Si entendemos los derechos humanos como derechos derivados del concepto de propiedad de uno mismo, queda claro que no existe un derecho como el derecho a no ser discriminado. Tengo derecho a hablar, pero no a obligar a los demás a escucharme o a “amplificar” mi voz. Soy libre de dedicarme a mis asuntos legales, pero no tengo derecho a obligar a otros a observarme o reconocerme, y mucho menos a exigir que nadie tome medidas para “sentirme visto”. Tengo derecho a abrazar mi identidad personal o cultural, pero no a obligar a otros a celebrar esa identidad.

El liberalismo clásico promueve la libertad contractual, la libertad de asociación, y la libertad de expresión, libertades que –por la misma razón– denotan el derecho de otros a no celebrar contratos, a no asociarse con otros, y a no escuchar a nadie que exija su atención. Si las personas deciden no asociarse con nosotros, no tenemos derecho a obligarlas a hacerlo. En el ejemplo de Murray Rothbard: “Basta decir aquí que cualquier argumento que proclame el derecho y la bondad de, digamos, tres vecinos, que anhelan formar un cuarteto de cuerdas, obligando a un cuarto vecino a punta de bayoneta a aprender y tocar la viola, difícilmente es válido. Merece un comentario sobrio”.

Los defensores del principio de antidiscriminación argumentarían que tales edictos sólo se refieren a actividades y servicios esenciales como vivienda, educación, salud o empleo. Su razonamiento es que si algo es esencial para la vida, la persona que lo necesita tiene derecho a obligar a otras personas a proporcionárselo. En última instancia, ésto deja a cualquiera que ofrezca bienes y servicios, a merced de quienes los consideran capaces de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo: un empresario queda así a merced de cualquiera que necesite un trabajo. Debe ofrecer el trabajo y no tiene derecho a rechazar a nadie a voluntad, si tiene un rasgo personal “protegido”; por ejemplo, basado en su raza o sexo. Estos defensores de la antidiscriminación razonan que si esta obligación resulta en la quiebra de cualquier empleador por el costo de pagar una compensación, o el costo de verse involucrado en un litigio antidiscriminación, que así sea. Los progresistas preferirían ver a un empleador arruinarse, antes que permitir la libertad de contratar y despedir a voluntad. Pocas empresas sobrevivirían a la avalancha de demandas antidiscriminatorias que le han costado a Tesla millones de dólares:

En 2021, el jurado otorgó a Díaz casi $ 7 millones en daños compensatorios por angustia emocional, y $ 130 millones en daños punitivos, diseñados para castigar conductas ilegales y disuadirlas en el futuro … Tesla también enfrenta acusaciones de tolerar un sesgo racial generalizado en la planta de Fremont, en una demanda colectiva en el tribunal estatal de California, y una demanda separada del organismo de control de derechos civiles del estado, que hace acusaciones similares.

El mismo razonamiento se aplica a la vivienda. Los propietarios deben proporcionar viviendas a quienes las necesitan, y si ésto resulta en escasez de viviendas disponibles, que así sea. Los progresistas preferirían hacer colapsar el mercado inmobiliario, antes que permitir que los propietarios tengan libertad contractual. El lema “Go woke, go broke” [Hágase woke y quiebre] carece de sentido para quienes prefieren arruinarse antes que vivir en un mundo en el que no tienen poder para controlar las prácticas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI). Su prioridad primordial es garantizar que todos practiquen los “valores DEI”. Por ejemplo, Harvard Business Review informa sobre cómo incorporar DEI en las prácticas laborales: “Las organizaciones deben conocer, cumplir y, en última instancia, superar las políticas antidiscriminatorias establecidas por la ley … Sus acciones podrían incluir cosas tan sutiles como microvalidaciones, pequeños gestos que pueden ayudar a contrarrestar las señales poco acogedoras e irrespetuosas que envían las microagresiones”.

Distinguiendo derechos de “valores compartidos”

El llamado derecho a no ser discriminado fue inventado por progresistas que consideran insatisfactorios los resultados de la libertad individual. La libertad individual es insuficiente para promover los “valores DEI”. También les preocupa que, sin leyes que prohíban la discriminación, cualquiera pueda optar por no interactuar con otros por motivos de raza o sexo. Por encima de todo, a estos progresistas les preocupa que la gente se salga con la suya con comportamientos discriminatorios. Se sienten con derecho a imponer lo que describen como “consecuencias”, a cualquiera que no quiera asociarse con otros. No pueden tolerar la idea de que alguien, en algún lugar, discrimine a otros o no garantice que los demás se sientan vistos y escuchados. Ésto es inaceptable en su visión de la utopía. Su convicción es que la gente debe ser obligada a comportarse de maneras que los progresistas consideren saludables y en línea con lo que eufemísticamente llaman “nuestros valores compartidos” y “buena democracia”.

El derecho a celebrar contratos o a comprar y vender propiedades, no implica un derecho a obligar a otros a contratar con nosotros o a transferirnos propiedades, y mucho menos a hacernos sentir valorados e incluidos. Parte de la confusión conceptual surge aquí de la presunción de que los “derechos” reflejan valores democráticos y cualquier derecho acordado por mayoría de votos. Los progresistas suponen que cualquier reclamo acordado por una mayoría equivale a un derecho, de lo que se deduce que se requiere fuerza legal para proteger y hacer cumplir ese derecho.

En verdad, los valores democráticos no son lo mismo que los derechos. Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad se basan en la propiedad de uno mismo, y corresponden por igual a cada ser humano. La vida, la libertad y la propiedad son derechos individuales, no simplemente “valores compartidos”. Estos derechos son a menudo descriptos como inalienables, lo que significa que nadie tiene poder o autoridad para abolirlos. Incluso, si mediante un proceso democrático, una mayoría aceptara despojar a otros de estos derechos básicos, ese acuerdo no aboliría esos derechos, sino que simplemente constituiría una tiranía.

Miedo a los mercados

Otra preocupación que da lugar a las leyes antidiscriminación es que, sin las mismas, la gente quedará a merced del cruel mercado. Ésta es una preocupación para quienes consideran tiránicos al capitalismo y al libre mercado, aunque no parecen estar seguros de lo que significan estos términos, y simplemente los utilizan para denotar los riesgos, las incertidumbres y la imprevisibilidad general de la vida. Las ideologías socialistas, por el contrario, parecen ofrecer una fuente de consuelo y una red de seguridad contra las incertidumbres de la vida. El socialismo atrae a quienes buscan seguridad por encima de todo, ya que el estado promete protegerlos de los peligros de la vida. Su búsqueda de seguridad anula cualquier interés en la productividad o la prosperidad.

Como no tienen ningún interés en el intercambio pacífico en los mercados libres, la única opción que les queda es luchar por los recursos existentes, constantemente preocupados por la redistribución de la riqueza, y por cómo conjurar nuevos reclamos para persuadir al gobierno a implementar transferencias de riqueza de un grupo a otro. No están interesados en abrir nuevos caminos, sino sólo en persuadir al estado para que aproveche el terreno ya abierto por otros. Según Rothbard, prefieren caminos políticos hacia la prosperidad:

La otra forma es más sencilla porque no requiere productividad; es la forma de apoderarse de los bienes o servicios de otra persona mediante el uso de la fuerza y de la violencia. Éste es el método de la confiscación unilateral, del robo de la propiedad ajena. Éste es el método que Oppenheimer denominó “los medios políticos” para obtener riqueza.

El capitalismo, que en palabras de Elaine Sternberg puede ser definido como “un sistema económico caracterizado por la propiedad privada integral, la fijación de precios de libre mercado, y la ausencia de coerción”, ha demostrado con el tiempo ser el único camino hacia la prosperidad. Los mercados libres, el libre intercambio y la libertad humana, son el único camino confiable hacia la paz y la prosperidad. Como explica Rothbard:

El camino social dictado por las exigencias de la naturaleza del hombre, por lo tanto, es el camino de los “derechos de propiedad” y el “libre mercado” de donación o intercambio de tales derechos. A través de este camino, los hombres han aprendido cómo evitar los métodos de la “jungla” de luchar por recursos escasos, para que A sólo pueda adquirirlos a expensas de B y, en cambio, multiplicar esos recursos enormemente en una producción e intercambio pacíficos y armoniosos.

Los mercados libres no son más que personas libres que interactúan en un intercambio voluntario basado en la propiedad privada. Ludwig von Mises dijo: “El proceso de mercado es un plebiscito que se repite diariamente, y expulsa inevitablemente de las filas de las personas rentables a quienes no emplean su propiedad de acuerdo con las órdenes dadas por el público”.

Temer al libre mercado es temer a la interacción humana y, por tanto, temer a la vida misma. Éste es el miedo que anima a la ley antidiscriminación: el miedo de que no sea suficiente tener el derecho a celebrar y hacer cumplir contratos, ya que existe el riesgo de que haya personas que no estén dispuestas a contratar con otras en función de su raza o sexo.

El error en esa forma de pensar es que busca garantías en la interacción humana, y aprovecha el poder del estado para hacer cumplir dichas garantías. Debido a ese miedo, la gente se siente impulsada a declarar: “Deseo celebrar un contrato con usted, por lo tanto DEBE contratar conmigo, o de lo contrario …”

La libertad individual es esencial para la prosperidad, y la libertad implica el derecho de los demás a tomar sus propias decisiones, que pueden no coincidir con nuestras propias preferencias y deseos. Como dijo Walter Williams: “Toda selección requiere necesaria y simultáneamente la no selección. La elección requiere discriminación”.

Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko

Publicado originalmente por el Instituto Rothbard, aquí: https://rothbardbrasil.com/livre-mercado-e-o-principio-antidiscriminacao/

Wanjiru Njoya.- Es miembro residente del Mises INstitute. Es autora de Libertad económica y justicia social (Palgrave Macmillan, 2021), Redrapiessing Historical Injustice (Palgrave Macmillan, 2023, con David Gordon) y “A Critique of Equality Legislation in Liberal Market Economies” (Journal of Libertarian Studies, 2021).

Por Víctor H. Becerra

Presidente de México Libertario y del Partido Libertario Mx. Comunicación política (ITAM). Escribe regularmente en Panampost en español, El Cato y Asuntos Capitales entre otros medios.

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