I.
El 26 de julio, el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, a partir de cuyos datos el Coneval elaboró la medición de la pobreza 2022, reporte que dio a conocer el pasado 10 de agosto.

Ambos documentos se elaboran cada dos años, por lo que ya sabemos que pasó con la pobreza en 2018, antes de que iniciara la 4T; en 2020, el año del COVID-19; en 2022, con la 4T todavía en marcha y con muchos (que no todos) de los efectos del COVID-19 superados.

Antes de iniciar el análisis de los datos, dos definiciones. Se encuentra en situación de pobreza moderada quien no es capaz de generar un ingreso que le permita comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Se halla en estado de pobreza extrema quien no es capaz de generar un ingreso que le permita comprar la canasta básica alimentaria.

En 2018, 41.9 por ciento de la población se encontró en situación de pobreza: 34.9, en situación de pobreza moderada y 7.0 por ciento, en situación de pobreza extrema. En 2020 se halló en estado de pobreza 43.9 por ciento de la población (más que en 2018): 35.4 por ciento en estado de pobreza moderada (más que en 2018), y 8.5 por ciento en estado de pobreza extrema (más que en 2018). En 2022, 36.3 por ciento de la población se encontró en condición de pobreza (menos que en 2020 y que en 2018); 29.3 por ciento en condición de pobreza moderada (menos que en 2020 y que en 2018, y 7.1 por ciento en condición de pobreza extrema (menos que en 2020, más que en 2018).

El Coneval lleva a cabo una medición multimodal de la pobreza, que incluye, además de los ingresos, que son el producto del trabajo de la gente, seis grupos de carencias sociales (que en realidad son individuales, en el caso de quien vive solo o familiares, en el de quienes viven acompañados), que son: rezago educativo; carencias por acceso a servicios de salud, carencias por acceso a la seguridad social, carencias por calidad y espacio de vivienda, carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda (luz, gas, agua) y carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, acceso a todos estos satisfactores, desde alimentos, pasando por atención médica y medicinas, hasta educación, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo por medio de las políticas sociales del gobierno.

De estas carencias, la educación (Art. 3), la salud (Art. 4), la vivienda (Art. 4), el agua y el saneamiento (Art. 4), la alimentación (Art. 4), y el ambiente sano (Art. 4), son considerados derechos (hay que ver si realmente lo son, porque no hay que confundir necesidades con derechos, y no es verdad, como creen algunos, que allí donde hay una necesidad surge un derecho, tema que trataré más adelante en esta serie), por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En 2018, 2020 y 2022, éste fue el porcentaje de personas que enfrentaron estas carencias. Rezago educativo: 19.0, 19.2 y 19.4. Carencias por acceso a los servicios de salud: 16.2, 28.2 y 39.1. Carencias por acceso a la seguridad social: 53.5, 52.0 y 50.2. Carencias por calidad y espacio de vivienda: 11.0, 9.3 y 9.1. Carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda: 19.6, 17.9 y 17.8. Carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: 22.2, 22.5 y 18.2.

Más allá de las mejoras, donde las hubo, sigue habiendo mucha pobreza en México.

II.
Como vimos anteriormente, según la medición de la pobreza 2022 del Coneval, en 2018, 41.9 por ciento de la población se encontró en situación de pobreza; 43.9, en 2020 y 36.3, en 2022.

En 2018, 34.9 por ciento de la población se encontró en condición de pobreza moderada, incapaz de generar ingreso para comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria; 35.4, en 2020 y 29.3, en 2022.

En 2018, 7.0 por ciento de la población se encontró en estado de pobreza extrema, incapaz de generar ingreso para comprar la canasta básica alimentaria; 8.5, en 2020 y 7.1, en 2022.

El ingreso debe ser suficiente para que las personas satisfagan autónomamente sus necesidades, gracias a la generación personal de ingreso, no a las políticas sociales del Gobierno, a la redistribución gubernamental del ingreso, por la que el Gobierno le quita a A lo que, por ser producto de su trabajo, su ingreso, es de A, para darle a B lo que, por no ser producto de su trabajo, de su ingreso, no es de B, redistribución del ingreso que es la principal tarea del Gobierno: este año, el gasto social sumará 65.57 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual, citando a Federico Bastiat, hace del Gobierno la ficción por la cual todo mundo pretende vivir a costa de todo mundo, algo imposible: si B vive, por la redistribución gubernamental del ingreso, de A, A no puede, también por la redistribución, vivir de B. Donde hay redistribución gubernamental del ingreso hay perjudicados (A) y beneficiados (B).

Al analizar el tema de la pobreza hay que considerar su efecto y su causa. El efecto de la pobreza es la carencia de satisfactores, el no contar, en cantidad, calidad y variedad adecuadas, con los bienes y servicios necesarios para satisfacer correctamente las necesidades. La causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para, gracias al trabajo propio, generar el ingreso suficiente para satisfacer adecuadamente, por medio de la compra de los satisfactores, las necesidades, comenzando por las básicas, aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud, la vida y la dignidad de la persona.

Si por medio de la redistribución del ingreso el Gobierno provee a los pobres de los satisfactores que les hacen falta, y gracias a ello satisfacen correctamente sus necesidades (las transferencias del Gobierno, ¿alcanzan para tanto?), el Gobierno alivia los efectos de la pobreza, pero no elimina sus causas. Si el Gobierno deja de redistribuir el ingreso, los beneficiarios volverían a carecer de esos satisfactores, porque realmente nunca dejaron de ser pobres, nunca fueron capaces, gracias a su trabajo, de generar el ingreso suficiente para, por lo menos, comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria, lo que les permitiría satisfacer correctamente, nada más, sus necesidades básicas. Y escribo nada más, porque los seres humanos aspiramos a más que satisfacer solamente las necesidades básicas: tenemos gustos, deseos y hasta caprichos.

Uno de los problemas con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI), y con la Medición de la Pobreza (Coneval), es que consideran a las transferencias, tanto privadas como gubernamentales, como ingresos, como productos del trabajo, y no lo son.

III.
Terminé la parte anterior afirmando que uno de los problemas con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI), y con la Medición de la Pobreza (Coneval), es que consideran a las transferencias, tanto privadas como gubernamentales, como ingresos, como productos del trabajo, y no lo son, porque el ingreso es el producto del trabajo, y lo que va con la dignidad de la persona es que viva gracias al trabajo propio, no gracias al trabajo de los demás, que es lo que sucede cuando el gobierno redistribuye el ingreso, es decir, el producto del trabajo.

El Coneval mide la pobreza de manera multimodal, considerando ingreso y carencias sociales: rezago educativo; carencias por acceso a servicios de salud; carencias por acceso a la seguridad social; carencias por calidad y espacio de vivienda; carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda; carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, rezagos y carencias que deberían resolverse por medio de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo.

El problema es que esas necesidades son consideradas derechos, incluidos en la Constitución. Artículo tercero: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria”. Artículo cuarto: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Y luego se afirma: “El Estado lo garantizará”, es decir, el gobierno en turno debe garantizar esos derechos, satisfacer esas necesidades, lo que no ha conseguido.

Según la medición de la pobreza 2022, del Coneval, el año pasado el 19.4 por ciento de la población padecía rezago educativo; el 39.1 carencia por acceso a los servicios de salud; el 50.2 carencia por acceso a la seguridad social; el 9.1 carencia por calidad y espacio en la vivienda; 17.8 carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; 18.2 carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

En 2022 el 29.4 por ciento de la población fue vulnerable por carencias sociales. El 65.7 tuvo al menos una carencia social y el 24.9 enfrentó por lo menos tres carencias sociales, población a la cual el gobierno fue incapaz de satisfacer sus necesidades, reconocidas como derechos en la Constitución.

En 2022 el 7.2 por ciento de la población resultó vulnerable por ingresos, incapaz de generar un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de bienes y servicios más la canasta básica alimentaria.

En 2022 el 27.1 por ciento de la población no resultó vulnerable, ni por ingresos, ni por carencias sociales. El problema es que, creyendo que donde hay una necesidad surge un derecho, las carencias sociales, que son necesidades, han sido reconocidas como derechos, incluidos como tales en la Constitución, con la obligación del gobierno de garantizarlos.

IV.
Afirmé que el problema es que, creyendo que donde hay una necesidad surge un derecho, las carencias sociales, que utiliza el Coneval para la medición multimodal de la pobreza, que son necesidades, han sido reconocidas como derechos, incluidos como tales en la Constitución, artículos tercero y cuarto, con la obligación del gobierno de garantizarlos, obligación que, como ya vimos, no ha cumplido: en 2022 el 65.7 por ciento de la población tenía al menos una carencia social y el 24.9 al menos tres.

¿Por qué afirmo que es un error reconocer como derechos lo que son necesidades? Porque la tarea esencial del gobierno es garantizar los derechos de los ciudadanos y, si se reconocen las necesidades como derechos, entonces el gobierno tiene la obligación de satisfacerlas, y entre satisfacer necesidades y garantizar derechos hay una gran diferencia. Es más, cuando el gobierno satisface necesidades viola derechos, en concreto el de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto del trabajo.

Para que el gobierno satisfaga necesidades debe proveer satisfactores, para lo cual debe comprarlos, para lo cual debe pagar precios, para lo cual necesita dinero. ¿De dónde lo saca? De los impuestos, de la coacción que ejerce sobre los contribuyentes para que le entreguen parte del producto de su trabajo, de su ingreso, que entonces redistribuye por medio del llamado gasto social, algo que muchos consideran, en nombre de la justicia social, el bien común, y demás entelequias por el estilo, correcto.

Si crees que la gente debe vivir gracias al trabajo propio, a la generación personal de ingreso, no a la redistribución gubernamental del mismo; que la gente tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, de su ingreso; que la ayuda que nos brindemos unos a otros debe ser voluntaria, no impuesta por la fuerza, entonces no debes estar a favor del Estado de bienestar, y de su principal agente, el gobierno redistribuidor del ingreso, que le quita a A lo que, por ser producto de su trabajado, es de A, para darle a B lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de B, quien vive (al menos parcialmente), no gracias a su trabajo sino al de A, quien no se queda con el producto íntegro de su trabajo y a quien el gobierno obliga, por su intermediación, a ayudar a B. Así funciona el Estado de Bienestar, así opera el gobierno redistribuidor del ingreso, violando el derecho de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto del trabajo. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso: en 2023 el gasto social, producto de la redistribución del ingreso, será el 65.57 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se trata, como la llamó Federico Bastiat, de expoliación legal, aceptada como legítima tarea del gobierno por muchos, y utilizada como principal argumento electoral por los políticos en campaña. ¿Qué probabilidad de ganar tiene un candidato que no promete algún tipo de redistribución del ingreso?

La identificación arbitraria de necesidades como derechos da como resultado la degeneración del Estado de Derecho en Estado de derechos, que es Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de derechos viola el derecho a la propiedad privada sobre el ingreso, parte fundamental del Estado de Derecho.

V y final
Es un error, de hecho es una injusticia, identificar necesidades con derechos, como se hace en el artículo 4 de la Constitución, donde leemos que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y que “el Estado (el gobierno en turno) lo garantizará”.

Necesitamos alimentarnos. Esta necesidad, ¿da lugar a un derecho? Sí, pero hay que entenderlo correctamente. Lo explico.

A todo derecho (de A), le corresponde una obligación (de B), que puede ser negativa (no hacer algo), o positiva (sí hacer algo).

Si la obligación es negativa se trata de derechos naturales, que le corresponden a la persona por serlo: no matar, respetar el derecho a la vida; no esclavizar, respetar el derecho a la libertad individual; no robar, respetar el derecho a la propiedad privada. No matar, no esclavizar, no robar, no hacer algo: obligaciones negativas.

Si la obligación es positiva se trata de derechos contractuales, que la persona adquiere voluntariamente por haberlo acordado con alguien más, como es el caso de los derechos mercantiles: el derecho del comprador a recibir la mercancía comprada, el derecho del vendedor a recibir el pago acordado. Entregar la mercancía comprada y realizar el pago, sí hacer algo: obligaciones positivas.

¿Qué tipo de obligación, negativa o positiva, supone el derecho a la alimentación? Si respondemos que positiva entonces mi derecho a la alimentación tiene como contrapartida la obligación de alguien más de darme de comer. ¿Alguien tiene esa obligación? No. Y si se la impone a alguien, ¿sería justo? No. Pero el artículo 4 constitucional dice que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual es imposible para todos (véase la segunda entrega de esta serie), e injusto para algunos (véase la cuarta).

El derecho a la alimentación se divide en dos derechos: el derecho a la libertad individual para trabajar y conseguir alimentos, y el derecho a la propiedad privada sobre los alimentos justamente conseguidos, derechos cuya contrapartida son obligaciones negativas: no impedir trabajar para conseguir alimentos y no robar los alimentos así conseguidos.

¿Qué tipo de obligación supone, en materia del derecho a la alimentación, lo dicho en el artículo cuarto constitucional? Una obligación positiva ya que “el Estado (el gobierno en turno) lo garantizará”.

La necesidad es satisfacer el hambre. El derecho es a la libertad para trabajar y conseguir alimentos y a la propiedad sobre esos alimentos, y lo que el Estado, los gobiernos y las leyes, comenzando por la Constitución, deben hacer es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente esos dos derechos, no satisfacer, proveyendo alimentos, el hambre, lo cual, lo repito, es imposible para todos e injusto para algunos. Imposible para todos: en 2022 el 18.2 por ciento de la población tuvo carencia de alimentación nutritiva y de calidad. Injusto para algunos: lo que el gobierno le dio a unos previamente se lo quitó a otros. El que A genere más ingreso que B, ¿justifica que el gobierno le quite una parte para dárselo a B? La mayoría de los políticos y de los ciudadanos cree que sí. Por eso gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso.


Arturo Damm Arnal, economista y Doctor en filosofía, periodista y profesor universitario. Publica regularmente en La Razón y participa constantemente en los programas de TV Azteca.

Twitter: @ArturoDammArnal.