Las campañas de vacunación contra el covid continúan en diversos países. Y, en la medida en la que los gobiernos distribuyen las vacunas, algunos conflictos han surgido sobre el modo en el que han priorizado la distribución a ciertos grupos de interés o han limitado la vacunación a otros grupos.

A principios de año, por ejemplo, en México, comenzó un proceso de vacunación al personal educativo de todos los niveles, en un momento en el que aún había médicos y personal sanitario que no había recibido una vacuna. En abril, personal médico del estado de Nuevo León protestaba contra la intención de administrar 127 mil vacunas a maestros, cuando aún faltaba más de la mitad del sector salud por vacunarse.

Una doctora amiga mía, que lamentablemente había perdido colegas en la lucha contra el covid, comentó con indignación y sarcasmo: “Imagino que ahora pondrán a los maestros a atender pacientes o hacer el aseo en los hospitales”.

La ineficiencia del gobierno es palpable en el proceso de vacunación. Pero la queja de mi amiga era reflejo de una lección económica: cuando el gobierno administra recursos, visibiliza nuestros conflictos por recursos escasos y alienta la indignación y el enfrentamiento.

A pesar de que la vacunación en México ha cubierto a más de la mitad de la población (62.9%), examinar el mecanismo de distribución de las vacunas sigue siendo relevante. Seguirá en la agenda pública el siguiente año, dependiendo de la evolución del coronavirus y sus variantes a nivel global.

Escasez y Competencia

Como dice el economista Thomas Sowell, “la primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de un bien para satisfacer a todos los que lo desean”. El corolario de la escasez es la realidad de la competencia. La escasez da pie a conflictos entre seres humanos, que compiten por distintos usos de los recursos escasos. Y los seres humanos resuelven esos conflictos de distintas maneras. Cómo los resuelven es la sustancia de la economía, al grado de que los economistas Armen Alchian y William R. Allen lo escriben en University Economics del siguiente modo: “La economía estudia el comportamiento competitivo y cooperativo de la gente al resolver conflictos de interés que surgen porque sus deseos exceden lo que está disponible”.

Dado que las personas compiten por recursos escasos, distintos criterios de discriminación entran en juego en una economía a fin de decidir qué fines serán satisfechos, para quiénes y de qué formas. Algunos criterios de discriminación promueven conductas cooperativas y pacíficas; otros, conductas antisociales y violentas.

Competencia en el gobierno

Cuando el gobierno centraliza la distribución de recursos escasos, como las vacunas, vuelve más evidentes las contiendas entre los ciudadanos. Y los gobiernos con reglas y contrapesos frágiles tienden a favorecer a grupos específicos de los cuales puedan obtener algún beneficio.

Cuando los ciudadanos observan que obtener la simpatía del gobierno es la mejor estrategia para conseguir sus recursos, gastan sumas importantes de dinero en generar esa simpatía. Surgen distintas coaliciones que buscan representar los intereses de distintos estratos sociales. La animosidad crece entre distintos individuos conforme observan a qué grupos beneficia el gobierno y a qué grupos, no. Los conflictos sobre los recursos se resuelven con juegos de suma cero: los ciudadanos gastan dinero para capturar una transferencia de recursos, sin un correspondiente beneficio para los productores de esos recursos.

Competencia en el mercado

Una virtud de los mercados libres es que, a diferencia del gobierno, resuelven las disputas competitivas sobre recursos escasos con juegos de suma positiva. Los ciudadanos compiten con otros a través de ofertas de intercambio. Cuando Sara desea el reloj de Ernesto, nace un conflicto entre Sara y Ernesto sobre los usos del reloj. A través del mercado, Sara podría ofrecerle una suma de dinero lo suficientemente atractiva a Ernesto para resolver ese conflicto. De ese modo, ambos saldrían beneficiados. El mercado abre la posibilidad de aliviar conflictos con arreglos mutuamente benéficos.

El sistema de mercado es menos proclive a generar hostilidad entre los ciudadanos. Cuando los ciudadanos compiten en un mercado abierto, lo que ven no es cómo el gobierno favorece a la coalición A en lugar de la coalición B. Sólo ven una etiqueta de precio. Ese precio resume las demandas competitivas de distintos ciudadanos.

El criterio de discriminación prominente en un mercado abierto es la disposición de pago y no la simpatía política. El mercado no está interesado en la afinidad política con el gobierno en turno, sino en el valor que ofrece una persona a cambio de algo.

Más aún, la discriminación a través del sistema de precios reduce el poder que cada persona tiene para acaparar un recurso. Cuando una coalición obtiene la simpatía política del gobierno, no pierde una fracción de esa simpatía por cada recurso que adquiere del gobierno. Pero cuando un consumidor entra al mercado, pierde una suma de dinero por cada bien que compra; su capacidad de consumo está limitada por su capacidad de generar valor para los demás en el intercambio.

El repudio hacia soluciones de mercado en el proceso de vacunación impide que las vacunas sean compradas y vendidas en un mercado abierto. Para muchas personas, sería sumamente inmoral hacer cualquier cosa que pareciera ponerle un precio a la salud. Pero la escasez ya nos obliga a asumir un costo, que es artificialmente más alto cuando un gobierno suprime los incentivos a producir unidades adicionales en un mercado competitivo. ¿Seguiremos asumiendo un costo tan alto, bajo un mecanismo de distribución que lleva a la enemistad y la discordia?

¿Quién debería administrar la vacuna?

Con todo lo anterior en mente, parece haber más argumentos a favor de darle un mayor espacio al mercado en la distribución de las vacunas contra el coronavirus. Pero dos preocupaciones configuran el papel preponderante del gobierno en la actualidad: i) evitar que sólo los ricos puedan acceder a ella y ii) que haya una potencial externalidad positiva en la vacunación.

La primera preocupación presenta varios problemas. Presupone que la distribución actual de las vacunas es de algún modo menos costosa para las personas que una distribución alternativa, lo cual no es necesariamente cierto. Aunque las personas tendrían que pagar individualmente un precio más alto para vacunarse a través de un esquema de distribución privado, el mercado pondría en marcha mecanismos más eficientes de vacunación que probablemente agilizarían la distribución de vacunas. Y una distribución más ágil sería benéfica para la economía en su conjunto.

Un esquema de vacunación gubernamental impide que las personas manifiesten su disposición de pago, lo cual significa que deben subordinarse a la distribución del gobierno, aún si sería más eficiente para ellas pagar un precio más alto y conseguir la vacuna con mayor rapidez. Preocupa que eso limitaría la capacidad de personas con menores recursos para conseguir una vacuna, pero quienes desean una vacuna con mayor rapidez tendrían que internalizar ese costo; es decir, en la medida en que las personas de menores recursos estuvieran en la disposición y fueran capaces de pagar un precio más alto por una vacuna, las personas de mayores ingresos que aún quisieran una tendrían que pagar un precio más alto. Los precios transmiten las valoraciones de terceros, contribuyendo a que regulemos nuestro consumo.

Un problema adicional es que, como dice el viejo refrán, “no puedes comer el pastel y guardarlo para después”. Un gobierno no puede garantizar, simultáneamente, que todos tengan acceso a las vacunas con independencia de su disposición de pago y que la distribución requerida será la más efectiva para acelerar la reactivación de los sectores económicos que crean mayor valor en la economía. El primer objetivo entra en conflicto con el segundo, y en la medida en la que una reactivación más lenta produce pérdidas para la población, los pobres no necesariamente están mejor con el esquema de distribución gubernamental.

La segunda preocupación es que las vacunación tiene una externalidad positiva y, como tal, requiere intervención gubernamental. ¿Es necesariamente el caso?

¿Qué quiere decir que la vacunación tenga externalidades positivas? Una externalidad positiva es un beneficio no compensado. Cuando una persona se vacuna, se protege a ella misma y protege potencialmente a terceros, por lo menos en la medida en que contribuye a reducir la congestión en los hospitales.

En la medida en que una persona no recibe una compensación por proteger a terceros, tiene un menor incentivo para vacunarse del que sería socialmente deseable. Aquí es donde algunos economistas y otros opinólogos han saltado de forma irresponsable a la siguiente conclusión: “Dado que el mercado no asegura que la vacunación ocurra en el nivel socialmente óptimo, la responsabilidad en la provisión de la vacuna debe recaer completamente en el gobierno”. ¡Vaya ejemplo de mala economía!

Lo que la presencia de una externalidad positiva sugiere no es que el gobierno deba asumir por completo la tarea de remediar la externalidad. Lo que sugiere es que puede haber un papel para el gobierno. Cuál precisamente debe ser ese papel es una pregunta abierta, que se debe resolver de un modo u otro.

Hay diversas formas de remediar el problema que engendra la externalidad positiva: unas menos costosas que otras. Lo sensato es evaluarlas para elegir la de menor costo. Parece de sentido común. Y, sin embargo, es triste que esa discusión haya pasado de largo para los hacedores de políticas públicas. Yo no sé cuál sea la alternativa de menor costo, pero es poco probable que sea aquella que deje todo al gobierno. Algunos economistas proponen soluciones mixtas, como usar al gobierno para subsidiar la vacunación, pero asignarle otras tareas al sector privado que lo hagan responsivo a señales de mercado. Lo peor que podemos hacer es caer en lo que el economista Harold Demsetz llamaba “falacia del Nirvana”: idealizar a una institución (como el gobierno) ante las fallas reales de otra institución (como el mercado). Ninguna institución es perfecta, pero si la respuesta en vacunación ha sido menos eficiente de lo que podría, gran parte de la culpa reside en exagerar los defectos de un sistema de mercado e idealizar a un gobierno cuyas virtudes están ausentes.