Lo que el oficialismo vende como una “modernización” del Infonavit no es más que una toma de control político sobre los ahorros de los trabajadores. Bajo la justificación de “ampliar el acceso a la vivienda”, la administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma que debilita la autonomía del instituto, centraliza su manejo en el Ejecutivo y habilita el uso discrecional de los recursos del Fondo de Vivienda. Esta no es una medida técnica, es una decisión con tintes ideológicos que busca concentrar el poder en el gobierno federal a costa de la seguridad patrimonial de millones de mexicanos.

Modificar artículos clave como el 8, 12, 42 y 53 de la Ley del Infonavit equivale a desmantelar un esquema que, con todo y sus deficiencias, había permitido que los trabajadores adquirieran vivienda bajo un marco regulado y supervisado. Ahora, la reforma elimina contrapesos, permite al gobierno erigirse como constructor y rentero de vivienda, y redirige el uso de los fondos sin que exista una rendición de cuentas clara. Además, la supervisión financiera ya no dependerá de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sino de la Secretaría de Hacienda, una institución bajo el control absoluto del Ejecutivo.

El problema central es evidente: el Infonavit dejará de operar bajo criterios de sustentabilidad financiera y se convertirá en un instrumento político. La creación de una empresa filial para la construcción de vivienda pública abre la puerta a ineficiencias, sobrecostos y corrupción, como se ha visto con proyectos estatales de infraestructura. Peor aún, el modelo de “arrendamiento social con opción a compra” plantea un esquema en el que los trabajadores pagan renta sin certezas jurídicas claras sobre la adquisición del inmueble. En otras palabras, la promesa de vivienda se convierte en un mecanismo de control político sobre el trabajador, a quien el gobierno le “presta” un techo en lugar de otorgarle plena propiedad.

Si el objetivo real fuera mejorar el acceso a la vivienda, la estrategia debería enfocarse en flexibilizar los esquemas de crédito, fomentar la competencia en el sector y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos. Pero la reforma apunta en la dirección opuesta: más intervención estatal, más discrecionalidad y menos seguridad para los trabajadores. En lugar de fortalecer el patrimonio de los ciudadanos, el gobierno ha decidido subordinarlo a sus propios intereses.

¿De qué trata esta reforma?

La reciente modificación legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) introduce cambios profundos en su estructura y operación, con el propósito de mejorar el acceso a la vivienda para los trabajadores. En ese sentido, se detallan los aspectos más relevantes de esta transformación normativa:

1. Ampliación de Facultades del Infonavit (Modificación del Artículo 8)

Históricamente, el Infonavit ha sido responsable de otorgar créditos para la adquisición de viviendas en colaboración con desarrolladores inmobiliarios. Ahora, con estas nuevas disposiciones, el instituto podrá:

Se crea una empresa filial del Infonavit que permitirá la compra de terrenos y el desarrollo de proyectos habitacionales. Esta empresa no tendrá el estatus de paraestatal y se enfocará en construir casas destinadas a trabajadores con ingresos bajos, con la meta de edificar un millón de hogares en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se implementa un esquema de renta en el que los trabajadores podrán alquilar una vivienda sin que la mensualidad supere el 30% de su salario. Después de 10 años, los inquilinos podrán adquirir el inmueble, tomando en cuenta los pagos previos como parte del costo de compra.

2. Reestructuración de la Gobernanza del Infonavit (Reestructuración del Artículo 12)

Los ajustes también impactan la forma en que se administra y supervisa el instituto, buscando mayor transparencia y eficiencia:

Por otra parte, el número de miembros se reduce de 45 a 30, manteniendo la representación tripartita de gobierno, trabajadores y empresarios.

Nombramiento del Director General: La designación y remoción del titular del Infonavit quedará en manos directas de la presidenta de la República, con el fin de alinear las políticas de vivienda con la agenda gubernamental.

Por último, se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios, que antes recibían sueldos elevados sin desempeñar funciones sustantivas.

3. Supervisión y Transparencia (Modificación del Artículo 42)

En redacción de la Iniciativa, para fortalecer la fiscalización del manejo de los recursos, se introducen las siguientes medidas:

El Infonavit deja de estar bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y pasa a ser regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que establecerá las reglas para su administración financiera.

Se incorporan representantes del gobierno federal, trabajadores y empresarios en los órganos encargados de supervisar la gestión de los fondos, con el propósito de garantizar mayor transparencia.

4. Congelación de Créditos Hipotecarios

Una de las modificaciones más significativas es la intervención en los créditos hipotecarios otorgados bajo el esquema de Veces Salario Mínimo (VSM):

Se establecen límites a los aumentos en los montos y mensualidades de alrededor de dos millones de créditos hipotecarios previos a 2013, evitando que la deuda crezca a causa de la inflación y del incremento en los salarios mínimos.

5. Uso de los Recursos del Fondo de Vivienda

Las disposiciones actualizadas permiten que el Infonavit destine los recursos del Fondo de Vivienda a:

Se autoriza la inversión en construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles para los trabajadores, con el fin de asegurar su derecho a una vivienda digna.

Sus efectos económicos: escenario de incertidumbre

La reforma al Infonavit traerá consigo efectos económicos directos e indirectos en distintos sectores del país. La centralización de las decisiones sobre el fondo de vivienda y la creación de una empresa filial estatal pueden impactar variables como la inversión, la deuda pública, la estabilidad financiera del instituto y el sector inmobiliario.

El Infonavit administra más de 2.1 billones de pesos en activos (datos de 2023), lo que lo convierte en una de las instituciones financieras más grandes de México. Su principal fuente de recursos proviene de las aportaciones patronales del 5% del salario de cada trabajador formal, lo que genera un flujo estable de ingresos. Sin embargo, la reforma implica que el fondo ya no solo se destinará a créditos hipotecarios, sino que se usará para la construcción y arrendamiento de viviendas, cambiando completamente su naturaleza.

Si los proyectos de vivienda pública no logran rentabilidad suficiente, el fondo podría enfrentar problemas de liquidez, afectando a los trabajadores que buscan un crédito hipotecario.

Actualmente, el índice de morosidad del Infonavit es de 14.5%, según cifras del instituto. La introducción de modelos de arrendamiento social con opción a compra va a incrementar este porcentaje si los beneficiarios dejan de pagar la renta.

La eliminación de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y su paso a la Secretaría de Hacienda tiene el potencial de reducir la transparencia financiera y aumentar el riesgo de uso discrecional de los recursos.

Impacto en el sector inmobiliario y la inversión privada

El sector de la construcción representa alrededor del 6.3% del PIB nacional y emplea a más de 4.5 millones de trabajadores (INEGI, 2023). La entrada del gobierno como promotor y constructor de vivienda podría generar distorsiones en el mercado inmobiliario:

Si el Estado comienza a construir viviendas con subsidios y ventajas regulatorias, las empresas constructoras privadas pueden ver reducida su participación en el mercado.

En 2022, el valor de la producción de vivienda fue de 608 mil millones de pesos, de los cuales más del 50% proviene de créditos hipotecarios. La incertidumbre sobre la asignación de recursos del Infonavit va a reducir el financiamiento disponible para los desarrolladores privados, según lo escrito en la Iniciativa.

Por su parte, la banca comercial ha otorgado créditos hipotecarios por más de 1.4 billones de pesos en los últimos años. Si el Infonavit cambia su modelo de financiamiento y reduce la entrega de créditos, los bancos podrían absorber más riesgo crediticio. Una implicación que también afecta a la penetración bancaria; importante del desarrollo económico.

Efecto en las finanzas públicas y el gasto gubernamental

Aunque el Infonavit opera con recursos propios derivados de las aportaciones patronales, la creación de una empresa estatal constructora y el cambio en el uso de los fondos impactarán las finanzas públicas de diversas maneras. El gobierno tendrá que asumir costos operativos, administrativos y posiblemente financieros, lo que incrementará la presión sobre el presupuesto federal y la deuda pública.

La construcción y administración de vivienda por parte del Estado requiere recursos adicionales en infraestructura, personal, mantenimiento y supervisión. Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el costo promedio por vivienda de interés social oscila entre 450 mil y 700 mil pesos, dependiendo de la ubicación y los materiales utilizados. Si el gobierno desarrolla un programa de construcción masiva con 100 mil viviendas al año, el gasto total superará los 70 mil millones de pesos anuales, sin contar costos administrativos ni imprevistos.

Además, la administración de viviendas bajo el esquema de «arrendamiento social con opción a compra» generará costos recurrentes en mantenimiento, gestión de pagos y recuperación de cartera vencida. La experiencia con programas de vivienda pública en otros países ha demostrado que estos esquemas tienden a generar altos niveles de morosidad, lo que afectará la viabilidad financiera del Infonavit y requerirá subsidios gubernamentales.

La reforma permite que el Infonavit invierta directamente en la adquisición de terrenos, construcción de vivienda y otros proyectos inmobiliarios. Sin una regulación estricta, estos cambios facilitan la asignación de contratos sin transparencia y el uso político de los fondos.

En sexenios anteriores, diversos programas de vivienda pública han sido utilizados como herramientas de clientelismo político. Un caso emblemático es el programa de vivienda rural administrado por SEDATU, en el que se detectaron desvíos por más de 1,200 millones de pesos en 2018. Si el nuevo esquema del Infonavit sigue un patrón similar, los recursos podrían terminar beneficiando a desarrolladores afines al gobierno en lugar de atender la demanda real de vivienda.

El financiamiento de este nuevo modelo de vivienda estatal puede provocar ajustes en otros rubros del gasto público. Actualmente, el gobierno destina más del 60% del presupuesto federal a programas sociales y pensiones, lo que deja poco margen de maniobra para nuevas inversiones sin comprometer otros sectores.

Si el Estado decide absorber costos adicionales del Infonavit, podría reducir recursos destinados a infraestructura, salud o educación. La falta de un esquema financiero sostenible obligará a realizar reasignaciones presupuestarias o aumentar la deuda, con consecuencias para la estabilidad macroeconómica.

Conclusión

La intervención del gobierno en la construcción y administración de vivienda a través del Infonavit representa un giro radical en la naturaleza del instituto y tendrá repercusiones de largo plazo en las finanzas públicas y en la economía nacional. Lejos de fortalecer el acceso a la vivienda para los trabajadores, la reforma abre la puerta a un esquema financieramente insostenible, con riesgos que van desde el endeudamiento gubernamental hasta el uso discrecional de los recursos.

El incremento en el gasto público derivado de la construcción de vivienda estatal no solo representa un desvío de recursos hacia un modelo ineficiente, sino que compromete la estabilidad del presupuesto federal.

En este contexto, destinar miles de millones de pesos adicionales a la creación de una empresa estatal constructora sin un plan claro de rentabilidad solo agrava la presión sobre las finanzas nacionales.

Además, la experiencia de otras empresas públicas en México, como Pemex y CFE, ha demostrado que la intervención estatal en sectores productivos tiende a generar ineficiencias, corrupción y sobrecostos. Pemex, por ejemplo, ha acumulado una deuda superior a los 110 mil millones de dólares, y su rescate financiero ha costado más de 1.3 billones de pesos al erario. Si la empresa constructora del Infonavit sigue este mismo patrón, el país enfrentará un nuevo problema financiero que eventualmente recaerá sobre los contribuyentes.

Otro aspecto preocupante es la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Infonavit tras la reforma. La centralización de la supervisión en la Secretaría de Hacienda en lugar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reduce los controles financieros y facilita el uso discrecional de los fondos. En sexenios anteriores, se han documentado desvíos millonarios en programas de vivienda pública, como el fraude en SEDATU de más de 1,200 millones de pesos en 2018. Sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas, el riesgo de corrupción y mal uso del dinero de los trabajadores es una amenaza real.

A nivel macroeconómico, la distorsión del mercado de vivienda también afectará el crecimiento de la inversión privada en el sector inmobiliario, que actualmente representa el 6.3% del PIB y genera más de 4.5 millones de empleos. La participación estatal en la construcción y administración de vivienda desincentivará a los desarrolladores privados, reducirá la competencia y deteriorará la calidad de los proyectos habitacionales, como ha sucedido en otros intentos de vivienda pública en América Latina.

Finalmente, la afectación al Infonavit no se limita a su modelo financiero, sino que también altera la relación laboral entre empleadores y trabajadores. Si la cotización al fondo de vivienda deja de traducirse en acceso directo a crédito hipotecario y se convierte en un mecanismo para financiar vivienda estatal, las empresas podrían optar por esquemas de subcontratación o pago en efectivo para evitar la carga patronal. Esto, a su vez, impactaría la recaudación del instituto y afectaría su capacidad para otorgar créditos a los trabajadores que buscan comprar una vivienda propia.