1.
Tarde o temprano, y más vale temprano que tarde, antes de que se acumulen más presiones sobre las finanzas gubernamentales, con las repercusiones negativas que se tendrían sobre la economía en su conjunto, será necesaria una reforma fiscal.

La principal causa es el nivel de la deuda total del sector público federal y del déficit presupuestario, en ambos casos como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, que es el ingreso generado en la economía.

En 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, la deuda total del sector público federal fue de $10,829,906,600,000 ($10.8 billones), y equivalió al 43.10% del PIB. En 2024, último año del primer piso de la 4T, será de $16,593,192,700,000 ($16.6 billones), y equivaldrá al 48.94% (suponiendo para este año un crecimiento del PIB del 2.06%, según el promedio de las respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de mayo a los economistas del sector privado), 5.84 puntos porcentuales más, el 13.55%.

En el actual gobierno la deuda total del sector público federal aumentó $5,763,286,100,000 ($5.8 billones), 53.2% en términos nominales y 20.7% en reales, descontada la inflación (proyectando para este año una inflación del 4.27%, de acuerdo con la media de las respuestas recibidas por el banco central en la encuesta citada).

En 2018 el déficit presupuestario del sector público federal fue de $494,981,900,000 ($495 mil millones), y equivalió al 2.0% del PIB. En 2024 será de $1,661,368,633,595 ($1.7 billones), y equivaldrá al 4.9% del PIB, 2.9 puntos porcentuales más, el 145.00%.

En la administración actual el déficit presupuestario del sector público federal se incrementó en $1,166,386,733,595 ($1.2 billones), 235.64% en términos nominales, 203.14% en reales, descontada la inflación.

El desorden, por llamarlo de alguna manera, comenzó en 2024. Entre 2019 y 2023, el crecimiento promedio anual de la deuda fue 6.56%; en 2024 será 11.69%, 5.13 puntos porcentuales más, el 78.20%. En el mismo período el crecimiento promedio anual del déficit fue 2.74%; en 2024 será 4.90%, 2.16 puntos porcentuales más, el 78.20%.

Lo más preocupante está relacionado con el balance primario, del que se excluyen los pagos de la deuda. Si es superavitario quiere decir que no se pide prestado para pagar lo que se debe, lo cual es bueno. Si es deficitario quiere decir que sí se pide prestado para pagar lo debido, lo cual es malo. En 2019 y 2020, como porcentaje del PIB, fue superavitario por 1.0 y 0.1. En 2021 y 2022 fue deficitario por 0.3 y 0.5. En 2023 fue superavitario por 0.1 y en 2024 será deficitario por 1.2, el mayor déficit primario del sexenio. Entre 2019 y 2023 el balance presupuestario fue, en promedio anual, superavitario en 0.04% del PIB. En 2024 será deficitario en 1.2% del PIB,

Entre 2019 y 2023 se mantuvo, si por ello entendemos crecimientos moderados tanto en deuda (6.56% promedio anual), como en déficit (2.74% en promedio anual), y un balance presupuestario ligeramente superavitario (0.04% del PIB en promedio anual), una cierta disciplina en materia de finanzas gubernamentales, misma que, ¡año electoral al final de cuentas!, se relajó considerablemente en 2024, por lo que, por prudencia, se recomienda una reforma fiscal. Sí, ¿pero en qué sentido? Esta es la pregunta.

2.
En el anterior Pesos y Contrapesos expliqué las razones por las que, ante el desorden fiscal, debe realizarse una reforma, con la cual está de acuerdo la mayoría de los economistas. La discusión comienza al plantear la pregunta, ¿cuál reforma fiscal es la correcta? Mi propuesta, para desgracia de los contribuyentes, es la menos socorrida. ¿En qué consiste? Los remito a: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/gastos-e-impuestos-1-5-56567.

Se necesita una reforma fiscal para arreglar el desorden en las finanzas gubernamentales (déficit creciente), cuya causa son gastos excesivos con relación a la recaudación de impuestos, recurriéndose entonces al endeudamiento para cubrir el déficit que es, precisamente, la parte del gasto no financiada con impuestos sino con deuda. Este desorden se corrige (reducción del déficit), o aumentando la recaudación, o reduciendo los gastos, o aumentando la recaudación y reduciendo los gastos. ¿Cuál es la correcta?

Si la causa del desorden es que el gobierno gasta en lo que no debe, porque realiza tareas que no forman parte de sus legítimas funciones, como lo hacen, en mayor o menor medida, todos los gobiernos, la corrección correcta implica eliminar los gastos que no corresponden a las legítimas tareas del gobierno. ¿Cuáles son esas tareas, las legítimas?

La principal pregunta de la ciencia y la filosofía política no es ¿qué puede hacer el gobierno?, sino ¿qué debe hacer?, pregunta que plantea esta otra: ¿puede responderse objetivamente, de tal manera que todos estén de acuerdo?

Lo que sí es un hecho es que el gobierno mexicano gasta en lo que no debe (por ejemplo: en construcción de aeropuertos, trenes y refinerías), por lo que de entrada gasta más de lo que debe (con cargo indebido a los contribuyentes), y en muchos casos de mala manera (el AIFA, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, ¿serán rentables o elefantes blancos necesitados de subsidios, nuevamente a cargo de los contribuyentes?), por lo que una reforma fiscal correcta, antes que preguntarse qué impuestos subir y/o qué nuevos impuestos cobrar, debe preguntarse qué gastos recortar y qué gastos eliminar, lo cual, en el caso de México, no sucederá, mucho menos con la 4T en el poder.

Botón de muestra: en 2019, primer año del primer piso de la 4T, el gasto del gobierno sumó $5,838,059,700,000 ($5.9 billones); en 2024, último año, sumará $9,066,945,800,000 ($9.1 billones), lo cual dará como resultado un incremento de $3,277,986,100,000 ($3.3 billones), el 55.29% en términos nominales y 22.79% en términos reales, descontada la inflación.

Lo fiscal tiene dos frentes, el de los ingresos (principalmente impuestos y deuda), y el de los gastos (en las tareas propias del gobierno, en desarrollo social y en crecimiento económico), por lo que, una reforma fiscal, debe reformar en ambos frentes, comenzando por el de los gastos, algo que no sucederá, mucho menos en el grado que se necesita (limitar al gobierno a sus legítimas tareas, las relacionadas con la impartición de justicia).

La reforma fiscal, de llevarse a cabo, será principalmente tributaria, centrada en dos preguntas: qué impuestos aumentar (la principal), y qué nuevos impuestos cobrar (la secundaria). Dicho de otra manera, ¿cómo expoliar más (eso sí: legalmente), a los contribuyentes?

3.
Lo fiscal tiene dos frentes, ingresos y gastos, por lo que una reforma fiscal debe reformar ambos, comenzando por los gastos, algo que no sucederá en México. La reforma fiscal, de realizarse, será principalmente tributaria, centrada en dos preguntas: qué impuestos aumentar y qué nuevos impuestos cobrar o, dicho de otra manera, cómo expoliar más a los contribuyentes. Expoliar (despojar a alguien con violencia), ¿suena exagerado? Veamos.

Para saber si el cobro de impuestos es expoliatorio lo que importa no es cuánto se cobra de impuestos sino en qué se gasta el gobierno ese dinero. Si se gasta en tareas que no son propias del gobierno, que no forman parta de sus legítimas funciones, entonces el cobro de impuestos es expoliatorio. La pregunta no es qué puede hacer el gobierno sino qué debe hacer. ¿Cuáles son sus legítimas tareas?

Para responder recurro, en primer lugar, a Federico Bastiat (18001 – 1850): “La ley es la fuerza, y consiguientemente el campo de acción de la ley no debe extenderse más allá del legítimo campo de acción de la fuerza”. ¿Y cuál es ese campo? El de la prohibición y prevención de la violación de derechos (de la comisión de delitos); el del castigo al delincuente (al violador de derechos); el de obligarlo a resarcir a la víctima.

Continúo, en segundo término, con Ayn Rand (1905-1982), ubicada en la misma línea de pensamiento de Bastiat: “No puede haber semejante cosa en las leyes o en la moral: acciones prohibidas a un individuo y permitidas a una muchedumbre”. ¿Y cuáles son las que deben prohibirse a los individuos? Las que violan derechos, las conductas delictivas por su propia naturaleza: matar (se viola el derecho a la vida); secuestrar (se viola el derecho a la libertad individual); robar (se viola el derecho a la propiedad privada).

¿Debe prohibirse a las personas violar el derecho de propiedad privada de los demás, robarles lo que es de ellos? Sí. Entonces, si Rand tiene razón, no debe permitírsele al gobierno violar el derecho de propiedad privada de los ciudadanos, robarles lo que es suyo.

Obligar a los demás a entregar parte de sus propiedades, robar, ¿es un uso legítimo de la fuerza? No. Entonces, si Bastiat tiene razón, no debe permitírsele al gobierno robarles a los ciudadanos lo que es de ellos, violar su derecho a la propiedad privada.

¿Y cómo viola el gobierno el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos? Por medio de la redistribución gubernamental del ingreso, quitándole a Pedro lo que, por ser producto de su trabajo, es de Pedro, para darle a Juan lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Juan.

El problema es que gobernar es sinónimo de redistribución gubernamental del ingreso, y en el caso de la 4T de cada vez más: en 2018 el 62.6% del gasto del gobierno fue gasto social (redistribución gubernamental del ingreso). En 2024 será el 67.7%.

Si lo dicho por Bastiat y Rand es cierto, entonces el cobro de impuestos con fines redistributivos es expoliación legal.

La amenaza para los contribuyentes es la total discrecionalidad del gobierno para cobrar impuestos y la enorme desproporción entre el control que el recaudador ejerce sobre los contribuyentes (grande), y el que los ciudadanos tienen sobre el gobierno (pequeño), elementos del Estado de chueco (de injusticia), antítesis del Estado de Derecho (de justicia).

4.
Lo fiscal tiene dos frentes, ingresos y gastos. Una reforma fiscal debe reformar ambos, comenzando por los gastos, lo que no sucederá en México. La reforma fiscal, de realizarse, será principalmente tributaria, por el frente de los ingresos, centrada en dos preguntas: qué impuestos aumentar y qué nuevos cobrar, o cómo expoliar más a los contribuyentes.

Los principales problemas, para los contribuyentes, son la total discrecionalidad del gobierno para cobrar impuestos y la enorme desproporción entre el control que el recaudador ejerce sobre los contribuyentes (grande), y el que los ciudadanos tienen sobre el gobierno (pequeño).

Basta que el Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Congreso de la Unión lo apruebe, para que nos obliguen a entregarles un mayor porcentaje de nuestros ingresos, del producto de nuestro trabajo, lo cual, si tenemos el derecho al producto íntegro del mismo, es una violación al derecho de propiedad privada, sobre todo si ese dinero se usa para financiar tareas no propias del gobierno, como las relacionadas con el desarrollo social (redistribución gubernamental del ingreso), y el crecimiento económico (generación de ingreso). Este año 67.7% del gasto del gobierno será para desarrollo social, 24.0% para crecimiento económico, y solamente 8.3% para financiar las tareas propias del gobierno, relacionadas con la impartición de justicia: prohibir y prevenir la violación de derechos, y, de fallar, castigar y obligar a resarcir a quien los viole.

La total discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos, a qué tasas y a quién cobrarlos, implica que el derecho de propiedad privada sobre los ingresos, sobre el producto del trabajo, no está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.

El otro problema, además de la discrecionalidad, es la gran desproporción entre el control que el recaudador ejerce sobre los contribuyentes (grande), y el que los ciudadanos tienen sobre el gobierno (pequeño). En México es más fácil que la malversación de fondos de parte de los funcionarios gubernamentales quede impune a que quede impune la evasión de impuestos de parte de los contribuyentes, que puede darse por el lado de los impuestos que gravan la generación de ingresos (por ejemplo: el ISR), pero no de los que gravan el gasto del ingreso (por ejemplo: el IVA).

Total discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos, y desproporción entre el poder del recaudador y el de los ciudadanos, son los dos principales problemas (de hecho son amenazas), que enfrentamos los contribuyentes en México, problemas a los que no les veo pronta solución, porque de ambos se beneficia quien debe solucionarlos: el gobierno.

Por lo pronto, por las razones expuestas en el primer Pesos y Contrapesos de esta serie, tarde o temprano se necesitará una reforma fiscal, que será sobre todo tributaria, centrada en estas dos preguntas: qué impuestos aumentar y qué nuevos impuestos cobrar, es decir, cómo expoliar más al contribuyente, sobre todo por el hecho de que buena parte del dinero recaudado se destina a financiar tareas que no le corresponden al gobierno. Este año será el 91.7% del gasto total.

5.
Comencé esta serie afirmando que conviene, por prudencia, hacer una reforma fiscal, y expliqué de qué tipo debe ser: por el lado de los gastos no de los ingresos. Que por prudencia convenga hacer una reforma fiscal no quiere decir que se vaya a hacer, sobre todo porque el gobierno tiene tela de donde cortar para posponerla.

En primer lugar, si los acreedores del gobierno están dispuestos a seguirle prestando a mayores tasas de interés (y no veo por qué, en las condiciones actuales, no lo estarían), y el gobierno está dispuesto a pagarlas (y no veo por qué, en las condiciones actuales, no lo estaría), hay tela de donde cortar para mantener y aumentar, como porcentaje del PIB, el déficit presupuestario, lo cual pospondría la necesidad de la reforma fiscal, es decir, la necesidad de aumentar las tasas de los impuestos que ya se cobran (lo más socorrido sería aumentar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta, de tal manera que, injustamente, peso sobre peso, paguen más quienes más ingreso generan), y/o la necesidad de crear nuevos impuestos (los más socorridos podrían ser el Impuesto sobre las Herencias y el Impuesto Especial a la Compra de Bienes Suntuarios).

En segundo lugar, con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, Morena puede modificar la Constitución, en concreto el párrafo sexto del artículo 28, para quitarle la autonomía al Banco de México, para que el Ejecutivo Federal pueda ordenarle al banco central a producir dinero y dárselo para que lo gaste, lo cual ocasionaría repuntes en la inflación (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/inflacion-exceso-dinero-494860), una mayor pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo lo cual sería económicamente ineficaz (reduciría el bienestar), y éticamente injusto (violaría el derecho de propiedad privada sobre el poder adquisitivo íntegro del trabajo).

Dado que el gobierno tiene de donde cortar para mantener (¿incrementar?), el déficit presupuestario como porcentaje del PIB, es que puede posponer (¿por cuánto tiempo?), la realización de la reforma fiscal que, debiendo darse por el lado de los gastos, eliminando las tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno (las relacionadas con desarrollo social y crecimiento económico), seguramente se dará por el lado de los ingresos, aumentando y/o creando impuestos (aumentando la progresividad del Impuesto Sobre la Renta, y/o creando el Impuesto sobre las Herencias y/o el Impuesto Especial a la Compra de Bienes Suntuarios), intensificando la expoliación de los contribuyentes.

Lo económicamente eficaz y éticamente justo sería una reforma fiscal (tanto por el lado del gasto como del ingreso), que diera como resultado el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable), no expoliatorio (para financiar solamente las legítimas tareas del gobierno), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no a la generación de ingresos, no a las propiedades, no a las inversiones directas, no a las utilidades), tal y como lo he propuesto y explicado en más de una ocasión (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/gastos-e-impuestos-1-5-565671).

Agradecemos al autor su amabilidad al permitirnos reproducir su columna Pesos y Contrapesos, serie de artículos publicados en el diario La Razón.

Arturo Damm Arnal, economista y Doctor en filosofía, periodista y profesor universitario. Publica regularmente en La Razón y participa constantemente en los programas informativos y de opinión de TV Azteca.

Twitter: @ArturoDammArnal.