El gobierno de López Obrador decretó una prohibición de máquinas tragamonedas en casinos y casas de apuesta.

El decreto reformó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y establece que ya no habrá nuevos permisos para establecimientos con máquinas tragamonedas. Este decreto suprime sorteos de números o símbolos a través de dichas máquinas. Entró en vigor el 17 de noviembre de 2023. Prohíbe “todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio”.

¿Cuál es el pretexto de esta prohibición?

Como tantas otras prohibiciones, el gobierno alega que tiene el mejor interés de la sociedad en mente. En concreto, el proyecto se justificó del siguiente modo:

“El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del País y sus adultos mayores”.

La prohibición, sin embargo, no será retroactiva, lo cual tiene efectos interesantes que discutimos a continuación.

Prohibir el juego: prohibir empleo y esparcimiento

El gobierno mexicano incumple de manera sistemática su tarea fundamental de proveer seguridad y justicia. Ante su incapacidad, responde de maneras subóptimas y poco eficientes. Busca resolver problemas de inseguridad atendiendo prácticas que sólo de maneras muy intrincadas y complejas pueden relacionarse con ella.

Las prohibiciones en casinos (y de casinos) tienen una larga historia en México. Desde la presidencia de Lázaro Cárdenas existen diversas regulaciones que limitan el juego en el país. Estas regulaciones, por más bienintencionadas que puedan parecer, limitan el potencial económico de una región.

Los juegos de apuestas tienden a verse como juegos de suma cero perversos: “los casinos ganan en función de cuánto dinero pierden sus clientes”, piensa el político. Pero las personas acuden a los casinos con el conocimiento de que probablemente perderán dinero. Si acuden es porque derivan una satisfacción de jugar; son “amantes del riesgo” que derivan una mayor satisfacción marginal de jugar que la que obtendrían de emplear su dinero de otra manera.

Los juegos de apuestas no dañan a nadie. El jugador internaliza cualquier perjuicio que un gasto desmedido de su parte pueda tener. Y esto aplica para todo tipo de juegos. Si el gobierno prohíbe las máquinas tragamonedas en particular es sólo porque le parecen un blanco más fácil de prohibir que juegos más complejos.

Más aún, como apunta Luis Pazos, las prohibiciones evitan un flujo de ingresos que podría agregar valor en una región. Su comparación entre Tijuana y las Vegas es reveladora:

“La prohibición de casinos en Tijuana en 1938 le quitó la principal competencia a las Vegas que, de un pueblito en medio de un desierto hasta los años 30, en 1941, tres años después de prohibirse los casinos en Tijuana, los principales mafiosos de los EUA, que hicieron sus fortunas con la prohibición del alcohol, empezaron a construir casinos, y convirtieron a las Vegas en el centro de juegos y diversiones más grande del mundo.

¿Podría haber sido Tijuana más importante que Las Vegas si no prohíbe Cárdenas los casinos en 1938?”.

Los casinos que tengan el permiso vigente no podrán usarlo por un plazo mayor a los 15 años (Foto: Ilustrativa/ Getty Images)

¿ Favoreciendo la competencia desleal?

Como la prohibición no es retroactiva, necesariamente beneficiará temporalmente a los casinos que se encuentren actualmente en operación y que hayan comprado tragamonedas. De esta manera, la prohibición tiene una consecuencia no anticipada: creará barreras de entrada para otros lugares de juego, incrementando el poder monopólico de los casinos operantes. Es decir, la prohibición tiene una externalidad positiva curiosa al incrementar de manera indirecta el valor de los activos de los casinos actuales.

Por esta razón, la prohibición también puede entenderse como un privilegio gubernamental en beneficio de los casinos y casa de apuestas actuales. Dicho poder monopólico puede, contra los deseos del gobierno, anular parcialmente sus propósitos al robustecer su estadía en el mercado.

De cualquier manera, la prohibición al juego perjudica a los consumidores, no soluciona problemas de violencia e inseguridad, inhibe las alternativas de esparcimiento e incluso puede evitar el florecimiento de actividades económicas complementarias que enriquezcan a una región.