A casi un año del proyecto de Gas Bienestar (que comenzó el 31 de agosto de 2021), no hay evidencia de efectos positivos del programa sobre los consumidores. ¿Pero cuáles son las razones económicas esenciales detrás del fracaso de Gas Bienestar y por qué podíamos anticiparlo?
Gas Bienestar nace como un proyecto en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de «fortalecer la política energética de México y la economía de sus habitantes, con precios justos para todos»[1]. Sin embargo, a los objetivos grandilocuentes no ha añadido éxitos importantes.
Una nota reciente de Publimetro[2] reveló la distancia entre las promesas y los resultados, con cifras como las siguientes:
- de las mil 680 rutas definidas para el transporte de Gas Bienestar, apenas se han cubierto 98;
- de anticipar ventas diarias de 10 mil cilindros, vende un promedio de 3 mil 896 (es decir, menos del 40%);
- y de prometer precios de $400 pesos para un cilindro de 20 kilos y de $600 pesos para uno de 30 kilos, registra precios de $455 pesos para el cilindro de 20 kilos y de $680 pesos para el de 30 kilos.
- Precios más altos de lo anticipado; cobertura en rutas inferior a la estimada y ventas por debajo de las potenciales: así el proyecto que nació entre urgencias y prisas políticas.
Precios más altos de lo anticipado; cobertura en rutas inferior a la estimada y ventas por debajo de las potenciales: así el proyecto que nació entre urgencias y prisas políticas, pese a la advertencia de la sociedad civil o de instituciones como la COFECE, que en diciembre de 2021 advirtió sobre el impacto mínimo de Gas Bienestar en el nivel de competencia en el sector.
El proyecto de Gas Bienestar es un ejemplo más del estatismo en política energética del cual ha dado copiosos ejemplos la administración actual. El problema de los altos precios de gas LP requiere movilizar la entrada de nuevos competidores capaces de satisfacer la demanda al menor costo relativo; competidores con know-how del mercado al que sirven; competidores que estén sujetos a un marco legal que no privilegia a una empresa por encima del resto. Gas Bienestar entra en abierta contradicción con este modelo: introduce a una empresa subsidiada por los contribuyentes (es decir, sin una clara ventaja comparativa que permita su supervivencia en ausencia de los subsidios); sin el know-how de una empresa disciplinada por pérdidas y ganancias; y avanzando un marco legal con privilegios de mercado.
Sin la disciplina de pérdidas y ganancias, una empresa pública no tiene incentivos para reducir sus costos. Tampoco tiene incentivos para atender las señales del mercado y cubrir de manera más inmediata las necesidades de consumo más urgentes. Gas Bienestar puede seguir llenando los huecos que deja en la economía con el dinero de los contribuyentes, pues que extraiga más valor del que genera no le significa una caída importante en sus flujos operativos. El presupuesto de una empresa pública suele ser «suave», como decimos en economía; es decir, no está claramente restringido por los ingresos que es capaz de generar de manera autónoma.
Para poner el argumento de otro modo, la oferta adicional que genera Gas Bienestar es de dudoso valor: si incrementa marginalmente la oferta de gas para ciertos consumidores, pero exige el sacrificio de bienes privados y públicos de mayor valor, no es un buen trato.
El gran problema del gas en México deviene de décadas de control gubernamental sobre el sector energético; y es un problema que se ha acrecentado con la administración actual. Por ejemplo, apenas hace menos de un mes, 10 empresas consiguieron una suspensión definitiva contra la instrucción de la Secretaría de Energía de sólo importar gas a través de Pemex o de la CFE. Utilizar a Pemex de monopsonio en el mercado de gas asegura una sola cosa: un menor volumen de compras de esa fuente de energía del que ocurriría en un mercado abierto. Esa instrucción fue claramente diseñada para beneficiar a Pemex, que funge los dos papeles, de monopsonio y de monopolio: compra menos gas del mercado internacional que en un mercado libre, restringiendo luego la oferta y capturando mayores ingresos por la venta de gas a las empresas del país.
Es decir, el gobierno actual ha creado una suerte de monopolio bilateral con Pemex y CFE en el centro: el gobierno compra menos unidades de gas de las que serían eficientes. De ese modo, logra restringir la oferta de gas disponible en el país y puede cobrar más por el litro marginal de gas. Pese a ser un esquema ineficiente para la economía en su conjunto y perjudicar al consumidor final, es bastante rentable políticamente, ya que le brinda un margen de maniobra al gobierno para repartir rentas a grupos de interés y evitar otro tipo de ajustes prudenciales en sus finanzas públicas (puede cumplir con objetivos de gasto público sin enmendar deficiencias en ciertos tipos de ingresos y egresos).
Si una nueva empresa es rentable, entonces no es necesario apoyarla con el dinero de los contribuyentes. Lo que el país requiere es un marco institucional que fomente la competencia y reduzca costos de transacción que detienen la entrada de nuevos participantes.
Pero incluso si un subsidio tuviera cierta justificación, es más eficiente administrarlo a través de un programa de transferencias directas a los consumidores de gas que con la creación de una empresa pública.
Lo mejor que podría ocurrir ante el fracaso patente del programa sería su desaparición. Pese a que perjudicaría en el corto plazo a algunas regiones actualmente beneficiadas, eliminaría un boquete importante sobre las finanzas públicas. Un país con un clima económico inestable, alta inflación y problemas estructurales graves de inseguridad no puede permitirse el lujo –si es sensato– de alimentar a un elefante blanco más.
[1] Tal cual reza esa leyenda en la página oficial de Twitter: https://mobile.twitter.com/gasbienestar_mx
[2] El lector interesado puede consultar la nota en la siguiente liga: https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/08/02/gas-bienestar-que-sucedio-con-el-proyecto-de-amlo-para-distribuir-gas-lp/