El presidente López Obrador busca reformar el artículo 123 de la Constitución para “garantizar que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación anual vigente”.

Ligar el salario mínimo a la inflación es un grave error.

Cambios ante choques macroeconómicos

Primero, como apunta el economista Isaac Katz, la indización de salarios a la inflación generaría “presiones recesivas en la economía”. ¿Por qué?

En una economía con un tipo de cambio flexible como la de México, los choques negativos en el gasto agregado tienden a generar una depreciación cambiaria. Para que un choque negativo en el gasto no genere desempleo es importante tener flexibilidad a la baja en los salarios reales. Una depreciación cambiaria genera presiones inflacionarias que contribuyen a esa flexibilidad. Pero si los salarios están indizados a la inflación, la flexibilidad se pierde. El ajuste de la economía a un choque negativo, entonces, requeriría de una contracción en el empleo y la producción.

La indización de los salarios a la inflación mermaría la capacidad macroeconómica de México para enfrentar choques negativos al menor costo. Propiciaría una mayor volatilidad en los indicadores de empleo, con todas las repercusiones negativas que eso acarrearía.

No todo son monopsonios

Incrementar el salario mínimo es políticamente rentable, pero económicamente delicado. La evidencia empírica respalda que incrementos significativos en el salario mínimo reducen el nivel de empleo, manteniendo otras variables constantes. Como documentan Neumark y Wascher (2006), el efecto negativo sobre el empleo es más fuerte en un grupo especialmente vulnerable: trabajadores poco cualificados.

La evidencia no suele ser tan contundente cuando se estudian los efectos sobre industrias específicas; pero esto no debería sorprendernos demasiado. La predicción de efectos negativos sobre el empleo presupone que los trabajadores son “hiper-sensibles” a cambios en los salarios (en términos técnicos, que la oferta de trabajo que enfrentan las empresas es perfectamente elástica o que los mercados laborales son perfectamente competitivos). En una industria específica, sin embargo, esta sensibilidad bien puede ser mucho menor.

La justificación teórica más socorrida para incrementar el salario mínimo proviene de los modelos de monopsonio. Un modelo de monopsonio es una abstracción mental que emplean los economistas para caracterizar un mercado laboral en el que predomina un solo empleador o en el cual los empleadores tienen poder de mercado en la fijación de salarios. Si el modelo caracteriza adecuadamente al mercado laboral de una industria específica, es posible mostrar que un salario mínimo “preciso” puede incrementar el nivel de empleo y reducir ineficiencias económicas.

Pero este salario mínimo preciso es difícil de encontrar en la práctica. Aún si la legislación cambia para distintas profesiones, un salario mínimo puede “funcionar” en una industria y fracasar en otra. Incluso con monopsonios en distintas profesiones, un incremento en el salario mínimo puede incrementar el empleo en una industria, pero reducir el de otra.

Los efectos se complican porque las empresas afectadas por el salario mínimo ajustan sus decisiones en toda una gama de márgenes que no se limita a la contratación. Las empresas pueden responder a un mayor salario mínimo cambiando, por ejemplo, las condiciones en las que trabajan sus empleados. Estos cambios también pueden reducir el bienestar de sus empleados, como lo describe el economista Jeffrey Clemens en este artículo (página 59).

Además, un monopsonio en el mercado laboral no es justificación suficiente para elevar el salario mínimo. Si la empresa que tiene un monopsonio en el mercado laboral no goza de un monopolio en el mercado de bienes, cualquier ganancia extraordinaria que obtiene del monopsonio se disipa en forma de precios más bajos en los bienes que vende. Un salario mínimo, entonces, la llevaría a tener pérdidas que la incentivarían a contratar menos trabajadores.

Así lo explica el economista Donald Boudreaux:

Al reducir los salarios de los trabajadores, el poder de monopsonio permite a las empresas producir a costos inferiores a los que tendrían en ausencia de dicho poder.  Sin embargo, dado que el poder de monopsonio en los mercados laborales no otorga a las empresas un poder de monopolio en los mercados de bienes, la competencia en los mercados de bienes lleva a los empresarios con poder de monopsonio a trasladar estos costos más bajos a los consumidores en forma de precios de bienes más bajos.  En resumen, la competencia en el mercado de bienes garantiza que incluso los empresarios con poder de monopsonio no tengan excedentes de beneficios con los que pagar salarios más altos a todos sus trabajadores.  Por lo tanto, dado que los salarios mínimos aumentan los costos de los empresarios por encima de sus ingresos, la competencia en los mercados de bienes lleva a estos empresarios a reducir la producción hasta que los precios de los bienes vuelvan a subir hasta niveles que cubran los costos.  Esta reducción de la producción destruye puestos de trabajo para algunos trabajadores poco cualificados.

Luego podemos diferenciar efectos de corto y de largo plazo. Las empresas tardan en reaccionar a nuevos precios relativos. Un incremento del salario mínimo puede no provocar desempleo de inmediato, pero generarlo en el largo plazo. Si, como sucede en México, la productividad de los trabajadores permanece estancada o cae, tarde o temprano se agotan las reservas con las cuales las empresas pueden tolerar el costo de un salario mínimo más elevado.

Conclusión

Ligar el salario mínimo a la inflación es una política económica arriesgada. La indización de los salarios puede llevar a una mayor volatilidad en el empleo y dificultar la capacidad de la economía para enfrentar choques negativos. Además, la evidencia sugiere que aumentos significativos en el salario mínimo pueden reducir el nivel de empleo, especialmente entre los trabajadores menos cualificados. Aunque teóricamente se podrían justificar incrementos del salario mínimo en ciertos mercados La política económica no debe responder a buenas intenciones; sino a la evidencia y a la prudencia.