Una de las principales tareas del jurista era plasmar la diferenciación entre un jurista y un político, esto lo describe muy bien Ignacio Burgoa Orihuela, justamente en su libro llamado El Jurista y El Simulador Del Derecho, pues al respecto de la semblanza del jurista cita que: “…El abogado no debe ser asalariado de nadie. No debe tener patrón que lo instruya en lo que tiene que hacer. No es un trabajador sino un profesionista que dirige al cliente en los casos en que éste solicita su patrocinio. No debe tener `capacidad de obediencia, que es el signo característico de un político, según la expresión de Manuel Moreno Sánchez, sino facultades de mando…”, por su parte y respecto de la tipología del jurista es claro al mencionar al jurista Español Ángel Ossorio, quien sostuvo que el abogado desempeña una función social, afirmando que tiene la obligación de servir a la sociedad, lo cual es distinto de servir al Estado. Si bien, dicha tipología pudiera encajar sobre los abogados postulantes, lo que sí queda claro es una cosa, que se debe marcar la diferencia entre ser jurista y ser político, o como diría el propio Burgoa, ser un simulador del derecho, tildando a este de acuerdo al autor cómo aquel que: “…es una especie de defraudador que se apoya en sus propias mentiras sobre su persona para pretender dar la impresión de una importancia que no tiene. […] su objetivo vital no es el saber sino la obtención de ganancias económicas o beneficios personales de otra índole. […] Por consiguiente, el simulador del Derecho, aunque posea un título de licenciado o doctor, no es ni jurisprudente, ni abogado ni magister juris, NI JUEZ…”.

La desesperanza que Arturo Zaldívar legó en su función como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación parecía inacabable, este personaje cuya función era más política que de ministro no dejaba de emitir sus opiniones ideológicas, mostrando su parcialidad en cuanto a su sentir y hoy se muestra con su careta real, pues no hace mucho se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum. En este tenor y después de un largo tiempo con presencias políticas en el Poder Judicial, tanto de la federación como de los Estados, el ministro Arturo Pérez Dayán, fue directo al hacer uso de la voz en el 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sobre el paquete de reformas del candidato a Dictador López Obrador, desemparejó la figura entre un Legislador o Senador y un Magistrado, pues citando a Paulino Machorro y Narváez ajustició: “…El magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie. […] Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores…”. Como es de advertirse, esa es la clara figura de un juez, un ente imparcial, que debe incluso resolver en contra de la opinión de una mayoría, y atender el principio de estricto derecho, en su caso, basándose en cada asunto en particular, sobre lo que piden las partes y lo probado en juicio, y no cuya única prueba sea la opinión social, no es un secreto que cientos de resoluciones que se han emitido en los últimos años contienen sesgos ideológicos muy evidentes, que incluso no permiten percibir el fondo del asunto derivado de las políticas ideológicas que se han absorbido en la aplicación del derecho y que además rompen por completo con la presunción de inocencia, la seguridad y la certeza jurídica.

Es claro que se debe apoyar a un juez con dicha visión, todo esto es prudente y hasta debe rescatarse para no caer en el fetichismo jurídico, en el libro Corrientes filosóficas del derecho un critica antisistémica para el siglo XXI, coordinado por Camilo Valqui Cachi y Cutberto Pastor Bazán define este como aquello que: “…parte de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan; del hombre predicado, pensado, representado o imaginado. […] Por ejemplo un juez aplica un código, por eso estima que la legislación es la única fuerza propulsora. Además, considera que está impartiendo `justicia` al aplicar preceptos de ley…”. A mi parecer el fetichismo jurídico ha sido el resultado de buscar subsumir la política en la justicia, ambicionando encajar una ideología o cualquier dogma en la ley, uno de los ejemplos más infaustos es propiamente las declaraciones de Hans Kelsen, ajustando el derecho, o por lo menos su concepción del derecho formalista a las desgracias que dejo el Nazismo, que al final del día no deja de ser una cuestión política, Hans Kelsen adujo en 1963: “…desde el punto de vista de la ciencia del derecho, el derecho durante la dominación Nazi fue derecho. Podemos lamentarlo, pero no negar que fue derecho…”, estas declaraciones, así como el propio fetichismo jurídico, son el claro ejemplo de lo que pasa cuando el pensamiento político no entiende el razonamiento jurídico, porque recordemos que a la luz de la visión ius formalista no importa si la norma sea justa o injusta, sino que sea vigente, transfigurándose en un arquetipo de ley que comparte una relación de subordinación a la politiquería alejada de la ciencia jurídica.

El discurso del Ministro Arturo Pérez Dayán, debe ponderarse y reproducirse, pues busca reivindicar la figura de un juez, y demarcar la colosal diferencia entre un político que busca vivir de la recaudación y de la violencia del Estado en un escenario de farándula, estático en la silla curul, y un jurista que no puede someterse a una mayoría equivocada, aquí vale la pena citar otro texto titulado El alma de la toga de Ángel Ossorio y Gallardo, en donde se ahonda en un apartado de nombre La abogacía y la Política, quienes primigeniamente establecen que: “…La abogacía no ha trazado rumbo a la política; la política es la que marcó el rumbo de la Abogacía…”, a su vez escriben que: “…El parlamento es un pugilato de codicias, un alarde de bizantinismo, una exhibición de incompetencia, un comadreo repulsivo (…) niegan al adversario toda justicia, invierten sesiones enteras en debatir tiquis miquis reglamentarios. El sentido de la verdad está ausente, y en eliminarle se distinguen por derecha e izquierda grupos de la más cerril intransigencia dialéctica. Todo es artificio, convencionalismo, laxitud, indiferencia y rebajamiento…”, rotundamente los juristas y autores del libro señalado en supra líneas ilustran con las palabras más exactas lo que es la política, la cual no ha dejado de vehiculizarse así hasta nuestra actualidad, y ante estos conceptos rescatados de diversos legajos, es indubitable la distancia que existe entre un jurista y un político.

La iniciativa que busca reformar al Poder Judicial y que fue preparada por el titular del ejecutivo de federal, asesorado por un sinfín de leguleyos, busca elegir a los jueces por el voto popular, es decir que los ministros y otros miembros del Consejo de la Judicatura Federal sean electos por voto popular, esto siempre ha descansado en una línea que han seguido todos los presidentes afines al empobrecedor sistema castro-chavista, hoy en día Bolivia padece un arrepentimiento profundo tras esta práctica de elegir jueces mediante el voto, pues este artilugio solo tiene que ver en ajustar lo jurídico a la político, una visión de ocurrencia, la base del problema para efectuar ello en este país fue la bestia del neoliberalismo, en el caso Bolivia practicó esta elección en el año 2011, sin embargo y de acuerdo con el medio Columna Digital en una nota que data del año 2023, esta anuncia que Bolivia lamenta la elección de Magistrados, puesto que hubo pocas garantías para asegurar que los mejores candidatos fueran elegidos, y temen que el poder judicial se haya visto afectado.

Esta parafernalia obradorista es contradictoria en su propia aplicación y una agravante para las condiciones actuales del poder judicial, pues la simbiótica político-magistrado aún con la autonomía del poder judicial ya existe, lo que encarna en su fondo es convertir a los magistrados estudiosos en magistrados en campaña, y que en último término sean súbditos a lo que digan las mayorías, para que las mayorías le otorguen su voto y se codifique a la masa, no a la norma ni a la jurisprudencia ya estudiada, desarrollada e interpretada por años, dado que por interés aspirarán a ostentar el cargo de Magistrado y este al sujetarse a una elección, el Ministro ganador de la elección se deberá a la reciprocidad con el colectivo que lo llevo a ese cargo, y no por ser meramente una sociedad que pueda justipreciar, sino por composiciones ideológicas de militantes, es decir es una estrategia de control, porque en las elecciones, aún y cuando no formaran parte de ningún partido político como en Bolivia, hay una estigmatización y un prejuicio en sus votantes. Todo esto con el detrimento de que cualquier delirio de López Obrador puede ser apoyado por una diversidad de personas adoctrinadas, quienes serán los mismos que votarán a los próximos que formarán parte de la judicatura y esto representa una verdadera deformación al derecho, el cual ya ha sido interpretado políticamente por sus propios ideólogos. Esto no es un aspecto neo-jurídico sino post-jurídico, es decir, no desarrolla lo que ya se ha construido con el tiempo en el ámbito jurídico, sino que busca finalizar un ciclo jurídico y crear uno nuevo, el problema radica en quienes son los precursores de esta visión post-jurídica, que no son sino los personajes más longevos de la pre-política más barata.

Dentro de lo nada rescatable de esta propuesta debo señalar que, si las elecciones fueran hoy mismo yo daría mi voto a favor del ministro ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

J. Pedro Durán Hernandez. Laruxo, abogado postulante, músico, escritor, Docente y activista Libertario.