Introducción:
El Paquete Económico 2025 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representa un pilar esencial en la gestión económica de México, ya que establece las proyecciones y lineamientos financieros con los que el gobierno planea administrar los recursos públicos y enfrentar los desafíos económicos del próximo año. Este documento integra tres componentes principales: la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, los cuales determinan las prioridades de inversión, las fuentes de financiamiento y las proyecciones macroeconómicas.
El contexto en el que se presenta el Paquete Económico 2025 es particularmente retador. México enfrenta una combinación de factores internos y externos que complican la gestión fiscal. A nivel global, se observan tensiones económicas derivadas de la desaceleración en economías clave como Estados Unidos y China, además de los efectos persistentes de la inflación internacional y la incertidumbre en los mercados financieros. En el ámbito nacional, las finanzas públicas se ven presionadas por un elevado nivel de deuda pública, el desafío de mantener el gasto social y la necesidad de financiar proyectos de infraestructura emblemáticos, todo esto en un año que marca la transición hacia una nueva administración federal.
Sin embargo, este esfuerzo no está exento de críticas y riesgos. Las estimaciones de crecimiento económico y recaudación fiscal son cuestionadas por su excesivo optimismo, mientras que los recortes presupuestarios en áreas estratégicas como seguridad, salud y educación despiertan preocupaciones sobre su impacto en el bienestar social y la competitividad del país.
Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025
Estos criterios son fundamentales para delinear las proyecciones macroeconómicas y las directrices fiscales que guiarán la gestión económica de México en el próximo año. Estos criterios establecen estimaciones clave sobre variables como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el tipo de cambio y el balance fiscal, entre otros. A continuación, se presentan los principales aspectos de los CGPE 2025, destacando sus deficiencias y el optimismo que los caracteriza.
Proyecciones de Crecimiento Económico
Los CGPE 2025 estiman un crecimiento del PIB real en un rango de 2.5% a 3.5% para 2024 y de 2.0% a 3.0% para 2025
Sin embargo, estas proyecciones han sido calificadas de optimistas por diversos analistas y organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han proyectado tasas de crecimiento más conservadoras para México, situándolas alrededor del 1.3% y 1.5%, respectivamente. Esta discrepancia sugiere que las estimaciones gubernamentales podrían no reflejar plenamente los desafíos económicos actuales, como la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales.
Estimaciones de Inflación
Se anticipa una tasa de inflación del 3.5% para 2025, alineada con el objetivo del Banco de México
No obstante, factores externos como la volatilidad en los precios de las materias primas y posibles presiones inflacionarias globales podrían dificultar el cumplimiento de esta meta. Además, eventos imprevistos, como desastres naturales o crisis sanitarias, podrían generar choques de oferta que incrementen la inflación más allá de lo proyectado.
Tipo de Cambio
Se estima un tipo de cambio promedio de 18.7 pesos por dólar
Esta proyección asume una relativa estabilidad cambiaria, pero no considera plenamente posibles episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, cambios en las políticas monetarias de economías avanzadas o fluctuaciones en los precios del petróleo, que históricamente han impactado el tipo de cambio en México.
Balance Fiscal y Deuda Pública
Se proyecta un déficit presupuestario del 3.9% del PIB para 2025, con una deuda pública equivalente al 51.4% del PIB
Aunque estas cifras indican un esfuerzo por mantener la disciplina fiscal, el déficit sigue siendo elevado en comparación con estándares internacionales. Además, la ausencia de una reforma fiscal integral que amplíe la base tributaria y mejore la eficiencia recaudatoria limita la capacidad del gobierno para reducir el déficit sin afectar el gasto en áreas prioritarias.
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2025 (ILIF)
Este documento establece las proyecciones de ingresos que el gobierno federal espera recaudar durante el ejercicio fiscal de 2025, así como las fuentes de dichos ingresos. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la ILIF 2025, incluyendo el déficit fiscal, la debilidad fiscal y el gasto neto total. Aunque pretende abordar las necesidades del país a través de un presupuesto robusto y medidas de recaudación fiscal, las deficiencias subyacentes en su formulación y proyección generan preocupaciones significativas sobre su impacto en la economía nacional. A continuación, se analizan los aspectos más críticos que evidencian el deterioro financiero y fiscal que representa esta iniciativa.
Estructura del Gasto Total Neto
Según la iniciativa, que se basa en el marco macroeconómico previsto en los Criterios Generales de Política Económica, el sector público federal estima obtener un total de 9.30 billones de pesos de ingresos en 2025. Esto representa una reducción de -3.3% en términos reales, con respecto a los recursos previstos por la SHCP para el cierre de este año (9.22 billones de pesos).
De este monto, 1.25 billones de pesos –que equivalen al 13.4% de los ingresos totales, corresponden a ingresos derivados de financiamientos. Es decir, recursos provenientes, principalmente, de la contratación de deuda pública para cubrir las necesidades de gasto previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Los 8.06 billones de pesos restantes, que representan 86.6% de los ingresos totales, corresponden a ingresos presupuestarios. Es decir, ingresos ordinarios que obtiene el sector público por la venta de bienes y servicios, así como por el cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos, entre otras contribuciones.
Déficit Fiscal: Una carga insostenible
El déficit proyectado del 3.9% del PIB para 2025, aunque menor al 5.9% esperado para 2024, sigue siendo un nivel alarmantemente alto en el contexto de las finanzas públicas mexicanas. Este nivel de déficit implica que el gobierno seguirá dependiendo fuertemente del endeudamiento para financiar sus operaciones, perpetuando una espiral de dependencia crediticia con riesgos significativos:
La deuda federal alcanzará el 51.4% del PIB, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que cada vez se destina una mayor proporción de los ingresos al pago de intereses, reduciendo el margen para inversiones productivas.
Impacto en la calificación crediticia: Calificadoras como Fitch Ratings y Standard & Poor’s han advertido que México podría enfrentar una rebaja en su calificación crediticia si no se implementan medidas efectivas para controlar el déficit. Esto encarecería los costos del financiamiento externo, agravando la presión sobre las finanzas públicas. Esto a la luz del reciente cambio de perspectiva a negativo de la calificadora Moody’s.
Recaudación Tributaria
La ILIF 2025 proyecta ingresos por 8 billones 56 mil millones de pesos, de los cuales 5.3 billones provendrán de impuestos. Sin embargo, esta estimación optimista ignora las deficiencias estructurales del sistema tributario mexicano, que limita gravemente su capacidad recaudatoria:
Según datos del SAT, el 20% de los contribuyentes aporta cerca del 80% de los ingresos tributarios. Esta concentración refleja una base gravable extremadamente limitada, agravada por la informalidad laboral que afecta a más del 50% de la población económicamente activa y sin un sistema fiscal de bajos impuestos que den alicientes a los agentes económicos a formar parte de la base tributaria.
Asimismo, con una tasa de recaudación de apenas el 16.5% del PIB, México ocupa uno de los últimos lugares entre los países de la OCDE, cuyo promedio es del 33%. La falta de una reforma fiscal estructural perpetúa esta debilidad, dejando al país rezagado en términos de ingresos disponibles para políticas públicas y desarrollo. El meollo del ejercicio fiscal debe radicar en la eficiencia del gasto, lo que puede ampliar el espacio fiscal y una posible caída de los impuestos en el largo plazo.
La ILIF 2025 no aborda de manera adecuada los retos estructurales que amenazan la sostenibilidad fiscal del país. En lugar de plantear una reforma fiscal integral que incremente la recaudación y mejore la eficiencia del gasto, se apuesta por medidas administrativas y proyecciones optimistas que no atacan el problema de fondo:
Apuestas por ingresos volátiles, como la dependencia de ingresos petroleros y la limitada diversificación de fuentes de ingreso hacen que las finanzas públicas sean vulnerables a fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y otros riesgos externos.
De igual manera, carece de mecanismos contracíclicos: En un entorno económico global incierto, México carece de herramientas fiscales que permitan mitigar los impactos de desaceleraciones económicas, lo que deja al país expuesto a choques externos.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PPEF)
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 se presenta como un intento de reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025, mediante un ajuste en el gasto neto total. Aunque estas medidas parecen ser un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad fiscal, el presupuesto refleja una serie de decisiones cuestionables que podrían tener consecuencias negativas para el desarrollo económico y social del país. A continuación, se analizan críticamente los principales aspectos del PEF 2025.
Impacto en la inversión física: La caída del 12.7% en el gasto en infraestructura, que pasa de 932.4 mil millones de pesos (mmdp)en 2024 a 848.7 mmdp en 2025, pone en riesgo proyectos clave para el desarrollo económico del país. Este ajuste contradice la necesidad de modernizar la infraestructura nacional para impulsar la competitividad y generar empleo.
Reducción de recursos esenciales: Áreas como salud, seguridad y defensa nacional enfrentan recortes significativos que amenazan con deteriorar los servicios básicos. Por ejemplo:
Salud: El presupuesto de este ramo disminuye en un 34.1%, pasando de 97.0 mmdp en 2024 a 66.7 mmdp en 2025. Este recorte es alarmante considerando las crecientes necesidades de atención médica y los rezagos en infraestructura sanitaria.
Seguridad y Protección Ciudadana: Un recorte del 36.2% afecta gravemente los esfuerzos para combatir la delincuencia y fortalecer el Estado de Derecho.
Incrementos selectivos en ramos autónomos y administrativos: Prioridades desalineadas
A pesar de los recortes generalizados, algunos ramos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial, reciben incrementos significativos en sus presupuestos. Por ejemplo:
INE: Aumenta su presupuesto en un 18.4%, pasando de 32.8 mmdp a 40.5 mmdp, justificándose en la preparación de las elecciones generales. Aunque este incremento es necesario, contrasta con la reducción en otros ramos autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que sufre una disminución del 17.6%, debilitando la capacidad de generar datos confiables para la toma de decisiones públicas.
Apoyo desproporcionado a Pemex y CFE
Aunque el presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se reduce en 7.5%, pasando de 481.5 mmdp a 464.3 mmdp, la empresa sigue recibiendo transferencias millonarias para cubrir amortizaciones de deuda. Este respaldo pone en evidencia la incapacidad de Pemex para operar de manera autónoma, lo que representa un riesgo para las finanzas públicas.
Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementa su presupuesto en un 6.0%, alcanzando los 545.5 mmdp, pero estos recursos no necesariamente se destinan a proyectos de transición energética. La concentración en generación eléctrica basada en combustibles fósiles perpetúa un modelo obsoleto que contradice los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad.
Priorización de Programas y Proyectos Emblemáticos
El PEF 2025 destina 1.02 billones de pesos (11% del gasto total) a programas y proyectos prioritarios, incluyendo 17 programas sociales y 10 proyectos de inversión. Si bien estas iniciativas buscan promover el desarrollo, su diseño y ejecución han sido objeto de críticas:
La mayor parte de los recursos (835.7 mmdp) se dirige a programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida. Sin embargo, la falta de transparencia y mecanismos efectivos de evaluación generan dudas sobre su impacto real en la reducción de la pobreza.

Los recursos destinados a proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles carecen de estudios de costo-beneficio sólidos que justifiquen su rentabilidad. Además, concentran recursos en regiones específicas, dejando a otras áreas del país en rezago.

Incremento en el Gasto No Programable: Una deuda que crece
El gasto no programable aumenta en un 6.5%, alcanzando 2.77 billones de pesos. Este incremento se debe, principalmente, al aumento del 8.5% en el costo financiero de la deuda, que pasará de 1.23 billones en 2024 a 1.39 billones en 2025. Esto refleja una dependencia cada vez mayor del endeudamiento para financiar el gasto público, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en áreas prioritarias.
Conclusión:
El Paquete Económico 2025 es un reflejo alarmante de un gobierno que prioriza su narrativa política sobre las verdaderas necesidades del país. Bajo el pretexto de reducir el déficit fiscal, se han sacrificado áreas clave para el desarrollo económico y social, como salud, seguridad e infraestructura, mientras se destinan recursos desproporcionados a proyectos emblemáticos cuestionables y a empresas estatales ineficientes como Pemex y CFE. Estas decisiones no solo desatienden las urgencias actuales de la población, sino que hipotecan el futuro de generaciones enteras.
El recorte del 7.3% en el gasto programable y la caída del 12.7% en la inversión física son una sentencia para el crecimiento económico y la competitividad del país. Mientras tanto, programas sociales sin mecanismos claros de evaluación y proyectos faraónicos como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas siguen absorbiendo recursos públicos en un acto de despilfarro que beneficia a unos pocos y deja a la mayoría desprotegida.