El pasado 1 de junio de 2025, México vivió una elección que marcará profundamente su rumbo político e institucional. Morena y sus partidos aliados obtuvieron una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que les otorga el poder absoluto para reformar la Constitución sin necesidad de diálogo ni contrapesos. Una de sus primeras acciones anunciadas tras los comicios fue la implementación de una reforma judicial radical: la supuesta “democratización del Poder Judicial”, que en los hechos no es otra cosa que su captura por el poder político.

Detrás del discurso populista de «acercar la justicia al pueblo», se esconde una estrategia peligrosa: desmantelar la independencia judicial, eliminar los contrapesos institucionales y subordinar la aplicación de la ley al capricho de una mayoría política transitoria. Morena pretende que ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces federales sean elegidos por voto popular, en un sistema que abriría la puerta al clientelismo, al financiamiento oscuro de campañas judiciales y al alineamiento ideológico de los jueces con el partido en el poder. En otras palabras, se busca convertir al Poder Judicial en una extensión del Ejecutivo y en un aparato de legitimación política, no de justicia.

La historia reciente de América Latina nos muestra con crudeza lo que ocurre cuando el poder político se adueña de los tribunales: inseguridad jurídica, persecución de opositores, destrucción del Estado de derecho y un entorno económico desastroso. Países como Bolivia, Venezuela y Ecuador emprendieron reformas similares, disfrazadas también de democratización, y hoy padecen las consecuencias: colapso institucional, fuga de inversiones, desconfianza de los mercados y empobrecimiento estructural.

En este contexto, el presente trabajo advierte sobre los riesgos que enfrenta México al seguir esa misma ruta. La supuesta democratización del Poder Judicial no traerá justicia, sino arbitrariedad; no empoderará al pueblo, sino a la clase política gobernante. Y su costo no será solo político o institucional, sino profundamente económico: pérdida de inversiones, depreciación, caída del crecimiento y desconfianza generalizada en el futuro del país.

El nuevo escenario mexicano: ¿democracia o captura judicial?

México ha despertado en junio de 2025 bajo un clima de profunda incertidumbre institucional y económica. La elección del 1 de junio otorgó a Morena y sus aliados una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y con ello, la capacidad de modificar la Constitución sin necesidad de diálogo ni oposición. Una de sus primeras y más alarmantes prioridades ha sido la aprobación de una reforma judicial que impulsa la “elección popular” de jueces, magistrados y ministros. En apariencia, esto puede parecer un acto de democratización; en la práctica, constituye una peligrosa captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y del aparato partidista de Morena.

Esta reforma no fortalece la justicia, sino que la desprofesionaliza, la politiza y la convierte en un instrumento de lealtad ideológica. La posibilidad de que jueces y ministros tengan que hacer campaña, conseguir financiamiento y someterse al escrutinio de las urnas los obliga a alinearse con partidos, intereses económicos o incluso estructuras criminales con capacidad de movilización territorial. El resultado será un Poder Judicial que responda a intereses políticos, no a la Constitución ni al derecho.

En este contexto, lo que Morena llama “justicia popular” en realidad destruye los principios fundamentales de un sistema judicial funcional: imparcialidad, profesionalismo, independencia y estabilidad. Esta propuesta rompe el equilibrio entre poderes y transforma al Poder Judicial en un órgano subordinado al Ejecutivo, lo cual abre la puerta al autoritarismo disfrazado de participación ciudadana.

Impacto económico inmediato: el mercado castiga la captura institucional

La implementación de esta reforma ha generado una profunda incertidumbre en los mercados financieros y entre los inversionistas. A continuación, se detallan algunos indicadores económicos que reflejan esta preocupación:

• Tipo de cambio: El peso mexicano se mantiene relativamente estable frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México para este lunes 2 de junio es de 19.3858 pesos por dólar.
• Bolsa Mexicana de Valores (BMV): El principal índice de la BMV abrió la jornada con un repunte del 0.32%, cotizando por encima de las 58,000 unidades, y mantiene un retorno del 17% en lo que va del año.
• Perspectiva crediticia: La agencia calificadora Moody’s ha advertido que la reforma judicial podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México, deteriorando los controles y equilibrios institucionales.

Estos indicadores evidencian que la reforma judicial no solo tiene implicaciones políticas, sino también económicas. La percepción de un Poder Judicial politizado y carente de independencia puede erosionar la confianza de inversionistas y actores económicos, afectando negativamente al crecimiento y desarrollo del país.

En los mercados internacionales, la justicia es un factor esencial para la toma de decisiones económicas. Inversionistas, empresas y organismos multilaterales valoran el Estado de derecho como una condición indispensable para operar. Cuando el Poder Judicial pierde autonomía y credibilidad, la inversión se retrae, las tasas de interés suben, el crédito se encarece, y la economía nacional entra en un ciclo de desconfianza y estancamiento.

Casos como los de Venezuela y Bolivia muestran cómo las reformas judiciales de corte populista terminaron destruyendo la seguridad jurídica y colapsando el clima de negocios. México corre el mismo riesgo si se insiste en una reforma que pone a los jueces al servicio de los votos y no de la ley.

La supuesta democratización del Poder Judicial no es una expansión de derechos, sino una contrarreforma autoritaria impulsada por una mayoría circunstancial con vocación hegemónica. Las consecuencias económicas ya están a la vista: fuga de capitales, devaluación, desplome bursátil y advertencias de las calificadoras. La confianza cuesta años construirla, pero basta una reforma irresponsable para derrumbarla en horas. México se enfrenta al peligro real de destruir su arquitectura institucional a cambio de un espejismo de justicia popular que solo servirá para concentrar más poder en manos del Ejecutivo y empobrecer a la nación.

Comparación con Bolivia, Venezuela y Ecuador

Lejos de ser una innovación democrática, la elección popular de jueces y magistrados ha sido una táctica recurrente en regímenes populistas de América Latina para concentrar el poder político, debilitar los contrapesos institucionales y destruir el Estado de derecho. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador ofrecen ejemplos contundentes de los riesgos económicos y sociales que implica esta ruta. Lejos de fortalecer la justicia, estos modelos convirtieron al Poder Judicial en una herramienta al servicio del Ejecutivo, con consecuencias devastadoras para la economía, la inversión y los derechos de los ciudadanos.

Venezuela: la muerte del Estado de derecho y el colapso económico

En Venezuela, Hugo Chávez impulsó en 1999 una nueva Constitución que permitió politizar por completo el sistema judicial. Con la excusa de “democratizar” el acceso a la justicia, se incorporaron mecanismos para designar jueces a través de órganos controlados por el oficialismo. Posteriormente, se instauró una Asamblea Nacional Constituyente que subordinó por completo al Tribunal Supremo de Justicia.

Consecuencias económicas:

• La falta de garantías legales expulsó al capital privado: de acuerdo con la CEPAL, la inversión extranjera directa pasó de 5,300 millones de dólares en 2001 a niveles negativos en 2019.
• El despojo legal de empresas extranjeras (caso ExxonMobil, Cemex, ConocoPhillips) fue avalado por un poder judicial sumiso.
• La hiperinflación y el colapso del bolívar estuvieron precedidos por el quiebre institucional, no solo por fallas fiscales.

Bolivia: judicialización del autoritarismo y pérdida de confianza

En Bolivia, Evo Morales impulsó en 2011 una reforma para que los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo fueran elegidos por voto popular. Aunque presentada como una medida de “democratización”, en la práctica los candidatos eran propuestos y filtrados por el Congreso dominado por el MAS (Movimiento al Socialismo).

Consecuencias económicas:

• La elección popular judicial generó un vacío técnico: más del 60% de los magistrados electos no contaban con experiencia suficiente en derecho constitucional o penal.
• Organismos internacionales como Human Rights Watch y la OEA denunciaron el uso del poder judicial para perseguir a opositores y avalar reelecciones ilegales.
• La inseguridad jurídica provocó una caída sostenida en la inversión extranjera directa, que bajó de 1,750 millones de dólares en 2013 a menos de 400 millones en 2019 (CEPAL).
• Bolivia perdió litigios internacionales por decisiones judiciales ideologizadas, como el caso Quiborax ante el CIADI.

Ecuador: populismo judicial con disfraz democrático

Rafael Correa, en 2011, reformó el sistema judicial mediante un referéndum que le permitió controlar el Consejo de la Judicatura, encargado de nombrar y sancionar jueces. Aunque no se introdujo una elección directa, el resultado fue el mismo: jueces leales al presidente, dispuestos a perseguir medios de comunicación y opositores.

Consecuencias económicas:

• El entorno jurídico inestable afectó la confianza empresarial: entre 2012 y 2017, Ecuador tuvo uno de los niveles más bajos de inversión extranjera en la región andina.
• Se registraron múltiples denuncias por interferencia judicial en procesos mercantiles y contractuales, afectando la certeza para firmas internacionales.
• La fuga de capitales se agravó, y el país tuvo que recurrir al FMI en 2019, tras años de déficit y caída de ingresos.

Lo que está en juego: Estado de derecho y desarrollo económico

El debate sobre la reforma al Poder Judicial no es menor. En el fondo, lo que está verdaderamente en juego es la permanencia del Estado de derecho en México, la estabilidad institucional y, por consecuencia directa, el futuro del desarrollo económico. La “elección popular” de jueces, magistrados y ministros que propone Morena no democratiza la justicia: la subordina al poder político, la vuelve presa de campañas populistas y la despoja de su capacidad técnica y autónoma. Esta dinámica no es nueva: cuando el sistema judicial pierde independencia, los costos económicos se disparan.

1. Sin Estado de derecho, no hay inversión ni crecimiento

La confianza en el marco legal es uno de los principales factores que determinan la atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Cuando los inversionistas perciben que las reglas del juego son inciertas, sujetas a la voluntad de un partido o un líder político, prefieren no arriesgar su capital o lo retiran del país.

Esto ya se está viendo en México:

• Según la Secretaría de Economía, aunque la IED en el primer trimestre de 2025 fue de 21,373 millones de dólares, más del 75% fue reinversión de utilidades y no nuevas inversiones. Esto refleja una lógica de «esperar y ver», donde las empresas extranjeras no apuestan por expandirse en un país que amenaza con desmantelar su sistema legal.
• Además, analistas como Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco BASE, han advertido que la posible desaparición de un Poder Judicial técnico e independiente puede hacer que México deje de ser un destino atractivo para inversiones orientadas a largo plazo, particularmente en sectores como energía, infraestructura y tecnología.
• La confianza empresarial en el sector manufacturero, según datos del INEGI, descendió en mayo de 2025 a su nivel más bajo desde la pandemia, ubicándose en 48.3 puntos, por debajo del umbral de expansión (50 puntos), en parte por la incertidumbre político-jurídica derivada del proceso electoral y las reformas anunciadas.

2. Impacto en el crecimiento y el empleo

La erosión del Estado de derecho tiene consecuencias directas en el crecimiento del PIB y la creación de empleos:

• Según estimaciones preliminares de JP Morgan y BBVA Research, si la reforma judicial se aprueba sin contrapesos, la proyección de crecimiento para México en 2025 podría reducirse del 2.4% al 1.1%.
• Esto equivaldría a una pérdida de casi 300 mil empleos formales en lo que resta del año, ante la contracción de proyectos productivos, el enfriamiento del crédito bancario y la caída en consumo privado por efecto de la incertidumbre económica.
• Además, México perdería competitividad en la carrera por atraer inversión extranjera directa frente a países con sistemas judiciales más sólidos, como Brasil, Colombia o incluso Chile, cuyas reformas recientes han fortalecido el rol técnico del Poder Judicial en lugar de politizarlo.

3. Retroceso en el nearshoring y desconfianza en contratos

Uno de los principales motores de crecimiento futuro para México es el fenómeno del nearshoring, que ha atraído a empresas globales a instalar fábricas en el norte del país. Sin embargo, este movimiento requiere certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y tribunales eficaces.

• El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) ha señalado que más del 40% de los nuevos proyectos de inversión en zonas fronterizas están detenidos o en revisión por parte de sus casas matrices ante la posibilidad de que el nuevo marco legal ya no garantice el cumplimiento de contratos.
• La falta de independencia judicial también encarece el crédito, pues los bancos no pueden confiar en que los tribunales actuarán con imparcialidad en caso de litigios. Esto tiene un impacto directo en las PYMES, que dependen del financiamiento bancario para crecer.

4. Calificación crediticia y costo de deuda

La captura del Poder Judicial también puede tener implicaciones graves para las finanzas públicas:

• Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s han colocado la perspectiva crediticia de México en «observación negativa», anticipando que cualquier reforma que debilite los contrapesos institucionales podría resultar en un recorte en la calificación soberana.
• Un recorte tendría como efecto inmediato el aumento del costo de financiamiento para el gobierno federal, que actualmente gasta más de 1.2 billones de pesos al año solo en intereses de deuda pública.
• Esto presionaría aún más al presupuesto público, generando recortes en salud, educación e infraestructura, agravando el ya de por sí limitado margen fiscal del país.

Conclusión

México se encuentra en una encrucijada histórica y peligrosa tras los resultados electorales del 1 de junio de 2025. La mayoría calificada obtenida por Morena y sus aliados en el Congreso ha abierto la puerta a una serie de reformas de corte autoritario, cuyo mayor riesgo es la pretendida “democratización” del Poder Judicial. Si el país decide recorrer el mismo camino que tomaron Bolivia, Venezuela o Ecuador —donde el Poder Judicial fue vaciado de contenido técnico y convertido en un brazo del poder presidencial—, las consecuencias económicas y sociales no tardarán en llegar y serán devastadoras.

Los datos económicos ya reflejan síntomas tempranos: incertidumbre en los mercados, presiones cambiarias, advertencias de las calificadoras internacionales y una disminución en la expectativa de crecimiento. Pero lo peor aún está por venir si se aprueba una reforma que convierte a la justicia en una contienda de votos, propaganda y lealtades partidistas. No se puede hablar de Estado de derecho cuando los jueces responden a las urnas y no a la Constitución. No hay inversión ni desarrollo en un país donde las sentencias se deciden por encuestas.

Los ejemplos latinoamericanos son claros: la pérdida de independencia judicial siempre ha ido acompañada del colapso institucional y el deterioro económico. Venezuela cayó en hiperinflación y desabasto tras aniquilar su Poder Judicial. Bolivia sufrió persecuciones políticas y una economía estancada. Ecuador terminó intervenido por el FMI tras años de autoritarismo legalizado. México no es la excepción: si se rompe el equilibrio de poderes, si se destruyen los contrapesos, si se convierte a los jueces en candidatos, el país quedará vulnerable ante el abuso, la corrupción y la arbitrariedad.

La verdadera justicia no se construye con campañas políticas, sino con profesionales imparciales, nombrados con base en el mérito, la trayectoria y el conocimiento del derecho. Lo que está en juego no es una elección más: es el futuro institucional del país y la viabilidad de su desarrollo económico. Si la justicia se convierte en espectáculo político, México se transformará en un país donde el que grita más fuerte —y no el que tiene la razón legal— será quien dicte las sentencias.

Y cuando eso suceda, ya no habrá ni libertad económica, ni crecimiento, ni inversión que lo salve.