En abril de 2025, el Congreso de varios estados en México —con apoyo del Gobierno Federal— impulsó iniciativas para prohibir la difusión, interpretación y promoción de narcocorridos, argumentando que estas expresiones musicales enaltecen al crimen organizado y promueven la cultura del narco. Aunque esta medida podría parecer una acción moralizante y preventiva, desde la teoría económica liberal se demuestra que la censura de contenidos no solo es ineficaz para combatir estructuras criminales, sino que también genera efectos negativos sobre la economía, el Estado de derecho y las libertades individuales. Este trabajo expone por qué dicha prohibición representa una mala política pública, sus consecuencias económicas y sociales, y plantea soluciones contundentes desde la lógica del liberalismo económico.

I. Prohibir la música no debilita al narco: análisis desde la economía de incentivos

Desde una perspectiva liberal basada en la teoría económica de los incentivos, la decisión de prohibir los narcocorridos representa un intento fallido de modificar conductas sin alterar la estructura de beneficios y costos que las genera. El comportamiento del crimen organizado, al igual que cualquier agente económico racional, responde a incentivos económicos, no a normas morales ni a símbolos culturales. Mientras los beneficios esperados de participar en actividades ilícitas superen los costos esperados (incluyendo el riesgo de ser capturado o asesinado), la oferta de capital humano, infraestructura y recursos para el crimen se mantendrá —e incluso crecerá.

Prohibir un género musical no afecta en absoluto este cálculo racional. No reduce las ganancias extraordinarias que genera el narcotráfico; no incrementa la eficiencia del sistema judicial; no mejora la probabilidad de aprehensión ni de castigo. Por el contrario, elimina una válvula de expresión social y cultural sin alterar el sistema de incentivos perversos que permite al crimen prosperar. La música puede reflejar realidades incómodas, pero no las origina. De hecho, en muchos casos, los narcocorridos han funcionado como un canal de denuncia o visibilización de dinámicas que las autoridades ignoran o encubren.

Más aún, esta prohibición cae en lo que los economistas llaman «fallas de intervención pública», es decir, cuando la acción del Estado genera consecuencias contrarias a su objetivo declarado. En este caso, al prohibir los narcocorridos, el Estado no desincentiva la adhesión social al crimen organizado, sino que fomenta un mercado clandestino aún más lucrativo y simbólicamente poderoso. Como ha ocurrido históricamente con el alcohol, las drogas o la pornografía, la represión no elimina la demanda: la traslada al mercado negro, donde los márgenes de ganancia aumentan y la regulación desaparece por completo.

Además, desde la economía institucional, esta medida refleja una deslegitimación del Estado en su capacidad para gobernar con base en reglas claras. Al intentar modificar las conductas culturales sin resolver los problemas de fondo —corrupción, impunidad, pobreza y falta de movilidad social—, se refuerza la idea de que el gobierno es débil frente a los actores reales del conflicto y, por lo tanto, opta por acciones simbólicas que no amenazan a los verdaderos poderes. Se castiga al músico, no al capo; se censura al compositor, no al funcionario corrupto que permite la operación de redes criminales.

Desde un enfoque de economía política, la prohibición también revela un uso populista del poder regulatorio: al atacar una expresión cultural visible y popular —en vez de las complejas estructuras institucionales que permiten el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de armas—, el gobierno simula acción ante la opinión pública, genera titulares inmediatos y gana capital político entre sectores conservadores, sin alterar ni un milímetro las cadenas de valor del crimen.

Finalmente, si analizamos este tema desde la teoría del costo de oportunidad, el tiempo, los recursos, el capital político y los esfuerzos destinados a perseguir artistas y censurar letras musicales podrían emplearse de forma más productiva en reformar el sistema de justicia penal, en profesionalizar las fiscalías o en fortalecer las unidades de inteligencia financiera. Cada peso gastado en censura es un peso que no se invierte en capacidades reales del Estado.

II. El efecto Streisand y el mercado negro cultural

Uno de los fenómenos más documentados por la economía del comportamiento y la sociología de los medios es el llamado efecto Streisand, que ocurre cuando un intento de censura o supresión de información genera el efecto contrario: una explosión de interés, difusión y consumo del contenido prohibido. Este principio, nombrado así tras un intento fallido de la cantante Barbra Streisand por ocultar fotos de su mansión que terminaron viralizándose, se cumple con mayor fuerza en entornos donde la censura se percibe como injustificada o autoritaria. En el caso de los narcocorridos, este efecto es casi inevitable.

Prohibir canciones o géneros musicales vinculados al narcotráfico aumenta su atractivo como símbolos de rebeldía, resistencia o contracultura, especialmente entre jóvenes que ya se sienten excluidos del sistema económico formal. Este fenómeno no solo tiene consecuencias culturales, sino económicas muy claras: se fortalece un mercado negro cultural, donde los narcocorridos continúan circulando —con mayor intensidad— a través de canales no regulados, sin pagar impuestos, sin cumplir regulaciones, y sin posibilidad de rendición de cuentas.

Este mercado negro cultural se expresa en múltiples dimensiones:

1. Plataformas digitales descentralizadas

Aunque los gobiernos pueden presionar a radios o a servicios de streaming como Spotify para desindexar contenidos, la difusión digital está descentralizada. Plataformas como YouTube, TikTok, Telegram, SoundCloud e incluso servicios de mensajería como WhatsApp funcionan como vehículos de distribución masiva. Algunos artistas suben sus contenidos desde cuentas falsas o internacionales, y el efecto de viralización es muchas veces mayor al que tendrían en un canal formal. Además, la lógica algorítmica de las redes sociales premia la controversia y lo prohibido, exacerbando el fenómeno.

2. Conciertos clandestinos y eventos privados

La prohibición también puede trasladar la música a eventos clandestinos, fiestas privadas, o palenques ilegales, donde el crimen organizado tiene fuerte presencia. Esto no solo fortalece la informalidad, sino que convierte a estos espacios en escenarios de reclutamiento, legitimación social del crimen y circulación de dinero no fiscalizado. En lugar de debilitar al narco, se refuerzan sus espacios de poder simbólico y territorial.

3. Producción independiente sin control ni fiscalización

En un entorno de prohibición, los artistas ya no graban en estudios legales, no contratan ingenieros certificados ni sellos discográficos formales. Todo se produce en la informalidad, lo que implica pérdida de empleos legales y precarización de la industria musical. Al intentar eliminar una expresión cultural, el Estado empuja toda una economía creativa al margen de la ley.

4. Mayor rentabilidad para los artistas vetados

Desde el punto de vista económico, la escasez artificial creada por la prohibición eleva el valor percibido del contenido. Esto puede traducirse en mayores pagos por shows privados, ventas clandestinas y reproducción en plataformas extranjeras. En lugar de perder ingresos, muchos artistas pueden ganar más dinero operando fuera del sistema, sin pagar derechos, impuestos ni comisiones. La censura, entonces, funciona como una campaña de marketing gratuita.

III. Impactos económicos de la prohibición: de lo macro a lo micro

1. Industria musical y efectos fiscales

La música regional mexicana representa un sector con alto impacto económico. De acuerdo con datos de Statista y AMPROFON, los subgéneros como el corrido tumbado o el regional urbano generan cientos de millones de pesos al año en ventas, conciertos y plataformas de streaming. La prohibición de narcocorridos afecta:

• Ingresos fiscales por concepto de impuestos a espectáculos, plataformas digitales y artistas.
• Empleos directos e indirectos, desde músicos hasta ingenieros de sonido, promotores y técnicos.
• Exportaciones culturales, ya que muchos de estos artistas tienen mercados en EE.UU., Centroamérica y Europa.

2. Criminalización de artistas

Al aplicar sanciones penales o administrativas por cantar o producir cierto tipo de contenido, se abre la puerta a la censura selectiva y la criminalización de la cultura popular. Esto erosiona el Estado de derecho y crea incertidumbre legal en el ecosistema cultural, inhibiendo la inversión privada en el sector.

3. Costo de aplicación

Implementar una política de censura exige aparatos de vigilancia, monitoreo de contenidos, comisiones de evaluación moral, policías culturales, y procesos judiciales. Todo esto tiene un costo presupuestario innecesario y desvía recursos que podrían destinarse a fortalecer instituciones judiciales, fiscales o de inteligencia financiera.

IV. Propuestas desde el liberalismo económico

El liberalismo no combate las ideas: combate las estructuras económicas que dan poder al crimen. Por ello, propone atacar al narcotráfico desde la competencia, la liberalización de mercados y el fortalecimiento institucional real:

1. Legalización y regulación de drogas

El prohibicionismo ha fracasado durante décadas. Un paso agresivo pero eficaz es la legalización de ciertas drogas (marihuana, amapola con fines médicos, entre otras), lo que permite:

• Quitarle el monopolio al narco.
• Generar impuestos para financiar salud pública y educación.
• Romper la cadena de suministro ilegal.

Ejemplo: En EE.UU., los estados que legalizaron marihuana redujeron el poder de los cárteles y aumentaron ingresos públicos. En México, un estudio de IMCO proyectó que legalizar la marihuana generaría más de 20 mil millones de pesos anuales en ingresos fiscales y empleos formales.

2. Privatización de aduanas y puertos

La corrupción en aduanas y puertos permite el ingreso de armas y salida de drogas. Un enfoque liberal propone concesionar a empresas privadas la operación y vigilancia tecnológica, con incentivos económicos atados a métricas de control y eficiencia. Empresas con tecnología de punta y sin vínculos sindicales pueden operar con mayor transparencia y resultados.

3. Banca y tecnología contra el lavado

El sistema financiero sigue siendo vulnerable al lavado de dinero. Una de las mejores soluciones en este sentido tecnocrático, impulsaría el uso de inteligencia artificial y blockchain en el sistema bancario y notarial, para detectar operaciones sospechosas, congelar cuentas en tiempo real y colaborar con agencias internacionales.

4. Reformar el gasto social clientelar

El crimen se fortalece donde el Estado no compite. Hoy, los programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro no ofrecen alternativas reales al empleo narco. Se requiere liberalizar la economía local, quitar barreras a la inversión privada en zonas rurales, ofrecer microcréditos sin intermediarios y conectar a los jóvenes con mercados reales, no con subsidios perpetuos.

V. Implicaciones de la prohibición de narcocorridos (de las más notables a las más detalladas)

1. Erosión de la libertad de expresión: criminalizar contenidos artísticos rompe principios constitucionales y crea un precedente autoritario.
2. Deslegitimación del Estado: la censura moral da la imagen de un Estado que prefiere prohibir canciones que enfrentar redes de corrupción en sus propias instituciones.
3. Incremento del consumo clandestino: el contenido prohibido circula más intensamente en canales ilegales, generando ingresos adicionales para plataformas opacas.
4. Afectación a artistas jóvenes y minorías: muchos músicos emergentes pierden ingresos y se exponen a sanciones por su forma de expresión cultural.
5. Judicialización de la cultura: se abrirían litigios por «incitación al delito» o «apología del crimen», con un alto costo judicial y escasa eficacia.
6. Censura selectiva con sesgo político: existe el riesgo de que gobiernos usen estas leyes para perseguir a artistas incómodos o disidentes.
7. Pérdida de competitividad cultural: México podría perder presencia en un mercado musical que hoy exporta millones en streaming, shows y marketing.

Conclusión

Prohibir los narcocorridos no es solo una medida inútil: es un acto de cobardía institucional. Es el grito desesperado de un Estado que, incapaz de enfrentar a los verdaderos amos del crimen organizado, prefiere castigar a músicos, censurar letras y silenciar canciones. Porque es más fácil y más barato vetar a un artista que detener a un capo. Es más cómodo prohibir un corrido que reformar fiscalías, profesionalizar policías o desmantelar redes de lavado que operan bajo protección política.

Desde la economía liberal, esta medida es un absoluto despropósito. No altera los incentivos que sostienen al narco. No modifica los costos de delinquir. No afecta los márgenes de utilidad del mercado ilegal de drogas. Solo genera una ilusión de control que se desmorona ante la realidad: el crimen organizado sigue creciendo, sigue controlando territorios, y ahora además tiene el monopolio simbólico de una narrativa que el gobierno decidió abandonar.

Censurar no es gobernar. Callar no es gobernar. Prohibir no es resolver. Si el Estado quiere recuperar autoridad moral y poder real, debe ir al fondo: liberalizar sectores, abrir mercados, legalizar con inteligencia, competir contra el crimen organizado donde realmente duele: en el terreno económico y en el control del flujo de capital. El narco no se vence con moralinas ni con censura. Se vence cuando el Estado deja de ser un obstáculo para la prosperidad y se convierte en el garante de un mercado libre, justo y competitivo.