizaba “propaganda de organizaciones delictivas”, por considerarla inconstitucional. De hecho, el debate sobre corridos ha reavivado tensiones entre seguridad pública y derechos culturales.

Queda por verse si el Estado establecerá criterios claros o caerá en filtros difusos que amenacen la diversidad cultural. Por ahora, la controversia evidencia la delgada línea entre promover valores sociales y encaminarse hacia restricciones de la libertad creativa.

Si el lector me lo permite, le contaré de casos donde, muy similar al gobierno mexicano, intentan culpar a la cultura de la inseguridad, antes que aceptar su papel principal en la impunidad, incluso un caso viejo en México donde dichas medidas no sirvieron de nada contra el mismo género al que se ataca hoy:

Caso 1: Drill y grime en el Reino Unido

▪ Contexto

• Géneros: Drill (originado en Chicago, adaptado en Londres) y grime.
• Zona: principalmente Londres.

▪ Medidas adoptadas

• Desde 2015, la Policía Metropolitana de Londres comenzó a identificar videos de drill como incitación a la violencia.
• En 2018, se ordenó la eliminación de más de 30 videos de YouTube.
• En junio de 2018, el grupo Skengdo x AM fue condenado por interpretar una canción prohibida en vivo, bajo una orden judicial.

▪ Consecuencias

• No hubo una disminución significativa en los crímenes con arma blanca.
• Aumento en la popularidad de los artistas censurados en plataformas digitales.
• Acusaciones de censura racial y cultural.

Caso 2: Narcocorridos en México

▪ Contexto

• Género: Narcocorrido.
• Zonas clave: Chihuahua, Sinaloa, Baja California, entre otros.

▪ Medidas adoptadas

• En 2011, Chihuahua prohibió los narcocorridos en conciertos y medios públicos.
• Baja California aprobó una ley similar en 2013.
• Multas de hasta 2,000 días de salario mínimo para medios y organizadores de espectáculos.

▪ Consecuencias

• Aumento de consumo en plataformas digitales.
• Mayor circulación informal del contenido.
• No se registraron reducciones significativas en índices de homicidios.

Caso 3: Hip hop en Cuba

▪ Contexto

• Género: Hip hop alternativo y disidente.
• Artistas clave: Los Aldeanos, Portavoz, Porno para Ricardo.

▪ Medidas adoptadas

• A partir del 2002, el gobierno cubano institucionalizó el rap a través de la Agencia Cubana de Rap.
• Desde 2009 en adelante, varios artistas fueron detenidos o censurados por sus letras críticas al régimen.
• En 2018, el Decreto 349 formalizó la censura a contenidos culturales “no autorizados”.

▪ Consecuencias

• Migración a redes informales (USBs, “el paquete semanal”).
• Mayor proyección internacional de los artistas censurados.
• Críticas por represión a la libertad de expresión cultural.

Caso 4: Dancehall y reggae en Jamaica

▪ Contexto

• Géneros: Dancehall y reggae con contenido sexual o violento.

▪ Medidas adoptadas

• En febrero de 2009, la Jamaica Broadcasting Commission prohibió en radio y televisión la difusión de canciones que hicieran referencia al “daggering” y otros contenidos explícitos.
• El veto abarcó tanto música como anuncios publicitarios.

▪ Consecuencias

• Jóvenes rechazaron las restricciones por considerarlas moralistas y desconectadas.
• Crecimiento del consumo en eventos informales y plataformas online.
• Críticas por limitar expresiones culturales afrocaribeñas.

PLATAFORMAS DIGITALES Y CONTROL ESTATAL

Paralelamente a la discusión musical, Sheinbaum ha impulsado cambios regulatorios en el ámbito de las telecomunicaciones y medios digitales. En abril de 2025 presentó al Congreso una reforma que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con amplias facultades. El proyecto incluía un polémico artículo que facultaba al gobierno a bloquear temporalmente plataformas digitales (como Facebook o YouTube) en casos de “incumplimiento” de regulaciones. Esta cláusula generó una ola de críticas: opositores y dueños de medios denunciaron que equivaldría a censurar la libertad de expresión en internet. El senador Ricardo Anaya afirmó que “Morena va por el control total de internet, redes sociales, radio y TV” y calificó la iniciativa como parte de un plan de “censura y control”.

Ante las protestas, Sheinbaum reculó públicamente. Durante su “mañanera” pidió cambiar o eliminar la disposición controvertida, argumentando que no hay intención real de censura. Citó que su objetivo original era impedir que “gobiernos extranjeros puedan transmitir propaganda política o ideológica en México”, en referencia a anuncios anti-inmigrantes recientes de EE.UU. Sin embargo, expertos han señalado que la misma creación de la nueva agencia, bajo control del Ejecutivo, centraliza discrecionalidad en materia de concesiones y regulación de medios. A diferencia del IFT (organismo autónomo), el nuevo esquema alinea la regulación de internet y telecomunicaciones con la estrategia gubernamental. Observadores advierten que esto podría desalentar inversiones tecnológicas y empobrecer la pluralidad mediática. El diario El País concluye que Sheinbaum frenó la aprobación “por la polémica” y subrayó la necesidad de debatir ampliamente la ley.

En suma, la propuesta de agencia digital ha levantado sospechas de un renovado control estatal de la red, más allá de la suspensión de transmisiones. Aunque sus promotores apuntan a la “soberanía tecnológica” y simplificación administrativa, críticos ven la posibilidad de mecanismos de vigilancia o censura encubierta. Así, esta iniciativa se inscribe en la línea de restrictivas políticas comunicacionales recientes, continuando la polémica sobre libertades digitales iniciada ya durante el gobierno de AMLO.

OPERATIVOS CONTRA EL CONTRABANDO (“OPERACIÓN LIMPIEZA”)

Otro ámbito en el que el gobierno federal ha mostrado mano dura es la lucha contra el contrabando y la piratería comercial. En diciembre de 2024 la Secretaría de Economía, con apoyo de autoridades locales, realizó un operativo de cateo en la emblemática Plaza Izazaga 89 del Centro Histórico de CDMX. Allí se incautaron decenas de miles de productos presuntamente introducidos ilegalmente al país (marca pirata o contrabando), según informó el propio secretario Marcelo Ebrard. Sheinbaum declaró que, de seguir siendo necesario, se harían más “operativos de limpieza” similares para enfrentar el contrabando en la capital. Estas acciones forman parte de lo que las autoridades llaman “Operativo Limpieza”: inspecciones coordinadas (SE, Secretaría de Seguridad, SAT) para inhibir venta de mercancía importada ilegalmente y proteger la propiedad industrial.

A simple vista parece un esfuerzo legítimo contra la economía informal ilícita, pero ha generado reacciones encontradas. Por un lado, los fabricantes y dueños de marcas aplauden la protección a su propiedad intelectual; por otro, muchos comerciantes y pequeños vendedores han protestado por la manera en que se ejecutaron los operativos. Organizaciones de comerciantes señalan que el contrabando es un fenómeno sistémico ligado a corrupción aduanera y competencia desleal, y advierten que cerrar plazas como Izazaga puede desplazar sólo temporalmente el problema a otros mercados. Varios medios reportaron que tras el operativo los locatarios se manifestaron por horas exigiendo compensación o alternativas de reubicación. Además, se cuestiona si la “limpieza” respeta garantías legales: por ejemplo, la implementación de la extinción de dominio en algunos casos ha sido criticada como apresurada.

El problema es como esto afecta a las familias mexicanas, hay todo tipo de productos y servicios que circulan todos los días en nuestro país, pues el 54% de los trabajadores laboran en el mercado informal, es decir, es la informalidad de muchos productos y servicios lo que lleva de comer a más de la mitad de las familias mexicanas; aclaro que no se celebra que haya informalidad, aunque algunas fuentes agoristas estarían a favor de un mercado informal para hacerle frente al gobierno, en realidad se condena que el mercado formal sea tan caro y regulado que la mayoría de mexicanos no encuentran un incentivo en tener negocios “en regla”.

En este caso específico, el gobierno intenta atacar una consecuencia del problema real, pero no el problema real en sí, ubicado en las aduanas, pues tantas toneladas de mercancía no entran en la maleta de algunos turistas o en regalos por paquetería, si no que entran a través de los principales puertos de México, y son embarcaciones revisadas por las aduanas, donde su impunidad y corrupción permite que entren toneladas de mercancía. El atacar a los comerciantes, en vez de a los propios funcionarios públicos que permitieron tal caso, conlleva a que una persona ha gastado sus ahorros (o peor aún se ha endeudado) para comprar dicha mercancía, para revenderla y poder conseguir una rentabilidad, como no consiguió una rentabilidad estaríamos llevando a la quiebra a muchas personas por los propios actos que el gobierno permite.

Ahora, solo le recuerdo al lector el motivo por el que renunció Jaime Cárdenas como director del organismo, cuyo nombre parece el que le pondría un niño de Kinder a una dependencia pública, Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), quien en su carta de renuncia denunció que las autoridades permitían que los propios funcionarios mutilaran joyería incautada, para luego revender las partes más valiosas en el mercado formal, además de robo que quedaba impune de mucha de la mercancía decomisada, y lo peor, es que aunque no parece que tenga una finalidad mala, es decir, al principio se decía que el dinero iría destinado a las personas que sufrieron un delito, después se dijo que se usaría para apoyar comunidades marginadas, lo que parecía un apoyo solidario, el problema es que muchos de estos pueblos dijeron que solo recibían cheques simbólicos y que en realidad nunca cobraron ningún cheque, entonces permite la entrada a la duda “¿Quién se habrá quedado con esos supuestos donativos entonces?”. Ahora se ha puesto al frente a otro director más obediente a la 4T y muy probablemente no volvamos a encontrar una denuncia así en un buen tiempo, pues no se prestarán a dañar aún más la reputación del gobierno, pero no hay razón para pensar que no se llevan a cabo aún esas prácticas.

AMPLIACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

En materia de seguridad y justicia, el gobierno de Sheinbaum avanzó una de las iniciativas más controversiales de su antecesor. Desde 2024 el Congreso (de mayoría oficialista) discutía ampliar la lista de delitos que conllevan prisión preventiva automática (oficiosa). Al cierre de 2024 y principios de 2025, esta reforma constitucional fue consumada: se modificó el artículo 19 para incluir delitos como la extorsión, la expedición de facturas falsas y varios crímenes relacionados con la producción y venta de fentanilo. Con ello, Sheinbaum culminó lo iniciado por AMLO: tal como documenta El País, el ex presidente López Obrador había propuesto y enviado al Congreso la misma idea en febrero de 2024, pero su aprobación requirió las mayorías en Diputados y Senadores que Morena obtuvo tras las elecciones de junio.

La decisión ha sido presentada por sus promotores como necesaria para combatir el crimen organizado, pero ha encendido alarmas en organismos de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa —vigente en México desde 2008— ya era criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En 2023 la CorteIDH ordenó a México eliminar esta figura por violar derechos fundamentales. Ahora, en palabras de El País, la reforma es “el paso definitivo” para desafiar esa sentencia internacional. Aumentar la lista de delitos deja a miles más en riesgo de encarcelamiento automático sin que un juez revise (de entrada) si existe peligro de fuga o de destrucción de pruebas. En la práctica, muchos acusados pasan años tras las rejas sin sentencia firme (caso emblemático: Daniel García, preso 17 años injustamente).

Juristas y expertos advierten que estas reformas erosionan la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial. Al conceder prisión inmediata en nuevos casos (extorsión o narcomenudeo, por ejemplo), se condiciona la libertad a la acusación misma, sin análisis de méritos probatorios. Esto repercute en el tejido social: familias de imputados, a menudo de recursos limitados, enfrentan años de incertidumbre y privación de libertad incluso por delitos menores. Desde el punto de vista político, la medida también polariza: opositores la califican como “populista” y enfocada en mostrar mano dura antes que en reformas estructurales de justicia. Entre la población general, las encuestas reflejan división: una parte avala la severidad frente al crimen, mientras otra teme que la nueva prisión preventiva se convierta en una herramienta de abuso (por ejemplo, para presionar a acusados a fin de llegar a acuerdos). En todo caso, la ampliación de delitos sujetos a prisión oficiosa en el primer año de Sheinbaum muestra un giro hacia políticas de ley y orden similares a las de AMLO, aunque con costos evidentes sobre el Estado de derecho y los principios constitucionales.

UN CASO DE CENSURA PARTICULAR, MR BEAST VS INAH

En mayo de 2025, el creador de contenido estadounidense MrBeast —conocido por su alcance global y su estilo filantrópico— fue objeto de una controversia inusitada tras la publicación de un video donde exploraba zonas arqueológicas mexicanas como Chichén Itzá y Calakmul. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunció el uso con fines de lucro del material grabado, a pesar de que la producción del video contó con permisos oficiales y con la presencia constante de personal autorizado durante el rodaje.

Esta reacción del gobierno mexicano no solo parece desproporcionada, sino también incoherente. MrBeast no se introdujo clandestinamente ni manipuló los sitios sin consentimiento: pagó por los permisos correspondientes, respetó las directrices establecidas y fue acompañado por arqueólogos y funcionarios del INAH que en ningún momento detuvieron la grabación ni objetaron lo que se estaba realizando en tiempo real. ¿Cómo es posible que lo que fue supervisado y permitido se transforme, semanas después, en motivo de una demanda?

El argumento de que el contenido tenía «fines comerciales» carece de fuerza si se considera que casi cualquier medio internacional que documenta el patrimonio mexicano —desde documentales de National Geographic hasta videos de influencers— termina siendo monetizado. ¿O es que el Estado mexicano sólo actúa con rigor cuando el éxito de la difusión no le pertenece?

Por otro lado, hay una contradicción evidente: el gobierno invierte millones de pesos en campañas para promover el turismo cultural, mientras castiga a quien probablemente ha ofrecido una de las mayores exposiciones internacionales recientes de los sitios mayas, y además de forma positiva. MrBeast mostró respeto, asombro y destacó la riqueza histórica del país. ¿Cuál es el crimen en eso?

Este caso refleja más un problema institucional que legal: el Estado mexicano busca controlar la narrativa del patrimonio, incluso a costa de desalentar colaboraciones que podrían beneficiar al país. La sanción contra MrBeast no protege la cultura, sólo evidencia burocracia, celos institucionales y un doble discurso que limita en lugar de difundir.

Si lo que se busca es preservar los sitios arqueológicos, sería más útil exigir mejoras a la infraestructura, vigilancia y acceso educativo que perseguir a quienes, con buena fe, amplifican la belleza de México ante millones de ojos. Al final, el castigo no es a MrBeast: es a la proyección cultural del propio país.

IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LAS RESTRICCIONES

Las medidas restrictivas descritas tienen múltiples efectos colaterales que van más allá de su propósito original. A continuación examinamos sus repercusiones principales:

Derechos individuales y libertades públicas

Las prohibiciones en materia de consumo, expresión y medios encenderán debates sobre derechos individuales. En el caso de la libertad alimentaria, organizaciones civiles advierten que prohibir ciertos productos puede vulnerar la “libertad de elección” de las personas. La doctrina mexicana y la SCJN han sido cuidadosas al garantizar el libre comercio; aunque el etiquetado frontal fue ratificado como constitucional, ellos mismos subrayaron que “no vulnera la libertad de comercio” pues no impide la oferta, sino que informa. Sin embargo, medidas absolutas como la de las escuelas cambian esta lógica: inhiben el acceso a alimentos con advertencias, lo que algunos ven como excesivo intervencionismo de Estado. Economistas liberales han cuestionado si el Gobierno no podría lograr los mismos fines con campañas educativas más benignas, en lugar de leyes prohibitivas.

En cuanto a la libertad de expresión, las restricciones a narcocorridos o la amenaza de bloquear internet confluyen en la preocupación de censura. Aunque Sheinbaum lo niega, expertos recuerdan que controlar contenidos musicales o digitales implica entrar en terreno resbaladizo. Organizaciones como Artículo 19 o Amnistía Internacional han señalado en el pasado que “la línea entre promoción cultural y apología es delicada” y advierten contra leyes amplias que criminalicen la música. La reforma de telecomunicaciones, al plantear sanciones a plataformas, ha hecho emerger cuestionamientos sobre el derecho a la información y la privacidad en línea. Por ejemplo, la ATDT manejaría datos sensibles de ciudadanos para otorgar “LlaveMx” (identidad digital nacional), lo que despierta temores de vigilancia. Si bien el gobierno promete que no recolectará más datos que antes, la creación de una base única de ciudadanos genera suspicacias entre defensores de la privacidad.

Por último, la presunción de inocencia se ve afectada por los cambios en la prisión preventiva. Expertos en derecho penal y la misma CorteIDH han calificado la prisión automática como una excepción que debe mantenerse al mínimo. Organismos independientes recuerdan que el libre tránsito de personas y la presunción de inocencia son garantías fundamentales; su restricción permanente (más allá de delitos graves) constituye un retroceso jurídico. En conjunto, estas medidas amplían el papel interventor del Estado en aspectos tradicionalmente considerados privados (qué se come, qué se escucha, qué se publica), lo cual suscitó críticas de que el gobierno está “paternalizando” excesivamente la vida cotidiana de los ciudadanos.

Consecuencias para industrias y sectores afectados

Las prohibiciones recientes impactan directamente a varios sectores productivos:

• Sector alimentario y agroindustrial: La restricción de alimentos en escuelas golpea el rubro de la provisión escolar (caterings, tienditas) y alienta a la reformulación de productos. Ya se han detectado mercados paralelos de “tortas saludables” o jugos naturales en sustitución de refrescos y frituras. A mediano plazo, puede impulsar la demanda de alimentos orgánicos o menos procesados (un triunfo para productores locales), pero también puede agravar el mercado informal: si los niños no consiguen dulces en la escuela, los buscarán afuera (lo que ponen en evidencia los amparos concedidos). La industria de snacks en general teme caer en pérdidas de mercado, lo cual podría traducirse en recorte de empleos en ese ramo. Del lado agrícola, el control de glifosato (heredado) y la nueva política alimentaria podrían forzar prácticas más sustentables, pero al mismo tiempo podrían complicar a productores que dependan de cultivos transgénicos convencionales.
• Tecnología y telecomunicaciones: La creación de la Agencia de Transformación Digital y los intentos de regular las plataformas digitales tienen repercusiones económicas y de inversión. Según Reuters, analistas advierten que dar mayor discrecionalidad al Estado en concesiones de espectro o sanciones a operadores podría “afectar las inversiones” en telecomunicaciones. Empresas tecnológicas (nacionales y extranjeras) podrían verse inseguras ante la perspectiva de una regulación unilateral. Además, la idea de que plataformas como Netflix o Spotify paguen a un fondo público (propuesta separada llamada “Ley Paralela”) ha desatado la alarma de que nuestro mercado digital puede volverse menos competitivo. En suma, para el sector tech las nuevas reglas podrían traducirse en obstáculos a la innovación y disminución de la confianza inversora.
• Industria cultural y del entretenimiento: La preocupación por los contenidos (música, series, caricaturas) golpea directamente a músicos, cineastas y plataformas de streaming. Los artistas de géneros relacionados (corridos tumbados, narco-música) ven su trabajo en la mira y pueden sufrir autocensura por temor a sanciones indirectas. Productoras musicales también se inquietan por quedar señaladas. En televisión y radio, cualquier espacio que hable de drogas o violencia podría quedar bajo la lupa. Aunque es temprano para evaluar pérdidas económicas específicas, algunas cadenas de radio y festivales han atajado el tema, limitando sus repertorios para evitar conflictos. La industria creativa se mueve ahora en terreno más volátil: diseñar música “correcta” puede volverse más urgente que la libre expresión.
• Comercio informal y pequeños negocios: Los operativos contra el contrabando afectan sobre todo a microcomerciantes y tianguis. Al decomisar mercancía a bajo costo (ropa, electrónicos, juguetes), los operativos buscan proteger la economía formal y la recaudación fiscal. Sin embargo, para un tendero de bajo presupuesto, el contrabando a veces es la única forma de mantener márgenes competitivos. Cierres drásticos de mercados han generado pérdidas inmediatas para esos comerciantes (sin contar el capital retenido en inventario confiscado). Economistas advierten que, en un país con alta informalidad, una parte no menor de la población económica recibe ingresos del comercio transfronterizo. Desalentar bruscamente esa actividad puede subir el desempleo informal y desplazar la demanda hacia productos nacionales más caros.

En general, las industrias en las que interviene la nueva regulación estarán atentas a cómo se aplican las normas. Mientras algunas grandes compañías celebran (por ejemplo, los laboratorios que compiten con vapeadores ilegales), otras advierten riesgos (franquicias extranjeras de comida rápida podrían lamentar la falta de uniformidad en políticas nutricionales). En conjunto, el clima empresarial observa un giro hacia la regulación estatal estricta, similar al vivido en el último tramo de la 4T anterior, que puede alejar inversión privada o forzar a reajustes internos.

Reflexión crítica

Las múltiples prohibiciones implementadas o propuestas por el gobierno de Claudia Sheinbaum reflejan un estilo de gobernar basado en la intervención estatal directa para resolver problemas sociales urgentes. Desde la lucha contra la obesidad infantil hasta la defensa de la soberanía alimentaria y de seguridad, el nuevo gobierno ha optado por regulaciones contundentes que, en algunos casos, amplifican las tendencias restrictivas de la administración previa.

El balance es complejo. Por un lado, políticas como la eliminación de comida chatarra en escuelas o el etiquetado frontal (heredado) buscan fines legítimos de salud pública. Sin embargo, su alcance y forma han abierto cuestionamientos sobre libertades individuales (¿hasta qué punto debe el Estado decidir qué puede venderse en escuelas?). De igual modo, mensajes gubernamentales contra los narcocorridos o la reforma de telecomunicaciones revelan tensiones permanentes entre la seguridad/religiosidad ideológica del poder y las garantías de expresión y privacidad. Cada nueva prohibición trae consigo víctimas colaterales: sean consumidores, pequeños empresarios o artistas creativos.

El perfil crítico emerge al reconocer que muchas de estas restricciones atienden un extremo de la balanza (salud o seguridad) mientras descuidan el otro (libertades o dinámica económica). El consenso de expertos y activistas es que, en una democracia moderna, las políticas deben calibrarse con cuidado, midiendo costos-beneficios amplios. Hasta ahora, la narrativa oficial subraya riesgos a combatir (obesidad, narcotráfico, piratería) pero en ocasiones minimiza los riesgos de exceso de poder.

Queda por ver si el gobierno ajusta su curso: algunos movimientos (como posponer leyes hasta debatirlas) indican apertura; sin embargo, las bases legislativas que se están sentando sugieren una orientación de mayor control. Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que la etapa inicial de Sheinbaum ha marcado un ritmo acelerado de regulaciones que invita a un debate profundo sobre el equilibrio entre el bien común y los derechos individuales, la eficacia de la prohibición versus la educación, y el papel real del Estado en dictar lo que millones de personas comen, ven o hacen en el día a día.