2024 será un año de incrementos en la deuda y de incrementos en el servicio de la deuda; de incrementos en tasas impositivas; de gasto público oportunista y de recursos reales desperdiciados en servicio del ciclo político electoral.
El ejercicio del presupuesto de una administración revela sus preferencias. Cuando el dinero falta, el gobierno recorta recursos en los programas que le parecen menos rentables para mantener los recursos fluyendo a sus programas claves. El timing también es revelador: importa el cuándo tanto como el cuánto y el cómo. El momento en el que el gobierno se endeuda revela sus perspectivas de corto y largo plazo.
El gobierno mexicano promete incrementar el nivel de endeudamiento el siguiente año en un momento de tasas de interés elevadas (la expectativa de tasa de fondeo interbancario para cierre de 2023 es de 11.02%; para 2024, de 8.58%)[1]. Durante la pandemia, el gobierno se rehúso a asumir deuda gubernamental para paliar los efectos recesivos de la interrupción en cadenas de suministro; se rehúso, además, a otorgar prórrogas a las obligaciones fiscales de personas físicas y morales e incrementó el cobro de impuestos y tarifas por encima del crecimiento de la inflación.
Es decir, en los momentos más prudentes para elevar el nivel de gasto público –desde una perspectiva macroeconómica–, el gobierno no reaccionó. Dejó en el desamparo a decenas de familias pobres y agudizó el cobro de impuestos en el estrato productivo. Por el contrario, en los momentos menos prudentes para incrementar el nivel de gasto público y asumir un mayor nivel de deuda, decide incrementar su endeudamiento. Los requerimientos financieros del sector público federal aumentarán de un promedio cercano al 4% del PIB en los últimos tres años a cerca de 5.4% del PIB en 2024[2].
Aunado a lo anterior, el gobierno federal planea incrementar la presión fiscal sobre los ahorros de la ciudadanía. La Ley de Ingresos propuesta para 2024 obligará a los ahorradores en Cetes a pagar una retención sobre sus ganancias de 1.48%. Se trata de una doble tributación, pues los ahorradores en Cetes pagan ya impuestos de 0.15%. Estos impuestos no sólo castigan los ahorros, sino que además generan incentivos perversos, los cuales describiré a continuación.
Todo impuesto supone un desperdicio de recursos, ya que genera incentivos para que los tributantes empleen sus recursos de maneras infravaloradas. Los impuestos no sólo significan transferencias de recursos, sino cambios de incentivos que reducen el espectro de intercambios mutuamente benéficos. Generan pérdidas sociales que no son compensadas por los ingresos adicionales que recauda el gobierno.
Los impuestos sobre el ahorro son especialmente injustos porque generan asimetrías en las cargas fiscales de personas con distintos perfiles de consumo intertemporal. Pensemos en dos personas, A y B, que tienen un ingreso idéntico igual a 100. A decide destinar la totalidad de su consumo a adquirir seis unidades de un bien x, con las cuales agota su ingreso hoy (t). B decide esperar y decide ahorrar los 100 a una tasa de interés que le permitirá duplicar su ingreso en un periodo futuro (t+n). Con el ingreso que recibirá en el futuro, comprará el doble de unidades que A: 12 unidades del bien x.
Si el gobierno decide imponer un impuesto del 50% al consumo, A consumirá tan sólo tres unidades; B, entretanto, podrá consumir 6.
Si el gobierno, observando lo anterior, decidiera aparejar a ambos individuos cobrando un impuesto al ahorro de 50%, B tendría que entregar tres unidades adicionales del bien x. De ese modo, tanto A como B terminarían con un consumo aparentemente idéntico.
Pero lo único que habría hecho el impuesto sobre el ahorro es penalizar dos veces el ingreso del consumidor B. Como B podía antes consumir 12 unidades, y ahora sólo puede consumir tres, el impuesto al ahorro aunado al impuesto al consumo ha significado una merma de 75% sobre sus ingresos[3]. El individuo A sólo sufrió una merma de 50%, mientras que el individuo B sufrió una merma de 25 puntos porcentuales adicionales.
Los impuestos al ahorro representan una penalización a la creación de capital. Incrementar el acervo de capital de una economía de mercado es un ingrediente crucial para elevar la productividad laboral y elevar los salarios de la población mexicana. Los impuestos al ahorro, al penalizar de manera desproporcionada a quienes emplean sus recursos en tener más bienes en el futuro también reflejan un trato desigual ante la ley.
El gobierno transmite un mensaje claro: los efectos sobre la eficiencia económica y sobre la justicia son irrelevantes. Lo que importa es allegarse de recursos, a través de todos los medios posibles y sin importar el costo de su procedencia. El gobierno responde de acuerdo a lo esperado en la teoría del ciclo político económico: incrementa el nivel de gasto en fechas electorales, con el propósito de generar un impacto positivo en la ciudadanía objetivo. El incremento en el endeudamiento y el empecinamiento en financiar los elefantes blancos del Tren Maya y del AIFA, en un momento de altas tasas de interés y desconfianza inversora, responden a los deseos de una élite política de multiplicar votos y aplausos.
Lo que desea el gobierno no es el bienestar de la ciudadanía, sino una transacción burda y sencilla: gasto dirigido a una clientela política que pagará el día de las elecciones presidenciales.
[1] Cifras recuperadas de la encuesta de Banxico: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B8640D9CE-B937-97B3-B6C4-04F061B4DCD9%7D.pdf
[2] Véase el paquete económico de 2024: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/7I83r4rR/PPEF2024/oiqewbt4/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2024.pdf
[3] (3-12)/(12) ×100% = -75%