Un veredicto que defiende el mercado de la deriva ideológica y garantiza un futuro de crecimiento e innovación

La reciente decisión del Tribunal de Apelación de los Países Bajos , que rechazó las solicitudes realizadas por algunas organizaciones ecologistas, entre ellas MilieudefensieAmigos de la Tierra y Greenpeace contra Shell , representa un punto crucial en el debate sobre la relación entre derecho, economía y sostenibilidad.

Habían demandado al gigante angloholandés, acusándolo de no hacer lo suficiente para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y exigiendo un recorte obligatorio del 45 por ciento hasta 2030 . Para respaldar esto, asumieron que las grandes empresas tenían una responsabilidad inmediata y directa de combatir el cambio climático, independientemente del contexto regulatorio e industrial en el que operaban.

Esta petición había sido aceptada por el Tribunal de La Haya con una sentencia de 2021, denominada «El pueblo contra Shell», con la que había obligado a la multinacional petrolera (pero también a los compradores de sus productos en todo el mundo) a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, en la práctica, para cumplir con los acuerdos climáticos de París de 2015 . El fallo impulsó luego una serie de demandas similares en otros países, incluidas las de Alemania contra la empresa energética Rwe, en Italia contra Eni , en Francia contra la petrolera Total y en Suiza contra el productor de cemento Holcim.

Sin embargo, al concluir el procedimiento de apelación, la citada sentencia de primera instancia fue anulada, ya que las sentencias del recurrente habían subrayado que no es posible imponer obligaciones tan drásticas a una sola empresa sin un marco regulatorio claro y compartido. Según el Tribunal , la lucha contra el cambio climático requiere un enfoque global y concertado, no intervenciones judiciales dirigidas contra actores económicos individuales. En esencia, se reafirmó el principio según el cual las decisiones sobre cuestiones complejas deben surgir de debates públicos y democráticos, y no de imposiciones legales aisladas.

La frase, como se puede intuir, suscitó reacciones encontradas. Por un lado, los activistas medioambientales la han criticado duramente, calificándolo de un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, numerosos interesados ​​y expertos jurídicos y económicos la han acogido con satisfacción, considerándola como un contrapeso necesario al uso indebido de los tribunales para imponer agendas ideológicas que a menudo ignoran la complejidad de la transición energética y sus efectos económicos.

Desde un punto de vista diferente, que se refleja en el sistema de principios liberales , la decisión representa una victoria para la libertad empresarial y la racionalidad económica. Las empresas deben tener libertad para innovar y desarrollar soluciones tecnológicas de forma autónoma, sin sufrir presiones indebidas que puedan comprometer su competitividad y la estabilidad de los mercados. Las demandas de los ambientalistas, si se cumplen, no sólo podrían dañar a su contraparte Shell, sino también causar efectos negativos en toda la economía , afectando a trabajadores, consumidores y proveedores. Por lo tanto, la libertad económica sigue siendo un valor que debe salvaguardarse y es fundamental para garantizar el progreso y soluciones efectivas a los desafíos ambientales.

Además, la idea de que la justicia puede utilizarse como herramienta para perseguir objetivos específicos corre el riesgo de socavar el papel de la ley y la democracia económica. Deben evitarse las imposiciones ideológicas en favor de un entorno regulatorio estable que permita a los operadores del mercado actuar de manera competitiva y sostenible. Intentar regular con herramientas coercitivas y poco realistas corre el riesgo de desacelerar el crecimiento económico y obstaculizar la innovación.

Además, la propia Shell ya ha iniciado importantes inversiones en energías renovables y proyectos de sostenibilidad , lo que demuestra que es posible combinar el crecimiento económico con una mayor atención al medio ambiente. Sin embargo, los esfuerzos deben surgir de estrategias comerciales bien pensadas y no de imposiciones legales impulsadas ideológica o emocionalmente. Obligar a una empresa a cambiar radicalmente sus modelos operativos sin evaluar adecuadamente las consecuencias corre el riesgo de generar más problemas que soluciones, además de crear un precedente peligroso para otros actores del mercado.

En este contexto, la decisión del poder judicial holandés antes mencionada resalta el valor de las políticas e iniciativas que promueven la competitividad económica y la estabilidad regulatoria , abordando las cuestiones a través de intervenciones coordinadas basadas en análisis concretos de la dinámica del mercado, que – cabe agregar – debe no ser obstaculizado ni condicionado, sino dejado libre. De hecho, la prosperidad surge de la libertad del mercado , donde la interacción espontánea entre individuos permite descubrir y utilizar los recursos de la manera más eficiente posible. Se trata de un enfoque que mejora el potencial de las personas y las empresas para responder a los desafíos económicos y sociales. Por el contrario, intentar regular con herramientas coercitivas y poco realistas no sólo corre el riesgo de desacelerar el crecimiento económico , sino que también podría comprometer los propios objetivos de sostenibilidad, haciendo que las soluciones sean menos accesibles y más costosas para todos.

El fallo holandés, en última instancia, reafirma el papel de la ley como garante de la libertad y la justicia, no como un instrumento de presión ideológica. Los desafíos económicos deben abordarse con soluciones equilibradas, que tengan en cuenta las complejas interacciones entre innovación, mercado y libertad económica.

Sólo garantizando la estabilidad regulatoria y la libertad operativa será posible construir un futuro próspero, sin comprometer la competitividad de las generaciones presentes y futuras y sin olvidar que, como enseñó Julian L. Simon : «El recurso fundamental son las personas: competentes, decididas y llenos de esperanza, que pondrán en juego su voluntad y su imaginación en beneficio propio e, inevitablemente, en beneficio de todos nosotros».

Agradecemos al autor el permiso para publicar su artículo, publicado originalmente en L’Opinione delle Libertà: https://opinione.it/economia/2024/11/15/sandro-scoppa-shell-paesi-bassi-corte-appello-cambiamento-climatico/

Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa

Por Víctor H. Becerra

Presidente de México Libertario y del Partido Libertario Mx. Presidente de la Alianza Libertaria de Iberoamérica. Estudió comunicación política (ITAM). Escribe regularmente en Panampost en español, El Cato y L'Opinione delle Libertà entre otros medios.

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