Introducción:

El siguiente trabajo tiene como objetivo explicar cuáles han sido las implicaciones económicas e históricas de coaccionar a la propiedad privada en su máxima expresión: las expropiaciones. Analizaremos los diferentes escenarios por los que, una política así, puede generar deterioro permanente o difícil de mitigar a lo largo del tiempo. Después de la introducción, el trabajo se conforma de la siguiente manera: en el segundo punto, revisaremos la importancia de los derechos de propiedad privada en una sociedad. En el tercer punto, las justificaciones que utilizan como estandarte para las políticas de expropiación.

2.- La importancia de los derechos de propiedad privada

La función principal del marco legal es la definición del derecho de propiedad privada, entendido como la asignación exclusiva de un recurso a una persona para que pueda determinar libremente su uso, y consta de tres componentes: el derecho a la posesión, el uso y la transferencia como derechos naturales y estos tres derechos son aplicables a los tribunales, y deben ser protegidos y garantizados por éstos.

La posesión no se ejerce como derecho natural en México. El Artículo 27 de la Constitución establece que todas las tierras y aguas pertenecen originalmente a la Nación (sin definir qué debe entenderse por este término) y que el Estado tiene el derecho de transferir su propiedad a particulares, creando así la propiedad privada.

Como se establece en este Artículo 27, el derecho a los recursos propios no es un derecho natural, sino un derecho derivado, y siendo la transferencia de recursos a los particulares un derecho, no una obligación, el dominio en manos de los particulares puede ser devuelto y revertirlo a la Nación.

En otras palabras, esto significa que de acuerdo con el párrafo dos del mismo artículo, el gobierno puede expropiar los recursos en manos de los particulares para en beneficio de la «utilidad pública», sin definir el entendimiento qué es la utilidad pública en el texto de la Constitución. Así, el hecho de que exista un riesgo de expropiación puede significar que los operadores económicos privados necesiten un pago inicial del gobierno para invertir como mero premio.

Si el propio gobierno no garantiza que se respetará la posesión privada de recursos, la inversión en capital físico será menor.

El segundo componente, el derecho de usufructo, significa que cualquier actor económico privado puede utilizar libre e irrestrictamente los recursos que posee para cualquier actividad que se considere lícita, lo que necesariamente significa respetar los derechos de terceros. Dada la escasez de recursos, en principio todos deberían utilizarlos en actividades que maximicen las ganancias esperadas.

Lo anterior requiere que los agentes privados garanticen que el gobierno no los obligará a usar los recursos de una manera o destino particular (como lo permite el Artículo 27), que no estarán sujetos a controles de precios y que no estarán sujetos a ingresos futuros objeto de confiscación (no necesariamente en forma de impuestos).

El tercer componente es el derecho de transferencia, es decir: cada quien, poseedor de un recurso, debe tener la libertad de transferir la posesión de éste a un tercero a través de una transacción enteramente voluntaria, incluyendo transacciones con agentes externos. Tiene que haber libertad para contratar y el gobierno no puede interferir en este tipo de transacciones.

Explicado lo anterior, analizaremos qué es la máxima expresión de la coacción a la propiedad privada: la expropiación.

3.- Las justificaciones de la expropiación

La reciente expropiación de las vías de Ferrosur por parte de Andrés Manuel López Obrador, ¿es un robo? Sí, por mucho que estas maniobras sean aplaudidas por políticos en todos los partidos y latitudes, con el socorrido y falaz argumento de que México, la nación, tiene derecho a utilizar sus propios recursos, pero es igualmente absurdo que México, como país, pueda tener derechos. Los mexicanos somos los que tenemos derechos, y confundirlos con el páis, es el primer paso hacia la prepotencia de un gobierno como el de Nicolás Maduro.

Soy muy consciente de que en algunos casos los gobiernos expropiarán por verdadero «bien público», y que esto será la excepción, no la regla, y que la justificación del verdadero bien público surge cuando lo que se va a hacer es una obra pública licitada a la propiedad privada, para lo cual hay que expropiar propiedad privada: adquisición de terrenos (propiedad privada) para la construcción de carreteras (obras públicas con uso público verdadero).

Pero una cosa es expropiar propiedad privada para construir obra pública, de verdadera utilidad pública, y otra muy distinta expropiar una empresa privada para convertirla en empresa del gobierno, y muy probablemente monopólica, lo cual va en contra de la verdadera utilidad pública, que en este caso es la de los consumidores (pudiendo llegar a ser inclusive contraria a los contribuyentes).

Los efectos de la expropiación Bancaria

Durante décadas, el sistema corporativista que caracterizó al régimen autoritario de México, fue un disuasivo contra tales medidas y, hasta 1982, un facilitador de la expropiación. La medida no solo estaba planificada, sino que el grupo de gobierno que la diseñó la vio como una decisión necesaria y factible. Mientras que algunos argumentan que los factores emocionales jugaron un papel en la decisión, los promotores de la desinversión la ven como una decisión políticamente conveniente y necesaria para fortalecer la presencia del estado en la economía. De hecho, para algunos de ellos, fue un evento programático. Su viabilidad política está confirmada por las capacidades del Estado (y por el partido dominante de aquel entonces, el PRI). Además, estaba claro que habría que pagar un precio político por cancelar esa expropiación, uno que pagaríamos y seguimos pagando los mexicanos.

La actividad de la banca privada jugó un papel especialmente importante en el crecimiento de esos años, tanto otorgando préstamos al sector privado, como monetizando el ahorro privado y financiando al sector público. La ley no escrita es que los empresarios no participaban en política y el gobierno generalmente debería garantizar los derechos de propiedad privada. No obstante, varios estudios han demostrado que la relación entre los ejecutivos corporativos o empresarios (donde están los banqueros) estaba cada vez más tensa con el gobierno.

Lo diferente en 1982 fue que el gobierno, dentro de su margen de acción, optaría por un cambio institucional de ese tipo. Por ello, es importante reflexionar acerca de qué reglas y cuáles variables de decisión de un gobierno autoritario previenen una expropiación, y cuáles son las que contribuyen a ejecutarla como actualmente lo hace AMLO.

Cada acción tiene un impacto. Una de las consecuencias de que los bancos pasaran a manos de los gobiernos fue la reducción de su papel y credibilidad como intermediarios (véase el caso de Banco del Bienestar). No hay duda de que el gobierno ha manejado juiciosamente los bancos como empresas públicas. La mayoría de los bancos mantuvieron una rentabilidad y un nivel de riesgo aceptable en los años setenta, pero, después de la expropiación, el nivel de intermediación disminuyó considerablemente y el número de usuarios, así como la creación y concentración de la industria bancaria por medio de oligopolios públicos. Al tratarse a los banco, ahora públicos, como una institución que servirían como “benefactor social”, en poco tiempo acarreó problemas de alta morosidad y de cartera vencida, al no seguir las reglas básicas de la administración bancaria, como se mencionan en el siguiente artículo: https://mexicolibertario.org/2022/03/15/formas-de-financiamiento-empresarial-momentos-de-expansion-economica-y-momentos-de-recesion-economica/

Cuando se reprivatizaron, la operación de muchos bancos se debilitó, pues hasta 1988 una parte importante de sus recursos se utilizó para financiar el déficit del presupuesto público.

Para compensar al sector privado, después de la nacionalización, el gobierno tomó medidas para fortalecer el mercado de valores. Esto llevó al dominio de las casas de bolsa en el sector financiero, siendo las protagonistas del proceso de reprivatización. Durante ocho años, la arquitectura del sistema financiero de México cambió, principalmente debido a iniciativas de corte político con un sentido estrictamente de fortalecimiento empresarial.

De todos los efectos de una decisión, las consecuencias no esperadas suelen tener un peso muy importante. Con toda la especulación que hubo sobre las consecuencias de expropiar los bancos, nadie entonces imaginaría lo que ocurrió con el sistema financiero unos cuantos años después, que terminaría con uno de los desenlaces más fatídicos de nuestra historia moderna: El  FOBAPROA.  

La expropiación de Ferrosur

México, gozó, por decirlo de alguna manera, blindaje y estabilidad después de 1988 contra el grave atentado que significa expropiar sectores productivos en manos de privados; sin embargo y como ya se había advertido con la llegada de un presidente que desprecia la riqueza ajena, después de 35 años fue publicado un decreto de expropiación, por le cual la Secretaría de Marina ocupó 120 kilómetros de vías férreas en contra de Ferrosur, esto ha detonado quejas y posteriormente demandas ante los tratados internacionales por tener capital extranjero invertido.

El decreto implica importantes disputas en relación con los tratados internacionales de los cuales México es signatario, esta medida podría caer dentro del ámbito del T-MEC, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP). Grupo México informó que en Ferromex existe participación estadounidense, donde Union Pacific es dueño del 25%, pero en Ferrosur es de capital nacional.

En todos los casos de controversia, el gobierno mexicano estará obligado a compensar a los inversionistas afectados de acuerdo con la valuación de los activos, sin importar la opinión del gobierno sobre lo considerado adecuado, a pesar de que el presidente lo reniegue en las conferencias matutinas.

Los empresarios deben ser remunerados de acuerdo al precio de mercado vigente al momento de que se emite el decreto, no después de las afectaciones posibles sobre el valor de sus activos, como lo pretende hacer López Obrador.

Si bien, al no haber un acuerdo monetario hasta la fecha, por lo que momentáneamente se le llama “ocupación’, esta ejecución militar a las líneas ferroviarias de concesionadas a Ferrosur  es un grave riesgo para la imagen del país en el corto y mediano plazo; específicamente, se alejarán inversiones del sureste por este golpe a la confianza empresarial.

Como se ha señalado en este trabajo, las secuelas de la expropiación muestra que, el análisis político y sobre todo el económico, no puede ni debe disociarse. Esta debe entenderse como la última gran acción posrevolucionaria, es decir, un esquema obsoleto y como medida con repercusiones importantes e irreversibles, que obligan a los gobiernos, a actuar en un callejón sin salida que implica el endeudamiento de sectores golpeados por la mala administración gubernamental; esto es casi regla.

Bien sabemos que todo acto autoritario siempre tiene consecuencias. Pero en el momento en el que se ejecuta, nunca se alcanzan a vislumbrar en su totalidad. Sobre la reciente expropiación, se encienden las alarmas del porvenir del país.