Introducción

Los fondos de estabilización son herramientas clave en la gestión macroeconómica de un país, diseñadas para mitigar el impacto de las crisis económicas y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En México, instrumentos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) han sido esenciales para amortiguar caídas en los ingresos petroleros y tributarios. Sin embargo, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum, estos fondos han sido progresivamente agotados, generando un panorama de vulnerabilidad económica. Este tema toma relevancia, por las recientes iniciativas aprobadas en México, en las cuales, se ha ido de manera rapaz para captar recursos de emergencia de y para los mexicanos. Este trabajo analizará las implicaciones de este desgaste y sus consecuencias económicas.

El desgaste de los fondos de estabilización

Los fondos de estabilización en México han experimentado una disminución dramática desde 2018. Al inicio del gobierno de AMLO, el FEIP contaba con más de 300 mil millones de pesos; sin embargo, en 2024, este monto se redujo a niveles alarmantes, alcanzando menos de 10 mil millones de pesos. Este agotamiento responde principalmente a:

Esa administración utilizó los fondos para compensar caídas en los ingresos petroleros y tributarios, particularmente durante la pandemia de COVID-19. En 2020, por ejemplo, la caída en los precios del petróleo y la reducción de la actividad económica llevaron al gobierno a retirar más de 150 mil millones de pesos del FEIP para cubrir el déficit. Esta política dejó sin margen de acción al país en caso de futuras crisis económicas.

Programas sociales como «Sembrando Vida» y «Jóvenes Construyendo el Futuro», que representaron pilares políticos del gobierno de AMLO, consumieron gran parte de los recursos disponibles. En 2022, el presupuesto de estos programas superó los 75 mil millones de pesos, financiándose parcialmente con los fondos de estabilización. Aunque estos programas tienen un impacto social, la falta de evaluación de resultados y su sostenibilidad financiera han generado críticas.

La negativa del gobierno a implementar una reforma fiscal estructural ha llevado a una dependencia excesiva de ingresos volátiles, como los petroleros. Entre 2019 y 2023, los ingresos tributarios crecieron a una tasa promedio anual de solo 1.5%, insuficiente para cubrir los requerimientos presupuestales en un entorno de alta inflación y estancamiento económico. Esto contrasta con países como Argentina y Brasil, donde el primero, ha empezado una serie de reformas en función de la diversificación y, el segundo, ha mostrado menor dependencia del petróleo después de una economía muy centralizada en ese eje.

Por otra parte, la falta de reglas claras para la utilización de los fondos de estabilización permitió su agotamiento en proyectos de dudoso impacto económico a largo plazo. La transparencia limitada ha generado críticas de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El desgaste de estos fondos no solo representa un vacío inmediato de liquidez, sino también limita la capacidad del Estado para afrontar futuras crisis económicas. En comparación, países como Chile mantienen sus fondos soberanos en niveles robustos, con reservas superiores al 10% de su PIB, lo que les permite enfrentar choques económicos con mayor solvencia.

Gráfica 1: Evolución del FEIP (2018-2024) – Recursos disponibles (miles de millones de pesos)

Esta gráfica muestra la reducción sostenida de los recursos en el FEIP durante los últimos seis años, destacando el impacto de las decisiones fiscales en su progresivo agotamiento.

De igual manera, los siguientes fondos han sido utilizados o, en su caso, desaparecido, para cumplir los gastos excesivos por esta administración:

1. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Monto inicial: 90 mil millones de pesos (aprox.).

Monto actual: Agotado.

Uso: Transferencias a estados para compensar la caída de ingresos federales.

2. Fideicomisos del Poder Judicial

Fideicomisos eliminados: 13 fideicomisos.

Monto total: 15 mil millones de pesos.

Uso: Ahorros para pensiones, vivienda, salud y otros apoyos a trabajadores del Poder Judicial.

3. Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)

Monto inicial: Hasta 60 mil millones de pesos (aproximadamente en 2018).

Monto actual: Eliminado.

Uso: Recursos para emergencias como desastres naturales (huracanes, sismos, inundaciones).

4. Fideicomiso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Monto: 8 mil millones de pesos eliminados (de varios fideicomisos).

Uso: Apoyos para becas y proyectos de investigación científica y tecnológica.

5. Fideicomisos de apoyo al Cine Mexicano (Fidecine y Foprocine)

Monto total: 500 millones de pesos.

Monto actual: Eliminado.

Uso: Financiamiento para producciones cinematográficas nacionales.

6. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Monto: Aproximadamente 5 mil millones de pesos desaparecidos.

Uso: Financiamiento para obras sociales y de infraestructura en estados y municipios.

Consecuencias económicas

Sin un colchón financiero, el gobierno depende en mayor medida del endeudamiento. Aunque AMLO se comprometió a no incrementar significativamente la deuda, los siguientes gobiernos podrían enfrentar mayores presiones fiscales. En 2023, el déficit presupuestario alcanzó el 3.5% del PIB, obligando al gobierno a recurrir a emisiones de deuda por más de 800 mil millones de pesos. Esto no solo aumenta los costos financieros, sino también reduce la capacidad de inversión pública en infraestructura y servicios.

La disminución de los fondos afecta la percepción de las agencias calificadoras. En 2022, Fitch Ratings y Moody’s redujeron la perspectiva crediticia de México a «negativa», argumentando la falta de reservas fiscales y el incremento de pasivos contingentes, como el rescate financiero de PEMEX. Este deterioro en la calificación puede encarecer el acceso al financiamiento internacional, afectando tanto al sector público como al privado. Actualmente, han degradado la calificación para tenerla en perspectiva negativa y al hilo de un escaño de considerarse bonos basur nuestra deuda.

En el siguiente link, se podrá leer con detalle al invocado tema: https://mexicolibertario.org/la-historia-del-fobaproa-se-repite-con-la-degradacion-crediticia/

Ante la falta de recursos para estabilizar la economía, el país va a enfrentar choques de inflación y presiones en el tipo de cambio. En 2023, la inflación anual alcanzó el 7.8%, mientras que el peso mexicano enfrentó episodios de volatilidad severa, depreciándose un 10% frente al dólar en el primer trimestre. Este escenario afecta directamente el poder adquisitivo de los hogares y encarece los insumos para las empresas. Actualmente, si bien la inflación ha cedido en un 4%, el exorbitante déficit o creciente deuda, presionará los precios para 2025, según las expectativas de inflación presentada por el consenso de analistas y el Banco de México.

Asimismo, la incertidumbre fiscal puede desalentar la inversión privada, un motor esencial para el crecimiento económico. Entre 2019 y 2023, la inversión fija bruta cayó un 15%, mientras que sectores como infraestructura y energía sufrieron recortes significativos por la reorientación de recursos hacia programas sociales. La falta de certidumbre también ha limitado proyectos de inversión extranjera directa (IED), que mostraron una contracción en 2023 respecto al año previo y en 2024, cerrará con la tasa de crecimiento más baja de los últimos 6 años.

Perspectiva a futuro

Para fortalecer la resiliencia económica, proponemos de manera sucinta las siguientes recomendaciones:

• Reconstituir los fondos de estabilización: Es imperativo reconstruir las reservas fiscales, estableciendo reglas claras para su uso y destinándolas exclusivamente a emergencias económicas. Esto requerirá disciplina presupuestaria y un manejo responsable de las finanzas públicas.
• Diversificar la economía: Reducir la dependencia de sectores volátiles, como el petróleo, mediante la promoción de industrias estratégicas como tecnología, manufactura avanzada y turismo sostenible. Esto incrementará la resiliencia frente a choques externos y el deterioro constante que ha generado este gobierno.
• Fomentar la inversión privada: Crear un entorno de certidumbre jurídica y estabilidad macroeconómica para atraer capital nacional y extranjero. Esto incluye el fortalecimiento del Estado de derecho y la eliminación de barreras regulatorias que inhiben la inversión.
• Promover la transparencia y rendición de cuentas: Mejorar la supervisión del uso de recursos públicos y establecer mecanismos de rendición de cuentas que refuercen la confianza de los ciudadanos e inversionistas. Esto implica regresar al esquema de órganos autónomos que vigilen el funcionamiento y el cómo gasta el gobierno.
• Fortalecer instituciones económicas: Dar autonomía a organismos reguladores y financieros, asegurando que las decisiones sean técnicas y no políticas. Esto incluye reforzar el papel del Banco de México como garante de la estabilidad monetaria.

Nota extra sobre iniciativa al Infonavit

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que busca ampliar sus funciones, permitiéndole ofrecer arrendamiento social y actuar como constructor de viviendas. La reforma también implica cambios en la gobernanza, otorgando al gobierno mayor control sobre el organismo, incluyendo la facultad del presidente para nombrar al director general y reducir la representación tripartita, lo que ha generado controversia. La oposición ha señalado que esto podría poner en riesgo los recursos del Infonavit y debilitar los mecanismos de control.

Esta reforma es una maniobra peligrosa que busca concentrar el poder del Infonavit en manos del gobierno, debilitando el equilibrio tripartito que ha sido clave para su transparencia y eficacia. Al permitir que el presidente tenga el control directo sobre la dirección del instituto y reducir la representación del sector laboral y empresarial, se corre el riesgo de politizar el organismo y de usar los recursos de manera discrecional que ascienden a más de 2 billones de pesos, los cuales tienen una relación directa con los llamados fondos de emergencia traídos en este trabajo. Esto no solo pone en peligro la independencia del Infonavit, sino que también vulnera los mecanismos de vigilancia y control necesarios para garantizar el acceso a la vivienda de los trabajadores, generando desconfianza en un sistema que debería ser imparcial y eficiente.