Una vez más, el gobierno federal amenaza con desaparecer a diversos organismos autónomos. En sus palabras,

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuesto, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar”.

¿A qué organismos se refería? El presidente lo dejó claro:

“Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público; que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE, que no sé cuánto”[1].

En un artículo anterior, habíamos denunciado esta actitud del presidente. Que el gobierno federal busque desaparecer los órganos autónomos, bajo el pretexto de que desperdician dinero, es preocupante.

Podría pensarse que eliminar agencias gubernamentales está en línea con principios liberales. Sería el caso si lo que se pretendiera con ello fuera adelgazar al gobierno y concentrar sus recursos en la atención de tareas como la provisión de seguridad y justicia. No obstante, el peligro de la desaparición de los órganos autónomos es que pueden significar no menos gobierno sino más.

Menos organismos autónomos = más gobierno centralizado

El ideal clásico liberal es un gobierno sujeto a un estado de derecho, que proteja los derechos de propiedad individuales y resguarde los contratos voluntarios en un entorno de igualdad ante la ley. Cualquier gobierno que excede esas tareas pone en peligro los derechos de algunos individuos y debe, por necesidad, brindarles un trato diferenciado ante la ley.

No obstante, en el contexto mexicano, dicho ideal ha estado lejos de cumplirse. El gobierno interviene en la esfera privada de un sinnúmero de formas.

Ha habido intentos de liberalización y de contención del gobierno. Uno de los avances, si bien dista del ideal planteado, ha consistido en separar las decisiones gubernamentales de las preferencias predilectas de un partido político o de un político específico. Tanto la separación de poderes como los órganos autónomos cumplen esta función.

La relevancia de la autonomía en la administración pública radica, en parte, en la disminución de la discrecionalidad en las políticas gubernamentales al establecer órganos autónomos. Estos órganos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como ejemplo, están sujetos a críticas, pero su autonomía asegura que las decisiones tomadas estén alejadas de influencias arbitrarias del gobernante. La autonomía exige criterios sofisticados que eviten la manipulación por parte de grupos de interés concentrados en el gobierno.

A pesar de que los órganos autónomos deben ser objeto de revisión y transparencia, la propuesta de eliminarlos, como ha planteado el presidente López Obrador, parece motivada por un deseo de concentrar más poder y reducir contrapesos gubernamentales. Este intento de desmantelarlos podría conducir a una mayor opacidad y a decisiones menos objetivas.

El gobierno actual ha mostrado una tendencia a desmantelar estructuras sin considerar sus funciones y posibles mejoras, como se evidencia en la sustitución del Seguro Popular por el INSABI. Este cambio aparentemente más económico resultó en una falta de claridad operativa y quejas sobre el uso de recursos. La lección es que las decisiones aparentemente más económicas pueden tener consecuencias negativas, como la opacidad y mayores dificultades de acceso a servicios, como ocurrió al encomendar las funciones del INSABI al IMSS Bienestar.

La autonomía contra los grupos de interés

En países como México, los grupos de interés constituyen una amenaza seria. Los gobiernos les conceden privilegios o tratos especiales a cambio de favores políticos. Dicha alianza atenta contra el crecimiento económico y las libertades individuales. Perjudica especialmente a los consumidores finales de bienes y servicios y desalienta la inversión realmente productiva.

La autonomía juega un papel importante en detener la invasión de grupos de interés en la política. Cuando el gobierno tiene en sus manos la mayoría de las decisiones regulatorias, grupos empresariales o civiles tienen la vía más fácil para tocar la puerta y pedir favores.

La eliminación de organismos autónomos puede, entonces, aumentar la influencia de grupos de interés, ya que la concentración de poder en el gobierno reduce los costos de cooperación para estos grupos. La falta de transparencia favorece la corrupción y el favoritismo entre políticos y sectores económicos en busca de privilegios. En este contexto, la transparencia es esencial para la rendición de cuentas gubernamental, y la retórica de ahorro de recursos por parte del presidente podría encubrir un traslado de fondos a esferas más convenientes y menos sujetas al escrutinio público.

Los organismos autónomos son contrapesos. Vulnerar tales contrapesos en servicio de reducir el gasto público es prestidigitación política. El gobierno actual no busca reducir ni el costo que representa para la ciudadanía ni la corrupción. Todo lo contrario: busca tener un acceso más rápido a controles atractivos para mantener poder.

[1] Citas recuperadas de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-anuncia-iniciativa-para-desaparecer-a-organismos-como-inai-cofece-e-ift-porque-no-sirven-para-nada/