El pasado 19 de septiembre, el Instituto Fraser publicó su más reciente reporte de libertad económica anual: Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report. Con datos de 2021, el índice determina la libertad económica de un país en una escala del uno al 10. México ha obtenido una calificación cada vez más baja desde 2019.

            El índice de libertad económica promedia el desempeño de un país en cinco dimensiones: su tamaño de gobierno, su fortaleza institucional para defender derechos de propiedad, su nivel de regulación, el desempeño de su moneda y su libertad para comerciar con otros países. La siguiente tabla resume cómo los cambios en cada una de estas dimensiones impactan el valor del índice.

            La libertad económica es un ingrediente necesario para la prosperidad de un país. En resumen, la libertad económica consiste en la libertad de los individuos para disponer de recursos sobre los cuales tienen un derecho socialmente aceptado, reconocido y protegido de un modo que no atente contra los derechos de propiedad de terceros. La libertad económica requiere de un ensamblaje institucional que garantice la igualdad ante la ley; que restrinja el actuar arbitrario de gobiernos coercitivos; que instituya un sistema monetario estable y libre de discrecionalidad gubernamental; que respete la dignidad de cada individuo y que permita el florecimiento de propuestas empresariales. Gracias a la libertad económica, los seres humanos han accedido a mejores estándares de vida. Gracias a la libertad económica, la población humana, en promedio, ha superado en grandes números las inclemencias de la muerte temprana, de la enfermedad, del analfabetismo y de la violencia.

            Pero los pasos de México hacia la libertad económica han sido temblorosos e insuficientes. En más de una ocasión, México da la vuelta y abraza las corrientes totalitarias y autoritarias que tanta miseria suponen y han supuesto para la humanidad.

            En el siguiente diagrama podemos observar que es en los apartados de regulación y de dinero sólido donde el descenso de México ha sido más pronunciado. En el descenso en la calificación que concierne al dinero, la explicación es clara: es una respuesta al fenómeno de alta inflación que comenzó en la pandemia y que comenzó a manifestarse de manera cada vez más escandalosa a partir de 2021.

Fuente: elaboración propia con datos del reporte de libertad económica del Fraser Institute (2023).           

En el apartado regulatorio, las caídas fuertes se registraron en las regulaciones sobre el mercado crediticio y en las regulaciones empresariales. Los altos costos burocráticos y una pérdida de imparcialidad en la administración pública han afectado a decenas de empresas en México. Estos efectos son una consecuencia directa de la agresividad del gobierno sobre el emprendimiento. La baja imparcialidad refleja decisiones gubernamentales de privilegiar a ciertas empresas en desmedro de otras. Asimismo, el flujo de crédito privado se ha deteriorado como consecuencia de la pérdida de confianza entre los inversionistas.

            La pérdida de libertad económica es una consecuencia de un gobierno que califica de neoliberal a toda política pública que no consiste en incrementar el nivel de transferencias gubernamentales. Durante la administración actual, el nivel de gasto público se ha concentrado principalmente en transferencias directas a grupos poblacionales y en subsidios a proyectos de baja rentabilidad. El gobierno ha enfrentado decenas de quejas de inversionistas, empresarios y funcionarios públicos extranjeros, que han denunciado el modo en el que privilegia a empresas gubernamentales como Pemex y CFE.

            Una de las áreas en las que México continuamente registra bajas calificaciones es el área de sistema legal y protección a los derechos de propiedad. Pese a que el índice brinda la misma ponderación a todas las áreas, es posible argumentar que el apartado de derechos de propiedad podría tener una mayor importancia que las demás áreas. Sin protección a los derechos de propiedad, los individuos enfrentan un mayor grado de incertidumbre y evitan tomar decisiones de largo plazo. La disuasión a invertir a largo plazo tiene serios efectos en la acumulación de capital per cápita y, en consecuencia, en la productividad de cada mexicano. El paso necesario a incrementar los salarios de los mexicanos de forma sostenible requiere una mayor inversión en capital físico que no puede ocurrir cuando hay laxitud en la definición y protección de derechos de propiedad.

            La integridad del sistema legal mexicano, de acuerdo al índice, se deterioró entre 2020 y 2021, pasando de una calificación de 3.87 a 3.73. ¿Por qué la pérdida? Porque México ha experimentado una falta de transparencia legal y un menor acceso a la justicia. La calificación es una de las más bajas del índice.

            Si los mexicanos desean corregir la trayectoria, deben impulsar políticas más favorables a mercados abiertos y libres; si quieren seguir en la trayectoria, la inercia de políticas autoritarias hará su tarea sin problema.