Rusia inició el tratado de la ONU, que justifica la recopilación de información sensible y exige que todos los gobiernos permitan la búsqueda y confiscación de datos electrónicos almacenados, la recopilación de metadatos en tiempo real y la interceptación de datos de contenido. Las empresas deben espiar a su personal y usuarios basándose en una definición amplia de ciberdelito.

Aunque la primera administración de Trump rechazó el tratado propuesto, los rusos no se dieron por vencidos. El texto ahora está avanzando en el proceso de negociación de la ONU, y está previsto que se adopte el próximo mes. Esta vez, la administración Biden quiere firmarlo. También lo quiere la Unión Europea .

El tratado permitirá a los Estados autoritarios criminalizar la libertad de expresión y de reunión pacífica con el pretexto de prevenir los delitos cibernéticos. Tanto Estados Unidos como la UE rechazaron los reclamos de las empresas y la sociedad civil para que se incluyan salvaguardas efectivas. La falta de un debido proceso o de requisitos de estado de derecho pondrá en peligro a los investigadores en materia de seguridad, a los denunciantes, a los activistas, a los periodistas y a cualquier ciudadano que exprese una opinión que desagrade a un régimen autoritario.

La saga de siete años de lo que oficialmente se denomina la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Cibernético se desarrolló en el mundo insular y a menudo compartimentado de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el que las amplias cuestiones de la libertad de expresión, los derechos humanos y la innovación se tuvieron en cuenta mínimamente, si es que se tuvieron en cuenta. Los gobiernos terminaron divididos. Cuando los funcionarios estadounidenses que trabajaban en cuestiones de libertad de expresión se unieron a colegas europeos de ideas afines en la Coalición por la Libertad en Internet para plantear sus inquietudes , los negociadores de las fuerzas del orden elogiaron el tratado propuesto.

Las preocupaciones sobre el alcance, la vaguedad y la falta de barandillas produjeron una improbable coalición de oposición de la sociedad civil y grupos industriales. Un amplio grupo de expertos de las partes interesadas pidió a los gobiernos democráticos que componen la Freedom Online Coalition que voten en contra y rechacen el tratado . Los grupos industriales enviaron una carta conjunta señalando que el tratado erosiona las salvaguardas para las personas y las empresas y socava la seguridad y la innovación de la IA. Un grupo de influyentes senadores demócratas estadounidenses escribió a la administración Biden, advirtiendo que el tratado “legitimará los esfuerzos de países autoritarios como Rusia y China para censurar y vigilar a los usuarios de Internet, fomentando la represión y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo”. Pidieron a la administración que demuestre liderazgo rechazando el tratado.

La respuesta de la administración Biden fue desconcertante. Una serie de reuniones inconclusas de altos funcionarios expusieron, al parecer, profundas divisiones entre agencias. Los negociadores del tratado estaban preocupados por las repercusiones reputacionales y la capacidad de influir en la implementación si Estados Unidos se retiraba, mientras que otras agencias, que durante años quedaron excluidas del proceso de toma de decisiones, se opusieron a unirse al tratado basándose en motivos de privacidad, libertad de expresión, derechos humanos, debido proceso y innovación. Después de semanas de interactuar con las partes interesadas, la administración Biden decidió dejar que el tratado siguiera adelante. Al hacerlo, también emitió una larga declaración contraproducente que no solo admitía, sino que aceptaba y reforzaba todos los problemas identificados.

La respuesta, según la administración Biden, es que la implementación del tratado “debe ir acompañada de sólidas salvaguardias internas, supervisión, inversiones en el desarrollo de capacidades e instituciones sólidas de Estado de derecho”. Pero el tratado no exige esa larga lista de salvaguardias, y es absurdo pensar que regímenes autoritarios como China y Rusia las aplicarán.

En lugar de adoptar una postura de principios para demostrar el liderazgo y el compromiso de Estados Unidos con la libertad de expresión y los derechos humanos, la administración Biden optó por medidas ineficaces. Podría haber forzado una votación y abstenerse, lo que en el lenguaje de la ONU significa permanecer neutral. En ese escenario, una declaración firme de preocupación podría haber tenido algún sentido. Ahora, es un gesto hueco que ilustra la falta de pensamiento estratégico y la formulación de políticas compartimentadas. Algo similar ocurrió el año pasado cuando los funcionarios comerciales estadounidenses cambiaron unilateralmente 30 años de política comercial digital de Estados Unidos en apoyo del libre flujo de datos.

En Europa, la historia es similar. La Comisión Europea afirma que “ha consultado activamente a la sociedad civil y a la industria” y que “esta nueva convención de la ONU garantiza una mayor protección de los derechos fundamentales y ofrece un marco eficiente para la cooperación internacional, incluida la lucha contra el abuso sexual infantil”.

No está claro cómo reaccionará la administración entrante de Trump ni si la recién instalada Comisión Europea reconsiderará su postura. Debería hacerlo. La amenaza a las libertades fundamentales supera los beneficios de un aumento de los poderes para combatir el cibercrimen. A menos que los aliados transatlánticos cambien de postura, envalentonarán a Rusia, China y sus partidarios autoritarios.

Publicada originalmente por el Center for European Policy Analysis: https://cepa.org/article/us-approving-un-cybercrime-treaty-would-legitimize-authoritarian-censorship/

Fiona M. Alexander es investigadora principal de la Iniciativa de Innovación Digital de la CEPA. Es estratega de políticas residente distinguida de la Escuela de Servicio Internacional y miembro distinguida del Laboratorio de Gobernanza de Internet de la Universidad Americana de Washington. Es exfuncionaria del Departamento de Comercio y se especializa en políticas tecnológicas.

Twitter: @fionamalexander