El Consejo Constitucional rechaza la prohibición general de las redes sociales para menores de 15 años. Proteger a los menores es necesario, pero no autoriza al Estado a sustituir a las familias ni a transformar la educación en prohibición.
El Estado moderno tiene una concepción particular de la libertad: la considera valiosa, sobre todo cuando no se ejerce. En cuanto una decisión individual implica un riesgo o, simplemente, algo que las autoridades públicas consideran inapropiado, surge la solución aparentemente más sencilla: la prohibición. Esto ocurrió en Francia, donde el Parlamento decidió prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de quince años. Sin embargo, el Consejo Constitucional bloqueó la medida, declarando inconstitucionales las disposiciones centrales de la ley.
Este asunto merece atención mucho más allá de las fronteras de Francia, porque concierne a un fenómeno mucho más amplio: la expansión del Estado benefactor, que ya no se limita a garantizar las condiciones en las que los individuos pueden elegir, sino que cada vez más pretende elegir en su nombre.
Nadie puede negar seriamente los problemas asociados con el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. El ciberacoso, la adicción a las pantallas, el contenido violento o pornográfico, la manipulación algorítmica y el uso compulsivo son problemas reales. Pero reconocer la existencia de un problema no implica automáticamente otorgar al Estado el poder de resolverlo mediante una prohibición.
Es precisamente aquí donde se traza la línea divisoria entre una sociedad libre y una paternalista. En la primera, la existencia de riesgos impulsa la información, el empoderamiento y la capacitación de los individuos —y, en el caso de los menores, especialmente de sus familias— para gestionarlos. En la segunda, el riesgo se convierte en la base a través de la cual las autoridades públicas expanden continuamente su ámbito de intervención.
La ley francesa estableció un principio drástico: cualquier persona menor de quince años tendría prohibido el acceso a las redes sociales en línea. El Consejo Constitucional dictaminó que la disposición legislativa suponía una restricción a la libertad de comunicación que no era adecuada, necesaria ni proporcional a la finalidad prevista.
Y este es el corazón de la historia. La libertad tiene sentido precisamente porque incluye la capacidad de tomar decisiones que otros consideran erróneas. Si solo pudiéramos ser libres cuando usamos nuestra libertad de la manera aprobada por el legislador, simplemente le habríamos cambiado el nombre a la obediencia.
Sin duda, existe una particularidad en el caso de los menores. Un niño no tiene la misma capacidad de autodeterminación que un adulto. Pero esto no significa que todas las decisiones deban delegarse en el Estado. Entre el individuo y la autoridad pública existe una institución intermediaria fundamental: la familia.
Los padres son quienes mejor conocen la madurez, el carácter, las necesidades y las vulnerabilidades de sus hijos. Pueden establecer horarios, restringir el uso de ciertas aplicaciones, supervisar sus dispositivos, hablar sobre el contenido y otorgarles gradualmente mayor autonomía. Un adolescente de catorce años no es igual a otro, y la ley no puede determinar lo que un padre responsable sabe sobre su hijo.
El paternalismo legislativo borra estas diferencias. Sustituye la diversidad de los individuos por una categoría administrativa: «menores de quince años». Sustituye la responsabilidad familiar por el mandato público. Sustituye la prudencia por la prohibición.
Y se trata de un mecanismo que se retroalimenta. Si el Estado puede prohibir una red social porque un adolescente podría hacer un mal uso de ella, ¿por qué no debería prohibir ciertos videojuegos? ¿Y ciertas películas, sitios web o formas de comunicación? Una vez que aceptamos el principio de que la libertad puede ser reprimida simplemente porque su ejercicio implica riesgos, resulta difícil identificar un límite coherente a la intervención pública.
Luego hay una paradoja educativa. La prohibición no equivale a educación. Un niño que, a los quince años y un día, de repente tiene acceso a algo que estaba prohibido hasta el día anterior, no necesariamente está mejor preparado para usarlo. La capacidad de elegir se construye mediante la elección, gradualmente, incluso a través de errores, y bajo la guía de los responsables de la educación.
Abundan las herramientas alternativas. Los controles parentales, la configuración por edades, una mayor transparencia algorítmica, la protección rigurosa de los datos personales, la lucha contra el contenido ilegal y la exigencia de responsabilidades a las plataformas por infracciones específicas distan mucho de una prohibición total. Sobre todo, preservan el principio de que la protección y la libertad no son necesariamente incompatibles.
La decisión francesa no significa que cualquier regulación futura de las redes sociales dirigida a menores sea constitucionalmente imposible. Significa algo más importante: incluso cuando los legisladores persiguen un objetivo loable, no tienen licencia para limitar las libertades fundamentales sin medida. El fin no justifica los medios. La proporcionalidad sigue representando un límite al poder.
Es una lección que va mucho más allá de TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma que se invente mañana. La gran tentación política de nuestro tiempo es transformar cada problema social en una exigencia de intervención pública. ¿Comemos mal? Regulemos. ¿Bebemos demasiado? Añadamos impuestos. ¿Usamos demasiado nuestros teléfonos inteligentes? Restrinjamos. ¿Los niños pasan demasiado tiempo en las redes sociales? Prohibámoslas. Detrás de cada comportamiento considerado peligroso aparece un legislador convencido de que puede organizar mejor la vida de los demás.
Hayek nos enseñó lo ilusoria que es esta afirmación. El conocimiento necesario para guiar las decisiones humanas está disperso entre millones de individuos y no puede concentrarse en el sector público. Esto es cierto para la economía y, quizás aún más, para la educación. Ningún ministerio posee la información y el conocimiento específico que permite a una familia guiar a un hijo hacia la adultez.Proteger a los menores es un deber. Transformar la protección en control es una decisión política. No hay que confundir ambas cosas.
Francia había optado por el camino fácil de la prohibición. El Consejo Constitucional nos recordó que incluso las intenciones más tranquilizadoras tienen un límite: el de las libertades constitucionales. Y eso es positivo. Porque un Estado que pretende eliminar todo riesgo de nuestras vidas inevitablemente termina eliminando algo mucho más valioso: la responsabilidad de ser libres.
Sandro Scoppa: abogado italiano, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
X: @SandroScoppa