En las últimas décadas, los gobiernos han implementado políticas fiscales que buscan influir en el comportamiento de los consumidores mediante impuestos específicos. Entre los bienes más afectados por estas medidas se encuentran los cigarros, los refrescos y la gasolina. Estas acciones suelen justificarse bajo tres argumentos principales: fomentar la salud pública al desincentivar el consumo de productos nocivos, promover la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de emisiones contaminantes y fortalecer las finanzas públicas mediante el incremento de la recaudación fiscal.

A primera vista, estas políticas parecen razonables. La idea de que un mayor costo puede desalentar el consumo y, por ende, mejorar la calidad de vida de la población es atractiva. Sin embargo, en la práctica, los resultados no siempre son los esperados. En países como México, donde una gran proporción de la población enfrenta condiciones económicas adversas, estas medidas pueden generar efectos secundarios que contrarrestan sus beneficios.

Además, un análisis más detallado desde la elasticidad precio de la demanda revela que estos bienes tienden a tener un consumo relativamente inelástico, lo que significa que las personas no reducen significativamente su consumo incluso cuando los precios aumentan. Este comportamiento, combinado con factores estructurales como la informalidad y la desigualdad económica, plantea serias dudas sobre la efectividad de estos impuestos para cumplir con sus objetivos.

En este trabajo, exploraremos cómo la elasticidad precio de la demanda afecta la eficacia de estos impuestos, los impactos económicos y sociales que generan, y las lecciones aprendidas de la experiencia histórica en México.

Elasticidad precio de la demanda y sus implicaciones

La elasticidad precio de la demanda mide cómo la cantidad demandada de un bien cambia ante variaciones en su precio. Este concepto es crucial para entender por qué los impuestos específicos sobre bienes como cigarros, refrescos y gasolina pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes. En el caso de estos bienes, la demanda es inelástica, lo que significa que los consumidores no modifican sustancialmente su comportamiento a pesar de los aumentos en los precios. Analicemos cada caso:

Cigarros: Estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México han determinado que la elasticidad precio de los cigarros ronda -0.5. Esto implica que un incremento del 10% en el precio debido a impuestos solo reduce el consumo en un 5%. Los fumadores, al tratarse de un producto adictivo, están dispuestos a destinar una mayor proporción de su ingreso para mantener su consumo. Esta situación genera una paradoja: aunque se logra recaudar más ingresos fiscales, el impacto en la reducción del consumo y, por ende, en la salud pública, es limitado.

Refrescos: En 2014, México introdujo un impuesto especial, el mayor a la actualidad, a las bebidas azucaradas con el objetivo de combatir la obesidad. Aunque inicialmente se observó una disminución en el consumo de aproximadamente el 6% en el primer año, estudios posteriores revelaron que esta tendencia no se mantuvo en el tiempo. La elasticidad precio estimada de los refrescos es cercana a -1 en el corto plazo, pero tiende a disminuir con el tiempo, lo que sugiere que los consumidores se adaptan a los nuevos precios. Esto limita el impacto de la política fiscal y pone en cuestión su eficacia como herramienta de salud pública.

Gasolina: La elasticidad precio de la gasolina en México se estima entre -0.2 y -0.3, lo que significa que incluso incrementos significativos en los precios tienen un efecto mínimo en la reducción del consumo. La dependencia de la gasolina en sectores como el transporte público, la logística de mercancías y la movilidad individual hace que su consumo sea difícil de sustituir. Además, las regiones rurales, donde las alternativas de transporte son limitadas, se ven especialmente afectadas, incrementando las desigualdades económicas y sociales.

Más allá de estos datos, la elasticidad inelástica tiene implicaciones profundas en la economía doméstica y en los patrones de consumo. Las familias con ingresos bajos destinan una proporción mayor de su presupuesto a estos bienes, lo que las obliga a reducir otros gastos esenciales cuando los precios aumentan. Esto genera un efecto regresivo, donde los sectores más vulnerables soportan una carga desproporcionada.

En ese sentido, la elasticidad inelástica también fomenta mercados paralelos o informales. En el caso de los cigarros, el comercio ilegal ha crecido considerablemente en México, representando cerca del 18% del mercado total en 2020, según Euromonitor. Este fenómeno reduce la eficacia de los impuestos en la recaudación fiscal y pone en circulación productos de calidad cuestionable que pueden tener efectos aún más perjudiciales en la salud pública.

Efectos económicos y sociales

Los impactos económicos y sociales derivados del aumento de impuestos a estos bienes son variados y, en muchos casos, negativos. Desde el punto de vista económico, estas medidas generan un efecto regresivo. Los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su gasto a bienes como los refrescos y la gasolina, lo que significa que los aumentos de precios afectan más severamente a estos grupos. Este tipo de impuestos, en lugar de reducir la desigualdad, tienden a exacerbarla, ya que limitan la capacidad de consumo en otros bienes y servicios esenciales, como alimentos, educación o salud.

Además, el aumento de impuestos sobre la gasolina tiene efectos en cascada sobre toda la economía. Dado que el transporte es un insumo fundamental para la producción y distribución de bienes y servicios, un incremento en los precios del combustible se traduce en costos más altos para las empresas, que a menudo se transfieren a los consumidores. Esto genera un fenómeno conocido como «efecto inflacionario», que reduce el poder adquisitivo de las familias y puede desacelerar el crecimiento económico en el mediano plazo.

En el ámbito social, estas medidas también tienen implicaciones importantes. Por ejemplo, en las comunidades rurales donde la movilidad depende casi exclusivamente del uso de vehículos motorizados, el aumento en el precio de la gasolina limita el acceso a servicios básicos como educación y atención médica. En las zonas urbanas, los incrementos en los precios de los refrescos y otros alimentos gravados con impuestos pueden fomentar un cambio hacia alternativas más económicas, pero igualmente poco saludables, perpetuando problemas como la malnutrición.

Por otro lado, el impacto en la informalidad también es relevante. Como ya se mencionó, en el caso de los cigarros, el comercio ilegal ha aumentado considerablemente, y un fenómeno similar puede observarse en otros bienes gravados con impuestos elevados. Esto no solo reduce la eficacia de la política fiscal, sino que también genera pérdidas económicas para el Estado y riesgos adicionales para los consumidores.

Finalmente, desde una perspectiva de confianza en las instituciones, el uso de impuestos específicos como herramienta de política pública puede ser percibido como inequitativo o malintencionado, especialmente si los ingresos recaudados no se utilizan de manera transparente y efectiva en programas que realmente beneficien a la población. Esto puede erosionar la legitimidad del gobierno y dificultar la implementación de futuras políticas fiscales.

Recaudación limitada

A pesar de que los impuestos a bienes específicos como los cigarros, refrescos y gasolina suelen justificarse como mecanismos para fortalecer las finanzas públicas, su capacidad para generar ingresos significativos tiene limitaciones importantes. En México, la recaudación proveniente de impuestos especiales (IEPS) sobre estos productos representa solo una fracción del total de ingresos fiscales. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2023 el IEPS aportó aproximadamente el 10% de la recaudación total, lo que demuestra que su impacto en el presupuesto general del gobierno es limitado.

Una de las razones principales de esta recaudación limitada es la inelasticidad de la demanda. Aunque los consumidores continúan comprando estos productos a pesar de los aumentos de precios, no lo hacen en cantidades significativamente mayores para compensar el efecto del impuesto. Además, la proliferación de mercados informales, como ocurre con los cigarros ilegales, reduce la base gravable y, por ende, los ingresos efectivos para el gobierno. Este fenómeno se agrava cuando los impuestos son percibidos como excesivos, incentivando a los consumidores a buscar alternativas fuera del mercado formal.

Otro factor importante es que los ingresos adicionales generados por estos impuestos no siempre se traducen en beneficios tangibles para la población. En muchos casos, los fondos recaudados se integran al presupuesto general sin un destino específico, lo que dificulta medir su impacto en áreas clave como la salud o la infraestructura. Esto alimenta la percepción pública de que los impuestos son meramente recaudatorios, socavando la confianza en las instituciones.

Por último, los impuestos excesivos pueden tener un efecto disuasorio en la inversión y el crecimiento económico. En el caso de la gasolina, los aumentos de precios derivados de impuestos elevados pueden desincentivar inversiones en sectores clave como el transporte y la logística, afectando la competitividad del país en el mercado global.

Estas experiencias dejan lecciones importantes: los impuestos indirectos sobre bienes de consumo masivo no solo tienen un impacto limitado en los objetivos planteados, sino que también generan descontento social y agravan problemas estructurales como la desigualdad y la informalidad.

Conclusión

Desde la perspectiva de la elasticidad precio de la demanda, aumentar los impuestos a cigarros, refrescos y gasolina no cumple eficazmente con los objetivos de desincentivar su consumo o aumentar significativamente la recaudación. Además, estas políticas tienden a tener efectos regresivos, inflacionarios y, en algunos casos, incentivan mercados ilícitos. Una alternativa más eficiente sería enfocarse en políticas integrales que incluyan educación, subsidios a opciones saludables y mejoras en la infraestructura pública, en lugar de depender exclusivamente de medidas fiscales.

Por último, las decisiones fiscales deben estar respaldadas por un compromiso con la equidad y el desarrollo sostenible, asegurando que los costos no recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables de la población.