Entre los analistas, el problema de Estados Unidos con las «guerras interminables» suele debatirse como un fracaso de la gran estrategia. Según esta interpretación, los presidentes subestiman las amenazas; los generales sobreestiman el poderío militar; y los responsables políticos confunden las victorias en el campo de batalla con el éxito político. Si bien estas explicaciones son válidas, omiten un aspecto fundamental: quienes toman decisiones sobre la guerra se enfrentan a incentivos que a menudo están muy alejados de los intereses públicos.

Estados Unidos no debe asumir que sus presidentes son excepcionalmente imprudentes, sus generales excepcionalmente ambiciosos o sus diplomáticos excepcionalmente insensatos. Debe reconocer que incluso las personas inteligentes y bienintencionadas pueden tomar decisiones sistemáticamente erróneas cuando los incentivos institucionales que las rodean son inadecuados.

Consideremos el dilema del político. Ningún presidente quiere ser recordado como quien «perdió» Vietnam, Irak, Afganistán o algún futuro estado satélite. Por lo tanto, continuar una guerra fallida ofrece una ventaja política asimétrica. Si la guerra finalmente tiene éxito, el presidente puede atribuirse el mérito. Si fracasa, la responsabilidad puede distribuirse entre predecesores, aliados, el Congreso, la insuficiencia de recursos o las circunstancias cambiantes. La retirada es diferente. Si el gobierno colapsa posteriormente, el presidente que ordenó la retirada puede ser culpado personalmente.

El resultado es predecible: continuar una guerra puede ser políticamente más seguro que terminarla, incluso cuando continuarla es estratégicamente irracional.

El mismo problema de incentivos existe en el ámbito militar. Imaginemos una administración que solicita un nuevo comandante para revertir el fracaso de una guerra. Es poco probable que el oficial que diga: «La misión es fundamentalmente imposible y deberíamos retirarnos», sea recompensado con el mando. En cambio, el oficial que diga: «Denme el puesto. Tengo una nueva estrategia y el comandante anterior simplemente no la ejecutó correctamente», tiene muchas más posibilidades.

Esto genera lo que se conoce como «optimismo endógeno», un estado mental en el que la esperanza y las expectativas surgen desde dentro de un sistema cerrado. En la práctica, esto significa que, cuando una estrategia fracasa, las instituciones buscan naturalmente una mejor implementación en lugar de cuestionar la premisa subyacente. En el caso de las guerras interminables, esto implica más tropas, un nuevo comandante, una doctrina de contrainsurgencia revisada, más entrenamiento, más dinero; todo lo cual es más fácil de proponer que la conclusión políticamente devastadora de que la misión en sí misma no puede tener éxito.

Afganistán ofrece un excelente ejemplo reciente de estas dinámicas, lamentablemente recurrentes. Durante dos décadas, Washington cambió repetidamente de comandantes y estrategias, sin reconsiderar en muchas ocasiones la premisa fundamental de que el poder militar estadounidense podía crear un orden político afgano autosostenible. Cuando una estrategia fracasaba, los responsables políticos solían concluir que la estrategia había sido errónea, y no que el objetivo general estuviera fuera del alcance de Estados Unidos.

Este es un problema clásico de elección pública. Los costos de la intervención se distribuyen ampliamente entre contribuyentes, soldados, familias militares y civiles, mientras que los beneficios de la intervención continua pueden concentrarse en instituciones e individuos con intereses directos en su continuidad. No es necesario que nadie conspire. Cada actor puede comportarse racionalmente según sus propios incentivos, mientras que el sistema produce un resultado colectivo irracional.

La solución no reside en esperar presidentes más sabios, sino en cambiar los incentivos. A continuación, se presenta una lista de reformas que dificultarían el inicio de guerras interminables y facilitarían su finalización, sin necesidad de modificar radicalmente las estructuras de poder existentes. Si bien lo ideal sería que las guerras interminables fueran imposibles (la abolición de la autoridad política centralizada es lo óptimo), estos pequeños ajustes podrían mejorar considerablemente la situación económica y de seguridad de los estadounidenses, a la vez que disminuirían el sufrimiento y el daño a los ciudadanos asediados de los países que Washington tiene en el extranjero.

En primer lugar, toda autorización para el uso de la fuerza militar debería tener una fecha de caducidad estricta.

El Congreso jamás debería otorgar al poder ejecutivo una autorización prácticamente permanente para declarar la guerra. Toda autorización debería expirar tras un período determinado, quizás dos o tres años, a menos que el Congreso la renueve expresamente.

Esto invertiría la premisa actual. En lugar de preguntar «¿Por qué deberíamos detenernos?», los responsables políticos tendrían que responder «¿Por qué deberíamos continuar?».

Esa distinción es de suma importancia. Continuar una guerra debería requerir una nueva justificación política, en lugar de simplemente heredar una antigua.

En segundo lugar, toda intervención debe tener un objetivo político y un criterio de salida claramente definidos.

Antes de emplear una fuerza militar sustancial, se debería exigir al gobierno que explique con precisión qué resultado político espera que produzca dicha fuerza.

«Derrotar el terrorismo» no es un objetivo suficiente. Tampoco lo es «promover la estabilidad». El gobierno debe definir qué significa el éxito, cómo se espera que la fuerza militar lo consiga y bajo qué circunstancias las fuerzas estadounidenses se retirarán.

Este es, fundamentalmente, un principio clausewitziano: la acción militar es un medio para un fin político. Si los responsables políticos no pueden explicar el fin político, no se les debe confiar la determinación de los medios militares.

Lo más importante es que el criterio de salida no debe ser infinitamente flexible. «Nos iremos cuando el gobierno local sea lo suficientemente fuerte» no es una estrategia de salida si los responsables políticos estadounidenses siempre pueden declarar que el gobierno aún no es lo suficientemente fuerte.

En tercer lugar, crear un equipo estratégico independiente, un equipo de investigación especializado, cuya función sea argumentar a favor de la retirada.

Antes y durante las intervenciones importantes, debería crearse un organismo independiente con la facultad de presentar los argumentos más sólidos posibles sobre por qué la guerra es estratégicamente errónea.

Sus miembros no deberían tener ningún interés institucional en la continuidad de la misión. Deberían estar obligados a examinar los costos irrecuperables, los aliados poco fiables, la ampliación progresiva de la misión, los incentivos burocráticos y, lo que es más importante, la posibilidad de que la fuerza militar simplemente no pueda producir el resultado político deseado.

El presidente necesita a alguien cuya responsabilidad profesional sea decir: “No. La premisa es errónea”.

En cuarto lugar, modificar los incentivos para los ascensos militares.

La cultura militar estadounidense debería premiar la franqueza estratégica, no simplemente la confianza.

Los oficiales que identifican objetivos poco realistas, cuestionan las suposiciones predominantes, reconocen la incertidumbre o recomiendan finalizar una misión errónea no deben ser considerados poco enérgicos. Deben ser reconocidos por demostrar precisamente el tipo de criterio estratégico que los líderes necesitan.

Un general no debería ascender profesionalmente prometiendo que solo él puede lograr lo que sus predecesores no consiguieron. A veces, el consejo militar más valioso es que la misión no puede cumplirse por medios militares.

En quinto lugar, hay que visibilizar políticamente el coste total de la guerra.

El Congreso debería estar obligado a considerar el costo real a largo plazo de cada intervención, incluyendo la atención a los veteranos, la reposición de equipos, los intereses de los préstamos y otras obligaciones diferidas.

No se debe presentar al público el costo de la próxima asignación presupuestaria mientras el enorme costo acumulado de la intervención desaparece en presupuestos separados.

Si los responsables políticos van a votar a favor de continuar una guerra, deberían afrontar el coste que ya ha supuesto y el coste que, de forma realista, se prevé que supondrá otro año.

Por último, exija un plan de retirada antes de entrar en guerra.

Antes del despliegue de las tropas estadounidenses, la administración debería explicar las circunstancias de su regreso. El plan debería ser público, salvo en los casos en que motivos de seguridad legítimos requieran su clasificación.

Este requisito obligaría a los responsables políticos a afrontar una pregunta que con demasiada frecuencia posponen: si esta intervención no funciona, ¿cómo salimos de ella?

Esa pregunta debería plantearse antes de que se despliegue al primer soldado estadounidense, no después de veinte años de lucha.

Si bien ninguna de estas reformas hace imposible la guerra, su implementación sería enormemente beneficiosa para limitar al máximo dichas guerras.

Esto seguirá siendo importante mientras Washington mantenga una superioridad militar tan preponderante. El extraordinario poderío militar de Estados Unidos agrava considerablemente este problema. Estados Unidos puede destruir ejércitos, derrocar gobiernos, ocupar países y sostener regímenes títeres mucho después de que sus bases políticas se hayan debilitado.

Lo que no puede hacer de forma fiable es generar legitimidad, nacionalismo o cohesión política.

Esa es la lección de Vietnam. Es la lección de Irak. Es la lección de Afganistán.

Por lo tanto, si no es posible abolir el control de Washington sobre el poder, la respuesta no reside simplemente en una mejor estrategia, sino en un mejor diseño institucional.

En la actualidad, el sistema estadounidense hace que las guerras sean relativamente fáciles de iniciar y extraordinariamente difíciles de terminar. Deberíamos revertir esa premisa.

Para iniciar una guerra se debería exigir una justificación convincente; para continuarla, se debería exigir una demostración fehaciente de que su objetivo político sigue siendo alcanzable.

Eso no eliminaría el intervencionismo estadounidense. Pero podría, finalmente, convertir la «guerra perpetua» en la excepción en lugar de la norma.

Publicado originalmente en el Libertarian Institute: https://libertarianinstitute.org/articles/our-politics-incentivizes-forever-wars/

Joseph Solis-Mullen, autor de The Fake China Threat and Its Very Real Danger, es politólogo, economista y Fellow Ralph Raico del Libertarian Institute. Graduado de la Spring Arbor University, la University of Illinois y la University of Missouri. 

Twitter: @solis_mullen