En México, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ha convertido en una herramienta que no solo ahoga a los consumidores, sino que también encarece la productividad, perpetúa desigualdades y limita el crecimiento económico. Este impuesto indirecto, que grava productos esenciales como combustibles, tabaco, bebidas alcohólicas y alimentos con alto contenido calórico, ha sido defendido bajo pretextos como fomentar la salud pública y garantizar ingresos fiscales. Sin embargo, detrás de estas justificaciones yace una carga desproporcionada que recae sobre los ciudadanos más vulnerables y que obstaculiza el desarrollo del país.
La continuidad del IEPS no solo afecta el bolsillo de los mexicanos, sino que también distorsiona los precios de mercados clave, incrementa la inflación y perpetúa un modelo fiscal ineficiente que depende de impuestos regresivos. Es tiempo de desmontar este paradigma. La derogación del IEPS no solo liberaría a las familias de una carga financiera injusta, sino que también abriría oportunidades para un modelo económico más dinámico y competitivo.
En este análisis, exploraremos a profundidad los impactos positivos que tendría eliminar el IEPS, desde el fortalecimiento del poder adquisitivo de los consumidores hasta una mejora en la eficiencia de las finanzas públicas. Basándonos en datos económicos y proyecciones, demostraremos que esta medida no solo es viable, sino esencial para el progreso económico de México.
Impacto en el consumidor
El IEPS afecta directamente a los consumidores al incrementar los precios finales de los productos gravados. Este impuesto, al ser regresivo, impacta proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos, ya que destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes esenciales como combustibles y alimentos.
Por ejemplo, en 2023, el precio promedio de la gasolina Magna en México fue de $22.30 por litro, de los cuales aproximadamente $5.50 correspondieron al IEPS. Una familia que consume 200 litros al mes enfrenta un gasto adicional de $1,100 solo por concepto de este impuesto. Para los hogares en deciles inferiores de ingreso, esto representa un impacto significativo en su poder adquisitivo, limitando su capacidad de cubrir otras necesidades básicas. Además, en el caso del gas LP, utilizado por el 80% de los hogares en México para cocinar, el IEPS incrementa el costo por kilogramo en un promedio de $3.50, afectando directamente a las familias de menores recursos.
En el caso de alimentos con alto contenido calórico, el IEPS del 8% también ha encarecido productos consumidos ampliamente por la población. Según datos del INEGI, el gasto promedio en alimentos procesados representa el 25% del presupuesto mensual de los hogares, lo que refleja cómo este impuesto agrava la carga económica para las familias. Para un hogar que destina $5,000 mensuales a alimentos, el IEPS puede representar un gasto adicional de hasta $400 al mes.
El impacto no se limita a bienes específicos. Una reducción en el IEPS podría desencadenar un efecto en cadena en los precios de bienes y servicios relacionados. Por ejemplo, la disminución en los costos de combustibles podría abaratar el transporte público, que actualmente representa el 12% del gasto promedio mensual de las familias mexicanas, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Un ahorro del 10% en este rubro liberaría aproximadamente $240 al mes por hogar.
Asimismo, podría traducirse en una disminución significativa de los precios de estos bienes, lo que incrementaría el ingreso disponible de los consumidores. Una estimación de la SHCP sugiere que una reducción del precio de los combustibles en 20% podría liberar hasta $150 mil millones de pesos anuales en poder adquisitivo para los hogares mexicanos. Este incremento en el ingreso disponible podría traducirse en un mayor consumo de bienes y servicios, impulsando la economía local.
Por otro lado, el impacto positivo también sería evidente en las zonas rurales, donde los costos de transporte y energía son proporcionalmente más altos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 40% de la población en zonas rurales vive en condiciones de pobreza, y una disminución en los costos de energéticos podría aliviar significativamente su carga económica, mejorando su calidad de vida y reduciendo las desigualdades regionales.
Implicaciones en las finanzas públicas
Este impuesto representa una fuente importante de ingresos para el gobierno federal. En 2022, generó alrededor de $470 mil millones de pesos, lo que equivalía al 7% de los ingresos presupuestarios totales. De este monto, aproximadamente el 70% provino de los combustibles, mientras que el resto se distribuyó entre tabacos, bebidas alcohólicas y alimentos calóricos.
La derogación del IEPS plantearía un desafío fiscal significativo. Sin embargo, existen alternativas para mitigar esta pérdida que no implican incrementar impuestos y están alineadas con los principios del libre mercado.
1. Fomentar la inversión privada y el crecimiento económico
En lugar de depender de impuestos indirectos, el gobierno puede enfocar sus esfuerzos en estimular la inversión privada. Según el Banco Mundial, un aumento del 1% en la inversión privada puede generar un incremento del 0.5% en el PIB. Esto puede lograrse mediante:
Simplificación regulatoria: Reducir trámites burocráticos para la creación de empresas, especialmente PyMEs, que representan el 72% del empleo en México.
Incentivos fiscales temporales: Ofrecer deducciones fiscales para inversiones en infraestructura y tecnología, lo que incrementaría la base tributaria a mediano plazo.
Desarrollo de infraestructura: Destinar recursos a proyectos estratégicos que incrementen la productividad, como corredores industriales y logísticos.
2. Combate a la informalidad
La economía informal representa aproximadamente el 22% del PIB y emplea a más del 50% de la población económicamente activa. Incorporar a estas actividades a la economía formal podría aumentar significativamente la recaudación fiscal sin necesidad de nuevos impuestos. Algunas estrategias incluyen:
Digitalización de pagos: Incentivar el uso de plataformas digitales para reducir el uso de efectivo, que facilita la evasión fiscal.
Programas de formalización: Ofrecer esquemas de transición con beneficios como seguridad social y financiamiento para pequeños negocios que formalicen sus actividades.
Si se lograra reducir la informalidad en 5 puntos porcentuales, esto podría añadir aproximadamente $300 mil millones de pesos a la recaudación anual, según estimaciones del IMCO.
3. Optimización del gasto público
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que hasta el 5% del PIB se pierde anualmente debido a la corrupción y la ineficiencia administrativa. Una política de austeridad eficaz, combinada con un sistema de transparencia y rendición de cuentas, podría liberar recursos significativos.
Ejemplos específicos incluyen:
Auditorías externas: Contratar firmas independientes para evaluar el uso de recursos en programas sociales y proyectos de infraestructura.
Recortes a duplicidades: Identificar y eliminar programas redundantes que no generen resultados comprobables.
4. Monetización de activos del Estado
Otra alternativa es aprovechar los activos estatales subutilizados. Por ejemplo:
Concesiones: Otorgar concesiones a empresas privadas para operar infraestructura pública, como puertos y aeropuertos, bajo estrictos contratos de supervisión.
Venta de propiedades: Liquidar inmuebles no esenciales para generar ingresos inmediatos.
Según datos de la SHCP, la venta de activos inactivos podría generar ingresos únicos de hasta $100 mil millones de pesos.
5. Incremento en eficiencia recaudatoria
Actualmente, el nivel de evasión fiscal en México es cercano al 2.6% del PIB. Implementar tecnologías de inteligencia artificial para identificar discrepancias fiscales y reforzar los procesos de auditoría podría aumentar los ingresos tributarios en $200 mil millones de pesos anuales, según el SAT.
Estímulo al crecimiento económico
La eliminación de este impuesto, también va a actuar como un catalizador para el crecimiento económico al reducir los costos de producción y transporte para las empresas. Esto sería especialmente beneficioso para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que enfrentan altos costos operativos.
En el sector transporte, una disminución en los precios de los combustibles podría mejorar la competitividad del comercio interno y externo. Según datos de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), los costos logísticos representan hasta el 25% del precio final de los productos en México. Una reducción en estos costos beneficiaría tanto a las empresas como a los consumidores finales.
Además, la eliminación del IEPS podría incentivar la inversión en sectores clave como el turismo, la manufactura y el agroalimentario. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estima que una disminución del 10% en los costos de transporte podría generar hasta 200 mil empleos adicionales en el sector turístico.
Impacto en la inflación
El IEPS tiene un efecto inflacionario, ya que incrementa el precio de bienes esenciales como combustibles y alimentos. En 2022, la inflación en México alcanzó el 7.8%, la más alta en dos décadas, y los precios de los energéticos fueron un factor determinante. La derogación del IEPS podría contribuir a contener la inflación, al reducir los costos de producción y transporte.
Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sugiere que una eliminación del IEPS en combustibles podría reducir la inflación general en hasta 0.8 puntos porcentuales anuales. Esta reducción sería especialmente significativa para los sectores de menores ingresos, donde el gasto en energía y alimentos representa hasta el 40% de su presupuesto.
Conclusión
La derogación del IEPS en México podría tener un impacto positivo significativo en el bienestar de los consumidores, la competitividad empresarial y el crecimiento económico. Sin embargo, también plantea desafíos importantes en términos de sostenibilidad fiscal. Para maximizar sus beneficios, sería crucial acompañar esta medida con reformas fiscales estructurales, estrategias de eficiencia en el gasto público.