Introducción:

Vivimos en un mundo con tanta integración económica, que cualquier movimiento brusco o por muy atenuante que sea, tendrá repercusiones en otras economías para bien o para mal. Dicha premisa no debe ni debería generar algún tipo de pánico, al contrario, suelen ser predictivos que ayudan a los países a blindar, en términos de garantizar mejores condiciones de competencia, igualdad jurídica y bienestar su ciudadanía. En otras palabras, ayuda a corregir errores que parecían no visibles.

Partiendo de lo anterior, se suscitó hace unas semanas un quiebre bancario en Estados Unidos del Silicon Valley Bank, el cual ha despertado alarmas en su sistema financiero, pero además de eso, poco se ha hablado de cuáles serían las implicaciones directas para México; al punto de minimizarlo como un choque externo del cual estamos “bien blindados”. Las cosas no son del todo así, por lo que en el siguiente trabajo nos daremos a la tarea de explicar los dos grandes riesgos que poden afectar a nuestra economía.

Después de la economía, el trabajo se conforma de la siguiente manera: En el punto número dos se revisarán las consideraciones generales de nuestra economía. En el tercer punto la incertidumbre sobre su calidad y, por último, la elevada fragilidad financiera.

2.- Consideraciones generales de nuestra economía

Hace tres años, la economía mexicana experimentó una de las crisis más severas de los últimos 100 años a consecuencia de la pandemia derivada del virus COVID-19. La economía entró, de facto, en una recesión que el gobierno mexicano enfrentó de manera totalmente pasiva, es decir, sin aplicar medidas contracíclicas que permitieran reducir el impacto de la suspensión de las actividades comerciales en todo el mundo y llevaran a una recuperación más rápida de la actividad económica sin pérdida de capital.

La irresponsabilidad del actual gobierno, cuya política económica se define por factores ideológicos, y no técnicos, fue compensada de manera fortuita por el apoyo financiero que las autoridades norteamericanas sí dieron a su economía y que permitió una recuperación del empleo, de la demanda y las compras de bienes y servicios y de la mano de obra mexicana en ese país. Este hecho, evitó una catástrofe económica en México: por un lado, el empleo en Estados Unidos y —con ello— los ingresos de miles de migrantes mexicanos que enviaron remesas en los últimos tres años; por el otro, aumentó la demanda de productos mexicanos, favoreciendo las exportaciones netas y los saldos favorables en la balanza de divisas con Estados Unidos.

Cuando la ignorancia antecede a la verdad, se abre espacio para la falacia argumentativa. Por eso el actual gobierno haya engañado aprovechó para engañar a la opinión pública, presentando las remesas como un éxito de la política económica o, peor aún, la recuperación del PIB como si fuera producto de las políticas fiscales y monetarias del país. Nada más lejos de la verdad. Simplemente, el país ha navegado a la sombra del crecimiento norteamericano que ha provocado un influjo de capitales por remesas y compra de bienes mexicanos en ese país. En ningún momento la recuperación mexicana de la economía después de la grave crisis del 2020 fue resultado de una efectiva respuesta de política monetaria y fiscal a la crisis, ni tampoco por la implementación de medidas que respaldaran la liquidez y el funcionamiento de los mercados financieros. Ni qué decir de aliviar el shock en los segmentos que siempre resultan los más afectados: las clases medias y bajas del país.

Se puede afirmar que, gracias a las respuestas políticas y económicas de Estados Unidos, y no de México, la recesión mexicana de 2020 fue grave, pero breve. Sin embargo, hay dos elementos clave para definir el efecto real de la crisis en la población. Por un lado, la combinación de cientos de millones de dólares de capital destruido en los últimos dos años, debido a la desaparición de miles de empresas medianas y pequeñas durante la crisis, hecho que tiene un efecto significativo en la distribución del ingreso y en la formación futura de capital del país. Por otro lado, tenemos las erróneas políticas energéticas y de inversión del actual gobierno, que representan un desperdicio de capital que bien puede rondar en los 100,000 millones de dólares en proyectos muertos desde su origen (AIFA, Dos Bocas, Tren Maya), destrucción de cadenas de suministro completas (la industria farmacéutica) hasta el costo de corto y largo plazo por la disfunción de áreas completas en la industria o del sector público (por ejemplo, la pérdida de capital humano altamente calificado en áreas de la administración federal, que tomará años recuperar debido a la eliminación de programas, comisiones y áreas completas del gobierno federal).

A pesar del muy elevado costo de la incompetencia y la destrucción de capital en el país, su efecto no se ha percibido en toda su magnitud por el efecto artificial de las políticas contracíclicas del gobierno americano y por el efecto de la entrada de capitales no institucionales que ha mantenido artificialmente fuerte al peso mexicano. Este fenómeno es totalmente coyuntural: la expansión de la demanda de productos de exportación mexicana, el influjo de capitales por remesas y el elevadísimo spread de tasas en dólares que ofrecen los títulos de deuda pública mexicanahan generado una fortaleza artificial del peso mexicano que se ha promocionado, de manera totalmente falaz, como resultado de atinadas políticas económicas. En realidad, los capitales financieros especulativos y los influjos de capital debidos a factores temporales, conllevan un alto riesgo financiero no percibido por la población.

Hasta aquí las buenas noticias para México: su tipo de cambio frente al dólar se ha mantenido sólido, la economía se recuperó de la crisis del 2020 y las entradas de capital se han mantenido fuertes en los últimos dos años. Sin embargo, las torpezas en economía siempre salen a la luz, y la experiencia muestra que el estado de las cosas puede cambiar totalmente en muy corto plazo. Hay al menos dos riesgos latentes que pueden provocar una crisis de fin de sexenio y por lo cual es indispensable que las autoridades pertinentes rindan cuentas a esta Soberanía sobre cómo se está preparando el país para evitar que se materialicen. La historia económica del actual gobierno es de ideologías y emotividad política. Así no se puede conducir profesionalmente una economía.

3.- Primer riesgo: la incertidumbre sobre la calidad de la economía mexicana

En los últimos tres años, los cuellos de botella en las cadenas de suministro se agravaron, y México no fue la excepción: hay sobredemanda en muchos productos, protección comercial en otros y presión del lado de los costos que afecta el nivel de precios y la inflación.  La crisis del 2020 ahondó la brecha entre trabajadores calificados respecto a los no calificados, aumentando la desigualdad de ingresos en la población y la pobreza.

La ausencia de un apoyo financiero significativo a la economía, que redujera el efecto nocivo de la pandemia en los últimos 3 años, tanto monetario como fiscal, no respaldó la demanda de bienes y servicios de los consumidores de bajo ingreso, sino que obligó a reducir gastos al mínimo de supervivencia en muchos sectores de la población. Esto ha modificado la calidad de la demanda agregada y ha polarizado el consumo: los segmentos de la población que concentran cada vez más el ingreso muestran un perfil de consumo de bienes y servicios de alto valor agregado, pero la población que ha perdido participación en los ingresos ha visto reducida su calidad de vida y de consumo.

Esto significa que la recuperación actual de la demanda se da con una masa salarial más pequeña (más empleos, pero mal remunerados) que reduce la calidad y tamaño de la expansión futura de la economía. El otro componente de la demanda, la inversión, se tendría que ajustar a un mercado de menor calidad y capacidad de consumo o enfocarse en actividades orientadas al abastecimiento de la demanda foránea (tanto bienes intermedios como de consumo final). El daño que se hace a la economía con esta segmentación es que se desincentiva la innovación y, por lo tanto, la producción de bienes y servicios de alto valor agregado. El efecto para la población es el de retroalimentar los incentivos a pagar bajos salarios, que generarán una mala demanda de consumo y un crecimiento bajo y de mala calidad. Al mismo tiempo, quienes estén altamente capacitados ganarán más y serán los menos cada día. Ellos sí consumirán productos de alto valor agregado y su calidad de vida estará cada vez más alejada del resto de la población.

A corto plazo se vende la idea de una recuperación de la economía después de la pandemia, recuperación pobre, de mala calidad y que no augura una convergencia con las economías desarrolladas sino hacia atrás en la escala de productividad. El actual gobierno no solo suma pobreza absoluta (número de pobres respecto al total) sino también cultiva rezago garantizado a mediano plazo. Este es un daño sustancial que un crecimiento del PIB simplemente no refleja. En los próximos años, el componente de gasto privado (tanto de consumo como de inversión) podría reducirse considerablemente y —con ello— el tamaño efectivo de la economía: una tragedia que desde hoy se va sembrando.

4-. Segundo riesgo: elevada fragilidad financiera

El gobierno del presidente López Obrador ha vivido, literalmente, de prestado. Su programa económico, está diseñado para tomar y no para producir. Ha tomado fondos de reserva que ya agotó, ha tomado recursos de un lado para gastar en otro. Se ha favorecido de la economía del país vecino. El dogmatismo que ha caracterizado las decisiones económicas del actual gobierno se habrá de topar con la realidad más pronto que tarde. Y el colapso financiero del decimosexto banco en Estados Unidos puede ser el principio del fin de la falacia financiera del actual gobierno mexicano.

El riesgo sistémico que podríamos enfrentar es enorme porque —en lo fundamental— los flujos de capital que han entrado al país y que dan soporte a un tipo de cambio artificialmente fuerte, se han debido a factores ajenos a la calidad de nuestra economía. De hecho, se puede hablar de capitales especulativos altamente volátiles, por lo que hay un riesgo financiero potencial en este momento.

Comencemos con lo que ya se ha explicado en innumerables artículos respecto a la entrada de capitales no institucionales en el país por dos fuentes principales: la primera es la entrada récord de remesas al país, que es el resultado de una combinación de un fuerte gasto público en Estados Unidos para apuntalar la economía, que ha permitido una demanda de trabajo de la que se han beneficiado nuestros connacionales. Esta fuente de divisas, las remesas, deberá estabilizarse una vez que termine de absorberse el efecto de los estímulos fiscales en Estados Unidos. La segunda es la intervención de inversionistas financieros que aprovechan un tipo de cambio estable con diferenciales en dólares sumamente elevados en el mercado de dinero nacional.

El siguiente gráfico, se observa que la tenencia total de valores gubernamentales ha repuntado por el alza de réditos que el gobierno mexicano paga a los tenedores de títulos del gobierno, pero han sido los extranjeros los que más contribuyen al crecimiento de estos pasivos.  Dichas inversiones son totalmente volátiles, y representan ya más de 89,453 millones de dólares  hasta febrero pasado, es decir, el equivalente a 45% del total de las reservas internacionales del Banco de México.

Cuando se vive de prestado y no de producir, el manejo de los pasivos se vuelve central pues dependen de las decisiones que tomen los inversionistas foráneos, no las autoridades nacionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sabido aprovechar adecuadamente la coyuntura con exitosas reestructuras en los últimos dos años: el intercambio de Bondes en mejores condiciones y la colocación de dos bonos en dólares a plazos de 5 y 12 años gracias a una demanda que alcanzó los 18,400 millones de dólares, equivalente a 4.6 veces el monto total subastado. En principio, las estadísticas de deuda del actual gobierno registran un Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) de 49.4% del PIB que se compara favorablemente con el de otros países: 51.4% América Latina, 61% Brasil o 97% Estados Unidos.

¿Dónde está escondido el problema real de la deuda pública que ha contratado el actual gobierno mexicano? En la fuente de repago. Para un inversionista y para un acreedor, el riesgo de invertir en deuda mexicana está en las garantías de pago, tanto del capital como de los intereses. El presidente López Obrador ha logrado la combinación perfecta para aumentar el riesgo de inversión en títulos del gobierno por tres razones:

1. Ha destruido gran parte de la institucionalidad en el país, acabando con la confianza que los inversionistas privados tienen para ejecutar proyectos no financieros, por ejemplo, inversión en capital físico, tecnológico, industrial.  La única inversión privada relevante que pudiera darse en todo el sexenio es la que consiguió el gobernador de Nuevo León al traer las plantas de Tesla a su entidad.

• El gobierno del López Obrador ha concentrado aún más la dependencia del gobierno en Pemex, empresa técnicamente quebrada, que requiere cantidades gigantescas de capital y que es la única petrolera en el mundo con un nivel de apalancamiento tan oneroso en un mercado tan rentable, y que es además siendo monopolio. Estos son los dos principales problemas en materia de endeudamiento: no es sólo el nivel —que es lo que el gobierno vende—, sino que las fuentes de pago no están garantizadas.

• No se ha llevado a cabo una reforma fiscal integral, de modo que la hacienda pública sigue concentrando la captación de impuestos en un segmento pequeño y cautivo de la población, con gran evasión y esquemas impositivos altamente retrógrados. La profundidad fiscal en el país es de las más pobres entre los países de la OCDE: a pesar del enfoque recaudatorio del gobierno del López Obrador, la recaudación fiscal respecto al PIB apenas aumentó de 13% en 2018 a 14% en 2022. Esta cifra es menor al promedio de América Latina (22%) y significativamente más baja que el promedio de la OCDE (34%). De este de modo, se explica que el gobierno realmente capta recursos tributarios apenas para cubrir parte de sus operaciones, y todo depende de fiscalizar y descapitalizar a Pemex. Si a esto se suma la destrucción de capital en los últimos tres años por la inacción frente a la pandemia, la base tributaria se ha concentrado en segmentos cautivos tradicionales a pesar de aumentar el número de contribuyentes.

La suma de estos riesgos da cuenta de la alta fragilidad de la economía, su dependencia de factores totalmente externos y el poco espacio de maniobra para enfrentar cualquier crisis. Y es indispensable que las autoridades hacendarias y del banco central den cuenta a esta Soberanía sobre el impacto que en estas circunstancias tendrá el problema con la banca estadounidense.

La corrida por los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB), del cual depende casi la mitad de las startups tecnológicas respaldadas por capital de riesgo en Estados Unidos es, en parte, la repetición de una historia conocida, la del 2008: una vez más, la política económica y la regulación financiera han demostrado ser inadecuadas. ¿Cuál fue el problema central con el SVB?  El Presidente de la Fed, Jerome Powell facilitó desde la época de Donald Trump la posibilidad de que los denominados “bancos pequeños” no tuvieran las fuertes regulaciones que el Acta Dodd-Frank impuso a la banca después de la crisis del 2008. SVB es el banco número 16 en una economía que tiene cientos de bancos en todo el país.

La caída de SVB no se debió al tipo de malas prácticas crediticias que condujeron a la crisis de 2008 y que representan una falla primordial con respecto del papel central que desempeñan los bancos en la asignación de créditos. Como sabemos, gran parte de esa crisis se debió a los Credit Default Swaps (CDS) que protegían al inversionista del incumplimiento de un tercero, pero lo exponían también al riesgo de que el propio vendedor de CDS incumpliera. En este escenario, una parte perdería no solo los ingresos del instrumento de crédito subyacente que entró en incumplimiento, sino que también perdería el dinero que pagó en primas (seguro) al vendedor de CDS. En el caso del SVB el asunto fue llevar a la práctica la transformación de los vencimientos, que permite disponer de depósitos de corto plazo para inversiones de largo.

El SVB había comprado bonos de largo plazo y con eso expuso a la institución a riesgos cuando las curvas de rendimiento cambiaron drásticamente: hoy esas curvas están planas y en algunos casos invertidas, debido a que se ajustaron a la prima de riesgo de las inversiones de largo plazo.

Aunque el SVB en sí mismo no es sistémicamente importante para la banca estadounidense, podría indicar problemas más generalizados que recién comienzan a aparecer con otras instituciones que manejan portafolios similares: muchos otros bancos también tienen grandes carteras de valores a largo plazo y sufrirían grandes pérdidas si se vendieran antes del vencimiento.

Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a aumentar las tasas de interés a un ritmo sin precedentes, erosionó los márgenes del SVB por la caída en los precios de los bonos y lo obligó a aumentar el margen que pagaba por los depósitos. El banco entonces intentó vender bonos de largo plazo y comprar de corto plazo con mejores rendimientos; sin embargo, su cartera de bonos arrojó un valor de 15,000 millones de dólares menos que su precio de compra. En ese momento, el SVB ya había tomado 1,800 millones de dólares en pérdidas vendiendo bonos para cumplir con los retiros de depósitos. Incapaz de recaudar capital adicional, el destino de SVB quedó sellado cuando comenzaron los rumores de problemas y los principales inversores recomendaron retirar depósitos.

Para los inversionistas el perfil de riesgo pudiera cambiar y, con ello, la prima que exijan a los bonos mexicanos para mantenerlos en cartera. El escenario de riesgo potencial es grande si el 45% del monto equivalente a las reservas internacionales del país está en manos de inversionistas especulativos que básicamente han hecho trading con los bonos del gobierno mexicano, si las fuentes de pago están en Pemex y éstas dependen de un mercado volátil y que va “de salida”, si por la ausencia de una reforma tributaria integral, la profundidad fiscal seguirá raquítica, si la economía que no crece por inversiones institucionales sino financieras o de mala calidad.