Introducción: El siguiente trabajo tiene como objetivo explicar cuáles son los retos a los que nos enfrentamos la sociedad a la hora de poner limitantes al estado en el ejercicio de sus funciones. La evolución teórica de su ejercicio ha estado fuertemente influenciada por el pensamiento económico, además de otras ciencias sociales.

Después de la introducción, el trabajo se compone de la siguiente manera: en el segundo punto, se analizará la relación entre individuo y Estado. En el tercer punto, la relación precio de mercado, el saldo fiscal y su importancia de ser coactados o libres. Por último, se presentarán las conclusiones.

2.- La relación entre individuo y Estado

La relación entre el estado y los liberales es inevitablemente complicada. El objetivo del liberalismo es reducir el estado al mínimo por razones morales o consecuentes. De hecho, muchos libertarios incluso equiparan los impuestos con el robo, por lo que abiertamente el gasto público es permitir, precisamente un robo.

Este es un debate recurrente que se puede aplicar a muchas otras áreas: ¿Puede un liberal que quiere privatizar la educación convertirse en profesor de una universidad pública? ¿Pueden los liberales que quieren privatizar la atención médica beneficiarse del servicio de salud pública? Es decir, si un libertario puede obtener directa o indirectamente ingresos (en efectivo o en especie) de la coerción estatal que él mismo condena.

¿Qué les pasa a los liberales que laboran en instituciones públicas?

Tres directrices: su misión (espionaje, represión, adoctrinamiento antiliberal…), su financiación (impuestos) y sus privilegios normativos que perjudican a terceros (por ejemplo, leyes anticompetitivas, por la actuación del organismo donde trabaja). El problema es con estos tres, no con los otros: si el estado se mueve hacia una agencia financiada voluntariamente sin prerrogativas regulatorias y sin una misión legítima, los liberales no criticarán su existencia (en realidad es una empresa o fundación privada).

¿En qué sentido, pues, resulta incoherente que un liberal se relacione con un organismo público? Debido a su papel, sería incoherente si los liberales tomaran medidas antiliberales: por ejemplo, los liberales no podrían alinearse en la composición del espionaje de Inteligencia; se opondría a obtener ganancias desproporcionadas por medio de un rubro así (hablaremos de esto con más detalle más adelante); debido a sus privilegios regulatorios, el libertario puede usarlos de manera inconsistente para obtener ciertos privilegios que no están disponibles para él. Usemos el ejemplo de trabajar con medios estatales o una universidad pública.

Por su objeto: ¿el cometido de estos organismos es antiliberal? Informar y educar no es antiliberal. Informar y educar contra el liberalismo es lícito en una sociedad libre, pero, evidentemente, sí es antiliberal.

Entonces, mientras los liberales no adopten una postura antiliberal en los medios y las universidades públicas, no habrá inconsistencia en este espacio mezclándose con ellos. En otras palabras: lo que es inconsistente no es que un liberal participe en la televisión pública o en las universidades que quiere cerrar o privatizar, sino que precisamente por participar en ellas deje de abogar por su cierre o participación (o adopte una postura antiliberal).

Por su financiación: al relacionarse con ellos, ¿el liberal se lucra desproporcionadamente?

Para hacer esto, podemos usar dos criterios, que formularemos más adelante: uno se llama el criterio “fuerte” (los libertarios no reciben más pagos en efectivo o en especie del gobierno de lo que pagan en impuestos), y el otro se llama el criterio “débil” (a los libertarios no se les paga mucho más por sus servicios de lo que pagan por servicios similares en el mercado).

Por sus privilegios: ¿el liberal se aprovecha de algún privilegio regulatorio que detenten universidades y televisiones públicas? Ni la televisión ni las universidades privadas están prohibidas en México. Tampoco hay una televisión pública o una universidad dedicada a los liberales. Así, no se ejerce ningún privilegio al participar en ellos: la existencia del no liberalismo en ambos es infinitamente superior al liberalismo, lo que prueba que el liberalismo no se beneficia de ningún trato preferencial estatal.

Por tanto, en estas circunstancias, no existe contradicción grave entre los liberales que cooperan con ella, mientras sigan defendiendo la supresión de esta institución. Pero no se equivoquen, conseguir que los libertarios cobren de la sustracción de recursos del Estado, sigue siendo un tema espinoso. Si los impuestos son dinero robado, ¿no está un liberal compartiendo el botín gravando al estado? ¿Pueden los liberales beneficiarse del sector público?

3.- El criterio de mercado y el criterio fiscal

Primero, cuando decimos que un libertario se beneficia del sector público (o incluso que “vive de” el estado), está bastante claro lo que queremos decir. Todo ciudadano, incluidos los libertarios, paga ciertas cantidades en impuestos y recibe ciertos servicios del estado: la diferencia entre estas dos cantidades es su balance fiscal personal o balance general. Entonces, si tiene un saldo fiscal negativo (el valor de todos los impuestos pagados excede el valor de todos los beneficios del gobierno), ¿se puede decir que un ciudadano se beneficia del estado? Claramente no: el ciudadano no sería el ganador neto de la relación con el Estado, sino el perdedor neto.

Entonces surge la pregunta: independientemente de sus principios liberales (la implementación de acciones antiliberales o el uso de privilegios estatales), ¿pueden los liberales tratar de reducir su saldo fiscal negativo con el estado recaudando dinero o ingresos en especie del estado? Muchas personas están desconcertadas por tales preguntas porque eligen mirar solo un aspecto de la relación entre el liberalismo y el estado (a saber, los peajes que el liberalismo le cobra al estado) mientras ignoran por completo el otro lado (los peajes que la libertad le hace al estado). En mi opinión, las siguientes cuatro situaciones son completamente comparables:

Primero. Supongamos que el Estado aprueba un nuevo crédito fiscal por hijo de cada contribuyente. Si un ciudadano lo usa, ¿podemos decir que no está pagando impuestos o incluso viviendo del gobierno? No, diríamos que pagas menos impuestos y que el gobierno se lleva un porcentaje menor de tus ingresos.

Segundo. Supongamos que el estado toma el 40% del salario de un liberal todos los meses, a cambio el ciudadano tiene la oportunidad de recibir una pensión pagada del Estado por 35 años, que no incluye todas las privaciones salariales. Recalco que un ciudadano puede elegir (pero no está obligado) a aceptarlo. Si finalmente opta por cobrarla, ¿podemos decir que el ciudadano vive del Estado, o simplemente le está quitando lo que antes le quitaban? Más bien es la segunda opción.

Tercero. Supongamos que una familia paga 60,000 pesos de impuestos al año y su hijo recibe una subvención estatal de 3,000 pesos. ¿Se puede decir que la familia se benefició del estado? De hecho, obtienes el 5% del reembolso de impuestos. Eso sí, muchos pueden pensar que los 3,000 pesos recuperados no procedían de los 60,000 pesos que les habían quitado anteriormente, sino de los impuestos pagados por otros ciudadanos. Pero el dinero es una mercancía fungible, es decir, que no puede identificarse por su individualidad: después de los impuestos, es imposible saber qué saldos gubernamentales específicos pertenecen a qué ciudadanos. Lo único que podemos saber es cuánto paga cada individuo en impuestos al Estado: en este sentido, ser receptor de gasto público equivale a bajar impuestos para reducir la carga fiscal.

Cuarta. Una buena analogía con lo anterior es mirar lo que sucede en la forma más famosa de la llamada explotación: la explotación del trabajo por parte del capital, que Marx condenó. El alemán, dice que los capitalistas explotan a los trabajadores cuando no se les paga la totalidad de su trabajo diario: es decir, cuando los bienes que producen se venden por más que los salarios pagados a los trabajadores que directa o indirectamente los produjeron. En este caso, ¿debería decirse que los trabajadores “viven de los capitalistas” recibiendo salarios? No creo que ningún marxista llegue a la conclusión de que, en su opinión, el salario es simplemente esa parte de lo que el trabajador se queda (no se lo quita el capitalista) que el trabajador produce. Si el trabajador logra un aumento de salarios, ¿significa esto que aumenta el nivel de explotación de los capitalistas? No, según Marx, lo reduce. Si un liberal condena los impuestos como una forma de explotación, ¿tomar deducciones más altas o aceptar gastos del gobierno es una forma de explotar a otros o de ser menos explotable?

En definitiva, no veo incoherencia alguna en que un liberal cobre del Estado menos de lo que paga al Estado: ese debería ser un criterio fuerte de que no se está lucrando del Estado. En caso contrario, estaríamos equiparando coherencia liberal con maximizar los impuestos pagados al Estado: algo que no parece demasiado coherente (ni inteligente) desde un punto de vista liberal.

No todos los ciudadanos creen que los impuestos son obligatorios. Desafortunadamente, muchos de ellos lo ven así. La mayoría de las personas están dispuestas a pagar impuestos al gobierno a cambio de la prestación de ciertos servicios. Si los impuestos son objetivamente obligatorios, no es porque nadie los pague voluntariamente, sino porque algunos de nosotros -por ejemplo, los liberales- definitivamente no queremos pagarlos a cambio de no recibir beneficios estatales. Pero a los libertarios no les gustan estas opciones: tenemos que pagar por ellas.

En este sentido, el mensaje del libertarismo es doble: primero, los libertarios argumentan que todo ciudadano tiene derecho a separarse solo o separarse del estado (o de la mayoría de los servicios que proporciona hoy). Además, los liberales argumentan que la mayoría de los ciudadanos son dañados por el estado sin darse cuenta. En general, sin embargo, la mayoría de las sociedades aceptan el statu quo (por qué se puede mantener): es decir, aceptan que el Estado tiene el poder político de gravarlos y gastar esos impuestos.

En este sentido, un liberal que trabaja solo para el beneficio del Estado recibe un salario, lo cual no es ilegal para la gran mayoría de las personas: la gran mayoría considera que el salario es parte de los beneficios que recibe del Estado. ¿Puede decirse que el liberal coaccione a esa mayoría de la población que legitima al Estado y a su sistema tributario? No: el liberal podrá pensar que esas personas se están equivocando al legitimar el Estado, e intentará convencerlas de lo contrario, pero sobre esas personas no estará ejerciendo coacción alguna por cobrar una parte de sus impuestos.

Justamente, a quien podría entenderse que está “robando” o “coaccionando” el liberal que cobra netamente del Estado es a los liberales que contribuyen netamente con el Estado: es decir, a todos aquellos que querrían pagar menos impuestos a cambio de recibir menos servicios del Estado. Pero en muchos casos, los libertarios que son contribuyentes netos aceptarán una parte del impuesto para contratar a un libertario, siempre y cuando el libertario use su posición para promover ideas liberales, reducir el nivel de coerción del gobierno o bajar los impuestos (especialmente si la alternativa a contratar con ellos no es bajar impuestos, sino destinarlos a otras actividades).

Por supuesto, no todos los liberales verán con buenos ojos que el Estado use sus impuestos en contratar a un liberal, pero no olvidemos que los liberales contratados por el Estado también pagan impuestos y que la mordida tributaria que sufren sobre sus remuneraciones bien podría compensar con creces la porción de impuestos pagados por los liberales descontentos que integraban su salario (sobre todo, cuando el porcentaje de “liberales descontentos” sobre el conjunto de la población es tan reducido).

Esto en sí mismo no significa que los liberales no se beneficien del sector público. Si los ciudadanos pagan a sus proveedores de servicios precios absolutamente insanos por los servicios del gobierno debido a la ignorancia o simplemente al síndrome de Estocolmo, entonces esos proveedores de servicios sin duda están recaudando rentas y explotando a los ciudadanos. Si la izquierda es obviamente uno de ellos. Para saber si los precios que paga el Estado por los servicios que presta son “completamente dementes”, es necesario mirar los precios de mercado de servicios similares: si la diferencia entre ambos no es muy grande, si el servicio es aceptado en la sociedad por un gran número de ciudadanos (y no por una iglesia creada específicamente para los liberales), entonces es difícil hablar de lucro. Ignorando este débil criterio para determinar la ganancia, uno pensaría que un profesor de universidad pública que gana la mitad del salario mínimo por hora y no recibe ingresos del sector privado se beneficiará del estado, lo que claramente no es el caso.

Bajo este segundo criterio débil, pues, los liberales que prestaran servicios no antiliberales a través del Estado no se estarían lucrando, lo cual no significa que el mantenimiento de su puesto de trabajo dentro del sector público esté justificado: tan sólo que no hay un aprovechamiento personal del Estado en contra de sus principios.

Conclusiones:

Los liberales que presten servicios a través del Estado que no tengan un contenido antiliberal, sin usar los privilegios regulatorios en perjuicio de terceros y sin percibir más rentas del Estado de las que pagan al Estado no parece que puedan ser calificados de incoherentes. Los liberales que, en cambio, cobren más del Estado de lo que pagan se hallan en una situación más cuestionable, pero en tanto en cuanto presten servicios justificados por la mayoría de los contribuyentes y no perciban rentas absurdamente por encima de las que podría estar logrando en el mercado por actividades análogas, tampoco cabría entender que son incoherentes.

En suma: lo que el liberal jamás puede hacer es promover el crecimiento del Estado u obstaculizar la reducción del mismo en beneficio propio. Interactuar con el Estado realmente existente sin dejar de defender su continua reducción parece ser la vara de medir exigible y razonable de su coherencia.

Por Asael Polo

Economista por la UNAM. Especialista en finanzas bancarias y política económica. Asesor Económico en Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión. Escribe para Asuntos Capitales, Viceversa.mx y El Tintero Económico. Twitter: @Asael_Polo10

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