La gente tiende a pensar que un sistema de justicia justo es una de las piedras angulares de una sociedad libre y floreciente. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos hemos resignado a la idea de que sólo puede ser administrado por el Estado. En lugar de aceptar el statu quo, tal vez deberíamos preguntarnos si los Estados son administradores de justicia adecuados y, en cambio, considerar si un enfoque de justicia sin Estado o libertario podría funcionar.
La palabra “justicia” proviene del latín jus, que significa “derecho” o “ley”. El Oxford English Dictionary define a la persona “justa” como aquella que “hace lo que es moralmente correcto” y está dispuesta a “dar a cada uno lo que le corresponde”. Mientras tanto, la mayoría de la gente concibe al Estado como una organización soberana que ejerce control sobre un territorio definido sin interferencias y en nombre de sus ciudadanos. A través de su soberanía, establece sus propias agendas y, a través de su control, es libre de reunir a la gente y los recursos dentro de su territorio para llevar a cabo estas agendas.
Independientemente del tipo de justicia que un Estado pretenda proporcionar, es importante entender que en cualquier concepto de Estado está implícita su necesidad de ser la única entidad que utilice la agresión dentro de su territorio. Por agresión me refiero al uso no provocado de la fuerza, o la amenaza de usarla, contra cualquiera que se resista a sus actividades. Este monopolio es fundamental, ya que tan pronto como prevalecen los agresores opositores (pensemos en criminales, invasores o revolucionarios), se pierde algún aspecto de la soberanía y el control (y, por lo tanto, la condición de Estado). Si bien el uso de la fuerza para defenderse o recuperar objetos robados puede ser perfectamente coherente con un resultado justo, el uso de la agresión cuando no hay una mala acción previa (por ejemplo, cuando el Estado obliga al pago de impuestos o exige el uso de su sistema legal) demuestra que es una fuente de decreto autocrático, colocándose así por encima de la necesidad de estar obligado a hacer lo que es correcto y justo.
Con un enfoque libertario de la justicia, no habría ninguna autoridad estatal gobernante a la que se debiera apelar, sino que podrían existir múltiples opciones contractuales privadas para validar, hacer cumplir y financiar el reclamo de justicia de cualquier individuo.
Para ilustrar cómo podría funcionar esto, supongamos que John ha sido atacado y robado por Larry. John podría tratar de financiar los servicios de validación y cumplimiento necesarios presentando su reclamación a una aseguradora con la que haya concertado previamente un contrato de seguro diseñado específicamente con el fin de financiar disputas legales cuando se haya producido una infracción contra su persona y su propiedad.
Si la reclamación de John es sencilla y está bien fundamentada, la aseguradora puede simplemente satisfacerla de inmediato con un pago en efectivo. Si la reclamación es más compleja, involucra sumas significativas o es difícil de hacer cumplir, la aseguradora puede exigir primero una sentencia de un especialista legal o juez independiente y de buena reputación.
En un mercado abierto para los jueces, aquellos que se labran una reputación por cualidades tan buscadas como la objetividad, la imparcialidad, la previsibilidad, la rapidez y la asequibilidad tenderán a ser seleccionados en lugar de aquellos menos capaces de demostrar tales rasgos. Esta preferencia de selección también sería un factor importante que influiría en qué formas de jurisprudencia predominarían con el tiempo (véase Legal Foundations of a Free Society de Stephan Kinsella para un tratamiento más exhaustivo de los fundamentos de los derechos libertarios y la teoría del castigo).
Si el juez elegido falla en contra de John, puede haber implicaciones establecidas en el contrato de seguro que lo penalicen o al menos limiten su incentivo para hacer reclamos infundados en el futuro. Sin embargo, si el juez decide a favor de John, la aseguradora deberá pagar los daños y perjuicios que se le adeuden a John y encargar una acción de ejecución para recuperar sus costos, además de aplicar cualquier castigo permitido en la sentencia contra Larry. La acción de ejecución podría, por lo tanto, adoptar la forma de confiscación de activos financieros, confiscación de activos reales y, potencialmente, aplicar algún grado de castigo físico a Larry.
La aseguradora de John probablemente optaría por contratar los servicios de una agencia de cumplimiento para aportar sus capacidades especializadas a la labor de cumplimiento, maximizando las posibilidades de éxito y minimizando los daños colaterales, que podrían desencadenar costosas contrademandas.
En caso de que Larry opte por resistirse al intento de ejecución, se enfrentará a los recursos y capacidades de una agencia de ejecución especializada, con el respaldo financiero de una aseguradora y la validación independiente de una resolución de un árbitro ampliamente reconocido. La reputación de Larry y su acceso a los recursos probablemente se deteriorarían rápidamente si optara por resistirse a esa combinación, a menos que pudiera construir su propia contrademanda con una sentencia independiente creíble y contratar sus propios servicios de ejecución y seguridad.
En un sistema de justicia libertario, es probable que se produzcan resistencias y resultados conflictivos de este tipo, dado que las personas y las organizaciones tienden a preferir procesos de resolución preacordados en sus relaciones privadas para eliminar la incertidumbre y el riesgo en caso de que surjan disputas. Es poco probable que las aseguradoras, los jueces y los encargados de hacer cumplir la ley quieran encontrarse en un conflicto directo con sus pares y competidores cada vez que dos partes presenten reclamaciones contradictorias entre sí. El conflicto físico suele ser costoso y, por lo general, no beneficia a ninguna de las partes. Lo más probable es que las aseguradoras hayan determinado previamente los protocolos que siguen cuando manejan casos en los que los respectivos clientes presentan reclamaciones contradictorias entre sí, como el uso de jueces acordados de común acuerdo. Es posible que los encargados de hacer cumplir la ley solo quieran aceptar contratos en los que un juez de buena reputación haya dictado una sentencia no impugnada y una aseguradora bien establecida esté financiando la operación de cumplimiento. En general, estas medidas deberían garantizar que, cuando se validen las reclamaciones, se hagan cumplir rápidamente.
Si se descubre que Larry está equivocado y sus activos no son suficientes para pagar todo lo que debe, se establecería una obligación de deuda tal que John, o más probablemente su aseguradora, podría reclamarle a Larry los activos futuros hasta que se pague la deuda.
Ya sea por deudas pendientes o por la gravedad del delito cometido, Larry podría no ser capaz de mantener relaciones y contratos clave con la comunidad, como los que mantiene con los propietarios, los empleadores, los bancos y las aseguradoras. Esto podría dar lugar a que Larry se viera obligado a marcharse y se le prohibiera entrar en la mayoría de las propiedades privadas. Con pocas opciones, podría verse confinado a vivir en un lugar de refugio donde trabajaría para pagar sus gastos de vida y saldar las deudas pendientes hasta que la sociedad en general estuviera dispuesta a volver a relacionarse con él. Por tanto, un refugio de este tipo sería lo opuesto a una prisión, ya que el delincuente no sería condenado allí por decreto, sino que simplemente no sería aceptado en ningún otro lugar, lo que haría de un refugio su mejor opción. La razón por la que alguien querría establecer un refugio, más allá del altruismo, sería para obtener acceso a la mano de obra barata de delincuentes convictos como Larry, que de otro modo podrían ser trabajadores productivos.
En un sistema de justicia libertario, mantener los contratos y las relaciones con las instituciones clave sería fundamental para poder funcionar en general en la sociedad. Así como Larry se enfrentaría a una vida muy restringida durante un período de tiempo si fuera condenado por atacar y robar a John, también John podría haber terminado con el mismo tipo de vida si hubiera optado por tomar el asunto en sus propias manos. Por ejemplo, si John simplemente hubiera decidido asaltar la propiedad y los activos de Larry para recuperar lo que sentía que se le debía sin un juicio independiente y reconocido y un esfuerzo de ejecución, entonces John podría fácilmente aparecer como un agresor criminal y, en consecuencia, perder su posición ante las contrapartes clave necesarias para mantener su vida y sus circunstancias.
Después de haber esbozado brevemente un enfoque libertario para un sistema de justicia, ahora podemos preguntarnos por qué éste sería mejor que los diversos sistemas de justicia estatales en los que vivimos actualmente. La mejor manera de entenderlo sería cómo abordamos cualquier solución de libre mercado frente a un monopolio impuesto con la amenaza de la violencia. Es decir, podríamos esperar que la competencia y el cálculo económico sin trabas garanticen que el costo de la justicia se reduzca al mismo tiempo que se maximiza la calidad de la justicia.
Esto podría adoptar la forma de un mejor acceso a la justicia para los menos ricos, menos criminalidad sin víctimas, una administración de justicia más rápida, resultados más predecibles y más acordes con lo que se percibe como justo y moralmente correcto. Particularmente importante es la eliminación del concepto inherentemente defectuoso de que el Estado sea el árbitro final de los conflictos entre él y el pueblo dentro de su dominio, una construcción que siempre está destinada a favorecer al Estado sobre el pueblo y ser una fuente importante de corrupción y tiranía.
Debemos terminar señalando que un sistema de justicia libertario no garantizará una justicia perfecta en todo momento. No se espera esto de un sistema de justicia dirigido por el Estado y, ciertamente, nunca se ha logrado. Sin embargo, lo que podemos esperar es que exista un proceso que trabaje para optimizar y mejorar constantemente el sistema de justicia, con innovaciones útiles que ganen terreno y procesos deficientes que se descarten. Sin duda, esta perspectiva es mejor que la que tenemos. Sin duda, nos debemos a nosotros mismos pensar más en lograr justicia fuera del Estado.
Publicado originalmente por el Mises Institute: https://mises.org/mises-wire/can-there-be-justice-outside-state-yes
Rowan ParchiI.- ha trabajado en los mercados financieros desde 2002. Actualmente es director ejecutivo y director de capital de Coking Coal Pty Ltd, una productora de carbón metalúrgico en EEUU. También ocupa varios puestos en juntas directivas corporativas, incluidas las de Australian Digital Holdings y Clanz.