La contrarreforma energética, por la que Pemex y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado, para volver a ser públicas, pone nuevamente sobre la mesa la pregunta de si el Gobierno debe tener empresas, si debe producir, ofrecer y vender bienes y servicios. La actividad empresarial, ¿forma parte de sus legítimas tareas?
Antes de comentar la contrarreforma energética, y de analizar sus posibles consecuencias, para la economía en general, y para las finanzas gubernamentales en particular, conviene tener claro cuáles son los cuatro problemas con las empresas del Gobierno
El primero es que (por lo general), las empresas gubernamentales son monopolios, operando al margen de la competencia y, por lo tanto, del único incentivo verdaderamente eficaz para lograr mayor productividad (reducir costos de producción), en beneficio de los empresarios (que en el caso de las empresas gubernamentales no existen), y mayor competitividad (ofrecer a menor precio y/o con mayor calidad y/o con mejor servicio), en beneficio de los consumidores (que en el caso de las empresas del Gobierno sí existen).
El segundo problema es que el derecho de propiedad en las empresas del Gobierno no está puntualmente definido (por no decir que no existe). ¿Quién, para el efecto práctico de ejercer el derecho de propiedad, que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, es el propietario de Pemex (me refiero a la empresa, no al petróleo que, según la mitología petrolero/nacionalista, es propiedad de todos los mexicanos, lo cual es mentira porque la mayoría de los mexicanos no podemos usar, disfrutar y disponer del petróleo, no podemos ejercer el derecho de propiedad sobre el mismo). ¿Quién, para el efecto práctico de ejercer el derecho de propiedad, es el propietario de Pemex? ¿Todos los mexicanos? ¿El Presidente de la República? ¿El secretario de Energía? ¿Su director general? ¿El sindicato? ¿El secretario del sindicato? ¿Quién?
Las empresas del Gobierno tienen administradores, no dueños, lo cual genera incentivos para una gestión irresponsable, porque si el administrador no la gestiona bien y la quiebra, él, dado que no es dueño, no sufre un quebranto patrimonial, no habiendo un propietario que le reclame y lo llame a cuentas.
El tercero es que las empresas del Gobierno (por lo general), operan en sectores estratégicos de la economía, que proveen de bienes y servicios a las actividades económicas (como la industria petrolera o eléctrica), desde la producción hasta el consumo, por lo que su falta de competitividad, consecuencia de su condición monopólica, afecta a la economía, desde la productividad de las empresas hasta el bienestar de las familias.
El cuarto problema, el más grave, es que las empresas gubernamentales son operadas (por lo general), sin afán de lucro, lo cual da como resultado, en el mejor de los casos, que únicamente recuperen su costo de producción y, en el peor, que incurran en pérdidas y en la necesidad de ser subsidias, necesidad que el Gobierno cubre, echando mano de los impuestos y ocasionando presiones adicionales sobre sus finanzas, lo cual, más allá de cierto límite, origina crisis económicas.
La actividad empresarial, ¿forma parte de las legítimas tareas del Gobierno?
2.
El gobierno no debe operar empresas, tarea de empresarios, no de gobiernos, ¡y mucho menos sin afán de lucro!, lo cual da como resultado, en el mejor de los casos, que solo recuperen el costo de producción, y, en el peor, que incurran en pérdidas y en la necesidad de ser subsidiadas, necesidad que el gobierno cubre echando mano de los impuestos.
El principal objetivo que, según sus defensores, deben cumplir las empresas del gobierno es explotar recursos naturales, que son dones de la naturaleza y no del trabajo humano, y hacerlo en beneficio de todos, como es el caso del petróleo. Lo de en beneficio de todos se entiende sin afán de lucro.
Se espera que la empresas del gobierno, sin afán de lucro, exploten recursos naturales en beneficio de todos, lo cual, si no generan utilidades, resulta imposible. Si no generan utilidades, en el mejor de los casos, los ingresos obtenidos alcanzan, únicamente, para cubrir los costos de producción, no sobrando recursos para repartir en beneficio de todos. En el peor incurren en pérdidas y en la necesidad de ser subsidiadas, subsidio que el gobierno, por tratarse de sus empresas, otorga, utilizando para ello los impuestos, obligando a los contribuyentes a mantener en operación a empresas que deberían generar recursos para beneficio de todos. De ser este el caso se da un giro de 180 grados, llegándose al extremo opuesto (unos beneficiando a las empresas), del que se quería llegar (las empresas beneficiando a todos).
Una empresa que opera sin afán de lucro, cuyos ingresos solo alcanzan para cubrir sus costos de producción, no tendrá a su disposición recursos propios para, reparando y reponiendo lo que haya que reparar y reponer, consecuencia del desgsate natural de las instalaciones, la maquinaria y el equipo, seguir operando a la misma escala o para, suponiendo que existe la oportunidad para operar a una escala mayor, multiplicar su capacidad de producción y oferta. Si no cuenta con recursos propios para financiar tales gastos tendrá que recurrir al endeudamiento, con el inconveniente de que tendrá que devolver el préstamo más los intereses. Otra posibilidad es que el gobierno le otorgue subsidios, recursos que salen coactivamente, por obra y gracia del cobro de impuestos, de los bolsillos de los contribuyentes.
Al margen de las consideraciones anteriores está la pregunta de cómo utilizar los productos o ingresos de las empresas gubernamentales en beneficio de todos. La primera posibilidad es que ofrezcan sus productos al mínimo precio posible, el que alcance a cubrir sus costos de producción, sin ningún afán de lucro, con todos los inconvenientes que ello trae consigo. La segunda es que los ingresos obtenidos por la venta de los productos se utilicen para la provisión de ciertos bienes como caminos, escuelas, hospitales, etc., para lo cual conviene que los ingresos sean los mayores posibles, para lo cual las empresas deben operar con afán de lucro. El problema es que con las dos opciones anteriores no se beneficia a todos, sino solamente a los consumidores del producto que la empresa ofrece, o a quienes utilicen esos hospitales, escuelas, caminos. En ambos casos los beneficiados distan de ser todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la manera de que las empresas gubernamentales beneficien a todos?
3.
El argumento más socorrido para justificar las empresas del Gobierno es que explotan recursos naturales, que no son producto del trabajo de alguien, sino dones de la naturaleza y por ello a disposición de todos, en beneficio de todos. ¿Cómo se logra este objetivo? Repartiendo entre todos, igualitariamente, las ganancias de la empresa, por lo cual conviene que sean las mayores posibles, por lo que deben operar con el afán de maximizar el lucro, por lo cual tienen que vender al mayor precio posible, por lo que deben ser monopolios, por lo cual perjudican a los consumidores.
El reparto igualitario de las ganancias de las empresas gubernamentales es la única manera de beneficiar a todos por igual, algo que nunca se ha hecho. Un buen ejemplo es Pemex, empresa del Gobierno que explota un recurso natural. ¿Alguna vez ha repartido sus ganancias, de manera igualitaria, entre todos los mexicanos? No. Y si lo hiciera (para lo cual debe obtener ganancias), ¿cuánto nos tocaría? Hagamos la cuenta.
En 2023, Pemex obtuvo una utilidad neta de 109,940,000,000 de pesos. La estimación de población para 2023 es de 129,832,375 personas. Si el año pasado Pemex hubiera repartido, igualitariamente, entre todos nosotros, sus ganancias, nos hubieran tocado, a cada uno, 846.78 pesos. Sí, solamente 846.78 pesos, ¡al año!, cantidad que no hubiera alcanzado ni para llenar una vez el tanque de gasolina del automóvil.
¿Hasta qué punto justificar la existencia y operación de las empresas del Gobierno con el argumento de que deben explotar recursos naturales en beneficio de todos es la justificación correcta, dado que ese beneficio es mínimo? En el caso anterior 2.32 pesos diarios.
Pasando a otro tema. Si las empresas gubernamentales monopolizan los sectores estratégicos de la economía (y por lo general operan en esos sectores), que proveen de insumos al resto de las actividades económicas, desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo, como es el caso de las industrias de la energía, comenzando por la petrolera y la eléctrica, el Gobierno, a través de sus empresas monopólicas, únicas proveedoras de energía, puede ejercer un control total sobre la economía, desde la producción hasta el consumo. ¿Habrá alguna producción de bienes y servicios que no utilice energía proveniente del petróleo y/o de la electricidad? Y de todos los consumos, ¿qué porcentaje se realiza utilizando alguna energía proveniente de la electricidad y/o del petróleo?
Quien controla la energía controla la economía, y eso, controlar la energía, es lo que pueden hacer las empresas gubernamentales. ¿Realmente es una buena idea que los sectores estratégicos estén en las manos monopólicas del Gobierno? ¿Cuáles son las consecuencias económicas, producto de la falta de competencia? ¿Cuáles las éticas, resultado de prohibir la participación de los particulares? ¿Cuáles las políticas, consecuencia del control que sobre la economía puede ejercer el Gobierno por medio de sus monopolios en los sectores estratégicos?
Si las empresas gubernamentales, como empresas productivas del Estado, son una mala idea, como empresas públicas son peor. Y eso, transformar las empresas productivas en públicas, es lo que hace la contrarreforma energética. Estábamos mal y vamos a estar peor.
4.
Parte de la contrarreforma energética es la transformación de Pemex y CFE, de empresas productivas (que lo fueron a partir de la reforma energética de 2013), a empresas públicas (por lo que volverán a la condición que tenían antes de la anterior reforma), lo cual implica pasar de lo malo (productivas no fueron), a lo peor (ya no tendrán que serlo), lo cual es más preocupante en el caso de la CFE.
Estas son las modificaciones constitucionales de la contrarreforma.
Art. 25. Pemex y CFE nuevamente serán empresas públicas del Estado, que privilegiarán el bienestar social, no la rentabilidad.
Art. 27. Tratándose del litio, no se otorgarán concesiones. Se elimina la posibilidad de inversiones privadas en la transmisión y distribución de electricidad. Se señala que, en materia eléctrica, las empresas privadas no podrán tener prevalencia sobre las públicas: estas generarán el 54% de la electricidad y las privadas el 46%.
Art. 28. Se agrega, a la lista de actividades estratégicas, el servicio de Internet provisto por el Estado. Además se establece que las metas de planeación y control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética y ofrecer la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, garantizando la seguridad y la soberanía nacionales.
Estas serán las principales consecuencias.
Las empresas productivas tenían el mandato de ser rentables, para lo cual tenían que operar con afán de lucro. Las empresas públicas tienen el mandato de promover el desarrollo social, por lo que no deben operar con afán de lucro, por lo cual, en el mejor de los casos, recuperan sus costos, y en el peor incurren en pérdidas y en la necesidad de ser subsidiadas, generándose una presión adicional sobre las finanzas del gobierno.
Por la preponderancia que las empresas públicas deben tener sobre las privadas, estás no podrán generar más del 46% de la energía eléctrica, lo cual supedita las inversiones privadas a las inversiones públicas: si las empresas públicas no invierten más, las empresas privadas tampoco podrán hacerlo, porque rebasarían el 46% de la generación, lo cual es económicamente ineficaz. Un dato: entre 2013 y 2018 la inversión en generación eléctrica sumó 54,500 millones de dólares. Entre 2019 y 2024 solamente 13,350 millones, insuficiente para que la oferta cubra la demanda.
Con relación a lo anterior cito a Isaac Katz, @econoclasta: “1.- Suponga que hay una fuerte sequía que obliga a la CFE a ya no producir con hidroeléctricas y baja su producción total. ¿Los privados también la tienen que bajar? 2.- Suponga que la CFE tiene que parar simultáneamente varias plantas por mantenimiento o porque hay un corte en el suministro de gas natural y baja su producción total. ¿Los privados también la tienen que bajar? 3.- Los privados desean aumentar su capacidad de generación pero la CFE no aumenta la suya. Por lo mismo, los privados se van a otro país, además de que se castiga la inversión total en la economía y el crecimiento económico”.
Habrá que ver en qué términos se redactan las leyes secundarias, pero, independientemente de ello, queda claro que la reforma energética del segundo piso de la 4T es una contrarreforma, un retroceso. ¿Habrá más?
5.
La tarea propia del gobierno es gobernar, que en el ámbito del Estado de Derecho quiere decir garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, quienes en ese ámbito son eso, ciudadanos, no gobernados. Que sea su tarea propia quiere decir que no puede renunciar a ella sin dejar de ser gobierno, por más que siga siendo, desde el petrolero de la nación, hasta el educador de la gente.
La tarea propia de los empresarios es producir y ofrecer bienes y servicios, en beneficio de los consumidores, con la intención de maximizar sus utilidades, lo cual consiguen si contribuyen a que los consumidores maximicen su bienestar, lo cual se logra si lo producido se ofrece al menor precio posible y/o con la mayor calidad posible y/o con el mejor servicios posible.
La tarea de los empresarios frente al gobierno es ofrecerle los bienes y servicios que necesita para poder operar y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. La tarea del gobierno frente a los empresarios es garantizarles el respeto de sus derechos, a la libertad individual para producir y ofrecer (derecho natural), a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para poder hacerlo (también derecho natural), y a recibir el pago por las mercancías vendidas (derecho contractual).
¿Qué pensaríamos de un empresario que, además de producir y ofrecer bienes y servicios, pretendiera garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos? Que, además de ser empresario, pretendiera ser gobierno. ¿Lo consideraríamos correcto?
La respuesta puede ser afirmativa si ese empresario actúa como gobierno, tratando a todos los ciudadanos por igual, garantizándoles a todos, con honestidad y eficacia, el respeto a sus derechos, sin usar el poder del gobierno, que es el poder para obligar, prohibir y castigar, en beneficio suyo como empresario. El empresario gobernante debe ser nada más gobernante. Debe hacer de lado su calidad de empresario.
¿Qué pensaríamos de un gobierno que, además de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, pretendiera producir y ofrecer bienes y servicios? Que, además de ser gobierno, pretendiera ser empresario. ¿Lo consideraríamos correcto?
La respuesta puede ser afirmativa, siempre y cuando esa empresa gubernamental opere en las mismas condiciones en las que debe operar cualquier empresa privada: en mercados lo más competidos posibles, lo cual implica que no sea monopolio, que no reciba ningún tipo de trato preferencial de parte del gobierno, y que además opere con afán de lucro. La empresa del gobierno debe ser una empresa más. Debe hacer de lado su calidad de gubernamental. En tales condiciones, ¿se justificaría una empresa del gobierno? No.
La defensa de las empresas del gobierno forma parta de la gubernamentolatría que padecemos, gubernamentólatras que creen que el gobierno lo debe todo y lo puede todo, pero hay cosas que no puede hacer, y que por lo tanto no debe intentar, como es el operar empresas sin afán de lucro (en México las empresas públicas del Estado), que a corto plazo lo único que logran es sobrevivir y al largo lo único que consiguen es desaparecer, al menos que se las subsidie.
Desde el punto de vista económico, ético y político las empresas del gobierno son un despropósito, que como tal debería evitarse.
Agradecemos al autor su amabilidad al permitirnos reproducir su columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/empresas-gobierno-5-5-597920
Arturo Damm Arnal, economista y Doctor en filosofía, periodista y profesor universitario. Publica regularmente en La Razón y participa constantemente en los programas informativos y de opinión de TV Azteca.
Twitter: @ArturoDammArnal.