Era el año 2006 cuando López Obrador popularizó la frase “¡Al diablo con las instituciones!”. La frase describiría su mandato presidencial; su presidencia consistió en un constante arremeter contra las instituciones que obstaculizaban sus decisiones. Ahora, tras las elecciones recientes, la frase se vuelve premonitoria. México puede decirle adiós a muchas de las instituciones que sostenían con pincitas la poca libertad y democracia que se habían construido en décadas. Nos enfrentamos a un tipo de gobierno que no veíamos desde hace 40 años.
El triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales el pasado 2 de junio fue aplastante. Una mayoría en México premió los programas de apoyos sociales con votos a Morena. El temor más significativo es el de una mayoría calificada, que permitiría a Morena hacer significativas reformas constitucionales. López Obrador reprochó a sus críticos con el tono de desdén que acostumbra: “Ahora casi se va a tener casi [sic] la mayoría calificada, que eso también es otra cosa que los tiene preocupados como si se fuese a utilizar esa mayoría calificada para cometer injusticias, para robar, para saquear como lo hicieron ellos”.
Lo cierto es que las reformas pensadas con el Plan C, cuya aprobación parece un mero trámite para Morena con una mayoría calificada, tienen en zozobra a los inversionistas y a los analistas por razones serias. De seguir en marcha, cambiarían dramáticamente las reglas del juego y eliminarían los incentivos necesarios para volver a México un país más próspero.
Pero antes de seguir, hagamos una pequeña reflexión: ¿Qué vuelve próspero a un país?
Las instituciones son claves de la prosperidad
El éxito económico de un país depende fundamentalmente de contar con instituciones que fomenten la acumulación de capital, la innovación tecnológica y que incrementen la densidad de redes de intercambios mutuamente benéficos.
Las instituciones no son meras organizaciones. Desde un sentido económico más profundo, las instituciones son las reglas del juego que moldean el comportamiento individual y que orientan a cada persona sobre los beneficios y los costos esperados de interactuar de ciertas maneras con otras personas. En palabras del economista Douglas North,
Las instituciones son las restricciones creadas por los seres humanos que estructuran la interacción política, económica y social. Consisten tanto en restricciones informales (sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de conducta) como en normas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). A lo largo de la historia, las instituciones han sido ideadas por los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre en los intercambios. Junto con las restricciones estándar de la economía, definen el conjunto de opciones y, por tanto, determinan los costos de transacción y producción y, por ende, la rentabilidad y viabilidad de la actividad económica.
Cuando las instituciones facilitan el intercambio y la competencia pacífica, las condiciones son propicias para que el elenco de agentes productivos de una economía coopere de manera eficiente. Los empresarios, los trabajadores, los intermediarios, los comerciantes, los especuladores, los inversionistas, etcétera, coordinan sus esfuerzos para servir los intereses de los demás.
Cuando las instituciones están ausentes o están definidas a modo por un gobierno central que sólo vela por sus intereses políticos, la competencia por favores políticos toma el lugar de la competencia pacífica. Los agentes económicos emprenden una competencia de suma-cero: quien consigue alianzas con el poder obtiene rentas económicas; quien es incapaz de formar una coalición para velar por sus intereses grupales sufre la posición de perdedor neto. En todo caso, el resultado es el estancamiento y el retroceso económico.
Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson distinguen entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas: las instituciones inclusivas se manifiestan en derechos de propiedad privada, contratos voluntarios, democracias participativas y un sistema jurídico imparcial; las instituciones extractivas se manifiestan en monopolios gubernamentales, atropellos a los derechos de propiedad, búsqueda de rentas, carencia o debilitamiento de contrapesos gubernamentales y sistemas jurídicos parciales.
México transita, con el plan C, a un sistema de instituciones extractivas.
El plan C
El Plan C propone eliminar organismos autónomos; volver a un sistema de pensiones de reparto; fortalecer los monopolios de la CFE y de Pemex; incrementar las transferencias discrecionales a estudiantes, ninis y adultos mayores; incrementar de manera sistemática el salario mínimo por encima de la tasa de inflación; prohibir cigarrillos electrónicos y vapeadores; prohibir el fracking y el uso y consumo de maíz transgénico; y elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a miembros del Consejo de la Judicatura Federal.
Todas las propuestas están encaminadas a un solo propósito: concentrar más poder en el presidente.
De manera concreta, espero lo siguiente del gobierno de Claudia Sheinbaum:
1. Una ampliación del programa de Pensión Para Adultos Mayores, quizá con una reducción en la edad requerida para el programa (al menos para las mujeres o amas de casa).
2. Incrementos en el salario mínimo y en otras transferencias.
Las transferencias fueron LA clave del éxito de Morena en las urnas, así como la percepción de que subió el salario mínimo en términos reales.
De ahí sigue una mezcla que incluirá
3. Retener y fortalecer los monopolios gubernamentales de CFE y de PEMEX. Una de las ideas de AMLO era reformar ciertos artículos de la Constitución para que estas empresas dejaran de ser «Empresas productivas del estado» y pasaran a ser «Organismos proveedores de bienestar social». En palabras menos cursis se trata de reformar el gobierno corporativo de ambas empresas para eliminar aquellos criterios que les exijan comportarse como empresas rentables;
4. Eliminar o reducir el presupuesto de órganos autónomos para concentrar sus funciones en las secretarías existentes: INAI, COFECE, IFT, CONEVAL…;
5. Volver vinculantes las consultas populares.
La idea es muy sencilla: los órganos autónomos son contrapesos. Eliminarlos sirve para incrementar el poder discrecional del gobierno federal. Volver vinculantes las consultas populares, incluso en decisiones que deberían ser más delicadas, es especialmente atractivo cuando te votó el 60% de los electores. Y retener el monopolio sobre Pemex y CFE también te da margen para repartir rentas a grupos de interés.
Los incrementos en tasas impositivas nos alcanzarán tarde o temprano. Es previsible una reforma fiscal con la cual el gobierno asegure los ingresos que necesita.
De aquí pueden seguir varias políticas distintas. Lo que caracterizará a todas ellas serán dos cosas: redistribuir riqueza y, para reiterar, concentrar poder de decisión en el ejecutivo. No hay una visión de largo plazo para México que no sea sólo mantener el poder para Morena y sus afiliados.
Así las cosas.