El salario mínimo es un instrumento de política pública popular, pero hay confusión entre la ciudadanía sobre su naturaleza y efectos económicos. En particular, ¿podemos esperar que cumpla con su promesa de mejorar el bienestar económico de los trabajadores de menores ingresos? ¿Es cierto que genera desempleo como aseguran en algunos medios?

El salario mínimo es la remuneración mínima que los empleadores deben pagar a sus trabajadores, por ley. En México, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) es el organismo público descentralizado encargado de fijar los salarios mínimos legales que regirán en el país. En 2022, la CONASAMI anunció que el salario mínimo general subiría un 22%: de $141.70 pesos diarios a $172.87 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasaría de $213.39 pesos diarios a $260.34 pesos diarios.

Las intenciones de quienes promueven salarios mínimos más altos son claras: coaccionar a las empresas a pagar por encima de un piso monetario definido, en el supuesto de que eso beneficiará a los trabajadores. Pero una de las primeras lecciones económicas es que debemos desligar las consecuencias de las intenciones. La economía no funciona como una máquina al capricho de un político, con botones a presionar a voluntad en la espera de observar determinados resultados.

Si el mercado laboral es competitivo –como probablemente es el caso para los trabajadores poco cualificados o de bajos ingresos–, una consecuencia natural de un mayor salario mínimo real (un salario mínimo que crece a un mayor ritmo que la inflación), es el desempleo o un menor ritmo de contratación laboral. Tal era la conclusión típica de la mayoría de los economistas en el siglo XX, que cambió en cierto grado con las aportaciones de David Card y Alan Krueger; pero postergaremos esa complicación más tarde.

El salario es un precio: el precio de los servicios laborales. Así como los consumidores reaccionan a precios más altos de un bien o servicio reduciendo la cantidad que compran o adquieren del bien, los empleadores tienden a reaccionar a precios más altos de contratar a un trabajador reduciendo la cantidad de trabajadores que contratan.

El diagrama de oferta y demanda que acompaña la publicación ilustra los efectos a corto y a largo plazo de un salario mínimo. El eje vertical mide el salario de los trabajadores en el mercado laboral; el eje horizontal, la cantidad de trabajadores que podría contratar una economía. Si el mercado laboral no estuviera intervenido, el salario y el número de trabajadores contratados estaría determinado por el punto en el que se cruzan la oferta y la demanda de trabajadores: w0 y L0.

Sin embargo, una política de salario mínimo eleva el precio de contratar a más trabajadores y, por lo tanto, incentiva a las empresas a reducir el número de trabajadores que contratan. Por otro lado, un salario mínimo atrae a más personas a ofrecer sus servicios laborales. Ambos efectos están reflejados en los puntos B y A, respectivamente: el punto A refleja, en su cruce con el eje horizontal, la cantidad de trabajadores que buscan un empleo al salario mínimo (Ls); el punto B, en su cruce con el eje horizontal, la cantidad de trabajadores que las empresas desean contratar al salario mínimo (L^CP_D).

El salario mínimo crea una brecha entre los dos puntos: hay más trabajadores buscando empleo de los que están dispuestos a contratar las empresas (Ls > L^CP_D). ¿Cuál es el nombre popular de esa brecha? ¡Desempleo! El salario mínimo encarece artificialmente la contratación de trabajadores. No es plausible esperar que las empresas se queden cruzadas de brazos: contratarán nuevos trabajadores con menor frecuencia que antes, no renovarán contratos que antes hubieran renovado, despedirán a parte de su personal o se ajustarán en otros márgenes para amortiguar el mayor costo.

Pero la brecha entre los puntos A y B sólo refleja el desempleo esperado en el corto plazo. A largo plazo, las empresas tienen un mayor margen de ajuste para sustituir trabajadores con técnicas de producción menos intensivas en mano de obra. Por esa razón, podemos trazar una curva de demanda más aplanada que la curva de demanda de corto plazo[1]. En esa nueva curva de demanda, el salario mínimo corta en el punto C, en el cual la contratación cae aún más.

El efecto de largo plazo a menudo se pierde de vista en las discusiones populares sobre el salario mínimo. A corto plazo los efectos sobre el empleo pueden pasar desapercibidos y dar aliento a futuros aumentos. Pero un análisis sensible del salario mínimo no debería olvidar los efectos de largo plazo.

¿Se corresponden las conclusiones de este diagrama con la evidencia empírica? A juicio de los economistas David Neumark y Peter Shirley (Myth or Measurement: What Does the New Minimum Wage Research Say about Minimum Wages and Job Loss in the United States?, 2021 ©), sí. Tras una revisión extensa de la literatura sobre salario mínimo, concluyeron lo siguiente:

“Nuestras principales conclusiones son: (i) hay una clara preponderancia de estimaciones negativas en la literatura; (ii) esta evidencia es más fuerte para los adolescentes y adultos jóvenes, así como para los menos educados; (iii) la evidencia de los estudios de los trabajadores directamente afectados apunta aún más fuertemente a los efectos negativos en el empleo; y (iv) la evidencia de los estudios de las industrias de bajos salarios es menos unilateral[2].”

Uno de los retos a estas conclusiones provino del trabajo ampliamente citado de David Card y Alan Krueger (Minimum Wages and Employment: A Case Study of the FastFood Industry in New Jersey and Pennsylvania, 1994). En el trabajo, los autores explotaron un experimento natural en restaurantes de comida rápida ubicados en Nueva Jersey y Pensilvania. Tras un aumento en el salario mínimo en Nueva Jersey, compararon el comportamiento del empleo antes y después para ambas ciudades. Luego compararon el cambio en Nueva Jersey (donde, reitero, ocurrió el aumento) contra el grupo de control de Pensilvania (donde no ocurrió el aumento). Este estudio de diferencias en diferencias (la diferencia antes y después y la diferencia entre ciudades) fue novedoso en su momento y pareció apuntar a un efecto insignificativo del salario mínimo sobre el empleo.

Pero es importante señalar que los hallazgos de ese trabajo no han estado exentos de críticas. David Neumark y William L. Wascher en Minimum Wages (2008), por ejemplo, han hecho un trabajo extensivo de documentación sobre los efectos empíricos de incrementos en el salario mínimo; muchos de ellos congruentes con la sabiduría convencional de que los salarios mínimos perjudican las oportunidades de empleo de trabajadores poco cualificados.

Uno de los efectos negativos del salario mínimo, de acuerdo a Steven Landsburg, es que se trata de un esquema de redistribución forzada poco equitativa. Elevar el salario mínimo funciona como un esquema de redistribución de ingresos de empresarios a trabajadores no cualificados, aun en el caso extremo de que no tenga efectos discernibles sobre el empleo. Eso trae dos problemas importantes: i) la carga de la redistribución recae en muy pocos hombros y ii) a diferencia de un esquema directo de redistribución, el gobierno no tiene que dar ninguna cuenta del dinero que se transfiere. Es un mecanismo demasiado cómodo de redistribución para el gobierno.[3]

El salario mínimo también tiende a incentivar la sustitución de mano de obra por tecnología intensiva en el uso de maquinaria o bienes de capital. Eso es perjudicial tanto para las empresas (que podrían producir de manera más eficientes con trabajadores) y perjudicial para los trabajadores, que pierden oportunidades de ingreso y empleo. Menores oportunidades de empleo también significan un retraso en la acumulación de capital humano en la forma de experiencia laboral.

En resumen, un salario mínimo más alto no necesariamente produce los efectos esperados: penaliza a las empresas intensivas en mano de obra; tiende a generar desempleo, con un mayor impacto en el largo plazo; perjudica especialmente a los trabajadores poco cualificados. E incluso en la ausencia de esos efectos, es un esquema coercitivo poco equitativo que recae injustamente en los hombros de un conjunto reducido de empresarios.

[1] Una curva de demanda más aplanada significa que los consumidores son más sensibles a cambios en precios (técnicamente, que la demanda es más “elástica”). A largo plazo, las empresas tienden a ser más sensibles a incrementos en los costos de contratar trabajadores. Por lo tanto, a largo plazo reaccionarán al salario mínimo disminuyendo aún más el ritmo de contratación laboral.

[2] Recuperado de https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28388/w28388.pdf. Traducción propia.

[3] Léase https://slate.com/culture/2004/07/the-real-case-against-the-minimum-wage.html.