El fin de los silos
El 29 de abril, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspirar para ayudar al Cártel de Sinaloa a traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político. Esta medida no fue una sorpresa, sino la culminación de una situación crítica. Durante 18 meses, la Casa Blanca había estado presionando al gobierno de Sheinbaum, exigiendo una mayor cooperación en materia de seguridad y resultados concretos, al tiempo que mantenía en reserva una serie de amenazas cada vez más intensas , entre ellas la posibilidad de una acción militar unilateral estadounidense en territorio mexicano. México respondió en casi todas las ocasiones, pero las condiciones cambiaron.
La acusación formal contra funcionarios del partido Morena, de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, representa una de las amenazas más trascendentales, una que la Casa Blanca había mantenido en reserva pero que nunca llegó a ejecutar. Su momento no es casual. Se produce en un momento de aguda tensión bilateral, y apenas unas semanas antes de la revisión formal del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), cuyo inicio está previsto, sin la participación de Canadá, para el 26 de mayo.
Este momento refleja un cambio estructural más profundo en las relaciones bilaterales. Durante décadas, las distintas agendas de cooperación entre Estados Unidos y México operaron de forma aislada: el comercio y la seguridad se negociaban por separado, a través de canales burocráticos distintos y según lógicas y calendarios políticos diferentes. El desempeño en materia de seguridad se ha convertido en una condición para la integración económica, y los acontecimientos de la semana pasada ofrecen la evidencia más clara hasta el momento de que la estructura de la antigua relación se ha derrumbado. Desde sus inicios, la actual administración estadounidense se propuso desmantelar el statu quo, vinculando los aranceles a los resultados en la aplicación de la ley contra el fentanilo y la lucha contra el crimen organizado. La acusación formal contra un gobernador en funciones es el punto culminante de este proyecto.
Una campaña de presión creciente
Desde enero de 2025, la administración Sheinbaum se ha visto inmersa en un delicado y agotador equilibrio: ofrecer la cooperación en materia de seguridad necesaria para prevenir las peores amenazas estadounidenses, evitando al mismo tiempo la apariencia de capitulación ante Washington y gestionando las negociaciones en curso para la prórroga del T-MEC. Durante más de un año, esta estrategia se mantuvo, aunque imperfecta, lo suficientemente bien. La disposición de México a cooperar dio sus frutos: su exposición a los aranceles estadounidenses, en virtud de las medidas arancelarias globales de abril de 2025, se mantuvo por debajo de la de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
El patrón era constante. Cada vez que México accedía a una exigencia estadounidense, la Casa Blanca cambiaba las reglas del juego. Cuando Estados Unidos impuso aranceles del 25% al fentanilo en febrero de 2025, el presidente Sheinbaum respondió desplegando 10 000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Cuando seis cárteles mexicanos , entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, México llevó a cabo una de las mayores transferencias individuales en la historia bilateral, entregando a 29 figuras de cárteles a custodia estadounidense . Para enero de 2026, el número total de presuntos miembros de cárteles transferidos a custodia estadounidense había alcanzado los 92 desde que Sheinbaum asumió la presidencia. Cada concesión no fue respondida con una compensación recíproca, sino con una nueva exigencia.
Incluso este mes, en medio de una gran tensión, México continuó actuando. El 19 de abril, dos oficiales de la CIA fallecieron en un accidente automovilístico en Chihuahua tras acompañar a la policía estatal en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas. El gabinete de seguridad mexicano confirmó que ninguno de los oficiales contaba con la acreditación formal para participar en operaciones dentro del territorio nacional, lo que desató una disputa de soberanía que repercutió en ambas capitales. Posteriormente, el 27 de abril, la Marina mexicana arrestó a Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, uno de los comandantes de mayor rango que aún permanecían en el poder en el CJNG. Se rumoreaba que era el sucesor de “El Mencho”, cuya muerte en una operación militar mexicana en febrero marcó un hito: la primera vez que las fuerzas bajo el mandato del presidente Sheinbaum eliminaron a un líder de cártel de esa talla, un objetivo largamente anhelado por las autoridades estadounidenses. El arresto de Flores Silva fue tanto un golpe de seguridad genuino como una señal política: México podía gestionar su propio territorio sin la presencia militar estadounidense. El hecho de que ambas operaciones contaran con el apoyo de la inteligencia estadounidense fue una prueba más de que el modelo que Sheinbaum había estado ofreciendo durante 15 meses, una cooperación profunda sin intervención, podía dar resultados y, de hecho, los estaba dando.
Sin embargo, ninguna de estas acciones abordó la principal y creciente preocupación de la Casa Blanca: la persistencia del nexo criminal-político. Desde el inicio de la administración Trump, la Casa Blanca había presionado a México para que desmantelara lo que describía como una “alianza intolerable” entre organizaciones criminales transnacionales y las estructuras políticas que las amparaban. Para abril de 2026, la Casa Blanca había cruzado el Rubicón: una agencia estadounidense buscaba formalmente la detención de un gobernador en funciones en territorio mexicano.
Del fentanilo a la corrupción: Washington cambia de objetivo.
La acusación contra Rocha Moya deja claro un cambio estratégico. La administración Trump ha ido más allá de la lucha contra el narcotráfico, principal objetivo de administraciones estadounidenses anteriores, y ahora apunta a la infraestructura política que lo posibilita. Si bien interrumpir las cadenas de suministro de precursores de fentanilo o arrestar a los líderes de los cárteles, por muy importantes que sean, no abordan lo que el gobierno estadounidense considera una realidad estructural: que varios funcionarios electos en México presuntamente protegen, financian y dependen de las organizaciones que producen esos flujos. Este es el argumento implícito en la acusación del Distrito Sur de Nueva York, y representa una ampliación fundamental del alcance de las exigencias de seguridad de Estados Unidos hacia México.
El 23 de abril, el embajador Ronald Johnson viajó a Los Mochis, Sinaloa, para la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol, una planta de metanol con una inversión de 3.300 millones de dólares. Aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje contundente : sin seguridad jurídica y sin una lucha enérgica contra la corrupción, la inversión privada no prosperaría, y el T-MEC ya obliga a los tres gobiernos a criminalizar el soborno y a hacer cumplir los códigos de conducta de los funcionarios públicos. La elección del lugar no fue casual. Un evento diseñado para celebrar la integración comercial entre Estados Unidos y México se convirtió en el escenario para una advertencia sobre sus límites. Las muertes de los oficiales de la CIA en Chihuahua parecen haber acelerado la decisión de la Casa Blanca de actuar contra el nexo criminal-político a un nivel que no había intentado antes. La acusación contra Rocha Moya fue la respuesta de Washington a Chihuahua.
La administración Sheinbaum no se ha mantenido pasiva ante la corrupción a nivel local. La Operación Enjambre ha arrestado a 60 funcionarios públicos , incluyendo alcaldes y directores de seguridad municipal, en todo México, y el gobierno ha desarticulado redes de corrupción relacionadas con el robo de petróleo y el fraude fiscal . Sin embargo, en los niveles más altos de la clase política, Sheinbaum optó en gran medida por proteger a figuras que enfrentaban graves acusaciones de ser procesadas, en lugar de perseguirlas, y resistió la presión constante de Estados Unidos durante todo 2025 para actuar contra políticos de alto nivel con presuntos vínculos con cárteles. Ante la respuesta de México, la Casa Blanca pudo haber concluido que tendría que actuar unilateralmente.
El organismo institucional responsable de la respuesta de México es la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida desde diciembre de 2025 por Ernestina Godoy Ramos , figura fundadora de Morena y exfiscal de la Ciudad de México, estrechamente vinculada a Sheinbaum. Ahora se le pide que procese al movimiento que ella misma ayudó a construir.
El camino hacia la revisión del USMCA
La próxima revisión del T-MEC se cierne sobre esta dinámica en constante evolución. El acuerdo entró en vigor en 2020, reemplazando al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tras 26 años, y su primera revisión formal de seis años está programada para comenzar el 26 de mayo, actualmente sin la participación de Canadá . El 1 de julio de 2026 es el punto de inflexión decisivo, cuando las partes deben indicar si extender, renegociar o iniciar los procedimientos de retirada. Es el momento más trascendental en las relaciones comerciales de América del Norte en una generación, y llega ahora en condiciones que sus artífices jamás anticiparon.
La cooperación en materia de seguridad se ha convertido en la clave para la estabilidad económica. El acceso a los mercados, los flujos de inversión y la integración de las cadenas de suministro ya no están exentos de consideraciones de seguridad; ahora son el terreno donde se imponen dichas consideraciones. La acusación contra Rocha Moya es la señal más clara hasta el momento de que la Casa Blanca pretende utilizarla como arma.
Entre el muro y la espada
La respuesta de la presidenta Sheinbaum a la acusación ha sido cuidadosamente calculada, pero estructuralmente compleja. En su conferencia matutina diaria, al día siguiente de que se hicieran públicos los cargos, justificó su postura con tres principios: la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. Dejó claro que cualquier acción se llevaría a cabo bajo la ley mexicana, no la de Washington. No descartó la extradición, pero tampoco la abrió.
Rocha Moya anunció una licencia temporal de su cargo , al igual que el alcalde de Culiacán. Por ahora, la postura de México es que juzgará el caso según sus propios criterios.
Como observó Carlos Bravo Regidor , el presidente Sheinbaum está “atrapado entre la presión de Trump y la difícil situación de la narcopolítica de Morena”. Dos resultados son posibles, y ninguno es cómodo:
- Si la investigación de la FGR concluye que no hay pruebas suficientes y México se niega a actuar, es probable que la Casa Blanca lo interprete como una confirmación de la alianza intolerable que ha estado denunciando. La probabilidad de una acción unilateral, que ya no es nula en el discurso político estadounidense, aumentaría. Como mínimo, complicaría o incluso descarrilaría las negociaciones del T-MEC previstas para finales de este mes en la Ciudad de México.
- Si la FGR procede al enjuiciamiento formal y la eventual extradición , el daño político dentro de Morena sería grave. Los estrechos vínculos de Rocha Moya con el expresidente López Obrador, mentor político de Sheinbaum, convierten esto no solo en una cuestión legal, sino existencial para el partido más poderoso de México. Daría vía libre a los políticos afiliados a Morena con supuestos vínculos con cárteles, generaría una resistencia interna masiva y reduciría drásticamente el margen de maniobra política de Sheinbaum en todos los demás frentes de la agenda bilateral.
La forma en que la FGR gestione las pruebas en las próximas semanas determinará el ritmo de la cooperación en materia de seguridad y, por extensión, la trayectoria de las negociaciones del T-MEC. Sin la primera, no habrá avances significativos en las segundas. La acusación contra Rocha Moya no se aparta de la lógica de la Casa Blanca desde enero de 2025; es su aplicación más trascendental.
Durante 30 años, primero el TLCAN y luego el T-MEC estructuraron la relación bilateral, gestionando el comercio y manteniendo al margen sus demás intereses. Los compartimentos estancos que sustentaban ese acuerdo han desaparecido, y ahora el requisito para participar en las negociaciones comerciales es la cooperación en materia de seguridad. La acusación contra Rocha Moya y sus consecuencias marcan el inicio de una relación entre Estados Unidos y México más volátil, condicional e incierta. Canadá debería tomar nota: Washington acaba de demostrar que utilizará cualquier agenda y dependencia para conseguir lo que quiere. México fue el primero. No será el último.
Publicado originalmente por el Center for Strategic and International Studies: https://www.csis.org/analysis/sinaloa-governor-indicted-usmca-cartels-and-future-us-mexico-trade
Diego Marroquín Bitar es miembro del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, DC.
X: @DiegoTMEC
Diana Paz García es analista de seguridad internacional con sede en Washington, DC.
X: @Diana_Paz99
El análisis fue elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una institución privada exenta de impuestos que se especializa en políticas públicas internacionales. Su investigación es imparcial y de dominio público. El CSIS no adopta posturas políticas específicas. Por lo tanto, todas las opiniones, posturas y conclusiones expresadas en esta publicación deben entenderse como responsabilidad exclusiva de su(s) autor(es).