La gobernanza orientada a misiones se ha convertido en un marco popular para abordar los desafíos más urgentes de la sociedad, desde la descarbonización de la economía hasta la consecución de avances en materia de salud pública. Defensores como Mariana Mazzucato proponen un Estado proactivo que unifique a la sociedad en torno a misiones ambiciosas, ofreciendo dirección y estabilidad en un mundo de incertidumbre. Sin embargo, si bien la visión parece transformadora, su lógica subyacente entra en conflicto con el pluralismo y la diversidad que caracterizan la gobernanza democrática.

La direccionalidad de la misión busca la singularidad de un propósito: una misión elegida por el Estado que alinea a los actores sociales hacia un objetivo compartido. Sin embargo, este enfoque inevitablemente limita los procesos democráticos, que prosperan gracias al debate y el desacuerdo. Sus defensores afirman que es compatible con la democracia, haciendo hincapié en la participación de las partes interesadas y la participación ciudadana, pero la realidad es que lograr la direccionalidad de la misión requiere ignorar o marginar las voces disidentes, si es que realmente se persigue el ideal de manera consistente. Esta contradicción central pone en entredicho la viabilidad de la gobernanza dirigida por una misión dentro de las democracias liberales y plantea importantes preocupaciones sobre su potencial autoritario.

El atractivo de la direccionalidad de las misiones reside en su promesa de resolver la incertidumbre y la fragmentación inherentes a los sistemas descentralizados y basados ​​en el mercado. Sus defensores sostienen que los grandes desafíos sociales, como el cambio climático o la brecha digital, no pueden abordarse mediante políticas fragmentadas o reactivas. En cambio, los gobiernos deben proporcionar una «Estrella del Norte» que sirva de guía y que una a los actores públicos y privados hacia un cambio sistémico.

Sin embargo, la lógica de la direccionalidad de las misiones depende de la limitación de la multiplicidad de objetivos en pugna. Si se permite que persistan prioridades diversas, se socavan la coherencia y la estabilidad que exige la misión. Esto exige que los actores estatales tomen decisiones subjetivas sobre qué misiones tienen prioridad y que impongan la alineación, a menudo de maneras que anulan los procesos democráticos.

Los sistemas democráticos, en cambio, están diseñados para dar cabida al pluralismo. Los ciudadanos tienen opiniones divergentes sobre las prioridades sociales, y los gobiernos deben equilibrar esos intereses mediante la deliberación y el compromiso. La direccionalidad de la misión, con su énfasis en la singularidad y el enfoque, choca con ese pluralismo democrático. El resultado es una tensión fundamental: el Estado no puede respetar simultáneamente la diversidad del debate democrático y hacer cumplir la coherencia necesaria para la direccionalidad de la misión.

Un compromiso frágil con la democracia

Los defensores de la gobernanza orientada a misiones afirman que su enfoque respeta los principios democráticos y, a menudo, enfatiza la colaboración de las partes interesadas y la participación pública. Mazzucato, por ejemplo, describe una visión en la que los ciudadanos ayudan a diseñar e implementar misiones, asegurando que la gobernanza refleje los valores sociales.

Sin embargo, estas afirmaciones se ven socavadas por el requisito de que el Estado debe primero «elegir una dirección». Esta priorización subordina la deliberación democrática a objetivos predeterminados, reduciendo la participación de las partes interesadas a un ejercicio de aprobación automática. Por el contrario, si la participación ciudadana se incorpora plenamente al proceso de selección de la misión, el pluralismo del debate democrático socava la singularidad necesaria para la direccionalidad de la misión. Los intereses en pugna y las prioridades en conflicto hacen que sea prácticamente imposible mantener el enfoque que exige la gobernanza orientada a la misión.

Este dilema revela una contradicción no resuelta: o bien la misión se vuelve difusa e ineficaz, o bien se recortan los procesos democráticos para preservar su coherencia. Los defensores de esta idea suelen eludir esta cuestión, suponiendo que el consenso en torno a los objetivos sociales surgirá de manera orgánica. Sin embargo, la realidad de la política democrática es una de disputa constante, donde el consenso es raro y transitorio.

El cambio climático como caso de estudio

La presentación del cambio climático como una «emergencia planetaria» ilustra los riesgos de la direccionalidad de la misión. Si bien la urgencia de abordar el cambio climático es innegable, el lenguaje de la crisis a menudo margina las opiniones disidentes y los enfoques alternativos .

Propuestas como los Green New Deals ejemplifican esta tendencia. Sus promotores suelen descartar estrategias modestas (como los impuestos al carbono o las políticas adaptativas) por considerarlas insuficientemente ambiciosas. Sin embargo, estas alternativas pueden equilibrar mejor los costos y los beneficios, en particular para los países en desarrollo que se ven desproporcionadamente agobiados por mandatos agresivos de descarbonización. Los enfoques orientados a una misión, en cambio, exigen una transformación sistémica a un alto costo, lo que convierte las perspectivas disidentes en obstáculos para el progreso.

La retórica militarista agrava estos riesgos. La invocación de la «guerra» para combatir el cambio climático legitima el control desde arriba, desde las cuotas de producción hasta el racionamiento personal del carbono. Si bien estas medidas pueden lograr resultados rápidos, también erosionan las normas democráticas, al presentar la resistencia como una traición en lugar de un debate legítimo.

La lección que se desprende de la política climática es clara: si se enmarcan los grandes desafíos como misiones singulares y totalizadoras, se corre el riesgo de subordinar el pluralismo democrático a la autoridad tecnocrática. Si bien hay mucho en juego, los medios para abordarlos deben respetar la naturaleza abierta y deliberativa de la democracia liberal.

Lo que los defensores de los derechos humanos ignoran sobre Asia Oriental

Los partidarios de una gobernanza orientada a misiones citan con frecuencia a los Estados desarrollistas del este de Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur) como ejemplos de una intervención estatal exitosa. Se sostiene que estas naciones demuestran cómo combinar las fuerzas del mercado con la planificación estatal, logrando un rápido crecimiento económico mediante políticas industriales específicas.

Sin embargo, los defensores de estos modelos suelen pasar por alto una característica fundamental de estos Estados: su direccionalidad misionera se basaba en fundamentos autoritarios. El modelo de Estado desarrollista, con su enfoque singular en el crecimiento económico, requería mecanismos de control que suprimieran el disenso y concentraran el poder.

Por ejemplo, Corea del Sur y Taiwán recurrieron a regímenes autoritarios durante sus fases de desarrollo para imponer su alineamiento con la industrialización dirigida por el Estado. En Corea del Sur, los movimientos obreros fueron reprimidos y los trabajadores fueron sometidos a culturas laborales coercitivas, presentadas como un deber patriótico. En Taiwán, las reformas agrarias se llevaron a cabo con una intervención estatal de mano dura, eliminando la oposición de las élites terratenientes. Incluso Japón, a menudo visto como un estado desarrollista democrático, dependió de una autonomía burocrática que aisló a los que toman las decisiones de la rendición de cuentas pública.

Singapur ofrece el ejemplo contemporáneo más claro de una gobernanza orientada a una misión sustentada mediante prácticas autoritarias. El Partido de Acción Popular (PAP) utilizó herramientas como la adquisición de tierras y las políticas de vivienda pública para controlar a la población y alinear los objetivos sociales con las misiones definidas por el Estado. Estas medidas ilustran cómo la direccionalidad de la misión a menudo requiere intrusiones profundas en la sociedad civil para mantener el foco y la disciplina.

Si bien los estados desarrollistas del este de Asia lograron resultados económicos impresionantes, sus métodos son incompatibles con las normas democráticas liberales. Los mecanismos autoritarios que sustentaron su éxito ponen de relieve los riesgos de perseguir una gobernanza orientada a una misión en sociedades que valoran la libertad individual y el pluralismo.

La deriva autoritaria de la direccionalidad de la misión

Incluso fuera del contexto del este asiático, la lógica de la direccionalidad de las misiones corre el riesgo de tener resultados autoritarios. La discreción burocrática, fundamental en este modelo, pone un inmenso poder en manos de funcionarios no electos, que deben definir los objetivos sociales y hacer cumplir la alineación. Esta concentración de autoridad socava los controles y contrapesos que sustentan la rendición de cuentas democrática.

Además, la presentación de los desafíos sociales como emergencias a menudo fomenta un clima de conformidad. Se deslegitiman las perspectivas alternativas y las voces disidentes se presentan como barreras al progreso. Las recientes respuestas de salud pública a la COVID-19 ilustran cómo las narrativas de emergencia pueden justificar restricciones extraordinarias a las libertades individuales , marginando el debate en favor de «seguir la ciencia». La misma lógica se aplica a la gobernanza orientada a una misión: la necesidad de coherencia y urgencia puede justificar medidas que erosionen las normas democráticas.

Conclusión

La gobernanza orientada a misiones se presenta como un enfoque visionario para los desafíos sociales, pero su lógica entra en conflicto con los principios de la democracia liberal. La singularidad y el enfoque que exige son incompatibles con el pluralismo y el debate que definen la gobernanza democrática. Sus defensores deben abandonar su compromiso con la direccionalidad sistémica o aceptar los riesgos autoritarios inherentes a su aplicación.

Las democracias liberales, con su diversidad de valores e intereses, no son adecuadas para los métodos que requiere la direccionalidad de las misiones. En lugar de imponer misiones singulares, los responsables de las políticas deberían acoger la naturaleza descentralizada y adaptativa de los sistemas democráticos. Las estrategias modestas, orientadas al mercado y que respeten el pluralismo ofrecen un camino más sostenible y legítimo hacia adelante. Al abordar grandes desafíos, el costo de la direccionalidad de las misiones puede acabar resultando demasiado alto.

Publicado originalmente por el Institute of Economic Affairs:
https://insider.iea.org.uk/p/the-illiberal-logic-of-mission-directed?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-93Z367O4sn7L0IBEpFB2Rme1golG0_fahyq3ZDyZvLMTA–LCSHmuIxMMkDblpMsyCJNCnbl0y9s8WtzALymrlbak3Rg&_hsmi=102109432&utm_content=102109432&utm_source=hs_email

Para mayor detalle, véase el artículo recientemente publicado aquí “ Por qué la gobernanza dirigida por misiones corre el riesgo de generar autoritarismo: lecciones de Asia Oriental ” en el Journal of Institutional Economics.

Bryan Cheang.- es director de investigación del Programa Hayek de la London School of Economics y miembro del Centro de Estudios de Gobernanza y Sociedad del King’s College de Londres, donde obtuvo su doctorado en Economía Política. También es miembro del Adam Smith Institute.

Twitter: @bryancheang_