Una medida controvertida para afrontar la crisis inmobiliaria, entre riesgos económicos y dudas de legitimidad
El anuncio del gobierno español de que pretende introducir un impuesto de hasta el 100 por ciento sobre el valor de las propiedades compradas por residentes fuera de la UE representa un ataque sin precedentes a la propiedad privada y la libertad económica . Detrás de la justificación de la crisis inmobiliaria y de la necesidad de combatir la especulación inmobiliaria, en realidad, se esconde una vieja herencia ideológica: la desconfianza en la propiedad como expresión de la libertad individual.
La propuesta del Gobierno de Sánchez tendría así como objetivo desalentar la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros, especialmente aquellos que transforman viviendas en alquileres turísticos de corta duración. Según los promotores de la medida, tales inversiones contribuirían de hecho a quitar viviendas disponibles a los ciudadanos españoles, haciendo subir los precios inmobiliarios y agravando la crisis del sector . Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y las consecuencias de una política de este tipo corren el riesgo de ser desastrosas.
En primer lugar, es necesario aclarar que la propiedad privada no es la causa de la supuesta crisis inmobiliaria, sino una de las principales soluciones. La historia demuestra que en los países donde se protege y fomenta, el mercado inmobiliario es más dinámico y accesible. Limitar el acceso, por otra parte, produce escasez, ineficiencia y estancamiento. Como explicó Ludwig von Mises : “La institución de la propiedad privada no necesita defensa, justificación, motivación o explicación. La sociedad necesita la propiedad privada para existir, y como los hombres necesitan la sociedad, deben preservar la propiedad privada para no dañar sus propios intereses, es decir, los intereses de todos. Ya que la sociedad sólo puede existir sobre la base de la propiedad privada.»
También hay que considerar que imponer un impuesto tan gravoso y penalizador a las compras de bienes inmuebles por parte de residentes fuera de la UE equivale, de hecho, a una expropiación encubierta . Sin embargo, se trata de una medida que viola los principios fundamentales del derecho europeo, incluida la libre circulación de capitales , y corre el riesgo de desalentar las inversiones extranjeras en la Península Ibérica. No hay que olvidar que estos últimos han contribuido históricamente al desarrollo del mercado español, generando empleo y riqueza.
Paradójicamente, la medida propuesta podría tener el efecto contrario al deseado: la fuga de operadores extranjeros, lo que se traduciría en una reducción de los ingresos fiscales y una desaceleración del sector de la construcción. A esto se suma que la caída de las inversiones inmobiliarias podría traducirse a su vez en un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos españoles para compensar las pérdidas.
En esencia, la crisis inmobiliaria, que parece afectar no sólo a España sino a muchos otros países europeos, no puede resolverse con medidas draconianas contra la propiedad privada. Por el contrario, la solución pasa por políticas que favorezcan el aumento de la oferta de vivienda , la simplificación burocrática para las nuevas construcciones, la liberalización de los alquileres y la reducción de los impuestos sobre la propiedad.
De hecho, está demostrado que el mercado inmobiliario, si se le deja libre para operar sin restricciones, puede responder rápida y creativamente a las necesidades de la población, proponiendo soluciones innovadoras y diversificadas. La introducción de impuestos punitivos , sin embargo, sofoca esta capacidad de adaptación y acaba agravando los problemas que busca resolver, generando rigidez e incertidumbre. En un contexto de libre comercio, los actores económicos se ven estimulados a encontrar respuestas efectivas a la demanda de vivienda, mientras que una regulación excesiva tiende a bloquear las iniciativas privadas y desalentar nuevas inversiones.
Tampoco podemos ignorar el riesgo adicional de que esa carga cree un precedente peligroso. Si España adoptara este infame impuesto, otros países europeos podrían seguir su ejemplo, dando lugar a una espiral de proteccionismo inmobiliario que dañaría toda la economía del continente. En una era en la que la globalización ha hecho que el capital sea móvil y los inversores pueden trasladar fácilmente sus intereses de un país a otro, adoptar políticas de cierre significa aislarse del mercado global.
En conclusión, la idea española, alimentada únicamente por prejuicios ideológicos hostiles a la propiedad privada y al mercado, lleva a la adopción de una medida miope y peligrosa. Se corre el riesgo de hacer pagar a España un precio muy alto, que podría alejarla de los principios de libertad económica y acercarla a un modelo de control estatal del mercado inmobiliario: un modelo que la historia ya ha demostrado que es un fracaso.
Agradecemos al autor el permiso para publicar su artículo, publicado originalmente en L’Opinione delle Libertà: https://opinione.it/economia/2025/01/15/sandro-scoppa-governo-spagna-tassa-immobili-stranieri-mercato-libero/
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.