Ante todo, soy padre de tres niños pequeños: uno de cinco años, otro de cuatro y un bebé de seis meses. A su edad, las redes sociales aún no forman parte importante de sus vidas, que siguen estando llenas de juguetes, dibujos, disfraces y el caos cotidiano propio de cualquier familia joven. Como muchos padres de mi generación, ya presiento las preguntas que empiezan a surgir: «Papá, ¿cuándo podré tener un móvil?», «Todos los demás en clase tienen móvil, ¿por qué yo no?», «Papá, necesito esta app para estar en contacto con mis amigos. ¿Por qué me lo pones tan difícil?».

Estas preguntas no son muy diferentes de las que les hacíamos a nuestros padres hace veinte años, pero la cuestión de proteger la infancia cuando el mundo online dicta constantemente las normas de la amistad es un tema en el que los políticos de Westminster y Holyrood se han quedado muy rezagados.

La prohibición propuesta por el Gobierno sobre el uso de redes sociales por menores de 16 años no puede descartarse simplemente como una alarma social. El problema que pretende abordar es muy real. De hecho, muchos otros países están siguiendo su ejemplo: Nueva Zelanda está introduciendo su propia prohibición, y se está preparando legislación similar en Francia, Grecia, Suecia y Polonia, entre otros.

Si bien el instinto que motiva la prohibición es comprensible, el método resulta cuestionable. Los niños necesitan ser niños el mayor tiempo posible —eso es indiscutible—, pero también necesitan crecer en el mundo moderno, donde las interacciones sociales y laborales se desarrollan en línea. Por lo tanto, la cuestión no radica en si se debe sobreproteger a los niños o dejarlos a su suerte, sino en cómo permitirles ser niños sin ignorar por completo los últimos veinte años.

Los conservadores no deberían dejarse llevar por una disyuntiva fácil pero falsa. Como concejal, siempre he creído que la infancia es asunto exclusivo de los padres, y he basado mis argumentos en el gobierno local en el principio fundamental de que el Estado debe mantenerse al margen, salvo que existan serias preocupaciones por el bienestar del niño. Por otro lado, escucho con frecuencia a miembros de mi asociación local expresar la tentación de creer que una prohibición generalizada puede resolver problemas culturales mucho más profundos y que todos podemos volver a la situación de hace veinte años.

En realidad, ninguno de los dos enfoques es suficiente.

Sí, los padres tienen la responsabilidad principal de sus hijos, pero no se enfrentan a las mismas condiciones. Nos enfrentamos a las empresas más poderosas del mundo, que emplean a científicos del comportamiento y diseñadores para lograr que los usuarios regresen una y otra vez. En definitiva, son sistemas comerciales diseñados para captar la atención el mayor tiempo posible.

Un conservadurismo serio nunca ha sido indiferente a las condiciones en que se crían los niños, y esto ya lo reconocía Disraeli. Creemos firmemente en la importancia de la familia, la comunidad y la patria, y por lo tanto, debemos estar dispuestos a desafiar cualquier concentración de poder que socave estos principios. Esto debería aplicarse tanto si ese poder reside en Westminster, Holyrood o Silicon Valley.

Durante muchos años, algunos sectores de la derecha han abordado las interacciones en línea de los niños desde la perspectiva de la libertad individual y parental. Al fin y al cabo, si un niño pasa horas navegando por TikTok, es su decisión, al igual que es decisión de los padres quitarle el teléfono o establecer normas más estrictas. Sin embargo, este argumento es innecesariamente simplista y trata la infancia como un simple mercado libre, a pesar de que sabemos que estas plataformas no son productos neutrales desde un principio.

Aquí es donde un conservadurismo serio debería tener algo útil que decir. El conservadurismo no es simplemente una defensa del libre mercado, y mucho menos una defensa de lo que sea que las grandes empresas consideren rentable. En su mejor expresión, se preocupa por las condiciones que permiten que las familias, las comunidades y los individuos prosperen. Valora la responsabilidad, pero también reconoce que es más difícil ejercerla cuando la cultura circundante empuja en la dirección opuesta.

Eso no quiere decir que todas las grandes empresas tecnológicas sean malas en sí mismas, porque no lo son.

El mundo digital puede educar, conectar y entretener. Esa es, en esencia, la razón por la que nos encontramos en esta situación. Nos facilita la vida y nos ha dado acceso a una gran cantidad de información.

La cuestión no es si se debe permitir que los niños usen la tecnología, sino si estamos de acuerdo con que las plataformas comerciales impongan las condiciones. Si no estamos de acuerdo con eso, entonces el motivo de la prohibición propuesta es comprensible. Se trata de un intento, aunque imperfecto, de establecer un límite y afirmar que la infancia merece cierta protección frente a sistemas que nunca se diseñaron teniendo en cuenta el bienestar infantil como principal prioridad.

El principal problema radica en cómo se implementa esta medida. Si la solución es la verificación de edad, como en Australia, debemos definir claramente qué implica. ¿Se espera que los menores demuestren su edad antes de acceder a las plataformas? ¿Se espera que los adultos hagan lo mismo para demostrar que no son menores? ¿Quién custodia esa información? ¿Qué tan segura es? ¿Qué sucede cuando, inevitablemente, parte de esos datos se pierden, se filtran o se utilizan indebidamente?

Estas cuestiones son fundamentales para determinar si una política diseñada para proteger la infancia podría acabar normalizando algo mucho más preocupante: la idea de que los ciudadanos de a pie deban verificar su identidad como condición para la vida cotidiana en línea.

También está la cuestión de la eficacia. Cualquier padre sabe que los niños son muy rápidos para encontrar la manera de sortear las reglas. Ya tenemos un ejemplo claro con las restricciones al acceso a la pornografía, donde el uso de VPN y plataformas menos reguladas está muy extendido. El resultado podría ser un sistema oneroso para las familias responsables, pero fácilmente eludible para quienes estén más decididos a hacerlo.

Eso sería lo peor de ambos mundos: lo suficientemente intrusivo como para inquietar a quienes se preocupan por la libertad, pero no lo suficientemente fuerte como para hacer frente al daño real.

Precisamente por eso, la prohibición propuesta no es una solución definitiva. Es un límite útil, pero no sustituye una estrategia de seguridad en línea.

Como ya he dicho, el verdadero problema no es que los niños accedan a las redes sociales, sino que las plataformas a las que acceden se han diseñado deliberadamente para recompensar la atención y la adicción. Estos son aspectos más complejos que los ministros deben abordar y requieren conversaciones difíciles con las propias empresas. Por ejemplo, la cuestión de si los niños deben estar expuestos a sistemas que moldean su comportamiento de maneras que no comprenden es tema para otro artículo.

Por lo tanto, la prohibición propuesta debe someterse a un análisis exhaustivo cuando se presente ante el Parlamento. Los conservadores liberales deberían preguntarse si esta política fortalece a los padres o los reemplaza. ¿Protege la privacidad en lugar de debilitarla? ¿Responsabiliza a las plataformas por los sistemas que han diseñado? ¿Es aplicable sin intrusiones? ¿Se implementará de forma fácil y eficaz?

Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es afirmativa, la prohibición podría resultar una intervención justificable. Si la respuesta es negativa, corre el riesgo de convertirse en poco más que un titular populista: popular en teoría, pero fallida en la práctica.

El objetivo no debe ser pretender que internet puede desaparecer, ni que los niños pueden mantenerse alejados de la tecnología indefinidamente, sino más bien restablecer cierto equilibrio. Ante todo, las plataformas deben responsabilizarse de los entornos que han creado.

Los niños necesitan protección frente a las grandes empresas tecnológicas, pero no deberían tener que crecer en un país donde demostrar la identidad en línea se convierta en el precio de una vida digital normal.

Publicado originalmente por Centre Write: https://centrewrite.brightblue.org.uk/children-need-protection-from-big-tech-not-a-digital-id-state/

Thomas Heald es un concejal conservador escocés en Dunblane y Bridge of Allan y fue asesor político en el Parlamento escocés.

X: @THeald90