¿Es moral limitar las alternativas de la ciudadanía para defenderse en una sociedad hostil e insegura? ¿Cuáles son las consecuencias de estas limitaciones? ¿Y qué relación guarda lo anterior con la prohibición a la portación de armas?
La prohibición a la portación de armas es uno de los temas más controversiales. En discusiones con amigos o conocidos, plantear siquiera la posibilidad de legalizar la portación de armas levanta sospechas y miradas inquisidoras. Existe un temor, que debe atenderse y responderse, de que una mayor libertad en ese aspecto conlleve serios riesgos para la población mexicana.
En la sociedad visualizada por un liberal clásico, el gobierno actúa como un agente que se limita a las siguientes tareas: actuar como árbitro en conflictos de interés con consecuencias legales y gestionar los medios de defensa a favor de la ciudadanía. El gobierno se limita, entonces, a garantizar el cumplimiento de la ley y a proveer seguridad contra la violencia ejercida por grupos criminales.
En sociedades como la mexicana, sin embargo, en las que el gobierno se aleja de cumplir este criterio liberal, parece aún más urgente encontrar alternativas. Si el gobierno fracasa en su tarea de proteger a la ciudadanía de forma centralizada, ¿podría haber mecanismos descentralizados de defensa más óptimos?
En este sentido, economistas y filósofos liberales han argüido a favor de la libre portación de armas. La libre portación de armas puede ser un elemento de defensa privada que amortigüe las ineficiencias del gobierno en brindar protección.
El economista John R. Lott ha propuesto, en su libro More Guns, Less Crime, que la libre portación de armas puede tener las siguientes consecuencias principales:
- Reducir la tasa de crímenes cometidos;
- Favorecer a las mujeres, que suelen ser más vulnerables a agresiones criminales;
Además, Lott afirma que las prohibiciones actuales no son eficaces para combatir la violencia y el crímen. De ser este el caso, una prohibición que no cumple su objetivo, pero que sí restringe la libertad de defensa, no pasa la prueba del costo-beneficio.
Para Lott, la tasa de crímenes cometidos tendería a ser menor con menos restricciones a la portación de armas. Existen dos vías por las cuales esto ocurriría. Los criminales lo pensarían dos veces antes de atacar a quienes puedan responderles a un nivel de agresión similar.
Un criminal tiene incentivos a ser violento cuando el beneficio de atacar a su víctima es mayor al costo esperado del daño. Simplificando mucho, esto puede expresarse en términos matemáticos de la siguiente manera:
BN = BB – [θC – (1 – θ)C]
Donde BN es el beneficio neto; BB, el beneficio bruto de hacer el daño; θ, la probabilidad de ser atrapado cometiendo el crimen y C, la magnitud del castigo recibido (que puede medirse en términos monetarios como el costo de oportunidad de pagar una multa, sufrir una respuesta violenta o pasar años en la cárcel).
Notemos el papel importante que juega la probabilidad de ser atrapado, θ. Incluso si el gobierno aumenta la dureza de las penas, una θ baja significa que habrá un efecto poco significativo en disuadir a un criminal violento. En países con un frágil estado de derecho, como México, la probabilidad de ser capturado o sancionado es baja.
La portación de armas no sólo puede incrementar la magnitud de C, el castigo de atacar a un civil. También, y quizá más importante, puede incrementar la magnitud de θ. Una sociedad que cuenta con más mecanismos de defensa descentralizados puede incrementar el riesgo percibido por los criminales de hacerle daño.
¿Pero se quedarán los criminales cruzados de brazos? Lott argumenta que muy probablemente los criminales elegirán hacer daño de maneras menos violentas. Sustituirán agresiones violentas por ofensas menos graves o menos perjudiciales para la integridad física de los individuos.
Ahora bien, también podría añadirse lo siguiente: si el gobierno es más eficiente en canalizar recursos hacia la protección contra agresiones de menor violencia, el efecto total podría ser uno de menor criminalidad a nivel agregado.
Vale la pena traer de vuelta, una vez más, un posible efecto adicional de la prohibición de armas: la prohibición puede incentivar a los criminales a elegir armas de fuego de mayor potencia. Es el efecto Alchian-Allen en escena. Las prohibiciones favorecen la adquisición de bienes con un mayor precio monetario. Como las armas de fuego más potentes o perjudiciales suelen ser más caras, las prohibiciones tienen un efecto lamentable: incentivan a los criminales a elegirlas con mayor frecuencia. Si, como es plausible, hay una correlación entre adquirir armas más potentes y mayor daño, un efecto de la prohibición es multiplicar el daño de los crímenes más violentos.
La libre portación de armas es un tema controversial, pero desde el punto de vista ético, un gobierno limitado –que además fracasa rutinariamente en su tarea de proveer seguridad– no debería interponerse entre un ciudadano y el medio que elija para ejercer su derecho a la legítima defensa.