La propuesta de Ley de Telecomunicaciones impulsada por Claudia Sheinbaum representa un nuevo capítulo en la ofensiva del gobierno mexicano contra los contrapesos institucionales y las libertades civiles. Bajo el pretexto de “democratizar el espectro radioeléctrico” y “garantizar la soberanía tecnológica”, esta iniciativa concentra facultades en el Ejecutivo federal, amenaza la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y abre la puerta a una vigilancia masiva del contenido y los medios digitales. Las implicaciones negativas de esta reforma no sólo son democráticas y legales, sino también profundamente económicas, pues pone en riesgo inversiones privadas, afecta la competitividad del país y genera incertidumbre regulatoria. Todo esto ocurre en un contexto político marcado por la continuidad del proyecto obradorista y la construcción de un poder unipersonal que desprecia la técnica, la legalidad y el mercado.
El obradorismo sin contrapesos
La propuesta de Sheinbaum surge en un momento donde el oficialismo busca consolidar un nuevo régimen autoritario con fachada democrática. Tras arrasar en las urnas en 2024 y asegurarse la mayoría calificada en el Congreso, el obradorismo ha lanzado una serie de reformas que desmantelan organismos autónomos, subordinan al Poder Judicial y restringen la libertad de expresión. La Ley de Telecomunicaciones encaja en este marco como una herramienta para controlar el flujo de información, imponer una narrativa única y debilitar a los medios independientes.
La iniciativa contempla eliminar al IFT como órgano autónomo y trasladar sus funciones a una dependencia bajo control presidencial. Esto representa una regresión institucional, ya que el IFT fue creado en 2013 para garantizar la competencia en el sector y evitar la concentración de poder en manos del gobierno o de grandes corporativos. La eliminación de esta autonomía técnica y regulatoria revive prácticas propias de regímenes autoritarios, donde el Estado decide qué se transmite, cómo se transmite y quién tiene acceso a los medios.
Implicaciones negativas en la economía
La propuesta de Ley de Telecomunicaciones de Sheinbaum representa una amenaza directa a uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana. Las telecomunicaciones no sólo son un pilar para la conectividad y la inclusión digital, sino también una plataforma esencial para la productividad, el comercio electrónico, la educación, la salud y la seguridad pública. Atacar su regulación técnica y autónoma tiene efectos en cadena que comprometen el crecimiento económico, la innovación y la competitividad nacional.
Importancia actual del sector telecomunicaciones
De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y cifras del INEGI (2023):
- El sector de telecomunicaciones representa el 3.5% del PIB nacional.
- En 2023, generó más de 265 mil empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos relacionados con tecnologías de la información y comunicación (TIC).
- La inversión extranjera directa (IED) en telecomunicaciones alcanzó 1,435 millones de dólares en 2023, un crecimiento del 12% respecto a 2022.
- El mercado mexicano representa uno de los más atractivos en América Latina por su tamaño (más de 95 millones de usuarios de internet) y por su creciente demanda de servicios móviles y de banda ancha.
Impactos inmediatos de eliminar al IFT
Eliminar al IFT y transferir sus funciones a una dependencia presidencial genera incertidumbre jurídica y altera las condiciones de competencia. Algunos de los impactos económicos proyectados por analistas del sector y organismos como The Competitive Intelligence Unit (CIU) y Moody’s incluyen:
- Desaceleración de la inversión privada:
Si los permisos, concesiones y criterios técnicos están sujetos a decisiones políticas, las empresas —especialmente las extranjeras— reducirán o cancelarán proyectos de expansión. Se estima que, en un escenario de captura política del regulador, la inversión en infraestructura de red podría caer hasta un 30% entre 2025 y 2027, lo cual afectaría el despliegue de 5G, redes satelitales y cobertura rural. - Encarecimiento del financiamiento:
Las agencias calificadoras han advertido que los cambios institucionales afectan la percepción de riesgo país. Una pérdida de autonomía regulatoria podría derivar en downgrades para empresas del sector y encarecer los créditos para inversiones tecnológicas. En concreto, Moody’s y Fitch han señalado que la incertidumbre regulatoria podría aumentar el riesgo país en telecomunicaciones de México de “moderado” a “alto”, lo que implicaría mayores tasas de interés en financiamiento para operadoras. - Pérdida de competitividad regional:
México ha avanzado en cobertura y precios gracias a la reforma de telecomunicaciones de 2013. Sin embargo, un retroceso regulatorio lo haría menos atractivo frente a países como Brasil, Colombia y Chile, que hoy cuentan con marcos institucionales estables. Según el Índice de Desarrollo de las TIC (UIT, 2022), México se ubica en el lugar 63 de 166 países, pero podría descender si se percibe un uso político de la infraestructura digital. - Aumento de precios y reducción en calidad de servicios:
La falta de competencia provocada por decisiones discrecionales en asignación de frecuencias o licencias favorecería monopolios y limitaría la innovación. De acuerdo con el CIU, una pérdida de competencia podría aumentar las tarifas hasta en un 15% en telefonía móvil y hasta un 22% en servicios de banda ancha fija en zonas urbanas. Las áreas rurales serían las más afectadas al quedar fuera de la expansión de redes de nueva generación.
Proyecciones de impacto a mediano plazo (2025–2030)
La aprobación e implementación de la Ley de Telecomunicaciones propuesta por Claudia Sheinbaum podría generar efectos estructurales negativos en el sector a lo largo del sexenio, especialmente si no se preservan condiciones de competencia, autonomía técnica y certeza jurídica. Las siguientes proyecciones, basadas en estimaciones de organismos como el IFT, la OCDE, la UNCTAD, The CIU, y GSMA Intelligence, ilustran los riesgos clave:
1. Desaceleración de la economía digital
La economía digital mexicana, integrada por comercio electrónico, servicios financieros digitales, plataformas tecnológicas y contenidos en línea, ha sido uno de los principales motores de crecimiento. Según la Asociación Mexicana de Internet, el sector digital crecía a un ritmo superior al 8% anual entre 2018 y 2023, y representó el 6.4% del PIB en 2023.
Proyección con la reforma:
Si se elimina la autonomía regulatoria y se generan distorsiones de mercado, el crecimiento del sector digital podría reducirse a menos del 4.5% anual hacia 2030. En términos reales, eso implicaría una pérdida de hasta 600 mil millones de pesos en valor agregado acumulado entre 2025 y 2030.
2. Caída en inversión en infraestructura
Las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones (fibra óptica, redes móviles, estaciones 5G, redes troncales) promediaban entre 35,000 y 40,000 millones de pesos anuales (unos 2 mil millones de dólares) entre 2018 y 2023.
Proyección con la reforma:
De concretarse el control político del espectro radioeléctrico y el debilitamiento del Estado de derecho, las inversiones podrían caer hasta un 40% para el año 2027, según el think tank Signals Telecom Consulting. Esto implicaría una pérdida acumulada de más de 240 mil millones de pesos en inversión no realizada para 2030, afectando sobre todo a zonas rurales y municipios marginados.
3. Atraso tecnológico: rezago en despliegue de 5G
México inició el despliegue comercial de redes 5G en 2022 con expectativas de cobertura nacional hacia 2027. Según GSMA, la cobertura proyectada sin interrupciones regulatorias era de 78% para 2028.
Proyección con la reforma:
Con un entorno incierto y decisiones técnicas sujetas al Ejecutivo, el despliegue de 5G podría demorarse hasta 5 años, alcanzando apenas un 60% de cobertura nacional en 2030. Esto frenaría el desarrollo de industrias asociadas (automotriz inteligente, manufactura 4.0, telemedicina, logística avanzada).
4. Pérdida de competitividad internacional
En el Índice de Preparación Digital del Foro Económico Mundial (2023), México se ubicó en la posición 59 de 131 economías, superando a países como Perú y Argentina. Sin embargo, su competitividad depende de marcos regulatorios estables.
Proyección con la reforma:
México podría descender hasta 10 lugares en dicho índice para 2028 si se percibe opacidad en la asignación de espectro, censura de contenidos o concentración de medios. Esto afectaría también su atractivo para hubs regionales de empresas como Google, Amazon Web Services, Huawei o Ericsson.
5. Deterioro en calidad de servicios y aumento de brechas digitales
Actualmente, la velocidad promedio de internet móvil en México es de 41 Mbps, por debajo de países como Brasil (50 Mbps) y Chile (75 Mbps), según Speedtest Global Index (2024).
Proyección con la reforma:
Si se frena la inversión y la competencia, la velocidad promedio podría estancarse o incluso reducirse a 35 Mbps en zonas urbanas y menos de 15 Mbps en zonas rurales para 2030, exacerbando la brecha digital estructural que ya afecta a más de 30 millones de mexicanos sin acceso regular a internet.
6. Pérdida de ingresos fiscales acumulados
En 2023, el Estado recaudó alrededor de 54 mil millones de pesos por concepto de derechos por el uso del espectro, concesiones, IVA y otros ingresos asociados a telecomunicaciones.
Proyección con la reforma:
Si la actividad económica del sector se contrae, se estima que la recaudación podría caer en promedio un 18% anual acumulado, lo que significaría una pérdida de hasta 250 mil millones de pesos para las finanzas públicas entre 2025 y 2030.
Síntesis de riesgos a mediano plazo (2025–2030)
| Indicador | Situación actual (2024) | Proyección con reforma (2030) |
| PIB del sector TIC | 6.4% del PIB | 5.1% del PIB |
| Crecimiento del sector digital | 8.1% anual | 4.3% anual |
| Inversión anual en infraestructura TIC | $40 mil millones MXN | $24 mil millones MXN |
| Cobertura 5G nacional | Meta: 78% para 2028 | Proyección: 60% para 2030 |
| Velocidad promedio de internet (urbano) | 41 Mbps | 35 Mbps |
| Recaudación fiscal anual del sector | $54 mil millones MXN | $42 mil millones MXN |
| Ranking de competitividad digital (FEM) | Posición 59 | Posición 69–75 |
Contexto político: una reforma diseñada para el control
La discusión de la Ley de Telecomunicaciones impulsada por Claudia Sheinbaum y Morena se desarrolla en un ambiente político donde la mayoría oficialista no busca el consenso ni el perfeccionamiento técnico de la regulación, sino la concentración del poder del Estado en sectores estratégicos, particularmente aquellos relacionados con la información, los datos y la narrativa pública.
1. Mayoría avasalladora, diálogo simulado
Tras las elecciones de 2024, Morena y sus aliados (PT y PVEM) obtuvieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y están a pocos escaños de lograrla también en el Senado. Este dominio les permite aprobar reformas constitucionales sin necesidad de la oposición, eliminando cualquier contrapeso efectivo en el Congreso.
En este contexto, el anuncio de la presidenta electa sobre «abrir el diálogo» mediante un parlamento abierto ha sido más una estrategia cosmética que un ejercicio democrático real. Las audiencias públicas en el Senado han sido apresuradas, mal difundidas y sin carácter vinculante, mientras se prepara un periodo extraordinario para aprobar la reforma en fast track, bajo la presión directa del Ejecutivo.
2. Simulación de rectificaciones
Tras el escándalo por el artículo 109 —que facultaba al gobierno a bloquear unilateralmente plataformas digitales y contenidos en línea— Sheinbaum anunció su eliminación. No obstante, el resto del proyecto sigue reflejando una lógica autoritaria, al desaparecer al IFT y crear una nueva Agencia subordinada al Ejecutivo. Lo preocupante es que, mientras se eliminan artículos polémicos de manera superficial, se mantiene la arquitectura de control político sobre las telecomunicaciones.
Morena intenta vender esta reforma como modernizadora y progresista, cuando en realidad significa una regresión institucional y un golpe directo al ecosistema digital, a la libertad de expresión y a la inversión privada.
3. Ataque sistemático a los órganos autónomos
Esta reforma no es un hecho aislado: forma parte de una ofensiva generalizada de Morena para desmantelar los contrapesos institucionales que garantizan la imparcialidad técnica en sectores clave. Desde el INAI hasta la COFECE, el oficialismo ha buscado eliminar todo ente autónomo bajo el argumento de que son “neoliberales” o “costosos”.
En realidad, lo que Morena pretende es centralizar decisiones económicas, técnicas y legales en manos del Ejecutivo, lo que habilita prácticas discrecionales, favoritismos y represión contra voces críticas. La eliminación del IFT responde a esa lógica autoritaria, disfrazada de eficiencia.
4. Riesgo internacional: Morena ignora el T-MEC y la inversión extranjera
A pesar de las advertencias de cámaras empresariales, expertos y representantes de Estados Unidos y Canadá sobre las posibles violaciones al T-MEC (especialmente el Capítulo 18 sobre telecomunicaciones y el Capítulo 14 sobre inversiones), Morena ha continuado impulsando la reforma sin ofrecer garantías ni mecanismos de salvaguarda.
El mensaje que envía al mundo es claro: México ya no es un país con seguridad jurídica en sectores regulados, sino un Estado donde las reglas pueden cambiar al capricho de una mayoría legislativa alineada con el presidente o presidenta en turno. Esto tendrá efectos devastadores sobre la inversión extranjera directa y la reputación institucional del país.
Conclusión:
La llamada «Ley de Telecomunicaciones» de Claudia Sheinbaum no es una reforma: es una embestida autoritaria, disfrazada de modernización. Pretende desmantelar al IFT, un órgano autónomo que ha garantizado la competencia, la innovación y la libertad de expresión en México, para colocar en su lugar una agencia manipulable, al servicio de intereses políticos y del poder presidencial.
Morena, con su mayoría aplastante, ha decidido que ya no necesita convencer: solo imponer. Nos quieren hacer creer que están transformando el país, cuando en realidad están construyendo un régimen de control informativo, censura digital y dependencia económica, donde el gobierno dicta qué se transmite, quién puede invertir y qué plataformas pueden operar. Eso no es transformación: es regresión.
Esta reforma es una amenaza directa a nuestra economía digital, a la seguridad jurídica de miles de empresas, y a los derechos de millones de usuarios. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada mexicano que valore su libertad debe alzar la voz, porque cuando el gobierno controla las telecomunicaciones, no solo controla los negocios: controla lo que ves, lo que escuchas y lo que piensas.
Hoy es el IFT. Mañana será tu conexión a internet, tu medio de información, tu capacidad de opinar. Defender la autonomía de los órganos reguladores es defender nuestra democracia. Y si Morena cree que puede pisotear los derechos ciudadanos en nombre de una mayoría electoral, tendrá que enfrentar la resistencia de una sociedad que no está dispuesta a ceder ni un solo byte de su libertad.