En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (publicada en diciembre de 2025) como una gran victoria: “el agua dejó de ser mercancía” y se “desprivatizaron” más de 5 mil millones de metros cúbicos, suficientes, según el discurso oficial, para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas. Se entregaron 12,346 títulos a comunidades y pequeños productores, y municipios como Mexicali y Tijuana ahora tienen asignaciones directas de Conagua.

Suena bien. Pero conviene mirar con más detenimiento qué se está resolviendo realmente y qué se está concentrando aún más.

El falso dilema
El relato oficial plantea una dicotomía simple: agua como mercancía (malo) vs. agua como derecho humano controlado por el Estado (bueno).

Esa dicotomía es incompleta. El verdadero problema de las últimas décadas no fue solo que algunos particulares tuvieran concesiones. Fue la combinación de:
– Derechos de propiedad poco claros y mal definidos
– Sobreconcesionamiento sistemático
– Baja supervisión real
– Ausencia de incentivos para usar el agua de forma eficiente y regenerativa

Un sistema que premia la extracción y no la reposición

México tiene 653 acuíferos. Más de 100 están sobreexplotados y alrededor de 280-290 presentan algún grado de déficit. El sector agropecuario sigue consumiendo entre el 70 y el 76 % del agua. Las pérdidas en redes urbanas siguen siendo altas (frecuentemente 40 % o más). Nada de eso se resuelve solo cambiando el titular de la concesión de un particular a Conagua o a un municipio.

Recuperar volúmenes “de papel” es útil si esos volúmenes se reasignan con criterios de disponibilidad real y se acompañan de reglas que generen cuidado. Si solo se centraliza la decisión, el riesgo es repetir el mismo patrón con un actor distinto.

¿Qué ha pasado realmente? La reforma de 2025 fortalece el control de Conagua sobre transmisiones, prórrogas y cambios de uso. Elimina la transmisión libre entre particulares y crea mecanismos de “reasignación”. Se revisan cientos de miles de títulos. Se habla de ordenamiento.

Hasta aquí hay elementos positivos: se frena la especulación más abierta y se intenta alinear concesiones con disponibilidad. El problema es el diseño institucional. Se concentra más poder en un solo centro de decisión (Conagua + gobierno federal) sin crear de forma paralela los mecanismos que sí han demostrado regenerar recursos: derechos claros, responsabilidad local, experimentación y ciclos cerrados.

Los proyectos estratégicos que se anuncian (acueductos, presas, tecnificación) siguen siendo, en su mayoría, obras de gran escala diseñadas desde arriba. El saneamiento de ríos como Atoyac, Lerma-Santiago y Tula avanza con plantas de tratamiento y colectores, pero la lógica sigue siendo predominantemente centralizada.

La tercera vía: poli-centrismo hídrico

No se trata de defender el acaparamiento ni de romantizar el “libre mercado” sin reglas. Se trata de reconocer lo que la evidencia muestra: los sistemas más resilientes tienen múltiples centros de decisión, reglas adaptadas al territorio y usuarios que enfrentan las consecuencias de sus acciones.

¿Qué falta desarrollar de forma seria?

• Derechos de agua claros, limitados y transferibles bajo reglas estrictas de disponibilidad
• No transmisión libre y opaca. Sí derechos bien definidos, medidos y sujetos a balances hídricos reales.
• Ciclos cerrados a escala local y regional
• Tratamiento de aguas residuales + humedales construidos + reúso + captación de lluvia. Cada desarrollo urbano, industrial o agrícola debería cerrar su propio ciclo en la medida de lo posible, en lugar de seguir extrayendo agua virgen y descargando contaminada.
• Gestión poli-céntrica real
• Municipios, organismos operadores, usuarios agrícolas, industriales y comunidades con capacidad de decidir y de responder por los resultados. El Estado como árbitro y garante de reglas, no como único operador.
• Incentivos a la regeneración
• Quien recarga acuíferos, quien reduce drásticamente pérdidas, quien implementa reúso de alta calidad, debería tener ventajas claras frente a quien solo extrae.
• Transparencia radical de volúmenes y disponibilidad.
• Datos abiertos, actualizados y verificables de extracción real versus recarga. Sin eso, cualquier “desprivatización” puede convertirse en reasignación política.

Conclusión

Celebrar la recuperación de 5 mil millones de metros cúbicos es legítimo si esos volúmenes se traducen en menos sobreexplotación y más acceso real. Pero concentrar aún más decisiones en el centro, sin fortalecer la propiedad clara, los incentivos y la capacidad local, no regenera acuíferos ni crea resiliencia.

El agua no se regenera por decreto. Se regenera cuando hay dueños responsables, reglas justas y libertad para innovar desde el territorio.

Ley sí. Estado sí. Pero también derechos claros, ciclos cerrados y poli-centrismo hídrico.

Omar Meléndez.- Empresario mexicano, radicado en Europa, especialista en uso sostenible del agua, y activista libertario. EDS https://edsecotecnias.com |

X: @Omarmelendezsil