Introducción:

El siguiente trabajo tiene como objetivo explicar las repercusiones que, por decreto, genera el aumento del salario mínimo. Se analizará desde el punto de vista del costo social que esto acarrea como las consecuencias directas a la economía laboral. Después de la introducción, el trabajo se compone de la siguiente manera: en el segundo punto se presentará la iniciativa que acaba de realizar el gobierno federal para aumentar el salario mínimo. En el tercer punto, se hará una explicación puntual de cómo los recientes aumentos del salario mínimo afectan al trabajador mexicano.

2.- El reciente aumento del salario mínimo

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, durante una reunión en la mañana del 1 de diciembre confirmaron un acuerdo con el mercado laboral, el sector empresarial y el gobierno para aumentar el salario mínimo en un 20 %.
El salario mínimo general aumentó de 172,87 pesos a 207,44 pesos diarios, mientras que en las zonas francas de la frontera norte pasó de 260,34 pesos a 312,41 pesos diarios.

Esto corresponde a un aumento del 20% en ambas zonas productivas. Los salarios mínimos profesionales también aumentarán un 20%. El aumento del salario mínimo general es la suma del salario mínimo de 2022 y el Monto independiente de recuperación (MIR), que es de 23,67 pesos en la ZLFN y 15,72 pesos en el resto del país, más 10 por ciento. aumento de salario fijo.

El MIR se utilizó por primera vez para determinar el salario mínimo vigente a partir de 2017 y es un mecanismo cuyo único fin es restablecer el poder adquisitivo del salario mínimo, es un monto absoluto en pesos y no debe ser utilizado como referencia para determinar otras corrientes de salarios, tales como salarios por contrato, salarios federales, salarios estatales o salarios municipales.

Este aumento significa un aumento mensual de 1.584 pesos en la frontera norte y de 1.052 pesos mensuales en el resto del país. Sin embargo, el crecimiento del salario mínimo ha promediado más del 15 por ciento anual durante los últimos cuatro años, por lo que la desigualdad salarial entre los trabajadores mexicanos parece haberse reducido.

El salario mínimo en 2019 es de 102 pesos, pero en 2015 fue de 70 pesos. La realidad está muy lejos de la ficción política, incluso si intentan justificar el aumento sin razón alguna. Se asegurar que este aumento beneficiará a unos 6,4 millones de trabajadores del sector formal y, según un estudio del consejo, el efecto de la inflación monetaria será prácticamente cero (esperado 0, 12%). Para calcular la inflación, cada empresa utiliza datos y analiza los factores que determinan la inflación.

La elasticidad para un aumento del 1 por ciento en el salario mínimo es 0,006, por lo que un aumento del 1 por ciento en el precio aumenta en un 0,006 por ciento. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el aumento del salario mínimo debe medirse teniendo en cuenta los costos básicos […] Desde ese aumento, no vemos ningún riesgo de aumento de la inflación y, además, estamos actuando contra -programa inflacionario”…

Más efecto que bien, porque por un lado sube el salario mínimo en el sector privado, mientras que el gobierno reducirá el número de días de pago del aguinaldo. Según el Comité Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la canasta de alimentos de la ciudad aumentó un 14,1% al pasar de $1.850,69 (octubre de 2021) a $2.112,10 (octubre de 2022). Quienes sufrirán severas consecuencias son los micro, pequeños, medianos y grandes comerciantes ya que tendrán que reducir sus presupuestos para cubrir salarios ya que las inversiones siguen aumentando, así como las curvas base e incluso los empleados sufrirán ya que muchos están bajo la deuda actual del INFONAVIT.

Después de todo, esta medida tiene como objetivo fomentar un mayor consumo. “Las personas que tienen menos recursos hacen su vida día a día, y los recursos que obtienen muchas veces los tienen que gastar en necesidades básicas, y en ese sentido también gastan más”. Gran parte de la iniciativa no está en el ámbito empresarial, es solo otro ejemplo del populismo actual.
En el cambio de milenio, la región geográfica A, que tenía el salario mínimo más alto, tenía un salario mínimo de 37,90 pesos. 

El país está dividido en tres regiones geográficas a, b y c. El primero incluye los municipios de Baja California, Baja California Sur, la Ciudad de México y algunos municipios de los estados de Chihuahua, México, Guerrero, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. en el segundo, algunos municipios de los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz; en la tercera región los otros estados. En 2012, cuando cambió la clasificación de las ciudades en ambas regiones geográficas, el salario mínimo más alto era de 62 pesos.

En 2015, el salario mínimo fue de 70 pesos luego de su implementación en áreas geográficas, incluyendo todos los municipios y alcaldías del país. Desde 2019, el salario mínimo de los trabajadores en la mayor parte del país aumentó a 102 pesos (un incremento del 16%) y a 176 pesos (un incremento del 100%) en el norte del país con el establecimiento de la Frontera Norte Zona libre. . en el país en comparación con 2018.
El incremento es del 20% en 2020, 15% en 2021 y 22% en 2022. De 2019 a 2023, los salarios en el Territorio del Norte aumentarán un 76 % y en el resto del país incrementó 101%. Sólo nos resta esperar y ver cómo nos va en este 2023 antesala del año electoral 2024.

3.- El impacto de aumentar el salario mínimo para la economía mexicana

En los últimos años, han crecido las voces a favor de un aumento sustancial del salario mínimo (SM) para reducir la pobreza y la desigualdad. El presidente López Obrador, incluso, ha expresado su interés en buscar una iniciativa legal para garantizar que la métrica realmente se restablezca. La mayor preocupación de los defensores de SM parece surgir por lo menos por dos razones. El primero es legal porque, dado su bajo nivel, el monto apenas cubre la necesidad constitucional. El otro es moral, que se refiere al deseo de solidarizarse con los que menos tienen.

Sin subestimar la legitimidad de estos motivos, es práctico analizar la probabilidad de que un mayor SM logre los objetivos deseados. En general, no se puede descartar que salarios obligatorios más altos puedan ser contraproducentes, al menos después de cierto nivel. En este sentido, dos incertidumbres tienden a reforzar la gravedad de la situación actual. 

Uno está relacionado con la impresión generalizada de que el actual declive y posterior estancamiento que SM ha registrado en México durante los últimos cuarenta años es sinónimo de regresión social.

La caída en el poder adquisitivo del SM se debe en gran parte a la visión del gobierno de tratar de controlar la inflación mediante el control de costos. Dado que el SM se convirtió en la principal referencia para indexar muchas deudas, este enfoque no ha demostrado ser efectivo en años de alta inflación. Sin embargo, la caída de SM ha coincidido con un aumento del PIB per cápita (aunque de forma constante) y un aumento del nivel de vida de todos, incluidos los más pobres. 

Lo que parece estar sucediendo hoy en día es que el SM está perdiendo relevancia, al menos en el mercado laboral formal, ya que se aplica a cada vez menos trabajadores. El segundo tipo de enredo es más común y se refiere a las comparaciones internacionales.

En particular, México tiene uno de los estados miembros más bajos en algunos grupos de países (por ejemplo, América Latina), por lo que se puede concluir que nuestro país está en desventaja en términos de bienestar. Sin embargo, tal relación entre países no siempre ha sido probada. Por ejemplo, en 2017, Guatemala y Honduras tenían casi el triple y el doble de SM que México, respectivamente, sobre la base de la paridad de precios adquisitivo. Al mismo tiempo, el PIB per cápita de ambos países es aproximadamente un tercio del nuestro, y la tasa de pobreza es mucho mayor.

En México, como en cualquier otro país, aumentar los salarios no es un medio ideal para combatir la pobreza y la desigualdad. La razón principal es que este aumento reduciría el empleo y afectaría a quienes buscan protección. Esto sucede de dos maneras. Por un lado, un mayor SM aumenta el costo relativo de la mano de obra no calificada, que incluye tanto a jóvenes pobres como sin experiencia, por lo que las empresas tienden a sustituirla por mano de obra calificada o incluso maquinaria. 

Por otro lado, las empresas tratan de hacer frente a los mayores costos aumentando los precios, lo que reduce la demanda de sus productos y, por lo tanto, el empleo. Lo anterior apunta a una tensión potencial entre los beneficios salariales para quienes conservan el trabajo (no necesariamente los más pobres) y los costos para quienes están desempleados o no pueden encontrar trabajo debido a salarios mínimos más altos.

Tales conflictos tienden a exacerbar la desigualdad de ingresos para los trabajadores poco calificados. Debido al bajo nivel de SM en nuestro país y la falta de conexiones formales, el costo de un aumento modesto en este indicador puede no ser visible en un principio. Eso no significa que no existan.

De hecho, incluso los defensores de la recuperación de un SM parecen reconocer que más allá de un cierto nivel salarial, dichos costos pueden volverse muy onerosos y perjudiciales para la economía. Si solo hay beneficios de otra manera, la propuesta debe ser un aumento ilimitado en el salario mínimo. Las transferencias directas a personas de bajos ingresos son una forma más efectiva de reducir la pobreza y la desigualdad social. La ventaja de este enfoque es que no interfiere con el mercado laboral y, por lo tanto, no conduce potencialmente a la pérdida de puestos de trabajo.